La Intendencia de Montevideo insiste en que no habilitará espectáculos públicos hasta que el Poder Ejecutivo modifique el decreto del 13 de marzo que prohíbe la realización de dichas actividades.
Ayer el Congreso Nacional de Intendentes solicitó al gobierno nacional la adecuación del decreto en el que se estableció la emergencia sanitaria, para que se pueda retomar aquellas actividades que ya cuentan con un protocolo sanitario aprobado.
De todas formas el cuerpo resolvió por unanimidad dejar abierta la posibilidad de que cada Intendencia habilite actividades específicas, siempre y cuando tengan autorización del correspondiente Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) y la autoridad sanitaria nacional.
Sin embargo, el intendente de Montevideo Christian Di Candia dijo que el gobierno departamental de la capital no dará las habilitaciones mientras no se modifique el decreto, que en su artículo 4 estableció la suspensión de "todos los espectáculos públicos hasta que el Poder Ejecutivo lo determine".
“En el caso de Montevideo, nosotros no estaríamos dando ninguna habilitación de espectáculo público. El Congreso de Intendentes solicita la modificación del decreto porque quedamos en una situación compleja. Estaríamos dando una habilitación para espectáculos de públicos cuando hay un decreto que los está prohibiendo hasta que el Poder Ejecutivo lo determine”, dijo Di Candia.
La decisión de la Intendencia de Montevideo implica que no estará habilitada la realización de recitales en locales con mesas y sillas, prevista para hoy según un protocolo acordado entre el gobierno y la asociación ‘Uruguay es Música’ que reúne a productores, artistas y salas de espectáculos.
Di Candia dijo que los locales que realicen está actividad, estarán en infracción frente a la Intendencia de Montevideo.
Actualmente hay solamente 12 personas cursando la enfermedad COVID-19 en el Uruguay, según el último reporte diario, emitido anoche por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Cuatro de los pacientes afectados se encuentran internados en cuidados intensivos.
Luego de haber sido procesados 681 análisis en la jornada de ayer, fue detectado un sólo caso positivo nuevo, que corresponde al departamento de Canelones.
Del total de casos activos en el país, cuatro están en Canelones, tres en Montevideo, uno en Rivera, uno en Tacuarembó, uno en Salto, uno en Río Negro y uno en Colonia.
El movimiento de productores autoconvocados Un Solo Uruguay (USU) manifestó su rechazo a que el gobierno no extienda el llamado “impuesto Covid”.
El Poder Ejecutivo anunció este tributo a principios de la emergencia sanitaria y gravó salarios de funcionarios públicos y cargos políticos de al menos $ 80.000 para contribuir con el Fondo Coronavirus.
Según USU, en este contexto “los únicos que tienen la vaca atada, los empleados públicos y políticos de altos sueldos, no aportan más; dos meses ya fueron un esfuerzo extraordinario”, dice en aparente tono irónico el comunicado.
Los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Industria, Omar Paganini, anunciaron que el gobierno decidió seguir adelante con el etiquetado obligatorio de alimentos y el comienzo del rotulado obligatorio frontal, previsto para el próximo 28 de junio.
En conferencia de prensa, Salinas indicó que la idea del gobierno es aplicar una nueva normativa que vaya en la misma línea que la de la administración de Tabaré Vázquez, pero con algunos cambios.
Paganini señaló, por ejemplo, que se mantendrá los octógonos pero uno de los cambios será la sustitución de la palabra "exceso" por el término "alto en", por ejemplo, “azúcar” o “sodio”.
Salinas argumentó este cambio señalando el “éxito que ha tenido Chile”, que usa la nominación “alto en” y, mencionó estudios internacionales que muestran cambios en los hábitos de consumo sin que “ello haya constituido pérdida de fuentes laborales” en la industria alimentaria.
Fernando Pache, de la Cámara Industrial de Alimentos, comentó a El País que “es un poco más favorable” que en las etiquetas aparezca el término ‘alto en’, en lugar de la palabra ‘exceso’ porque “no genera una imagen del producto tan nociva para el consumidor”.
El Poder Ejecutivo dará un plazo de aproximadamente seis meses a las empresas -a partir del 28 de junio- para adaptarse a las modificaciones y, a las que todavía no han adoptado la medida.
La fiscalización comenzará el año que viene, después de un período “ventana”.
La bancada de diputados del Frente Amplio resolvió convocar al ministro de Defensa Javier García a comisión, para que explique la “preocupación” que había manifestado respecto al procesamiento del ex soldado Leonardo Vidal, por el homicidio del tupamaro Nelson Berreta en 1972.
El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez sostuvo que “no se puede permitir presiones a la justicia” desde el gobierno.
“Para nosotros son declaraciones preocupantes que además se suman a otro conjunto de planteamientos que han estado presente por parte de legisladores de la coalición, puntualmente de Cabildo Abierto, que han planteado en estas últimas horas un ataque sistemático al Poder Judicial en causas relacionadas a los Derechos Humanos. Hay 55 pedidos de procesamiento por parte de fiscales vinculados a estos temas y, la inmensa mayoría de estos casos no viene avanzando lo suficiente. La preocupación del sistema político debería ser cómo hacer avanzar el tratamiento de estas causas”, dijo Núñez.
La semana pasada García cuestionó que se responsabilice penalmente, casi 50 años después, a un soldado raso que actuó siguiendo una orden de un superior durante un operativo en la calle. García agregó en su comentario que Vidal tiene 70 años, sufre una enfermedad y vive en un contexto carenciado.
El expresidente Tabaré Vázquez dijo ayer que el gobierno de Luis Lacalle Pou “no tiene fe” en que la “coalición se pueda extender mucho en el tiempo” y por eso propuso la Ley de Urgente Consideración con casi 500 artículos.
“Me da la sensación de que el gobierno interpreta con esta Ley de Urgente Consideración que está en una situación relativamente frágil. Si no logra cosas que se ha propuesto en los primeros tiempos —más adelante, en unos meses— no lo va a lograr”, dijo Vázquez en una charla vía Zoom con militantes frenteamplistas del departamento de Salto.
Vázquez recomendó a los frenteamplistas no dar “ni un paso atrás” y recomendó “utilizar todos los medios legales y constitucionales” para dar esa pelea, incluyendo “los plebiscitos y las juntadas de firmas”.
INTERNACIONAL
En Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó la decisión del presidente, Donald Trump, de terminar con la protección a los "dreamers", un grupo de 700.000 jóvenes que llegaron al país sin papeles junto a sus padres cuando eran niños.
El alto tribunal secundó las opiniones de cortes inferiores y consideró que sería "caprichoso" y "arbitrario" poner fin al programa, que fue adoptado por Barack Obama para dar protección contra las deportaciones a estos jóvenes.
Muchos "dreamers" dijeron sentir "alivio" por la decisión, pues ya estaban preparándose para "lo peor" tras años de incertidumbre.
La resolución, que llegó a menos de cinco meses de las elecciones, provocó la réplica de Trump, que a través de Twitter la calificó como "horrible" y "políticamente cargada".
En la misma semana el alto tribunal emitió una opinión para garantizar los derechos de los trabajadores homosexuales y transexuales que también molestó a Trump. Esto llevó a que el presidente preguntara a sus seguidores: "¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?".
También en Estados Unidos hoy se conmemora el fin de la esclavitud en el "Juneteenth", un día festivo no oficial que este año adquirió un renovado significado a raíz de la muerte por abuso policial del hombre negro George Floyd.
Miles de personas son esperadas en las numerosas manifestaciones, oraciones y actividades culturales previstas desde Nueva York a Los Ángeles para honrar el día de 1865 en que un general de la Unión proclamó en Galveston, Texas, que todos los esclavos eran libres.
Unos 155 años después de la desaparición de la Confederación proesclavitud, varias tragedias han llevado al país a una reflexión sobre la raza y el racismo.
Mientras los estadounidenses luchan con el legado de su país, el Juneteenth tiene el potencial de amplificar los llamados para tomar acciones y aplicar reformas.
Varias conmemoraciones serán virtuales debido a la pandemia de coronavirus, pero muchas siguen adelante según lo previsto o con modificaciones para adaptarse al distanciamiento social y las pautas de uso de máscaras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no descarta que a fin de año pueda haber 2.000 millones de dosis de una o más vacunas contra el nuevo coronavirus.
La jefe científica de la OMS, Soumya Swaminathan, destacó que los investigadores están trabajando en más de 200 posibles vacunas en el mundo, diez de las cuales están ya en proceso clínico de prueba entre humanos.
"Si tienen suerte, habrá una o dos posibles candidatas a vacunas para fin de año", dijo en conferencia de prensa telemática.
“Estamos entrando en una nueva fase de ensayos de vacunas, los ensayos de fase 3, que son los que definitivamente probarán si una vacuna es eficaz y segura. Tengo esperanzas, soy optimista, pero usted sabe que el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja. Viene con mucha incertidumbre. Lo bueno es que tenemos mucho candidatos y plataformas de vacunas diferentes, así que incluso si la primera o la segunda fallan, no debemos perder la esperanza, no deberíamos rendirnos”, dijo Swaminathan.
La autoridad sanitaria también dijo que la organización está trabajando en un "mecanismo de asignación justa" para la distribución de una eventual vacuna. Dijo que la prioridad serán los que están en primera línea de riesgo, como médicos y policías; las poblaciones de riesgo, y las personas expuestas al virus en zonas de alta transmisión, como barrios marginales.
En Honduras, el presidente, Juan Orlando Hernández, fue internado por una neumonía un día después de anunciar que se había contagiado el nuevo coronavirus.
Los médicos que evaluaron al presidente indican que sería internado por tener una neumonía, dijo el portavoz del gobierno sobre la pandemia, Francis Contreras. Añadió que Hernández "presenta algunos infiltrados en los pulmones (pero) su estado general de salud es bueno".
De 51 años, el mandatario anunció la noche del martes que el fin de semana sintió malestares que resultaron ser causados por la Covid-19.
Añadió que seguiría en sus funciones mediante el "teletrabajo" mientras empezaba el tratamiento de "síntomas leves".
Su esposa, Ana García, también dio positivo al nuevo coronavirus, aunque no presentó síntomas.
El presidente reconoció que los hospitales que atienden pacientes del coronavirus están "colapsados".
En Bolivia, la Defensoría del Pueblo criticó a un canal de televisión que transmitió, durante más de media hora, imágenes en vivo de la agonía y muerte de un paciente supuestamente enfermo de Covid-19 mientras los médicos intentaban salvarlo en un hospital de Santa Cruz.
El canal alegó la necesidad de exhibir el caso ante la desatención de las autoridades a los profesionales de la salud.
Sin embargo, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, emitió un comunicado en el que manifestó su condena a "este tipo de tratamiento noticioso (…) que denota sensacionalismo". Agregó que "evidentemente riñe con el ordenamiento jurídico nacional" y "puede generar una suerte de miedo colectivo", agregó Cruz.
El gobierno de Jeanine Áñez ha sido criticado desde el comienzo de la pandemia por impulsar leyes o aprobar decretos que se considera que son restrictivos para la libertad de expresión.
Esta polémica se genera mientras el sistema sanitario boliviano está saturado por los casos de coronavirus y el sistema político le reclama a la mandataria que apruebe la ley que fija las elecciones el 6 de setiembre.
En Paraguay, el gobierno se propone repatriar a unos 25.000 ciudadanos que esperan reingresar desde los vecinos Brasil y Argentina en el marco de la pandemia de coronavirus.
Paraguay, con siete millones de habitantes, registra 13 muertos y 1.330 contagios tras 100 días de emergencia sanitaria para combatir la epidemia de covid-19 y ha destinado 1.600 millones de dólares para enfrentar la emergencia.
Los mayores riesgos son las fronteras. Brasil registró hasta el jueves más de 46.500 muertos y casi 955.400 contagios, mientras Argentina reportó casi 930 decesos y 35.550 casos.
Centenares de paraguayos se agolpan en las fronteras de Brasil y Argentina en busca de su repatriación, admitida solo con la condición de quedar sometidos a una cuarentena de 14 días en albergues especiales.
El Gobierno admitió hasta ahora a 6.000 personas y poco más de 3.000 se encuentran en unos 50 de estos hospedajes especiales, que funcionan en centros de salud, de educación y unidades militares.
El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González, dijo que la repatriación de connacionales seguirá siendo fluida en julio y que se espera el retorno de otros 25.000.
En Brasil, renunció a su cargo el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien se había embarcado en polémicas en las que llegó a tratar de "delincuentes" a los jueces del Supremo Tribunal Federal.
Weintraub anunció su renuncia colgando en Twitter un video en el que se muestra junto a Bolsonaro, a quien le prometió fidelidad, en momentos en que el mandatario se halla bajo presión para abrir su gobierno a sectores de la derecha tradicional.
Weintraub asumirá un cargo de director en el Banco Mundial. El gobierno no anunció de inmediato quien lo reemplazará en Educación.
La gestión de Weintraub estuvo marcada por un estilo agresivo y fuertes críticas de estudiantes, profesores y especialistas del área educativa. Se vio salpicado además por varios escándalos, entre ellos un tuit de corte racista contra China y ataques contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que tienen en manos varios procesos que pueden poner en dificultades a Bolsonaro y a su familia.
El pasado fin de semana, Weintraub se acercó a una manifestación de bolsonaristas contra esa corte. Las autoridades de Brasilia le impusieron luego una multa de 2.000 reales (unos 400 dólares) por no llevar mascarilla.
En Argentina, el gobierno abrió súbitamente nuevos frentes de conflicto con el sector empresarial. Cuando todavía no se acalla la polémica por la posible estatización de la cerealera Vicentin, causó impacto la noticia de que la aerolínea Latam se retira del país.
Y no se retira por la crisis que causó la pandemia sobre el negocio del transporte aéreo, sino por desavenencias con el gobierno, al cual acusa de trato discriminatorio respecto de Aerolíneas Argentinas.
Latam aspiraba a que, como le ocurrió en otros países, el gobierno le diera su aval para reestructurar los costos, mediante reducciones salariales mientras dure la crisis. Había un preacuerdo con los empleados, pero el gobierno se negó a reconocer a la dirigencia sindical de Latam y obligó a la empresa a pagar la totalidad de los haberes, lo cual hizo inviable la continuidad.
Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas, de propiedad estatal, recibe un subsidio de dos millones y medio de dólares por día, y ahora también recibirá ayuda del Estado para pagar los salarios mientras dure la pandemia.
Fue el último capítulo de una serie de desavenencias con el gobierno, que ahora salió a la búsqueda de una solución de emergencia para que Latam, que tiene el segundo lugar del mercado y 1.700 empleados, se quede en el país.
El gobierno se alarmó por el impacto de esta noticia, que justo coincidió con un nuevo fracaso en el intento de acordar un canje de la deuda con los fondos de inversión que compraron bonos.
Entre las malas señales de Vicentin, Latam y las dificultades por la deuda, el temor del gobierno argentino es que su capacidad de acceso al crédito internacional, que ya es muy limitada, quede cerrada definitivamente.
En teoría, hoy vencía el nuevo plazo para alcanzar un entendimiento con los bonistas, pero las dos partes dieron a conocer su versión, según la cual la otra sigue intransigente. Es cierto que el gobierno argentino moderó su posición, de tal forma que ahora ofrece pagar 46 dólares por cada 100 de deuda nominal, pero los acreedores quieren no menos de 53 dólares.
La negociación tiene todavía un último margen para seguir, pero ahora hay una fecha complicada en el calendario, la del 30 de junio. Ese día vence un bono emitido durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y a diferencia de los bonos que emitió Macri, esos sí permiten que ya se pueda iniciar un nuevo litigio judicial, con lo cual Argentina estaría oficialmente en default.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Renunció ayer al Partido Nacional el edil de Soriano Oscar Fracuelli, que había sido formalizado el miércoles por la justicia por abuso sexual de su hijastra, una niña de 9 años.
Al conocerse la noticia, el directorio blanco le exigió a Fracuelli que renunciara a la banca y, horas después este envió una nota expresando, según El Observador, que si bien no existe “sentencia definitiva aún”, presenta su renuncia en el entendido de que su partido “debe quedar absolutamente en libertad de acción y desvinculado de los aspectos personales de los integrantes”.
El hombre de 56 años está imputado de un delito de abuso sexual contra la niña; el abuelo materno de la víctima fue imputado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, y la madre de la niña está acusada de un delito continuado de omisión de deberes inherentes a la patria potestad.
Según informó el medio periodístico Agesor, de Soriano, Fracuelli fue elegido en 2015 por la Lista 22 que tuvo como candidato a Gustavo Lapaz. También fue presidente de la Junta Departamental de Soriano. En marzo de 2017, el ahora imputado, fue denunciado por su pareja ante la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género por amenazas, lo que llevó a la Justicia a determinar medidas de no acercamiento.
El directorio expresó en su nota de exigencia de renuncia a Fracuelli, que "no va a proteger a ninguna persona vinculada a tales conductas aberrantes, degradantes y violatorias de la integridad humana”.
Más allá del pedido de renuncia, "a los efectos formales serán enviados los antecedentes a la Comisión de Ética del Partido Nacional en forma urgente para su tratamiento”, indicó el directorio partidario.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (SIFPOM-U) emitió ayer un comunicado de prensa en el que pide que sea retirada la placa que se colocó en la sede de la Dirección de Inteligencia en honor a Víctor Castiglioni, policía vinculado con torturas en la última dictadura militar.
El texto del gremio policial expresa: “Este sindicato confía en que primará la sensatez ante un tema de profunda sensibilidad y el Ministerio del Interior revocará esta decisión y removerá la placa colocada en su nombre a la brevedad posible”.
El pronunciamiento sindical rechaza una decisión del director nacional de Policía, Diego Fernández, que resolvió restituir la placa y, además, bautizar con el nombre del inspector Víctor Castiglioni, la sala de la sede de la Dirección General de Información e Inteligencia que luego de 2016 había sido renombrada en homenaje a la memoria del fallecido director de Policía Nacional Julio Guarteche.
El comunicado del sindicato policial resalta lo que considera los “buenos valores” que “promulgó durante toda su carrera Julio Guarteche, siendo un gran ejemplo a seguir de buen policía y persona”.
Previo al rechazo del gremio policial ya había hecho otro tanto hace dos días el colectivo de denunciantes de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) ubicada en la esquina de las calles Maldonado y Paraguay.
En carta dirigida al ministro Jorge Larrañaga, el colectivo le solicitó “que revea esta decisión que afrenta a la República, a la Institución Policial y a la Democracia.
El texto expresó: “En el año 2011, una cincuentena de ex presas y presos de la DNII hicimos una denuncia en la justicia penal (que aún se tramita) dando detalles de los horrores allí vividos,con especial énfasis durante la gestión de Castiglioni.
El colectivo le señaló a Larrañaga: “Su propio Partido Nacional fue objeto de saña represiva, siendo detenidos múltiples veces sus dirigentes y militantes, encapuchados y humillados”.
En filas blancas hubo varios reclamos en la misma dirección, entre ellos el del senador Jorge Gandini.
El líder del sector Por la Patria escribió ayer en Twitter: “Con todo respeto, no veo razón para hacerle algún homenaje en Democracia a quien dirigió la Inteligencia en tiempos de Dictadura. Los viejos militantes wilsonistas lo recordamos diferente a Castiglioni. Ojalá se revea esta decisión.”
La placa en homenaje a Castiglioni se mantiene firme por ahora.
El director nacional de Policía, Diego Fernández, dijo ayer a El Observador que este homenaje es un “mensaje importante de reconocimiento” con el objetivo de “fortalecer algunas unidades de la Policía Nacional”.
“Nosotros queremos fortalecer algunas unidades de la Policía Nacional y una de ellas es la Dirección General de Información e Inteligencia", señaló Fernández y agregó: "Yo entendí que era un mensaje importante de reconocimiento a su fundador y primer director. Fue un acto de justicia profesional, nunca pensé que iba a tener estas connotaciones”.
El Ministerio de Transporte y AFE invitaron a un diálogo abierto con vecinos en Durazno y Florida este fin de semana, sobre el Ferrocarril Central.
La invitación cursada por el Comité de Dirección “Ferrocarril Central”, compuesto por técnicos y asesores de ambos organismos del Estado, expresa que será “una instancia de información e intercambio sobre las proyecciones y el estado actual de las obras en esos departamentos” (Durazno y Florida).
Dice la nota que “estarán presentes responsables de la empresa constructora (Grupo Vía Central) y de la supervisión del proyecto (Corporación Ferroviaria del Uruguay) quienes expondrán lo informes solicitados sobre la viabilidad de la realización de baipás en ambas ciudades”.
Invitaron a la población en general y a los medios de comunicación a cubrir los eventos: mañana sábado a la hora 18:00 en la Intendencia de Durazno y, pasado mañana, domingo, a la hora 10:00 en la sede de la Intendencia de Florida.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El gobierno pagará $ 5.000 por mes durante tres meses a las empresas por cada empleado que contraten o reincorporen a sus plantillas.
El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, tras la reunión del Consejo Superior Tripartito.
Según el ministro, el objetivo de la medida es dar un “incentivo para la reincorporación al trabajo” en momentos en que el mercado laboral se encuentra golpeado por la pandemia de Covid-19.
El jerarca comentó que resta afinar la reglamentación, pero que lo que se definió es que por cada trabajador se genere un crédito laboral por $ 5.000 que luego el empleador podrá descontar de los aportes patronales que deba realizar.
Esto será “para cualquier empresa que reincorpore un trabajador en seguro de paro o contrate un trabajador nuevo”.
Por otra parte, Mieres anunció que el gobierno decidió prorrogar el seguro de paro parcial hasta el 30 de setiembre.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en la reunión de ayer del Consejo Superior Tripartito “objetivamente hubo avances” en el análisis de las pautas salariales a aplicar en el período puente de un año. Según Abdala, los criterios que presentó ahora el Poder Ejecutivo “son bastante mejores que los que planteó originalmente”.
El sindicalista destacó, en declaraciones a La Diaria, que fueron incorporados “algunos elementos de los que propuso el PIT-CNT, como la ponderación de los salarios sumergidos y una perspectiva más certera de que a partir del 1º de enero de 2022 se devuelve el deterioro del salario real que eventualmente se pueda producir en este año hasta llegar a 100% del IPC”.
Además, Abdala resaltó la convocatoria a un diálogo social por el empleo; que aparezcan “algunas medidas de estímulo al reintegro de los trabajadores que están en seguro de paro” y la certeza de que se va a ajustar el Salario Mínimo Nacional el 1° de enero, “aunque aún no aparece una fórmula”.
El dirigente dijo que se va a informar a todas las filiales sindicales de la actividad privada, y eventualmente se convocará a una mesa representativa parar “tener un pronunciamiento orgánico” sobre este nuevo escenario.
Según el diario El Observador, la fórmula entregada por el MTSS mantiene un aumento nominal fijo de 3% en enero de 2021 con opción de diferirlo al 1º de abril en aquellos sectores con mayor afectación del empleo. Y agrega un aumento adicional de 1% para aquellos trabajadores con salarios nominales iguales o inferiores a $ 22.595 (5 Bases de Prestaciones y Contribuciones al 1º de enero de 2020). Con ello la corrección en esa franja de ingresos sería de 4% al empezar el año. Ese aumento no se descontará del correctivo final del 30 de junio de 2021.
El matutino recuerda que inicialmente el PIT-CNT había propuesto un ajuste de 2% adicional para los llamados salarios recuperarse a partir de enero de 2022, si la evolución de la economía el año próximo confirma su crecimiento. Antes no se había colocado una fecha puntual. La mayoría de los analistas privados está proyectando un efecto rebote para la actividad económica en 2021 con un crecimiento del eje del 5%. Ese es también un cambio que había sugerido el PIT-CNT con el objetivo de tener algo más de certeza a futuro. La forma en que se irá procesando esa recuperación requerirá un ajuste de redacción.
El representante de la Cámara de Industrias, Gonzalo Irrazabal, dijo que la propuesta final “es agridulce”.
Según El Observador, el delegado del sector empresarial evitó hacer más comentarios hasta que haya una evaluación a la interna de las gremiales.
En el mercado local, el dólar subió ayer 0,56%. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 42,705.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va del año, el billete verde acumula una suba de 14,38% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019)
En pizarra del Banco República, el dólar cerró ayer a $ 41,45 para la compra y $ 43,85 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cotizó a R$ 5,346.
En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 69,74. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 127,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1207.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia condenó ayer con ocho años y dos meses de prisión al productor sojero Luis Gastón Murialdo Garrone, que en diciembre del año pasado intentó enviar a Europa seis toneladas de cocaína.
También fue condenado en relación al mismo hecho, el hijo de Murialdo; en este caso con seis meses de prisión y dos meses de libertad vigilada.
El cargamento de cocaína, considerado el más grande de la historia incautado en Uruguay, estaba en dos contenedores inspeccionados en el puerto de Montevideo y en otro localizado en la estancia del ahora sentenciado, cerca de Dolores, departamento de Soriano.
Según El Observador, el fallo fue dictado mediante juicio abreviado, tras un acuerdo alcanzado entre el abogado de Murialdo, Enrique Moller, y la fiscal de Estupefacientes Stella Llorente.
Este recurso, contemplado en el Código del Proceso Penal, permite evitar el juicio oral, así como una condena menor a la que se exponía el imputado, siempre y cuando acepte la responsabilidad de los hechos, como ocurrió en este caso.
Murialdo fue condenado como autor de un delito de contra orden ilegítima de pago de cheques, un delito de almacenamiento y, un delito de exportación de sustancias estupefacientes prohibidas en grado de tentativa.
En la misma audiencia, el hijo de Murialdo fue condenado, también en juicio abreviado, por un delito de asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico en calidad de autor.
Por el mismo caso ya estaban condenados desde marzo último y ya cumplieron prisión los dos peones detenidos el mismo día de las incautaciones, aunque por el acuerdo de su respectivo proceso abreviado, tienen libertad vigilada durante siete meses desde mayo, con "suspensión de derechos políticos y de cargo u oficio público".
Fue separado preventivamente del cargo el policía que mató el perro de un cuidacoches el martes en la tarde en la calle Mateo Vidal y Abreu, zona de La Blanqueada.
En un video de Plataforma Animalista, que cita La Diaria, el cuidacoches, de nombre Pablo, narra que pasaron policías y torearon al perro; el animal se soltó y uno de los funcionarios lo mató de un tiro. Contó también que a él lo esposaron y le dijeron: “el tiro no era para el perro, era para vos, míralo cómo sufre”. A Pablo lo llevaron detenido y el perro muerto fue trasladado a la comisaría.
Otras versiones señalan que los policías intentaron retirar al cuidacoches de la calle lo que produjo una reacción agresiva del perro y por eso lo mataron.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, instruyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, a iniciar los sumarios administrativos de los tres funcionarios policiales involucrados en el episodio.
Bomberos retiró a media tarde un auto que quedó suspendido sobre la hora 14:00 de ayer en un pozo formado al hundirse el pavimento en avenida Libertador y avenida De las Leyes, en una superficie de más de cuatro metros cuadrados.
Pablo Benítez, vocero de Bomberos indicó que no hubo lesionados y que el auto estaba estacionado cuando se produjo el hecho.
En el lugar se pudo observar que debajo del auto pasaba una corriente de agua.
La Intendencia de Montevideo informó a través de su cuenta de Twitter sobre los trabajos que se harán en el lugar para reparar la rotura de la conexión de OSE que produjo el derrumbe, cuando el agua filtrada socavó el sostén del pavimento.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
