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Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
NACIONALES
Varios dirigentes de la oposición política y del PIT-CNT cuestionaron ayer la decisión de 111 economistas y profesionales, identificados como “Frenteamplistas por el No”, que salieron a criticar la reforma de la seguridad social impulsada por la central sindical a través de un plebiscito.
En ese grupo se destaca la presencia de la mayoría de los referentes de la izquierda en materia económica. Entre ellos se cuenta Mario Bergara, Gabriel Oddone, Fernando Calloia, Fernando Lorenzo, Gustavo Viñales, Germán Deagosto, Pablo Ferreri, Álvaro García, Bruno Gili, Gabriela Mordecki, Jimena Pardo, Santiago Soto, Jorge Polgar y Martín Vallcorba.
El grupo inauguró ayer un portal informativo y difundió un documento, en que se asegura que, de aprobarse, la reforma “tendría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”.
Por ejemplo, se plantea que "el plebiscito no consigue cumplir con su objetivo de poder jubilarse a los 60 años" porque "la mayoría de los trabajadores seguirán sin alcanzar su jubilación" a esa edad, "sobre todo los de menores ingresos, especialmente las mujeres".
En referencia al planteo de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, se entiende que "termina castigando" a los trabajadores de menores ingresos "por su efecto sobre el salario mínimo nacional", porque se pone en la Constitución "una referencia a una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno". En este sentido, consideran posible que un gobierno decida no aumentar el salario mínimo nacional para no tener que aumentar el gasto en jubilaciones y pensiones. El grupo estima que esta medida tendría un costo de US$ 1.500 millones al año, frente a los US$ 400 calculados por el PIT-CNT.
El grupo también cuestionó la propuesta de eliminar las AFAP. Afirma que el dinero del Fondo de Ahorro Previsional, cercano hoy a US$ 23.000 millones, se agotaría en menos de 15 años. Desde ese momento, el gasto adicional que eventualmente habrá provocará un “aumento del déficit previsional”, señalan. En 2045, ejemplifican, crecerá en US$ 4.000 millones por año, una cifra que equivale al presupuesto anual que actualmente se destina a la educación pública.
“La promesa de mayores pasividades no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros, y que soluciona el enorme costo adicional”, agrega el texto, que cuantifica ese incremento del gasto en el equivalente a duplicar el impuesto a las ganancias para todas las empresas, a multiplicar por cuatro los aportes patronales o a aumentar el IVA del 22% al 35%.
Entre otros aspectos, sobre el cierre del documento, los economistas señalaron que "el plebiscito convierte en intocables los privilegios de la Caja Militar".
El grupo fundamentó su accionar en la “libertad de acción” resuelta por el Frente Amplio en este tema, con una visión claramente opuesta a la de los partidos Comunista y Socialista, impulsores de la reforma.
Una de las primeras que cuestionó a los “Frenteamplistas por el No” fue la ex senadora Constanza Moreira, segunda candidata titular hoy en la Lista 1001. Moreira afirmó: “la unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere combinar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad”. “Yo me pregunto, ¿a quien ayuda este pronunciamiento? ¿Al FA, al movimiento popular? Yo creo que no”.
Por su parte y hablando con Canal 5 el secretario general del PCU, Juan Castillo, valoró la “libertad de acción” pero también cuestionó a sus compañeros.
“Si empezamos a organizarnos así, desviamos el objetivo principal del FA: conquistar el gobierno. Y ahí una premura fundamental de los trabajadores en conocer cuál será el destino de la seguridad social. Me parece que se había convalidado, por la vía de la Mesa Política. Me parece que esto no ayuda, pero tienen derecho a hacerlo”.
El PIT-CNT prepara una respuesta al documento, que dará a conocer a corto plazo. Su presidente, Marcelo Abdala, prometió “desmontar una a una las presuntas argumentaciones” del grupo.
En declaraciones reproducidas por el portal de la central sindical, Abdala consideró que lo afirmado en el documento “no tiene relación con lo que está en juego” y afirmó que algunos de los planteos de estos economistas “podrían ser concebibles en un gobierno de derecha o ultraderecha, pero no en uno que priorice el bienestar de la gente”.
Abdala apuntó que las estimaciones económicas efectuadas por el grupo sobre el impacto de la reforma propuesta son un “disparate” y lamentó que, “en el fervor de establecer algunas opiniones, se haya cometido alguna injusticia con la rica y gloriosa historia del movimiento sindical”.
Yamandú Orsi, candidato presidencial del Frente Amplio, comentó que comparte lo expresado por los “Frenteamplistas por el No”.
“Claro que sí” dijo, al ser consultado por la prensa.
“Es hacer uso de la libertad de acción que otorgó el Frente Amplio. Como el Frente no mandata, están diciendo lo que para ellos son razones potentes para no acompañar el plebiscito”.
Orsi advertió que “no será lo mismo gobernar con el plebiscito aprobado que sin él”. En particular, dijo que “habrá alguna dificultad extra” para poder cumplir con el programa de gobierno del Frente Amplio si la reforma se aprueba. Afirmó que, si así sucede, “habrá que sentarse y analizar seguimos y qué consecuencias tiene”.
Álvaro Delgado, candidato a presidente por el Partido Nacional, valoró que dirigentes del Frente Amplio se expresen de esta forma contra la reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT, y reclamó que Orsi y Carolina Cosse suscriban el documento difundido ayer.
En una recorrida por Artigas, Delgado destacó el accionar de los economistas de izquierda pero afirmó que, más que opiniones individuales, importan las posturas institucionales.
“Cuando sos candidato a presidente no podés eludir la responsabilidad, y no podés andar gambeteando en estos temas y hablando bajito en temas que necesitan claridad y contundencia".
Delgado dijo que el Frente Amplio "no es ajeno", sino "coautor" de esta iniciativa del plebiscito, porque "varios sectores" la apoyaron. Indicó que el pronunciamiento es "sintomático del Frente Amplio de hoy, más corrido a la izquierda” y sin los “cortafuegos” internos que, en otros momentos, habrían frenado la iniciativa.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
Google ratificó ayer en un acto público que invertirá 850 millones de dólares en Uruguay para construir un nuevo data center de la compañía, el segundo en Sudamérica.
El evento tuvo lugar en Parque de las Ciencias, a unos 30 km del Centro de Montevideo, donde se ubicará la nueva infraestructura, que dará soporte a productos de Google como el Buscador, YouTube, Maps y Workspace (que incluye herramientas como Gmail, Docs y Sheets), según un comunicado de la empresa.
"Estamos muy entusiasmados de anunciar este importante hito que es parte de tres compromisos clave: nuestra apuesta sostenida a América Latina, nuestro foco en la sustentabilidad y nuestra fuerte creencia en Uruguay como centro de innovación en la región", dijo Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica, citado en el texto.
El centro de datos en Uruguay será el segundo de la empresa en Sudamérica, después del de Quilicura, Chile, inaugurado en 2015.
Las negociaciones para la instalación de esta sede del gigante tecnológico estadounidense en Uruguay comenzaron en 2019, durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez.
En 2021, ya bajo la actual presidencia de Luis Lacalle Pou, la empresa adquirió el predio de 30 hectáreas en el departamento de Canelones donde prevé edificar el centro.
En noviembre de 2023, el gobierno de Lacalle Pou confirmó que Google tenía previsto avanzar con el proyecto, que la empresa finalmente anunció este jueves tras obtener este año los permisos ambientales requeridos.
La cantidad de agua diaria que necesita un centro de datos de Google generó en Uruguay cuestionamientos de ambientalistas y académicos, en particular luego de la crisis de abastecimiento de agua potable que sufrió la región metropolitana del país a causa de una sequía histórica el año pasado.
Google aseguró ayer que el nuevo centro de datos en Canelones utilizará "tecnología de refrigeración por aire", siguiendo un "enfoque consciente del medioambiente". "La sustentabilidad está en el corazón de todo lo que hacemos, y nuestros centros de datos están diseñados y operados bajo sus principios. Este es un valor compartido con la comunidad uruguaya, y estamos comprometidos a escalar nuestras operaciones en Uruguay y en todo el mundo de manera responsable", afirmó López, de acuerdo con el comunicado.
El centro de datos se abastecerá con energía de UTE, a partir de una subestación propia. El informe antes citado marcó que cuando llegue a su máxima capacidad, el consumo será “menor a 560 GWh (gigavatios hora) por año”, el equivalente a unos 200.000 hogares. No obstante, eso llevará “varios años”, por lo que el acuerdo “inicial” con UTE es brindar “hasta 420 GWh”.
En el evento estuvieron presentes el presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Industria, Elicia Facio y el ex ministro de esa cartera y actual Canciller, Omar Paganini, entre otros. La fórmula presidencial del Frente Amplio también se hizo presente. Yamandú Orsi recordó en rueda de prensa su diálogo con la empresa durante su gestión como intendente de Canelones, mientras que Carolina Cosse habló de las negociaciones que llevó a cabo con la empresa cuando estuvo al frente de Antel y del Ministerio de Industria.
Google resalta en su comunicado que “tiene un compromiso de largo plazo con Uruguay, que se refleja en la construcción de dos cables submarinos, Tannat (en asociación con ANTEL) y Firmina, que contribuyen a mejorar el alcance y la resiliencia de la red en Uruguay al mismo tiempo que conectan al país con Brasil, Argentina y los Estados Unidos”.
Uruguay registró en 2023 la cifra anual más alta de abortos desde que, en 2012, se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El año pasado hubo 10.898 abortos en todo el país, según un informe del Ministerio de Salud Pública consignado hoy por El País.
En tanto, hubo otros 630 casos de mujeres que consultaron por el procedimiento pero optaron por continuar con su embarazo.
De los abortos ratificados, 10.890 fueron por “propia voluntad”, cuatro por “violación”, dos por “riesgo de salud de la mujer” y los dos restantes por “anomalías fetales incompatibles con la vida”.
El grupo en el que se practicaron más abortos fue entre las mujeres de 20 a 29 años, seguido de las de 25 a 29 años. Del total, 59 casos fueron de menores de 15 años y 460 fueron de menores de entre 15 a 17 años.
La Suprema Corte de Justicia destituyó a la directora de sus Servicios Administrativos, Alzer Arezo, y al escribano adjunto Ignacio Wilf, por acoso laboral y envió el expediente administrativo a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe el inicio de una investigación penal contra esos funcionarios.
La resolución fue unánime, a raíz de los resultados de una investigación administrativa iniciada en noviembre de 2023 por una denuncia presentada por la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) con la firma de más de 20 trabajadores y extrabajadores del departamento.
La denuncia fue presentada luego del suicidio de José Luis Richino, uno de los funcionarios que fueron víctimas de acoso laboral en ese departamento.
Tras la investigación, llevada por la instructora Lourdes Ivanovich, los ministros de la corte confirmaron la violencia psicológica denunciada por los funcionarios que implicaron insultos, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia y revisión del trabajo en las computadoras de los funcionarios, obligación a pedir permiso para ir al baño o levantarse del escritorio y obstaculización de los tiempos para comer.
Además del control de las cámaras, Arezo hostigaba con correcciones permanentes y sin sentido a las tareas que realizaban los funcionarios, controlando el acceso a los sistemas informáticos y dejando sin tarea a funcionarios como forma de castigo, como fue el caso del funcionario fallecido, quien se encargaba de distribuir los materiales de oficina y Arezo tomó su tarea. En otros casos no les respondía sobre el otorgamiento de la licencia o se las negaba aduciendo que ella saldría en la misma fecha, pero se quedaba.
Además, se señala, también se controlaba los tiempos para comer o ir al baño y prohibía las conversaciones entre los compañeros de trabajo.
La última encuesta de la consultora Cifra indicó que los partidos Nacional y Colorado crecieron en intención de voto y que, sumados, los partidos que conforman el oficialismo se acercan al Frente Amplio.
El sondeo, realizado entre el 15 y el 27 de agosto, reveló que, si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos, el Partido Nacional el 28%, el Partido Colorado el 11%, Cabildo Abierto el 3%, el Partido Independiente el 1% e Identidad Soberana otro 1%. Otros partidos acumularían un restante 1% y quienes se mantienen indecisos representarían el 11%.
Con estos datos según la encuesta, difundida ayer en Telemundo, señaló que los partidos que hoy conforman la coalición de gobierno sumarían 43%, un punto por debajo del Frente Amplio.
En comparación a la consulta anterior de Cifra, el FA descendió un punto en intención de voto (de 45% a 44%) . Mientras que el PN creció un punto (de 27% a 28%), el PC creció dos puntos (de 9% a 11%) y los indecisos bajaron (de 13% a 11%). El resto de los partidos, en cambio, se mantuvieron estables.
Según la consultora, el retorno a la política de Pedro Bordaberry tuvo influencia en estos resultados . Precisó además, que debido que fue muy reciente, aún no puede reflejarse el impacto de la integración de Blanca Rodríguez al Frente Amplio.
Para Cifra, además, los resultados reflejan “incertidumbre” con respecto a la definición de una eventual balotaje.
Andrés Ojeda, candidato presidencial colorado, encabezó ayer la presentación del programa de gobierno de su formación política, denominado “Contrato por Uruguay”.
En la presentación participaron el coordinador ejecutivo del programa, Matías Bordaberry, el subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Alberton y la senadora Carmen Sanguinetti.
También intervino el coordinador del programa, Luis Mosca, que planteó que la economía creció en promedio 1,1% anual en la última década y qu se se preguntó, como lo hizo en diálogo con el también economista Isaac Alfie, “qué precisamos para crecer un 3% anual”. Se trata, dijo, de una una interrogante que pasó a ser “una suerte de leitmotiv” del equipo.
El capítulo de seguridad del programa incluye el diseño y la implementación de una política de “saturación social” para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito, que permitirá que las infancias tengan “una contención integral e interinstitucional, inmediata y sostenida”.
También se plantea fortalecer la Policía Comunitaria, un blindaje de las fronteras “con apoyo militar” y establecer la lucha contra el lavado de activos como un asunto de “primer orden”. Se propone además la incorporación de 1.500 efectivos a la Guardia Republicana, entre otras medidas.
Por otra parte, los colorados prometen la creación de 25 centros de atención en salud mental en todo el país. Estos centros, que ofrecerán servicios de psicoterapia y psiquiatría, se complementarán con una mayor inversión para garantizar “que quienes necesiten cobertura de salud mental y atención psicológica y psiquiátrica puedan obtenerla de manera rápida y suficiente”.
Con relación a las personas en situación de calle, el PC plantea implementar un protocolo que “contemple en forma diferenciada a aquellas personas con consumo problemático de sustancias, problemas de salud mental y que carecen de contención familiar”. Además, se propone modificar la ley de empleo (19.973) para favorecer la contratación de personas que salen del sistema penitenciario, sin restricciones por edad o por “otras vulnerabilidades”.
En cuanto a la pobreza infantil, el PC promete “asignar más recursos per cápita a las políticas de infancia”, así como garantizar “los fondos necesarios para un desarrollo completo y seguro de nuestros niños”. Entre otras cosas, se propone aumentar los cupos en los CAIF y que estos “funcionen a tiempo completo”.
En el plano económico, el PC pretende llevar a cabo “un eficaz programa de reducción de funcionarios públicos”, mediante la promoción de “retiros incentivados” y “la no reposición de vacantes”. Con respecto a la situación fiscal, que “tiene consecuencias relevantes en toda la economía”, se plantea como objetivo “tener un superávit primario compatible con una gradual reducción de la ratio de deuda a PIB”.
También figura allí la polémica la fusión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), un planteo que había hecho el equipo técnico de Silva.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas revocó la decisión que inhabilitaba la compra de Pagnifique por parte de Bimbo y resolvió autorizar la fusión entre ambas firmas.
Las empresas habían presentado un recurso de revocación contra la resolución del 8 de mayo pasado que había denegado la operación argumentando concentración económica en la industria del pan.
En su defensa, Bimbo argumentó en ese momento que los portafolios de ambas empresas son "esencialmente complementarios" y que compiten con varias marcas de panificados y panaderías de todo el país, por lo que la operación no generaría "efectos anticompetitivos".
Ahora, Defensa de la Competencia analiza los nuevos elementos y señala que las presiones competitivas que enfrentan Bimbo y Pagnifique son superiores a las que se consideraron en la resolución de mayo de este año. Eso ameritó – plantea- reconsiderar la medida adoptada anteriormente de denegar la solicitud de concentración económica.
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión un 0,24%. El interbancario fondo operó en promedio a $ 40,347.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 3,40% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)
En los últimos 12 meses el dólar tuvo una suba de 7,33% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,15 para la compra y $41,55 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 5,636.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial aumentó y cotizó en AR$ 951,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1315,00.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1078.
OTRAS NOTICIAS
Un joven de 18 años fue imputado ayer por el asesinato del comerciante de 34 años, ocurrido el pasado 24 de mayo en 18 Mayo, Canelones
El imputado fue uno de los tres hombres que ese día ingresaron al comercio para rapiñarlo. El comerciante, al verse asaltado, intentó tomar un arma que tenía debajo del mostrador, pero uno de los asaltantes le dio un disparo en la frente. Los otros dos delincuentes siguen siendo buscados.
Luego de casi dos meses de internación, murió ayer la niña de tres años que a principios de julio sufrió un grave accidente en Artigas.
La niña iba en un auto junto a sus padres por la Ruta 30, cuando el vehículo chocó contra una camioneta en la que viajaban dos hombres, que fallecieron por el impacto.
Los padres de la niña sufrieron algunas lesiones, pero sin gravedad.
INTERNACIONALES
Israel aceptó al menos tres días de "pausa humanitaria" en Gaza para permitir que los funcionarios de salud de la ONU administren vacunas contra la polio en el territorio, informó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Según lo que discutimos y acordamos, la campaña comenzará el primero de setiembre, en el centro de Gaza, durante tres días, y habrá una pausa humanitaria durante la vacunación", dijo Rik Peeperkorn, el representante de la agencia para los territorios palestinos.
La campaña de vacunación cubrirá también el sur y el norte de Gaza, que tendrán a su turno cada uno tres días, agregó Peeperkorn.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó el miércoles que las nuevas medidas "no eran una tregua".
El ejército israelí anunció hoy que mató a tres combatientes palestinos en su tercer día de operaciones en Cisjordania ocupada y afirmó que pertenecían al movimiento islamista Hamás, con quien Israel está en guerra en Gaza desde el 7 de octubre.
AFP informó que, según testigos, se produjo un bombardeo israelí contra un coche en Zababdeh, al sureste de la localidad de Yenín, y que los soldados israelíes inspeccionaron el vehículo tras el ataque.
El medio mencionado señaló que restos humanos fueron sacados del interior del automóvil.
En Alemania, el gobierno anunció ayer un endurecimiento de las leyes sobre el porte de armas blancas y de las prestaciones para determinados solicitantes de asilo.
El porte de armas blancas quedará prohibido especialmente durante festivales y ferias y en trenes y autobuses de larga distancia, precisó la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser.
La medida se tomó luego del atentado con puñal que tuvo lugar el viernes pasado en la ciudad de Solingen. Ese ataque, cuyo presunto autor, de nacionalidad siria, fue detenido, dejó tres muertos y ocho heridos y ocurrió en un festejo popular de esa ciudad del oeste del país, reivindicado por la organización Estado Islámico (EI).
Al respecto, Faeser declaró: “El gobierno está respondiendo con medidas más duras".
La ministra también anunció la supresión de las ayudas a los solicitantes de asilo que entraron en otro país de la Unión Europea (UE) antes de llegar a Alemania.
El gobierno británico prometió incrementar las repatriaciones de solicitantes de asilo rechazados y de residentes ilegales
El Ministerio del Interior publicó la semana pasada un contrato, divulgado ayer por el Financial Times, cuyo objetivo es encontrar "proveedores de servicios" que apoyen la "reintegración" en sus países de origen de las personas repatriadas por no tener derecho a residir en el Reino Unido.
El gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer prevé destinar a ese sistema un total de 15 millones de libras esterlinas (19,7 millones de dólares) escalonadas en tres años.
Once países están abarcados por esos planes: Albania, Bangladés, Etiopía, Ghana, India, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Zimbabue y Vietnam.
Los proveedores de servicios deberán aportarles ayuda alimentaria, ayudarles a encontrar a sus familiares y a encontrar trabajo, indica el contrato.
La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, anunció la semana pasada que el gobierno se proponía alcanzar en los próximos seis meses el mayor nivel de expulsiones de solicitantes de asilo rechazados desde 2018. Esto sería, según el Times, casi 14.000 expulsiones.
Aproximadamente 300 agentes fueron destinados a "examinar miles de expedientes de solicitantes de asilo rechazados y de retornos, incluyendo los retornos forzosos y los voluntarios", según el ministerio.
En Estados Unidos, Donald Trump prometió ayer, que en caso de ser presidente, el gobierno o las compañías de seguros asumirán el costo de los tratamientos de fertilización in vitro (FIV) para "todos los estadounidenses que lo necesiten”.
"Queremos más bebés", lanzó el magnate ayer en Michigan
"Hoy anuncio en una importante declaración que, bajo la administración Trump, su gobierno pagará -o su compañía de seguros estará obligada a cubrir- todos los costos asociados con el tratamiento de FIV, fertilización para mujeres".
Trump no ofreció detalles sobre cómo funcionaría su propuesta, incluyendo de dónde saldría el dinero para costearla. Pero cuando el anuncio fue revelado en una entrevista con la cadena NBC antes del evento, Trump señaló que una opción sería que las compañías de seguros asumieran los gastos "bajo orden" del Poder Ejecutivo.
Pocos estadounidenses tienen planes de seguro que cubran los tratamientos de fertilidad, que cuestan más de 20.000 dólares para una sola ronda de 18 meses de técnicas de FIV.
El expresidente sugirió que bajo su segundo mandato los nuevos padres podrán deducir "los principales gastos del recién nacido" de sus impuestos, y se proclamó "a favor de la familia".
Los derechos reproductivos han sido uno de los principales puntos débiles de Trump desde que la Corte Suprema, con apoyo de jueces conservadores designados durante su primer mandato, eliminó en 2022 las protecciones federales al acceso al aborto.
El tema ganó más notoriedad después de un tribunal de Alabama dictaminara en febrero pasado que los embriones congelados creados mediante esa técnica deben considerarse "niños". Trump dijo que apoyaba la FIV después de que varias clínicas pusieran en pausa su atención tras la decisión.
En Panamá, el presidente, José Raúl Mulino, anunció este jueves que impondrá un toque de queda en dos zonas del país para "limpiar" las calles del narcotráfico y la delincuencia.
Mulino no precisó la fecha en que entrará en vigencia esta medida, aunque precisió las ciudades y en qué horarios se aplicará la medida.
“Le he pedido al gobernador de Colón que espero y confío sea esta semana decrete el toque de queda de 9 de la noche a 5 o 6 de la mañana para que podamos trabajar con tranquilidad y limpiar Colón. Lo propio haré a través de la ministra de gobierno, con la alcaldesa de San Miguelito, pero desde ya lo digo: deseo que exista el toque de queda en esos dos lugares para empezar, que son quizás las zonas más más afectadas”
El toque de queda "es la única forma que tenemos, en tranquilidad relativa, de poder limpiar sus propias calles, avenidas y áreas más retiradas", agregó Mulino.
En las últimas semanas han sido detenidas en Panamá decenas de personas, entre ellas policías y el hijo de un diputado, por su presunta relación con pandillas o el tráfico de drogas.
REGIONALES
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo ayer que el bloque no reconoce la "legitimidad democrática" de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Maduro "seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados", dijo Borrell al fin de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.
"Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones", dijo Borrell.
El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, se conectó mediante conferencia a la reunión ministerial de este jueves en Bruselas y presentó un cuadro de la situación en su país.
Ante el impasse, dijo Borrell, la UE "ha estado pidiendo las actas [electorales] una y otra vez. Pero un mes más tarde ya no hay esperanza de que Maduro las presente. Es tarde para seguir pidiendo eso".
Los ministros europeos se pusieron de acuerdo en no reconocer la proclamada victoria electoral de Maduro, pero sin alcanzar unanimidad para atribuir el triunfo electoral a la oposición.
De acuerdo con una fuente diplomática, los países decidieron "intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia".
En Venezuela la fiscalía citó para este viernes a Edmundo González Urrutia, investigado a raíz de sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
"De no comparecer ante el despacho fiscal en la fecha señalada, le será librada la orden de aprehensión respectiva considerando que se encuentra en presencia del peligro de fuga", indicó el Ministerio Público en sus redes sociales junto con una imagen de la citación.
En una rueda de prensa con medios españoles, la líder opositora María Corina Machado adelantó lo que hará González Urrutia.
"¿De qué estamos hablando? Obviamente no va a ir. Al presidente electo, tenemos que protegerlo todos”.
Es la tercera citación que emite la fiscalía esta semana. Las dos anteriores fueron ignoradas por el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro al considerar que este organismo actúa como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".
La citación, al igual que las dos anteriores, no especifica en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana.
Habla de "rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho" por la presunta comisión de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
También es investigado por "instigación a la desobediencia de las leyes" y "delitos informáticos".
La citación está enfocada en el sitio web en el que la oposición liderada María Corina Machado publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González el 28 de julio y el fraude de Maduro.
La red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, dijo ayer que espera ser bloqueada "en breve" en Brasil por orden de un juez de la corte suprema.
"En breve esperamos que el juez Alexandre de Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no hemos cumplido sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos", informó la plataforma en un comunicado.
La reacción tiene lugar un día después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) amenazara con suspender la red social e instara a Musk a indicar "en 24 horas el nombre y calificación del nuevo representante legal de X en Brasil".
El incumplimiento llevaría a la "inmediata suspensión de las actividades de la red social", precisó el alto tribunal la noche del miércoles en su cuenta en la propia X.
"Para nuestros usuarios en Brasil y en todo el mundo, X mantiene su compromiso de proteger su libertad de expresión", agregó la nota.
El medio social anunció a mediados de agosto el cierre inmediato de sus operaciones en Brasil debido a las acciones de Moraes, aunque dijo que mantendría el servicio disponible para los brasileños.
En Argentina, hay novedades en una de las grandes apuestas del gobierno de Javier Milei para salir de la crisis financiera.
Se trata del nuevo blanqueo de capitales, sobre el que se espera que pueda hacer un aporte tanto a nivel fiscal como para las reservas del Banco Central. En ambos planos, el fiscal y el cambiario, Javier Milei tiene una urgente necesidad de reforzar los números, porque se trata de los dos pilares de su plan económico.
Y por eso fue muy comentado un dato del sistema financiero: están acelerando los depósitos en dólares en los bancos, algo que los analistas atribuyen a la adhesión al blanqueo.
Esta especie de amnistía, ya a esta altura un clásico de todos los gobiernos en su primer año de gestión, supone que aquellos que tienen dólares no declarados, principalmente en cuentas bancarias del exterior o que tienen inversiones inmobiliarias, puedan regularizar su situación, con un bajo costo.
De hecho, hasta los 200 mil dólares no se deberá pagar ninguna multa. Y por encima de ese tope, se cobrará un 5% hasta el 30 de septiembre.
La estimación que se hace en el gobierno es que podrían entrar unos 40 mil millones de dólares al blanqueo, lo que le permitiría al gobierno recaudar unos 2 mil millones en concepto de multa. Otros creen que ese objetivo es exagerado, y que hoy las condiciones son muy diferentes a las de 2016, cuando Mauricio Macri había logrado un blanqueo por 117 mil millones de dólares.
En todo caso, lo que se está evidenciando es una suba en los depósitos en dólares. Ya superan los 19 mil millones, de los cuales casi 500 millones entraron en los últimos 10 días.
Es una suba importante, si se considera que a fines del año pasado, cuando se produjo el recambio presidencial, había en el sistema bancario apenas 14 mil millones. De todas formas, el nivel actual sigue estando lejos de los 30 mil millones que se logró durante la gestión de Macri.
Para el gobierno de Milei, el tema del blanqueo es importante por su aporte fiscal, dado que está por entrar en vigencia un recorte al llamado impuesto PAIS, que gravaba las importaciones con un 17,5%, y que inesperadamente se convirtió en uno de los mayores aportes a la caja estatal. Se espera que, gracias al blanqueo, se pueda compensar en parte la pérdida de ese impuesto.
Y, por otra parte, también hay preocupación en el plano de las reservas, porque se espera para el último cuatrimestre del año un impulso de las importaciones, que vienen en un nivel muy reprimido, en parte por la recesión pero también por las trabas regulatorias para acceder a las divisas.
A partir de ahora habrá una liberalización del comercio exterior, con lo cual existe el temor de un recorte en el superávit comercial previsto originalmente. Y, también en este caso, la apuesta es que el blanqueo pueda atenuar este impacto.
Los economistas calculan que los argentinos tienen fuera del país más de 200 mil millones de dólares en cuentas bancarias o en inversiones inmobiliarias no declaradas al fisco.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)