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NACIONALES
El directorio de Antel definirá en los próximos días si apela la decisión del fiscal Alejandro Machado que ayer dispuso el archivo de la denuncia sobre abuso de funciones en la construcción del Antel Arena.
Luego de que se difundiera el fallo, el presidente Luis Lacalle Pou se comunicó con la titular del ente, Annabella Suburú.
Subrayado informó que Suburú puso al tanto al mandatario de que la empresa encargó un análisis jurídico del caso para resolver si amerita presentar una apelación. Se espera por una decisión a corto plazo, que será en consulta con el Poder Ejecutivo.
En declaraciones a La Diaria el representante del Frente Amplio en el directorio, Daniel Larrosa, dijo que planteó ayer que la empresa “desistiera” de ese camino y diera el asunto por terminado.
Larrosa señaló que el ente “ya ha gastado 60.000 dólares en la consultoría de Ecovis”, contratada por el oficialismo para hacer una auditoría de la construcción del Antel Arena, y también “40.000 dólares en abogados externos de Antel para seguir la causa judicial”.
“Lo que planteé es ponerles fin a todos esos perjuicios que se causaron, [pero] ellos me dijeron que no habían podido leer el dictamen (del fiscal Machado) y que, posteriormente, dentro de dos semanas, cuando tengamos directorio, iban a dar su opinión. No lo descartaron ni tampoco lo afirmaron”, manifestó Larrosa.
Acerca de la resolución de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, el director por el FA afirmó que “el dictamen es contundente” porque “desarma uno por uno todos los aspectos de la denuncia”.
A su entender, “lo más importante es que hoy el sistema judicial dijo dos cosas claras”; por un lado, que en el Antel Arena “no se gastaron 120 millones de dólares”, y por otro, que “nunca se previó [que] sólo [costase] 40 millones de dólares”. “Esas dos noticias, que hace tiempo que daban vuelta y que parecían un hecho, son fake news y eso quedó demostrado”, afirmó.
Larrosa afirmó que en la denuncia penal efectuada por el actual directorio de Antel se “omitieron muchos expedientes y documentos”, que “mostraban que “las compras estaban bien hechas” y que “se habían hecho llamados a precios”.
Aseguró que también hubo omisión de “testigos clave”, como, por ejemplo, “el asesor letrado de Antel, que había dicho que dentro de las competencias de Antel estaba la construcción del Antel Arena”.
Asimismo, dijo que en la auditoría de Ecovis “había un sesgo en contra de la anterior gestión”, además de “una serie de inconsistencias en el cálculo que no eran profesionales”.
En un dictamen de 88 páginas conocido ayer, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, consideró que los elementos de la “profusa evidencia” recolectada “no permiten sustentar” que los funcionarios a cargo de la obra “hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.
Los denunciantes plantearon que la construcción del Antel Arena violó “el principio de especialidad” consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
En ello, coinciden con el Tribunal de Cuentas de la República. En contrapartida, el fiscal Machado destacó que el directorio que construyó el Antel Arena se basó en “prestigiosos constitucionalistas como así también a renombrados estudios especializados en Derecho Administrativo”, por lo que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello, que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones.
Los denunciantes criticaron también el costo final del Antel Arena -que tiene una capacidad para 12.000 espectadores- estimado por ellos en U$S 119 millones a pesar de que inicialmente se previó que fuera US$ 40 millones.
El fiscal dijo que “los US$ 40 millones de los cuales se hablaba públicamente se referían únicamente a la primera etapa de la obra, esto es, la obra civil”, y se preguntó: “¿Cuánto costó en definitiva el complejo multifuncional Antel Arena? ¿Costó los US$ 120 millones que señala el informe de E (el auditor externo contratado por el directorio denunciante) o costó los US$ 65 millones que establece el Ec. L (Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio) en su informe presentado ante Fiscalía?”.
Machado planteó que “el único informe oficial es el elaborado por el Tribunal de Cuentas con fecha 6 de marzo de 2019”, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”. De todas maneras, consigna que “en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión, a saber: primer escenario una inversión de US$ 51 millones más tributos; segundo escenario una inversión de US$ 59 millones más tributos; y tercer escenario una inversión de US$ 66 millones más los tributos correspondientes”.
Además, los denunciantes afirmaron que lo que costó finalmente “supera en cuatro o cinco veces el costo de otros complejos de similares características construidos alrededor del mundo” y como ejemplo mencionaron que el Movistar Arena de Argentina para 15.000 espectadores costó US$ 38 millones, según surge de Wikipedia. El fiscal alertó que “no parece razonable ni riguroso determinar los costos de distintas obras realizadas alrededor del mundo a partir de fuentes de prensa como ser una radio, un diario o una página web como es Wikipedia”, sino que “se debe exigir un mínimo de rigurosidad en la información manejada”.
A su vez, el fiscal remarcó que “solicitó tanto a las autoridades anteriores de Antel -imputados- como a las actuales -denunciantes-, un informe oficial acerca del costo definitivo de la multicitada obra”, y se le respondió “que se carecía de dicha información”. Entonces, a pesar de “reconocer estas falencias”, el magistrado advirtió que “ello no implica que las autoridades de la época hayan incurrido en algún ilícito sino más bien dan cuenta de la ausencia de los debidos controles así como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra”. En definitiva, “en el Concurso de Ideas de Arquitectura se valoró la obra civil en la suma de US$ 40 millones”, pero “luego el equipamiento y/o alojamiento del complejo se fue haciendo sobre la marcha a medida de los requerimientos y los avances de obra”.
El fiscal Machado rechazó los señalamientos de que el 90% de las compras para la construcción del Antel Arena fueron realizadas en forma directa. El fiscal se basó en un informe de la Auditoría Interna de la Nación, que en julio de 2020 concluyó que las adjudicaciones “correspondieron a las propuestas más convenientes” y que no hubo irregularidades en el proceso de compras. Además, apuntó que el actual directorio de Antel sigue utilizando el mecanismo de compra directa.
En otro punto de la denuncia, Machado concluyó que la decisión de la empresa de, en su momento, declarar la reserva sobre las actuaciones, sigue siendo una política que se aplica habitualmente por Antel para la compra de publicidad y de derechos de imagen de personalidades famosas.
Con respecto a otra irregularidad denunciada, el fiscal afirmó que “la reiteración de gastos por parte de los ordenadores no sólo es un procedimiento frecuente dentro del Estado sino que expresamente nuestra Carta Magna prevé la resolución de dicho conflicto”. En su opinión, resulta “inadmisible” que esto pueda constituir un reproche penal.
Machado también cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en setiembre de 2021 aseguró que en el proceso se habían violentando los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Ese informe, decía la propia Jutep, se había hecho a partir de un informe de una empresa externa presentada por el directorio de Antel durante el actual período, algo que fue duramente cuestionado por Machado.
El fiscal concluyó: “la propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por una empresa externa y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen”. Machado consideró que, de acuerdo a eso, la citada resolución de la junta carece de la rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”.
El precandidato colorado Gabriel Gurméndez, bajo cuya gestión Antel efectuó la denuncia, afirmó ayer que el fiscal Machado ponderó los hechos y las pruebas “de una manera que fue unidireccionalmente al archivo del caso”.
Hablando con la prensa en Salto, donde estaba de gira de campaña, Gurméndez mostró su discrepancia con la decisión fiscal. En su visión, la obra no era necesaria .
"Terminan pagando los nabos de siempre, después se acaban los reflectores, se van los titulares y allí quedan estos costos adicionales que se pagaron y quedan esas escuelas que no están, esos Caif que faltan, esas policlínicas que no se encuentran, el agua que faltó, los recursos para financiar la seguridad”, agregó.
“Al final del día”, dijo Gurméndez, “serán los uruguayos los que deban valorar estos hechos”.
Jorge Gandini, precandidato del Partido Nacional y quien interpeló en el Parlamento a propósito del tema a las autoridades del Ministerio de Industria, cuestionó el dictamen pero aclaró que lo respetará.
En declaraciones a La Diaria, Gandini señaló: “lo que estableció, o lo que entendió la Fiscalía, es que esas conductas irregulares no constituyen delito porque no encuadran en una figura delictiva. Yo tiendo a pensar que sí, pero voy a respetar el fallo de la Justicia”, expresó a la diaria.
También dijo que el mensaje “subliminal” e “indirecto” que se traslada es “podés hacer lo que quieras que no pasa nada”: “No puede ser que alguien pueda usar recursos públicos para construir no un estadio, sino una plataforma electoral. Obviamente que era la Intendencia de Montevideo la que tenía que recomponer el Cilindro; se le dio a Antel para que Cosse construyera su plataforma electoral”. “Ya es un tema cerrado, archivado políticamente”, concluyó el senador.
El fallo del fiscal Machado fue especialmente valorado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que impulsó la construcción del Antel Arena cuando fue presidenta de Antel y hoy es precandidata frenteamplista. Hablando en rueda de prensa, Cosse enmarcó la denuncia presentada en su momento sobre este tema en una “serie de ataques sistemáticos” contra su persona.
“Quiero reafirmar mi confianza en las instituciones republicanas. Intentaron un juicio político absolutamente fuera de lugar e injustificado y el Parlamento, uno de los pilares de la República, lo rechazó. Intentaron toda una operación política dirigida contra mí por el Antel Arena, la Justicia se tomó su tiempo y finalmente en el día de hoy archiva el caso. Es una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la República".
Cosse dijo que la lectura del fallo le provocó un “aluvión de sensaciones” y en particular recordó, emocionada, a dos personas.
“Uno es Tabaré. Él me contestó como el intendente de Montevideo que en su alma seguía siendo. Me dijo ‘te van a atacar, te aconsejo que pienses que esto es por los derechos humanos de los ciudadanos. “El otro tema muy personal es mi mamá, que ya no la tengo. Tuvo que vivir a una avanzada edad la noticia de este caso penal. El lunes que viene sería su cumpleaños y como es costumbre en mi familia, nos reunimos. Este cumpleaños va a estar más presente que nunca”.
Cosse recibió el respaldo personal de otro precandidato frenteamplista, Yamandú Orsi, que ayer concurrió a abrazarla en un evento en el que estaba participando en la Intendencia de Montevideo.
El Frente Amplio, en tanto, emitió una declaración en su apoyo. “Hoy la Justicia habló” precisó el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, que pidió que los denunciantes, que en su momento dieron por válida una “pseudoauditoría” sobre la obra, “asuman que se equivocaron”.
INTERNACIONALES
Los países reunidos en el G20 defendieron ayer por amplia mayoría la solución de dos Estados "como la única posible" al conflicto entre israelíes y palestinos. El pronunciamiento se conoció en el cierre de un encuentro en el que la guerra en la Franja de Gaza ocupó un lugar central.
En la reunión de cancilleres, que se extendió durante dos días, se "destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de dos Estados como la única solución posible pare el conflicto entre Israel y Palestina", según informó el brasileño Mauro Vieira, cuyo país preside este año el G20.
Una fuente de la cancillería brasileña comentó que Vieira "no habló directamente de unanimidad porque no todas las intervenciones (de los países) abordaron el asunto, pero quien se manifestó lo apoyó, y fueron muchos".
Ese consenso fue destacado también por la Unión Europea.
El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, declaró:
"Pedí al ministro brasileño que en su conclusión oral (…) abordara el tema y explicara al mundo que en el G20 todo el mundo estuvo a favor de esta solución",
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se pronunció también en favor de una solución de dos Estados.
"Todos queremos que este conflicto termine lo más rápido posible, pero debemos asegurarnos (…) de que no deje condiciones que solo repetirán el ciclo de violencia", afirmó.
Las negociaciones de tregua en Gaza "marchan bien", aseguró ayer Estados Unidos, uno de los mediadores entre el movimiento islamista Hamás e Israel.
Estados Unidos, que busca junto a Catar y Egipto alcanzar un alto el fuego y la liberación de los rehenes capturados por Hamás desde el 7 de octubre, envió a la región al consejero del presidente Joe Biden para Oriente Medio, Brett McGurk.
"Las primeras impresiones que recibimos de Brett son que las negociaciones marchan bien", afirmó uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, precisando que el emisario estuvo el miércoles en El Cairo y que ayer fue a Israel.
Por otro lado, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) ha llegado a un "punto de quiebre", advirtió su director Philippe Lazzarini en una carta enviada ayer al presidente de la Asamblea General de la ONU.
"Con profundo pesar le informo que la agencia ha llegado a un punto de quiebre, con los reiterados pedidos de Israel para su desmantelamiento y el congelamiento del financiamiento de los donantes ante necesidades humanitarias sin precedente en Gaza", señaló en la carta publicada en sus redes sociales.
"La capacidad de la agencia para cumplir su mandato en virtud de la resolución 302 de la Asamblea General está ahora seriamente amenazada", añadió.
La UNRWA está en el centro de la polémica desde que Israel acusó a 12 de sus funcionarios de estar implicados en el atentado del 7 de octubre del grupo islamista palestino Hamás..
La ONU se desvinculó inmediatamente de los empleados acusados e inició una investigación interna. El secretario general, Antonio Guterres, también encargó a un grupo independiente presidido por la exministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna que evaluara a la UNRWA y su "neutralidad".
Pero aunque "hasta ahora, Israel no ha compartido ninguna prueba con la UNRWA", 16 países han suspendido su financiación, por un total de 450 millones de dólares, dijo Philippe Lazzarini, advirtiendo de que las operaciones de la agencia en toda la región "se verán seriamente comprometidas a partir de marzo".
Estados Unidos sancionará hoy a más de 500 entidades implicadas en apoyo a la "maquinaria bélica" de Rusia, según adelantó una portavoz del Departamento del Tesoro.
"Este será el mayor tramo desde que (el presidente ruso Vladimir) Putin comenzó su invasión de Ucrania", dijo, al subrayar que las sanciones serán tomadas tanto por el Departamento del Tesoro como por el Departamento de Estado.
Por su parte, la Casa Blanca informó que se impondrán nuevas sanciones a Irán por su respaldo a la ofensiva militar rusa. "Estamos preparados para ir más allá si Irán vende misiles balísticos a Rusia", dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
La empresa Intuitive Machines logró posar en la Luna la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años, como parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados -financiada por la NASA- destinada a preparar misiones con astronautas que serán lanzadas a finales de esta década.
En un mensaje en las redes sociales, la compañía aseguró que la sonda aterrizó "de pie" y comenzó a "enviar señales".
El módulo hexagonal, que transporta experimentos científicos de la NASA y que mide un poco más de cuatro metros de alto, alunizó anoche cerca del polo sur del satélite.
Odysseus se lanzó el 15 de febrero en un cohete Falcon 9 de SpaceX y cuenta con un nuevo tipo de sistema de propulsión de oxígeno líquido superenfriado y metano líquido que le permitió surcar el espacio en tiempo récord.
El intento previo realizado en enero por otra empresa estadounidense -Astrobotic- terminó en fracaso, lo que generó dudas sobre si la industria privada podía repetir la hazaña que la NASA logró por última vez durante su misión tripulada Apolo 17 en 1972.
En México, la entidad encargada de la protección de datos personales abrió ayer una investigación luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, revelara el número telefónico de una periodista de The New York Times que publicó un reportaje sobre supuestos vínculos de aliados del mandatario con narcotraficantes.
López Obrador leyó el número durante su conferencia de prensa diaria mientras revelaba un cuestionario que le envió The New York Times para elaborar un artículo sobre supuestos tratos entre criminales y personas allegadas al mandatario antes y después de su llegada al poder en 2018.
El gobernante, que mantiene un enfrentamiento con un sector de la prensa al que acusa de servir a intereses particulares, rechazó la publicación como calumniosa y exigió a Estados Unidos "informar" si es verdad que investigó tal asunto.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó ayer en un comunicado que busca establecer si la filtración del número telefónico constituye "violaciones a principios y deberes establecidos" en la ley de datos.
Por su parte, The New York Times advirtió en un comunicado que este hecho es una "táctica preocupante e inaceptable de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento".
En Panamá, una jueza ordenó ayer la detención del expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde hace dos semanas, luego de que perdiera su último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales.
Según indicó el Poder Judicial en un comunicado, la magistrada Baloísa Marquínez dispuso el arresto preventivo del expresidente por "el delito contra el orden económico".
Además, la jueza argumentó que existe un "riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado", quien ingresó el 7 de febrero a la embajada de Nicaragua en Panamá, donde solicitó asilo político, que le fue concedido de inmediato por el gobierno de Daniel Ortega.
El presidente nicaragüense ha otorgado asilo a otros expresidentes que enfrentan problemas con la justicia, como los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Alfredo Vallarino, uno de los abogados de Martinelli, enfatizó que la orden de detención "es una medida cautelar (y no definitiva) porque todavía el proceso está vigente" por varios recursos legales.
El exgobernante, que gobernó Panamá de 2009 a 2014 y aspiraba a volver al poder en los comicios que se celebrarán en mayo, fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
El representante de Haití en la Organización de Estados Americanos (OEA), Léon Charles, presentó ayer la renuncia a su cargo, tras haber sido imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en 2021.
Charles publicó su renuncia en sus redes sociales, donde indica que quiere "tener campo libre para defenderme contra las acusaciones descabelladas" que pesan en su contra.
Charles es, junto a la exprimera dama Martine Moïse, una de las 51 personas imputadas como involucradas, en distintos grados, en el magnicidio.
El juez Walther Voltaire acusó a 51 personas de complicidad en la comisión del magnicidio en 2021, entre ellas su viuda y el exprimer ministro Claude Joseph.
Por el caso ya se han declarado culpables cinco personas ante la Justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot contra Moïse, que fue torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Honduras extraditó ayer a Estados Unidos a tres acusados de distribuir fentanilo y otras drogas en ese país, informó la policía.
"Dichos individuos participaban en la venta de fentanilo" y "es la primera ocasión que existe una colaboración entre Estados Unidos y Honduras para buscar personas vinculadas al tráfico de fentanilo", según un comunicado de la Policía hondureña.
Los tres hondureños enfrentan cargos en la Corte del Distrito Norte de California, según fuentes del Poder Judicial.
El fentanilo es producido legalmente por laboratorios y usado en la medicina como analgésico, pero también es empleado como droga.
Varias veces más potente que la heroína, este opioide sintético ha causado una epidemia de adicciones en Estados Unidos con más de 70.000 fallecimientos anuales por sobredosis hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió ayer al canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Tras el encuentro, realizado "a pedido" de Moscú, en la residencia oficial de la Alvorada, "el canciller Lavrov expuso las posiciones de Rusia en relación al conflicto con Ucrania", informó el gobierno brasileño en un comunicado de la reunión que acabó sin comentarios a la prensa.
En tanto, el presidente Lula reiteró "que Brasil continúa dispuesto a colaborar con los esfuerzos a favor de la paz en Ucrania", según señaló en un mensaje en redes sociales, en consonancia con la nota oficial.
Lula se ha opuesto a la política de aislamiento de Rusia adoptada por Washington desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, por considerar que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y las potencias occidentales comparten la responsabilidad de la guerra.
Lavrov llegó a Brasilia tras participar este miércoles y jueves en la reunión en Río de Janeiro de cancilleres del G20, presidido este año por Brasil. En esa instancia, fustigó a Occidente por difundir "acusaciones infundadas" contra su país.
En Argentina, la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, terminó su visita a Buenos Aires, y se llevó un panorama bastante completo de la situación.
Durante su visita, la ciudad estuvo en caos por un paro de los trabajadores del ferrocarril, al día siguiente hubo manifestaciones de piqueteros que denuncian la licuación de planes de asistencia social.
Y se reunió con economistas, políticos de la oposición y dirigentes sindicales. Todos le expresaron un mismo punto de vista: que el superávit fiscal que consiguió el gobierno no será sostenible en el futuro porque se logró sobre la base de un fuerte recorte real sobre las jubilaciones.
Los representantes de la CGT le expresaron su visión de que se avecina un tiempo de mayor conflictividad por la negativa del gobierno a buscar acuerdos.
Los economistas, por su parte, le expresaron su visión de que el gobierno tuvo éxito en su primer objetivo de evitar una hiperinflación, pero que el costo de esa política es una fuerte recesión. Y la mayoría dejó una visión escéptica respecto de que se pueda concretar el sueño de Javier Milei de dolarizar la economía.
La representante del FMI se había reunido, previamente, con el ministro de economía, Luis Caputo, y con Milei en la Casa Rosada.
Frente a todas las visiones de escepticismo por parte de la oposición, Milei decidió subir la apuesta. No sólo consideró que el superávit fiscal será la tónica del año sino que, además, dijo que enviaría un proyecto de ley para que cualquier funcionario que emitiera dinero para financiar el déficit fiscal fuera preso.
Esto incluye a la asistencia monetaria directa, en la que el Banco Central entrega pesos para cubrir un bache fiscal, como también a formas indirectas, como cuando el Central compra bonos emitidos por el Tesoro, algo que ocurrió en los últimos dos años y sobre lo cual el Fondo Monetario se mostró tolerante.
¿Qué conclusión habrá sacado Gita Gopinath? Es lo que todos quieren saber. En público, la funcionaria expresó las clásicas frases diplomáticas en las que reconoce el esfuerzo del gobierno argentino y habló sobre las productivas conversaciones. Pero quienes leen entrelíneas de ese estilo diplomático no pasaron por alto que la funcionaria destacó la necesidad de que la recuperación de la estabilidad económica no deje de lado la protección de los más vulnerables.
En todo caso, lo que debe resolver el FMI es si mantendrá el actual calendario de pagos o si asistirá al país con dólares frescos. Se especula sobre la posibilidad de que el organismo pueda aportar unos 5 mil millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y, de esa manera, levantar el cepo cambiario.
Es un tema sobre el que Gita Gopinath y el ministro Caputo volverán a hablar en los próximos días, cuando vuelvan a encontrarse en la reunión de ministros del grupo G20 en Brasil.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Luego de la exposición de la ministra Azucena Arbeleche, que destacó varias variables de la conducción económica, desde el Frente Amplio se cuestionó su exposición.
Arbeleche expresó el miércoles que la economía creció 3,6% respecto a 2019, que se crearon 76 mil puestos de trabajo, se recuperó el salario real – que ya está casi 2% respecto a los niveles prepandemia- se bajaron impuestos – dijo- y, sobre todo, puso mucho énfasis en el cumplimiento de las metas fiscales.
El déficit fiscal estructural (que depura factores coyunturales como por ejemplo la sequía o el covid-19) pasó de 4,5% del PIB en 2019 a 2,7% del PIB en 2023, resaltó Arbeleche. Hubo un “quiebre en la forma de hacer política económica”, dijo la ministra. Se cambió la lógica de que “cada gasto se financiaba con más impuestos”, continuó.
Ayer, uno de los dirigentes de la oposición que cuestionó esos comentarios fue el precandidato y ex ministro de Economía, Mario Bergara.
Hablando con Telemundo, Bergara dijo que fue “incompleta” la evaluación de Arbeleche:
“Porque como es su característica elige las variables que presenta y cuáles no y por lo tanto da una imagen incompleta de la realidad (…) Voy a seguir un criterio que la propia ministra manifestó en su momento que decía que había q evaluar la gestión económica a la luz del resultado fiscal y el resultado fiscal es pobre. Arbeleche "confirma en su presentación que hay desde hace un año y pico un deterioro notorio del resultado fiscal que en diciembre se corrigió un poquito, pero todas las perspectivas de los analistas dicen que este gobierno va a terminar con un panorama fiscal muy similar al de 2019 que ellos decían que era catastrófico y con ocho puntos más de deuda pública, alguna parte derivada de las necesidades de los tiempos de pandemia pero no solo", comentó Bergara.
Bergara señaló también que se cumplió la meta fiscal porque “se cambió a mitad de camino”, en la mitad del año.
El precandidato afirmó por otro lado que “hace un año y medio que tenemos una economía estancada”.
Laura Raffo presentó ayer la “segunda etapa” de la campaña por su precandidatura en El Partido Nacional, bajo el lema “hagamos historia”.
En un acto en el estuvo rodeada de los sectores que la respaldan, la economista afirmó que para ella le resulta importante “abrir el corazón” y que “la conozcan desde el lado humano”.
Para ello optó por leer una carta que dijo haber escrito.
“Hola, soy Laura Raffo. Nací apurada un 22 de setiembre. Soy la hermana del medio, la que andaba despeinada y quería ser cantante. Soy la que admiraba a su abuela Lidia y caceroleaba con ella contra la dictadura. La que de chica iba a actos del partido y cantaba todos los jingles de memoria”, empieza la carta que la precandidata repartió a los periodistas. Luego, Raffo se definió como quien a los 22 años daba clases en la Universidad de la República “con las manos sudadas por los nervios” y la que en 1998 “se recibió con una tesis sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres”.“Soy ‘la de la tele’, la economista a la que le preguntaban por la calle a cuánto iba a estar el dólar”.
Raffo relató allí que es la mujer “a la que le tiraron piedras y la que se llevó algún insulto”. También la que “no tiene miedo a plantarse firme”, porque forma parte “de algo mucho más grande”. Aprendió que “sola no lográs nada”, que “está bueno necesitar de los demás y pedirles su apoyo”. “
“Durante años”, dijo, “ no me animé a entrar en política, pero sabía que ese momento iba a llegar. Ahora, quiero liderar una transformación en Uruguay, donde cada persona saque lo mejor de sí misma. Un Uruguay de oportunidades. Te escribo esta carta porque quiero ser presidenta. Soy Laura y te invito a que juntos hagamos historia”, finaliza la misiva.
Las intendencias de Montevideo, Canelones y Salto, gobernadas por el Frente Amplio, recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia el artículo de la Rendición de Cuentas vigente que separó el pago de las multas de tránsito del de la patente de rodados. Afirman que la disposición es “lesiva” de las autonomías departamentales.
El tema fue analizado ayer por el Congreso de Intendentes. El mensaje presupuestal define que “no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito”.
Los datos presentados ayer indican que, de los 90 mil contribuyentes que este pagaron la patente de rodados, más de 20 mil optaron por no pagar simultáneamente unas 40 mil multas de tránsito que se les habían impuesto.
El reclamo de las comunas frenteamplistas, señala El País, se basa en que la legislación vigente “se está metiendo en la administración de un tributo departamental”. Además, se plantea que la disposición las deja sin un mecanismo para hacer que las multas se paguen.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva (DGI) aumentó en enero en términos reales 1,7% frente al mismo mes de 2023 y alcanzó los $ 57.662 millones.
Este incremento ocurre tras dos meses consecutivos de caída.
En tanto, la recaudación neta (es decir, descontada la devolución de impuestos) subió 0,8% en enero frente a enero de 2023.
El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió que la tasa de interés se mantenga en 9%, con el objetivo de “contribuir a consolidar la inflación dentro del rango meta y lograr la convergencia de sus expectativas.
Con esta definición, el Copom (Comité de Política Monetaria) cambió su tendencia, dado que en las últimas cinco reuniones había reducido la tasa de interés.
En el comunicado el BCU resaltó que en enero pasado, la inflación interanual se ubicó en 5,09%, casi tres puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado y completó ocho meses consecutivos dentro del rango meta.
El análisis del Copom tuvo en cuenta que “en el escenario internacional, la actividad se desacelera menos de lo que se esperaba”. En tanto, “en Uruguay, la actividad mostró un incremento en el último trimestre a partir del repunte de la agricultura luego de superar los efectos de la sequía”, y remarca que “las proyecciones de corto plazo sugieren que la economía continuaría en crecimiento en los dos trimestres siguientes”.
En el mercado local, el dólar bajó, en esta ocasión 0,04%. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,083.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 0,16% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023).
En los últimos 12 meses el dólar tuvo una suba de 1,37% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,90 para la compra y $40,30 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 4,942.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 838,30. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1085,00.
Por su parte, el Euro aumentó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0823.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
La Justicia condenó a Jorge Carlos Guldenzoph Núñez, conocido como "El Charleta", a diez años de cárcel por reiterados delitos de lesiones graves y de privación de libertad durante la última dictadura cívico militar uruguaya.
"El Charleta" colaboró para detener a integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), de la que formó parte, y de otras agrupaciones de izquierda. ".
Según la sentencia, ,"el encausado en su calidad de represor de la Dirección de Inteligencia, participó de la detención, interrogatorios mediante tratos crueles e inhumanos, lesiones de entidad ocasionadas y privación de libertad de las víctimas”.
El Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno revocó la decisión de la jueza de primera instancia María Noel Tonarelli y dio ingreso al juicio a varias pruebas que esa magistrada había rechazado, en la causa conocida como Operación Océano.
El tribunal discrepó con la decisión de Tonarelli de excluir una serie de chats con algunas conversaciones vinculadas a la obtención por parte de una de las víctimas de acceso a estupefacientes, señalando que la declaración anticipada de esa víctima “culminó abruptamente” sin dar lugar a repreguntas, por lo que es pertinente incluir todos los chats relacionados con ese tema.
El tribunal entiende que la defensa de los imputados, al apelar la exclusión de esos chats, argumentó satisfactoriamente la relación de esas comunicaciones con su teoría del caso, “consistente en la capacidad de [la víctima] para la inducción en error, a punto de partida de conversaciones para obtención y suministro de estupefacientes”.
El tribunal admitió el ingreso de un perito semiólogo en el juicio que realizará diferentes análisis sobre la declaración de las víctimas.
De las 37 personas que fueron convocadas por la Fiscalía en calidad de imputados, 17 fueron absueltos, nueve admitieron su responsabilidad en los delitos y fueron condenados por juicio abreviado, y 11 serán juzgados por juicio oral.
Un niño de cinco años y un joven de 22 fueron asesinados anoche en la zona de Pinar Norte, en Canelones.
Otros dos niños, de seis y ocho años, fueron heridos de bala. Según reporta Radio Sarandí, el hecho sucedió en la puerta de una vivienda en la que operaba una boca de venta de pasta base.
DEPORTES
Comenzará a disputarse hoy con dos partidos la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, que irá hasta el domingo.
A las 17 horas está fijado el juego entre River Plate y Deportivo Maldonado en el Parque Federico Saroldi. A las 20:30, Wanderers recibirá a Racing en el Parque Viera.
El sábado, Boston River y Danubio jugarán en el Estadio Centenario y Peñarol recibirá a Miramar Misiones en el Campeón del Siglo.
El domingo, Cerro Largo será local ante Fénix en el Estadio Ubilla, de Melo. Liverpool recibirá a Nacional en Belvedere y Defensor Sporting jugará con Cerro en el Estadio Franzini.
Quedó postergado el partido entre Progreso y Rampla Juniors.
