El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fijó fecha para las vacaciones de invierno que tendrán dos semanas: irán del 20 de julio al 2 de agosto para la educación pública y privada en todos los niveles, es decir, Primaria, Secundaria y UTU.
El consejero Óscar Pedrozo (representante de los docentes) comentó a El Observador que las vacaciones “vienen bien, tanto a los efectos pedagógicos como emocionales”, y argumentó que “si bien se reconoce que hubo poco tiempo de presencialidad, la enseñanza ha seguido en líneas generales –en distinta medida y con distinto impacto–” por lo que “es momento de detener un poquito”.
El consejero Juan Perez por su parte (también representante de los docentes) explicó al mismo medio que la decisión se tomó por tres razones: una sanitaria, una estudiantil y una docente.
La justificación sanitaria viene ligada a la llegada de los fríos más intensos y, con ellos, de las enfermedades respiratorias. La razón estudiantil corresponde a las mesas de exámenes que deben ser cumplidas para no dejar a ningún alumno retrasado en sus estudios, y la razón docente refiere al reconocimiento a los trabajadores de la educación por su compromiso y el entendimiento de que merecen un descanso, aunque muchos de ellos deberán continuar trabajando por distintos motivos.
“Hemos encontrado un gran compromiso de los docentes pero ya veíamos a muchos agotados”, expresó Pérez.
El presidente Luis Lacalle Pou confirmó ayer en conferencia de prensa que Francisco Bustillo ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores (canciller) en sustitución de Ernesto Talvi que renunció el miércoles al cargo.
Lacalle Pou dijo que “personalmente” tiene “el mejor concepto de Talvi” y añadió que en el tema “se entremezclan cuestiones políticas y cuestiones personales”.
El mandatario consideró que en este momento, “callar es el mejor aporte” que puede “hacer hoy al país y al gobierno”.
Lacalle Pou dijo que no tiene “ninguna sospecha de debilidad de la coalición”. Sin embargo agregó: “No me cabe la menor duda de que esta no va a ser la última tensión, aunque ojalá sean las menos y haya más acuerdos”.
Uruguay recibió ayer la presidencia pro témpore del Mercosur en una nueva cumbre de mandatarios del bloque que esta vez se realizó por videoconferencia.
Al participar por primera vez en una reunión de presidentes del Mercosur, Luis Lacalle Pou pidió sincerar las relaciones “puertas adentro” de la organización para perfeccionar la zona de libre comercio, consolidar el trato nacional de los productos y avanzar hacia la unión aduanera.
Lacalle Pou pidió a sus pares que el “afán de los países de protegerse de la Covid-19” no derive en un mayor proteccionismo económico.
Sostuvo que hay que terminar los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y los países miembros del EFTA (European Free Trade Association) y acelerar un nuevo tratado con Corea del Sur.
Lacalle Pou pidió, además, acercarse tanto a China como a Estados Unidos.
“Nosotros somos gobernantes circunstanciales, que podemos tener distintas sensibilidades políticas y sociales y un componente ideológico distinto, pero no podemos estar cada cinco o cuatro años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta. En ese sentido quiero ser muy claro en lo que respecta a Estados Unidos y China: No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación del país", dijo el presidente.
Lacalle Pou recordó que le planteó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y ese país. Además advirtió que “hay una especie de omisión del bloque en responder adecuadamente” a la vocación que mostró China en profundizar las relaciones con el Mercosur.
Buquebus instaló un laboratorio en el buque Papa Francisco para procesar los tests de Covid-19 que serán realizados a los pasajeros antes de embarcar tanto en Montevideo como en Buenos Aires.
El resultado de los hisopados se conocerá en un hora y media según anunció la empresa ayer en una rueda de prensa. Sólo aquellos que den negativo podrán viajar.
El anuncio se hizo luego de que dos argentinos con residencia en Uruguay viajaran el viernes 26 de junio con la enfermedad en curso a bordo de un barco de Buquebus con 250 pasajeros a bordo. Al llegar ambas personas, que son padre e hijo, se trasladaron a Maldonado.
Una vez en nuestro país, se enteraron de que una persona cercana tenía la enfermedad, motivo por el cual decidieron someterse al examen que arrojó resultado positivo en los dos casos.
Buquebus realiza un viaje semanal los viernes, sólo para repatriar uruguayos o trasladar argentinos con residencia en Uruguay. Para efectuar ese trayecto, la empresa se rige por un protocolo, que seguirá vigente, que establece el uso obligatorio de tapabocas y el respeto de una distancia entre pasajero y pasajero de más de dos metros, lo que implicó la eliminación del 50% de los asientos del buque.
Además, todos los pasajeros deben permanecer sentados durante el viaje y si quieren ir al baño deben levantar la mano para evitar contacto entre más de una persona que quiera ir.
Sumado a eso, se le toma la temperatura a cada viajero antes y después de ingresar al barco y se le pide que firme una declaración jurada donde asegure que no estuvo en contacto con ningún caso positivo de Covid-19. Además, todos los pasajeros que utilizan estas Frecuencias Especiales, deberán hacer cuarentena obligatoria de 14 días. Al cumplirse siete días de la cuarentena se realiza un hisopado a la persona. Los protocolos fueron redactados por el médico infectólogo Jorge Facal, que también asesora al Ministerio de Salud Pública.
Jesús Bentancur, intendente de Maldonado, departamento al que se trasladaron los dos argentinos infectados con Covid-19 que viajaron en Buquebus, declaró ayer que “los protocolos están fallando”
Bentancur dijo que “Uruguay no puede darse el lujo y menos Maldonado, un departamento turístico, de tener este tipo de situaciones cuando estamos siendo vistos por el mundo como un país limpio”.
“Yo creo que lo que tiene que pasar es que junto con el documento con el cual se presenta a subir a un barco, tenga que venir un certificado como que se hizo un hisopado 24 o 48 horas antes y que le dio negativo. Y que cuando ponen un pie en el país sea indispensable que junto con el documento en una mano, en la otra tengan un certificado como que se hizo un hisopado hace 24 o 48 horas y que está limpio”, explicó.
El jefe comunal solicitó una reunión urgente con el ministro de Salud, Daniel Salinas, para hablar del tema, ya que le preocupa aún más lo que pasará con quienes lleguen de la Unión Europea.
El presidente Luis Lacalle Pou reiteró ayer que “el país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea en el horizonte cercano”.
El mandatario fue consultado por la prensa por las declaraciones que había hecho el martes el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, que, luego de reunirse con el mandatario, comentó que “no van a pasar 10, 15 días” para que vuelvan las “frecuencias regulares” de sus barcos.
“En nuestro país y en nuestro gobierno el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes, no es un empresario ni es nadie. Así que los anuncios de cuándo se retoman o no determinadas frecuencias para traer turistas no lo va a hacer una persona ajena al gobierno. En este caso, lo va a hacer el presidente de la República con el Ministerio de Relaciones Exteriores o eventualmente con el Ministerio de Turismo”, afirmó el presidente.
El monitoreo diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó anoche cuatro nuevos casos de Covid-19 en territorio nacional, de los cuales tres corresponden al departamento de Treinta y Tres y uno a Montevideo.
En la jornada fueron procesados 916 tests.
La cantidad de casos activos en todo el país ascendió a 91 (uno más que el día anterior). De ese total de personas que están cursando la enfermedad, una se encuentra en cuidados intensivos.
Los contagiados desde el 13 de marzo -día en que fueron detectados los primeros casos en Uruguay- suman 947, de los que 828 se recuperaron y 28 fallecieron.
Los trabajadores de la Salud que actualmente están contagiados suman 35.
Los departamentos donde hay pacientes cursando la enfermedad son seis: Treinta y Tres tiene 69 casos; Montevideo 11; Canelones 7; Maldonado 2, y Tacuarembó y Paysandú 1 cada uno.
INTERNACIONAL
En Francia, el presidente Emmanuel Macron, aceptó la renuncia del primer ministro, Edouard Philippe, y todo su gabinete.
Los ministros salientes estarán a cargo de la gestión de los asuntos corrientes hasta el nombramiento del nuevo gobierno, según señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.
En lo inmediato, la presidencia no comunicó los motivos de esta dimisión, pero se esperaba un cambio de gabinete desde el duro revés que sufrió el partido de gobierno en las elecciones municipales del domingo pasado.
La gran incógnita es si el presidente mantendrá a Edouard Philippe, conservador, al frente del gobierno o si buscará dar un giro a la izquierda para sus últimos dos años de mandato con miras a las elecciones presidenciales de 2022.
En Colombia, un tribunal ordenó suspender las actividades de una brigada del ejército estadounidense en el país.
La llegada de los militares a Colombia en junio despertó críticas en los opositores al gobierno de Iván Duque y provocó un debate sobre la incidencia estadounidense en la seguridad colombiana y de la región.
La polémica llevó a que el Senado decidiera tratar el tema para resolver si debe autorizar o no la presencia y actividad de tropas extranjeras en territorio colombiano, como lo establece la Constitución y como reivindicaban los parlamentarios que acudieron a la Justicia.
En esa línea, la juez ordenó a Duque que suspenda las actividades de esa brigada en Colombia y envíe al Senado toda la información sobre sus operaciones.
Se desconoce las actividades que ha ejecutado la brigada desde su arribo a principios de junio, aunque el gobierno asegura que se limitan al asesoramiento y el apoyo.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el gobierno apelará el fallo porque considera que la cooperación internacional "es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico".
La Cepal advirtió que en América Latina cerrarán casi 2.700.000 empresas y se perderán al menos 8,5 millones de puestos de trabajo a raíz de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria debida al coronavirus.
Las microempresas son el sector más vulnerable de la cadena productiva de la región y representarán la mayoría de los cierres, 2.650.000, seguidas por las pequeñas empresas, con unos 100.000.
Según la Cepal, "la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades", pero son las pequeñas iniciativas las que sufrirán el mayor impacto, especialmente en rubros como comercio, hoteles y restaurantes.
La titular del organismo regional enumeró algunos de los aspectos que más afectan a las iniciativas más pequeñas de la economía:
"Ha habido suspensión de cadenas de producción, caídas de comercio internacional, contracción de inversiones, suspensión de la actividad productiva interna y, por supuesto, los sectores más afectados, son aquellos que implican aglomeraciones y cercanía física, problemas con el abastecimiento de insumos. Y ha habido una gran caída de la demanda interna", dijo Barcenas.
Un juez del Reino Unido prohibió al gobierno de Nicolás Maduro el acceso a 1.000 millones de dólares en oro que Venezuela tiene depositados en el Banco de Inglaterra.
En su fallo, el magistrado indica que Reino Unido reconoce como presidente interino al opositor Juan Guaidó y por eso la justicia no puede permitir que sea el gobierno de Maduro el que acceda al oro. El Ejecutivo venezolano intenta recuperar ese dinero hace un año y medio, pero Guaidó venía pidiendo a las autoridades británicas que no se lo entregaran.
El gobierno de Maduro reaccionó a la inédita decisión pidiendo a la justicia de su país que investigue para determinar "las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo" a los venezolanos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que Venezuela apelará esta decisión:
"Ya el Banco Central instruyó al equipo legal a hacer una inmediata apelación de esta extravagante decisión que pretende, de una forma pirata, robar el oro a los venezolanos. Y además, lo más insólito: ellos pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si en Venezuela no existiera Constitución, territorio, normas o soberanía. ¡Somos una colonia británica nuevamente!", dijo Rodríguez.
En Venezuela, el gobierno suspendió la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, una marcha atrás por la que el gobierno de Nicolás Maduro espera "gestos" de los europeos.
Poco antes de que expiraran las 72 horas que el gobierno le dio a Isabel Brilhante Pedrosa para que dejara el país, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, conversó con su par europeo, Josep Borrell. Después de la conversación se envió un comunicado conjunto en el que se reveló la decisión.
Ambos cancilleres acordaron "mantener el marco de las relaciones diplomáticas", máxime cuando la cooperación puede facilitar "los caminos del diálogo político", indica el documento.
En Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, dijo que podría vetar un proyecto de ley que regula las noticias falsas, argumentando que quiere defender la "total libertad de los medios".
Varios integrantes de la familia Bolsonaro están siendo investigados por la Justicia por sus vínculos con una red de seguidores del presidente que promueve la publicación de noticias falsas para perjudicar a quienes se oponen a sus iniciativas, desde políticos opositores hasta periodistas.
La iniciativa fue aprobada en las dos cámaras pero debe ser votada nuevamente en Diputados debido a los cambios introducidos en el Senado. En ella se dispone que para registrarse en las redes sociales sea necesario proporcionar un documento de identidad y un número de teléfono celular para garantizar la identificación del dueño de cada cuenta.
El proyecto de ley también fue criticado por Facebook, Twitter y Google, que lo consideran una amenaza grave a la privacidad ya que permitiría al gobierno una recopilación masiva de datos personales que viola el derecho a la protección de esa información.
En Argentina, mientras los argentinos siguen lidiando en su vida cotidiana con los problemas que impone la cuarentena, en el plano político crece aceleradamente un escándalo por espionaje ilegal que podría salpicar al ex presidente Mauricio Macri.
Por lo pronto, se supo que el mandatario contrató abogados para que empiecen a diseñar su defensa, luego de que el juez Federico Villena ordenara la detención de 22 personas, la mayoría agentes de los servicios de inteligencia, pero también la ex secretaria privada de Macri, que era la que recibía los informes de espionaje.
Ahora, toda la expectativa del ámbito político está puesta sobre la posibilidad de que aparezcan “arrepentidos” que declaren si hubo directivas procedentes del gobierno para que realizaran los seguimientos.
El escándalo se inició cuando un indagado por una causa de narcotráfico confesó haber colocado un explosivo por encargo de la Agencia Federal de Inteligencia. Al principio pareció que se trataba de una guerra interna del servicio de inteligencia, porque la víctima del atentado también era un espía. Pero luego se fue descubriendo una trama de connotaciones políticas.
Es así que el juez Villena descubrió que los agentes hacían espionaje de dirigentes políticos no solamente de la oposición, como Cristina Kirchner, sino también del mismo macrismo, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodgríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
También estaban en la lista de espiados dirigentes sindicales, periodistas, empresarios , jerarcas de la iglesia y hasta familiares del propio Macri.
En el kirchnerismo se argumenta que esto es una prueba de la existencia de llamado “lawfare”, es decir el armado de causas judiciales, usando las herramientas del espionaje, para perseguir adversarios políticos.
En el macrismo, en cambio, incluso quienes fueron víctima de espionaje afirman tener confianza en que Macri no tuvo involucramiento personal en el tema y que todo obedeció al accionar de agentes de inteligencia fuera del control político.
Lo cierto es que, a medida que la investigación judicial continúa, la posibilidad de que haya una indagatoria judicial al ex presidente aumenta. Tanto que ya se especula con que Macri buscaría postularse a la elección legislativa del año próximo, como forma preventiva para obtener fueros parlamentarios. Irónicamente, la misma estrategia que había seguido Cristina Kirchner hace cuatro años.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Hubo contactos ayer entre el ministerio de Trabajo y las cámaras empresariales buscando solución a la traba que surgió a la fórmula del gobierno para pactar un período puente de un año para los ajustes salariales de los trabajadores.
La reunión del miércoles del Consejo Superior Tripartita fracasó en su intento de redactar un documento con la posición de cada parte cuando la representación patronal propuso dejar sin efecto los beneficios extrasalariales de los convenios, un punto que no había sido negociado.
La postura empresarial sorprendió al gobierno, según el diario El País, porque en las reuniones previas del Consejo Superior Tripartito había quedado claro que esos beneficios -como presentismo, antigüedad, útiles escolares o licencias especiales- quedaban vigentes.
El presidente del PIT CNT, Fernado Pereira, opinó en redes sociales en la noche del miércoles que la postura empresarial “es una vergüenza”.
La central sindical entiende que para avanzar en un acuerdo debe respetarse los beneficios o, de otra manera, su postura será que sean instaladas todas las mesas (alrededor de 150) y se negocie tal como se hace normalmente en los Consejos de Salarios.
“Ya costaba bastante abrir la menor cantidad de grupos posible con una rebaja salarial en el medio. Si además se sacan los beneficios no va a quedar ningún grupo sin abrir”, dijo el presidente del PIT CNT a El Observador.
Según la interpretación del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, comentada a El País, “los beneficios que estaban, van a seguir estando”, y “los que caducan, los que son por una única vez, caducan”.
La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) emitió una declaración tras la aprobación en general en esa cámara, del proyecto de ley de urgente consideración (LUC).
El texto señala que la iniciativa oficialista “pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y tiende a concentrar los recursos y el poder”.
Según los diputados de la oposición, “los pocos apoyos que recibieron los contenidos centrales del proyecto, provienen de sectores históricamente privilegiados o con intereses corporativos muy minoritarios”.
La declaración del FA sostiene que “el neoliberalismo autoritario tiende a debilitar el Estado en sus funciones de regulación de los negocios privados e igualación social, y a incrementar su poder de fuerza para la represión y criminalización de las y los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, condición imprescindible para la aplicación de un modelo de empobrecimiento de las mayorías sociales”.
Cientos de personas se movilizaron anoche desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo en rechazo al proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que promueve el gobierno y discute actualmente la cámara de Diputados.
La convocatoria de sindicatos de la educación contó con el apoyo de decenas de organizaciones sociales, todas las cuales conformaron una coordinadora denominada No a la LUC.
Paula Abbadie, militante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de la capital (ADES Montevideo) e integrante de la coordinadora No a la LUC, fue una de las oradoras en el acto final; dijo que la ley “es perjudicial para el pueblo en todos los aspectos que va abordando: vivienda, educación, derechos humanos, aumento de la represión, para las empresas públicas”, señaló.
El grupo de padres del colegio Pocitos Days School que buscaba reabrir la institución desistió del intento y ayer anunció que dio por "concluida la tarea".
El grupo expresó, según El País, que "la comisión directiva del colegio nunca fue clara en su proceder y en los números mostrados, ya que al día de la fecha hay montos que no mantienen coherencia con la realidad".
La nota también criticó al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Robert Silva y al Consejo de Educación Secundaria (CES) al expresar que "pese a las insistentes llamadas" no se logró concretar las entrevistas solicitadas, "demostrando una falta de sensibilidad en la situación puntual que estábamos viviendo",añadió el grupo de padres .
El presidente Luis Lacalle Pou asumió “como una falla con consecuencias que no tienen vuelta atrás” la muerte por hipotermia y a la intemperie, el pasado miércoles, de Gustavo Castro, un hombre de 31 años en situación de calle que había sido rechazado en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Lacalle dijo que este caso “es indirectamente o directamente, responsabilidad del gobierno y del Estado”.
Por ahora, según El Observador, el Mides investiga dónde se produjo la “falla” que dejó a la intemperie a Castro en una de las noches más frías del año.
Castro había sido llevado detenido por la Policía a la seccional tercera a pedido de responsables del refugio donde, al no conseguir alojamiento en la noche del martes, protagonizó un incidente. Sobre la hora 23:00 quedó en libertad.
Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo dijeron a El Observador que el detenido no podía permanecer en el carcelaje de la comisaría porque ello hubiera configurado un delito de privación de libertad.
El cuerpo de Castro fue encontrado sin vida en la mañana del miércoles junto a la puerta de una panadería en la esquina de las calles Paysandú y Yi.
ECONOMÍA Y EMPRESA
A partir del lunes estará habilitado en todas las redes de cobranza el tercer pago del seguro por cese de actividad y el subsidio para los monotributistas sociales Mides.
Se trata de una de las medidas dispuestas por el gobierno para hacer frente a la crisis económica asociada a la pandemia del nuevo Coronavirus.
En el caso del subsidio por cese de actividad para monotributistas Mides, los beneficiarios acceden por tercera vez a un pago de $ 6.779, es decir, 1,5 BPC.
En tanto, el seguro por cese de actividad consiste en un préstamo blando de $ 12.000 para el resto de los monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRL de hasta dos socios y sin dependientes.
La aerolínea Air Europa retomará la conexión de vuelos con Uruguay el próximo 18 de julio con dos frecuencias semanales, según consignó Montevideo Portal citando al subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.
El jerarca aclaró: "Las fronteras del Uruguay están cerradas" para turistas. "Las personas que pueden entrar por cualquier vía son uruguayos que están en el extranjero, familiares de uruguayos con motivo de reunificación o personas que tengan vínculos empresariales como inversiones que por distintos motivos tengan que ingresar al país".
Desde el 9 de junio, cuando los shoppings reabrieron sus puertas al público, registraron un descenso en las ventas de entre el 20% y el 40% en comparación con el mismo período del año pasado. La concurrencia ha sido 50 % menor.
Así lo expresó el empresario y administrador de ocho shoppings, Carlos Lecueder, en una conferencia virtual realizada por el diario El País y su suplemento El Empresario, titulada “Viviendo en el futuro”.
Según Lecueder, las ventas “están un poco mejor” de lo que esperaban y de lo que preveían en comparación con lo registrado a nivel mundial -principalmente frente a los shoppings de Oriente- aunque afirmó que la clave es ajustar costos, ser más eficientes y seguir avanzando por fases en la reapertura.
En el mercado local, el dólar subió ayer 0,62%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,437.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 13,66%.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,45 para la compra y $ 43,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,302.
En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 70,58. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 129,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1232.
OTRAS NOTICIAS
El empresario realizador de eventos Fernando Cristino permanece internado en el hospital psiquiátrico Vilardebó tras haber sido detenido en la noche del miércoles por un incidente que protagonizó en un hotel de Punta Carretas.
Según Subrayado, Cristino insultó y amenazó a un recepcionista del hotel y, cuando los policías actuantes fueron a hablar con él, reaccionó violentamente por lo que quedó detenido.
El recepcionista denunció en la seccional décima que las amenazas comenzaron cuando sobre la hora 23:00 del miércoles, él no le permitió al empresario alojarse y le reclamó una deuda anterior en dólares.
Los incidentes prosiguieron en la policlínica de Capitán Tula a donde fue conducido para ser atendido y, en la comisaría, donde el detenido pasó la noche.
El fiscal del caso ordenó la internación de Cristino en el Vilardebó en la mañana del jueves, para citarle a declarar recién después de tener el informe psiquiátrico correspondiente.
El abogado de Cristino, Darwin Graña, expresó a El País que, tras la evaluación psiquiátrica, los profesionales del hospital establecieron que su cliente no estaba en “condiciones emocionales” de declarar.
Según el mismo medio, la deuda que le reclamaba el hotel a Cristino era de US$ 278.
El empresario de 34 años cobró notoriedad por haber grabado y difundido una conversación que mantuvo con la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha motivado incluso, por su contenido, el envío del audio a fiscalía por parte del Frente Amplio, así como denuncias penales que el propio Cristino formuló, por amenazas.
Un Tribunal de Apelaciones ordenó al Poder Judicial pagarle $1.219.000 al extupamaro Amodio Pérez por 338 jornadas de prisión en el año 2015.
Según El País, la suma de dinero se constituyó a razón de $4.000 por cada día de los 24 de detención en Cárcel Central y, de $3.000 por cada una de las 338 jornadas de prisión domiciliaria.
Para establecer el monto de la indemnización, el tribunal tuvo en cuenta la edad de Amodio, su domicilio en el extranjero durante años, el procesamiento que sufrió y los resultados de una pericia psicológica.
El caso continúa en tribunales porque el Poder Judicial presentó recurso de casación.
Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS
