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NACIONALES
La próxima semana, una vez pasado el balotaje del domingo, OSE avanzará en la firma del contrato para el inicio de las obras del Proyecto Arazatí, para el suministro de agua potable en el área metropolitana, según anunció ayer el presidente del organismo, Raúl Montero. El jerarca lamentó el “tiempo perdido” y afirmó, con respecto a la cantidad de agua que hay hoy en los embalses, que Uruguay “no está en una situación muy cómoda”.
Hablando ayer con los Medios Públicos, Montero se refirió a la decisión de un tribunal de Apelaciones que el miércoles revocó la resolución judicial de primera instancia que había frenado el proceso de construcción de la obra. Sostuvo que, tras esa resolución, “nada impide firmar el contrato”, aunque agregó que ello no ocurrirá de inmediato ya que en los próximos días habrá reuniones al respecto con el gobierno y con las empresas.
Montero afirmó que está obra, que se basa en una nueva usina de potabilización que se nutre de agua del Río de la Plata en costas del departamento de San José, resulta “fundamental” y “necesaria”, ya que “soluciona realmente” la fragilidad del sistema en el área metropolitana en cuanto a disponibilidad, capacidad de producción y abastecimiento.
“Si se cumplen algunos pronósticos no estamos en una situación muy cómoda, por cómo se viene presentando el clima y los embalses. Estamos en niveles similares a los de hace dos años, cuando empezó la bajada, hasta mediados del año pasado. Estamos en niveles similares a los de noviembre de 2022. Esto resulta una obra fundamental. Lamentablemente, nos han hecho perder mucho tiempo”.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) organizó ayer junto con empresarios y los ministros de Desarrollo Social y del Interior una recorrida por la unidad 4 del INR (ex Comcar).
La instancia buscó que los empresarios conocieran de primera mano a las personas próximas a salir en libertad y que descubrieran los desafíos que enfrentan en el proceso de reintegrarse a la sociedad.
Además se firmó un convenio entre ACDE, la Cámara de Industrias, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio y Servicios, el Ministerio del Interior y la DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), para garantizar la inserción laboral de las personas privadas de libertad a través de las prácticas laborales.
El gobierno uruguayo expresó ayer su “firme rechazo” a afirmaciones hechas desde la presidencia de la conferencia climática COP29, que vincularon a la producción de alimentos, en particular la carne, con el cambio climático. Las autoridades de nuestro país sostuvieron que esos dichos implican una “representación inexacta y tendenciosa” de la realidad, al “sobredimensionar” la participación de las emisiones del sector agropecuario en el total global.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo referencia ayer a la protesta oficial de Uruguay por esas declaraciones, emitidas desde la cuenta en redes sociales de la conferencia, que se realiza en la ciudad de Bakú.
Para la Cancillería, esas afirmaciones no tienen en cuenta lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como en el Acuerdo de París, donde se resalta como prioridad fundamental la salvaguarda de la seguridad alimentaria y el final del hambre y la vulnerabilidad de los sistemas de producción, así como la necesidad de evitar que la producción de alimentos se vea amenazada por el logro de los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero.
Uruguay alega que las afirmaciones difundidas desde la conferencia reflejan un “claro desconocimiento acerca de los diferentes sistemas productivos que existen en el mundo y su respectivo aporte al balance neto de emisiones”.
El comunicado señala la preocupación de Uruguay ya que la fundamentación técnica y metodológica para esas afirmaciones no se explicita, y tampoco se condice con las categorías propuestas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático.
El gobierno aludió allí a publicaciones de “carácter simplista, que no se encuentran sustentadas en todos los elementos necesarios para evaluar los impactos de las diferentes actividades humanas en el ambiente”, y “que desconocen la importancia de la producción agropecuaria en general y los aportes de la carne y otras proteínas de origen animal en la dieta humana”. Dichas publicaciones, se insiste, contribuyen a la confusión, refuerzan malentendidos y generan preconceptos en la población que “como demuestra la evidencia, resultan muy difíciles de contrarrestar”.
La posición oficial del Uruguay sobre este asunto se comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, así como a la Presidencia de la COP29, a través de los canales institucionales.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, anunció ayer la aprobación del primer Centro de Referencia de Trasplante Pulmonar para Uruguay.
El instituto, que comenzará funcionar de inmediato, será financiado por el Fondo Nacional de Recursos y estará ubicado en la Asociación Española.
Hablando con la prensa, Rando explicó que el trabajo se centrará inicialmente en evaluaciones pre trasplante, seguimiento y ablación de órganos de pacientes fallecidos en Uruguay.
“Ese órgano se llevará a Buenos Aires y se va a trasplantar allí, con un equipo que se está formando. Dentro de un año o en 18 meses vamos a estar trasplantando en Uruguay”.
Rando dijo que los especialistas serán formados en España y en Canadá, países que son referencia internacional en trasplante pulmonar, una de las cirugías más complejas que existen.
Según la ministra, la posibilidad de que este tipo de cirugías puedan realizarse a nivel local supondrá un cambio radical para las personas que necesiten esta intervención. De acuerdo a las cifras oficiales, hoy hay en Uruguay 25 pacientes en lista de espera, y la mayoría tiene entre 25 y 30 años de edad.
Se estima que, con este nuevo programa, se podrán realizar entre seis y diez trasplantes pulmonares por año.
La Facultad de Medicina de la Universidad de la República investiga una denuncia, presentada por un grupo de estudiantes, sobre una supuesta filtración de las preguntas de la Prueba Única de Residencia (PUR).
La prueba se realizó el lunes 11. Ese mismo día un grupo de aspirantes presentaron una carta ante el decanato, en la que plantearon tener “información confiable” de que las "preguntas del examen fueron filtradas antes de la fecha oficial de aplicación". Agregaron que hay "evidencia" de que algunos aspirantes contaban con las preguntas "desde el 7 de noviembre".
Los denunciantes sostuvieron que este hecho “atenta gravemente contra la transparencia, la igualdad y la justicia del proceso de selección", y reclamaron que el examen sea declarado nulo y se convoque a uno nuevo "con carácter de urgencia".
Por otra parte, los estudiantes aseguraron que la prueba fue "excesivamente difícil" y que residentes de primer año que dieron el examen les aseguraron que "muchas de las preguntas eran de una complejidad que no pudieron responder".
Hay otro grupo de estudiantes que emitió otro comunicado negando la denuncia.
Según El Observador el decano de Medicina, Arturo Briva, aseguró que la denuncia se está investigando y aclaró que, hasta que no se compruebe si hubo fallos en el procedimiento, no existe ningún plan de anulación ni reprogramación del examen.
A la prueba se presentaron 1.860 aspirantes, para 330 cargos de residentes en ASSE en 2024, con un salario de $ 32.000 mensuales.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Fue inaugurada ayer la primera electrolinera en nuestro país. La nueva estación de servicio para carga de vehículos eléctricos está ubicada en la calle José Leguizamón y Alberto Lasplaces, en el barrio Buceo, en Montevideo.
El equipamiento instalado fue donado por la empresa china HUAWEI y, según se destacó, se trata del sistema más moderno y potente de toda Latinoamérica.
La electrolinera cuenta con una potencia instalada de 600 kilovatios, lo que permite la carga ultrarrápida de los vehículos. Se prevé que a la brevedad tenga capacidad para cargar hasta 12 vehículos a la vez.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, recordó que esta electrolinera se suma a la Ruta Eléctrica Nacional, que ya dispone de 328 puntos de carga en 89 localidades uruguayas, de los cuales 128 son de carga rápida. Actualmente hay un punto de carga cada 50 kilómetros.
En el mercado local, el dólar, después de tres bajas consecutivas, ayer tuvo una suba, en esta ocasión un 0,24%. El interbancario fondo operó en promedio a $ 42,609.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 9,19% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)
En los últimos 12 meses el dólar tuvo una suba de 8,43% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $41,40 para la compra y $43,80 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 5,817.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial aumentó y cotizó en AR$ 1005,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1130,00.
Por su parte, el Euro disminuyó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0487.
OTRAS NOTICIAS
La jueza penal Marcela Vargas resolvió ayer mantener la prisión preventiva del docente Sebastián Mauvezin, imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.
Mauvezin fue imputado en octubre del año pasado en la misma que causa que Gustavo Penadés. Su defensa había pedido revisar esa medida cautelar.
Sin embargo, la jueza consideró que no había una situación que ameritara un cambio en los riesgos procesales, ya que según su dictamen la libertad de Mauvezin sigue representando un riesgo de entorpecimiento de la investigación y para las propias víctimas, y por lo que resolvió mantener el encarcelamiento del docente .
La prisión preventiva de Mauvezin regirá hasta el próximo 6 de febrero. Su defensa, de todas formas, recurrirá la decisión de ayer ante un tribunal de Apelaciones.
El ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue asaltado cuando estaba ingresando a su domicilio, en Montevideo.
El hecho sucedió el miércoles de noche, cuando Mieres retornaba junto a su esposa a su casa en Malvín luego del acto final de la campaña de Álvaro Delgado.
Allí fue abordado por dos personas, que lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron sus pertenencias, robándole su teléfono celular.
Mieres expresó ayer en sus redes su agradecimiento a los que “se han solidarizado y preocupado por el episodio”. Valoró además que la Policía “respondió rápidamente y está investigando el hecho”.
Una niña de nueve años fue herida de bala ayer en la zona de Piedras Blancas, en Montevideo.
La pequeña iba caminando por la calle con su madre, cuando en determinado momento se escucharon disparos. Resultó alcanzada por un balazo en el tobillo.
La Policía investiga el hecho.
INTERNACIONALES
En Bakú, la capital de Azerbaiyan, las negociaciones de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP29, llegan a su recta final en esta jornada, cuando se cumple el plazo oficial para alcanzar un acuerdo sobre financiamiento.
Tras un primer borrador que causó decepción general entre delegados y organizaciones civiles la presidencia azerbaiyana de la COP29 prometió presentar un segundo texto a primera hora.
La presidencia indicó que se habían llevado a cabo consultas "hasta altas horas de la madrugada" e instó a las partes a "continuar colaborando […] con el objetivo de presentar propuestas puente" para lograr un consenso.
El proyecto presentado ayer incluía dos opciones, diametralmente opuestas, que respondían, de un lado, a las exigencias de los países en desarrollo y, de otro, a las de los países ricos.
El presidente Vladimir Putin afirmó ayer que el conflicto en Ucrania tiene ya visos de guerra "mundial" y aseguró que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas que ya fueron empleadas para atacar Rusia.
Estas amenazas se conocieron tras una jornada de extrema tensión, durante la cual Moscú disparó contra el territorio ucraniano un misil de mediano alcance de última generación, diseñado para portar una ojiva nuclear pero que llevó cargas explosivas convencionales.
El ataque tuvo como objetivo "un emplazamiento del complejo militar-industrial ucraniano", precisaron las autoridades rusas.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que su país avisó a Estados Unidos con una antelación de 30 minutos sobre su intención de disparar un misil hipersónico.
El antecedente de esta situación está el domingo pasado cuando la Casa Blanca autorizó a Kiev el uso de esas armas para atacar territorio ruso, pese a las advertencias de Moscú, que había esgrimido la amenaza nuclear.
Putin advirtió que "desde el momento [en que se dispararon estos misiles contra Rusia], el conflicto provocado por Occidente en Ucrania adquirió elementos de carácter mundial".
"Nos consideramos con derecho a usar nuestras armas contra instalaciones militares de aquellos países que permitan usar sus armas contra nuestras instalaciones", añadió.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró que el misil disparado por Rusia es un acto de un "vecino enloquecido", que usa a su país como "terreno de ensayo" militar.
Kiev había acusado poco antes a Rusia de haber atacado Dnipró, en el centro-este, con un misil con "todas" las características de un misil intercontinental, algo inédito en más de dos años y medio de guerra.
Zelenski lamentó en redes sociales que hasta el momento la comunidad internacional no haya dado "una reacción contundente" a ese disparo. "Debemos reaccionar. Debemos presionar. Debemos empujar a Rusia hacia una paz real, que sólo es posible mediante la fuerza", agregó.
El Consejo OTAN-Ucrania mantendrá el martes una reunión en Bruselas para analizar el ataque realizado por Rusia con este misil balístico hipersónico de mediano alcance, informaron este viernes fuentes diplomáticas.
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió ayer órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Teóricamente, la decisión de la CPI limita de ahora en adelante los desplazamientos de Netanyahu, porque los 124 países firmantes del tratado que creó la corte están obligados a arrestarlo si ingresa a sus territorios.
"La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024″, informó la CPI.
La CPI indicó que encontró "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant tienen "responsabilidad penal" por el crimen de guerra de usar el hambre como método bélico, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
La corte declaró que ambos también son responsables penalmente "por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil".
En otro comunicado la corte añadió que también pidió la detención de Deif, quien, según Israel, murió en un ataque en julio en el sur de Gaza, aunque Hamás no ha confirmado su fallecimiento.
Benjamín Netanyahu calificó la decisión como "antisemita". "Israel rechaza con disgusto las absurdas y falsas acciones y acusaciones hechas", señaló el primer ministro.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró: Netanyahu es "oficialmente hoy un hombre buscado".
Estados Unidos, principal aliado de Israel, criticó las órdenes de arresto, una resolución que su presidente, Joe Biden, tachó de "escandalosa".
El presidente argentino, Javier Milei, también rechazó el fallo alegando que "ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse".
Desde Jordania, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que "no es una decisión política. Es una decisión de un tribunal, de un tribunal de justicia, de un tribunal de justicia internacional. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse".
Hamás consideró que las órdenes contra Netanyahu y Gallant son "un paso importante hacia la justicia" y la Autoridad Palestina afirmó que son "una señal de esperanza y confianza en el derecho internacional y sus instituciones".
En Estados Unidos, Donald Trump designó ayer como futura secretaria de Justicia a una abogada de su confianza, Pam Bondi, después de que el congresista Matt Gaetz renunciara como aspirante al cargo.
"Es inteligente y dura, y es una luchadora que antepone Estados Unidos", escribió el presidente electo en su red Truth Social. Aseguró que ella “volverá a centrar” la gestión del Departamento de Justicia en "la lucha contra la delincuencia y en hacer Estados Unidos seguro de nuevo".
Durante su trayectoria profesional como fiscal "fue muy dura con los delincuentes violentos", actuó "para detener el tráfico de droga" y "las muertes por sobredosis de fentanilo", destacó el magnate.
El polémico congresista Matt Gaetz, elegido por Donald Trump como su futuro fiscal general y secretario de Justicia, decidió retirarse del proceso de selección ante la oposición que encontró para ocupar ese cargo, incluso dentro del Partido Republicano, según anunció en redes sociales.
Poco después del anuncio, Trump se pronunció y le dio buenos augurios: "Matt tiene un futuro maravilloso y espero ver todas las grandes cosas que hará", dijo.
En Bolivia, unas 10.000 personas marcharon ayer para protestar contra la crisis económica, la escasez de dólares y de combustibles e intimaron al gobierno de Luis Arce a tomar medidas.
Artesanos, comerciantes, sanitarios, choferes, amas de casa y vecinos recorrieron por horas las céntricas calles y avenidas de la ciudad con banderas bolivianas.
Algunos llevaban ollas y utensilios de cocina en una suerte de "cacerolazo". "¡Por culpa del gobierno, estamos en la calle!", arengaban bajo una llovizna.
La manifestación colapsó el tráfico vehicular en el centro de La Paz, donde se halla el corazón de la administración pública, la banca y el empresariado.
La falta de divisas es la principal causa de la crisis económica que arrastra el país desde el año pasado.
Las reservas nacionales, que el gobierno utiliza para subvencionar carburantes, se están agotando debido a la caída de las exportaciones, sobre todo del gas. Para 2024, el gobierno presupuestó 1.408 millones de dólares para estos subsidios.
En Brasil, la policía recomendó ayer inculpar al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.
Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que según la policía federal deberían ser procesadas por "los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal", según un comunicado.
La policía concluyó una investigación que durante casi dos años recabó pruebas sobre la existencia de una "organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 en la tentativa de mantener al entonces presidente de la República en el poder".
Además de al exmandatario, la policía recomendó procesar a su exministro de Defensa, general Walter Braga Netto, quien era a la vez su compañero de fórmula presidencial en los comicios perdidos frente al actual jefe de Estado.
En su primera reacción, Jair Bolsonaro acusó al juez de la corte suprema que lleva el caso de actuar fuera de "la ley".
"El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice", dijo Bolsonaro en un mensaje en sus redes sociales.
Por su parte, Lula se pronunció sobre la noticia durante un acto público en Brasilia.
"Tengo que sentirme agradecido porque estoy vivo. El intento de envenenarme a mí y (al vicepresidente Geraldo) Alckmin no funcionó", dijo.
"Necesitamos construir un país sin persecución, sin estímulos de odio ni desencuentros", agregó.
Cuando el gobierno argentino venía celebrando el éxito de la mejora en los indicadores económicos, estalló una interna, que enfrenta a Javier Milei con su vicepresidente Victoria Villarruel, y que puede cambiar el panorama político.
En una entrevista con un periodista de su confianza, en la Casa Rosada, Milei criticó a su vice, dijo que no forma parte del gobierno, que no tiene injerencia en las decisiones, que no participa en las reuniones de gabinete. Y, sobre todo, le hizo una crítica que, para los códigos libertarios, es la peor acusación: que Villarruel está cerca de la “casta política”.
De inmediato, se generó un debate sobre qué había querido decir el presidente y, sobre todo, cuáles serán las consecuencias de esta ruptura. Para empezar, en las redes sociales, el ámbito de debate político al que el gobierno le asigna mayor importancia, se notó una fisura entre los que defienden y los que defenestran a la vicepresidente.
Ella tiene una buena imagen en las encuestas. De hecho, mejor que la del propio Milei: le gana por 53 a 52 en porcentaje de aprobación, y con menos porcentaje de opiniones de rechazo.
Y lo que en el ámbito político se interpreta es que, al romper con su vicepresidente, lo que está haciendo Milei es enviar un mensaje sobre cuál será su estrategia para las elecciones legislativas del año que viene.
Más concretamente, que Milei quiere romper la dependencia que hoy tiene con Mauricio Macri, sin cuyo apoyo no podría impulsar ninguna iniciativa en el Congreso. Y Villarruel, precisamente, es una de las interlocutoras de Macri.
Lo raro de la situación es que Milei y Villarruel, en la campaña electoral, parecían el matrimonio político perfecto. Se dividían los temas -él la economía y las reformas estructurales, ella la seguridad y el discurso reivindicativo de las fuerzas armadas- y se prodigaban elogios mutuos.
Pero enseguida empezaron las suspicacias. Se supo que Villarruel había tenido reuniones secretas con Macri, y que él había sondeado su disposición a asumir la presidencia ante la eventualidad de que, si el plan económico saliera mal, Milei no pudiera soportar la presión social.
A partir de allí, Villarruel acumuló una larga lista de gestos de autonomía y hasta de disidencia, lo que no hizo más que afirmar la sospecha de busca erigirse como líder alternativa de la derecha.
Algunos de esos gestos irritaron particularmente al electorado de Mieli, como la visita en Madrid a la ex presidente Isabel Perón, a quien honró con un busto en el Senado.
Este debate coincide, además, con la presentación en sociedad de un grupo de jóvenes militantes de Milei, a quienes se suele comparar con lo que en su momento fue La Cámpora para Cristina Kirchner.
Liderados por Daniel Parisini, mejor conocido como “el Gordo Dan”, estratega de la militancia en redes sociales, este grupo está dejando en claro su deseo de asumir un mayor protagonismo.
Esto puede implicar que, ahora con un aparato partidario propio, Milei aspire a formar una bancada legislativa propia e incondicional.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
