Titulares

Noticias del viernes 7 de agosto de 2020

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Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí perdió el litigio multimillonario que había iniciado hace dos años contra el estado uruguayo.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó una demanda de la minera Zamin Ferrous contra Uruguay por US$ 3.536 millones.

La demanda fue presentada en julio de 2018 por dos hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous, la compañía impulsora del proyecto minero Aratirí en la localidad de Valentines. En el escrito se alegó que el Estado uruguayo "implementó cambios a las reglas de juego” que afectaron el proyecto e implicaron incumplientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, donde la minera tiene oficinas.

Sin embargo, la corte de arbitraje desestimó la acción por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo de la denuncia

Según un comunicado de Presidencia de la República, la corte entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones. “Por tanto, carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”.

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.


La noticia fue bien recibida en el espectro político.

El senador nacionalista Gustavo Penadés celebró el dictámen, pero dijo que el Frente Amplio (FA) y su política de inversiones fueron responsables del litigio.

“Me parece una muy buena  noticia. Hubiera sido una tragedia nacional que hubiera sucedido lo contrario porque era un juicio por más de 3 mil millones de dólares.  En algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el Frente Amplio llevó adelante nos expuso a esta situación, acompañada a otra serie de anuncios y de proyectos que quedaron por el camino. Aratirí venía; no vino”, dijo Penadés.

Otra celebración con crítica incluida pronunció el también senador blanco Jorge Gandini que calificó el resultado del juicio de “buena noticia” pero acotó que Aratirí “llegó de la mano de operadores (del) FA" y “se fue cuando cayó el precio del hierro”. "El humo que vendió Mujica pudo salir carísimo", expresó Gandini.


La senadora del FA y candidata a intendente Carolina Cosse, felicitó al “equipo de la defensa, organizado por el gobierno encabezado por  Tabaré Vázquez”, y resaltó la acción profesional diseñada, entre otros actores, por el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma.


Pero desde la izquierda también hubo acusaciones políticas. El también senador frenteamplista Charles Carrera recordó que Isaac Alfie, antes de asumir su cargo actual de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP),  realizó un informe en calidad de experto a solicitud de uno de los estudios de abogados que defendía a Aratirí.

“Agradecer al gobierno de Tabaré Vázquez que tuvo una gran profesionalidad en el manejo de estos temas tan complejos y salió triunfante el Uruguay. A pesar de Isaac Alfie que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales”, dijo Carrera. 


El ex presidente José Mujica dijo a Radio Universal que la coalición multicolor hizo “bulla electoral”con este tema, cuando se sabía desde hace tiempo que el litigio iba a ser favorable a Uruguay.

“Se informaba en los consejos de ministros del doctor Vázquez. Se sabía perfectamente lo que pasaba. Lo que pasa es que hicieron una bulla electoral y se creyeron el verso ellos mismos. Y ahora salen: "¡Ay, qué novedad! ¡Por favor!", dijo.


OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró ayer en rueda de prensa que “la indicación contundente” a los policías es “de no uso” de picanas eléctricas. 

La semana pasada, luego de que la Justicia formalizó a dos policías por aplicar picana a un detenido, Larrañaga dijo que él no impartió ninguna orden sobre el uso de ese tipo de armas por parte de agentes y que “no hay prohibición (de uso) pero no forma parte del equipo regular”.

El ministro concurrió ayer a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para exponer sobre las políticas de su área para el quinquenio y luego respondió preguntas de los legisladores.

El diputado del FA Nicolás Mesa, presidente de la Comisión parlamentaria, dijo, según El País, que le quedaron “determinadas dudas sobre cómo fue el uso (de la picana) cuando el individuo ya estaba reducido” y explicó que la semana próxima se retomará el tema en la sesión de la Cámara de Representantes.

Larrañaga sentenció que la picana “no está en el reglamento y, por lo tanto, la indicación contundente es de no uso”.


El Poder Ejecutivo pidió a la Fiscalía General de la Nación que incluya en la lista de “interés público en la persecución penal” cinco nuevos delitos que no constaban en el gobierno anterior.

Esos delitos, según consigna el diario El País, son: microtráfico de drogas; abigeato; receptación; delitos de violencia sexual cometidos contra menores y, lesiones dolosas graves y gravísimas.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, citado por el mismo medio, dijo: “Estamos abocados al narcotráfico grande y al narcomenudeo, como lo son las bocas de pasta base”. A su entender, “el narcotráfico de grandes cantidades provee alguna parte de droga que queda en el país y, la otra parte la pretende exportar. También combatimos al narcomenudeo porque son las “bocas” de envenenamiento de los hijos de los uruguayos”, dijo el secretario de Estado.


Una encuesta presentada ayer, de la consultora Factum hacia las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre, reflejó 19 puntos porcentuales de ventaja del Frente Amplio (FA) sobre la coalición multicolor en Montevideo.

Los tres candidatos del FA suman 53 % de intención de voto y, la candidata que los enfrenta, Laura Raffo, que se presenta bajo el lema Partido Independiente, recoge 34 % de adhesión.

En el FA, Daniel Martínez tiene 20 % de intención de voto; Álvaro Villar 17 % y  Carolina Cosse 15 %. Hay un 1 % que dice que votará al FA, pero aún no sabe a qué candidato.

En diálogo con radio Uruguay, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, dijo que la diferencia entre Cosse, Martínez y Villar está dentro del margen de error y que hay posibilidades de movimientos de votantes dentro del partido, lo que es más habitual que el movimiento entre distintas fuerzas políticas.

Un 1 % de los encuestados optó por el candidato del Partido Verde Animalista, Leonel García, un porcentaje de intención de voto igual al que recibió Eduardo Rubio, de la Unidad Popular.

Otro 3 % respondió que votará en blanco o anulado, mientras que el porcentaje de indecisos fue de 8 %.


La candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, visitó ayer al presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva; al final del encuentro aclaró que concurrió a título personal.

En rueda de prensa Raffo expresó que está dispuesta a debatir con sus rivales frenteamplistas y que le “alegra” que Àlvaro Villar y Carolina Cosse hayan aceptado participar de una instancia así.

“Yo estoy; que ellos digan cómo lo quieren hacer. El formato, la fecha, el lugar, es lo de menos; lo importante es que se intercambie ideas”, dijo Raffo.

La candidata también manifestó haberse sentido “agraviada” porque Villar expresó  que ella es “la candidata de la derecha”; por Carolina Cosse que, según ella entiende la trató de “irresponsable” y, también por Daniel Martínez: “ha dicho que soy poco republicana”, se quejó Raffo.


PANORAMA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El monitor diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó anoche otros nueve contagios nuevos de Covid-19, de los cuales tres corresponden a Montevideo y, uno cada uno, a los departamentos de Colonia, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Salto y San José.

Ayer fueron procesados 2.858 análisis.

El total de personas cursando la enfermedad en el país bajó de 207 a 202 en 24 horas. Dos de ellas permanecen en CTI.

Uruguay registra 1.318 contagios y 37 personas fallecidas por el nuevo coronavirus desde que comenzó la pandemia.


El Ministerio de Salud Pública (MSP) puso a un centenar de personas en cuarentena en la ciudad de Bella Unión (departamento de Artigas) debido a un foco de Covid-19 que tiene infectados a cuatro niños de 11 años, alumnos de una misma escuela que, por este motivo, permanece cerrada.

“Es el primer brote escolar”, dijo a la prensa artiguense el director departamental de Salud, Marcos Leonardi, según consignó el portal Clic Regional.  

La madre de uno de los niños vive en Barra do Quaraí, la localidad brasileña fronteriza con Artigas que, con una población de apenas 4.500 habitantes, tiene 18 personas contagiadas.


El foco de coronavirus de la mutualista Médica Uruguaya ya está "bajo control" y no registró casos positivos el miércoles ni el jueves, indicó al diario El Observador el infectólogo Henry Albornoz, miembro del Comité de Crisis de esa institución.

El médico señaló que hay un grupo de casos sospechosos a la espera de los resultados de un segundo test, porque también estuvieron vinculadas al contagio inicial del 24 de julio.

En base a unos estudios realizados por los científicos del Institut Pasteur, Albornóz reafirmó la idea de que  la “circulación inicial” del coronavirus en Médica Uruguaya, “fue secundaria a casos con el mismo virus que Treinta y Tres".

Todo indica que la infección ingresó el 20 de junio cuando una paciente proveniente de Treinta y Tres se internó en la mutualista y su primer test de Covid-19 dio negativo pero el segundo resultó positivo.


INTERNACIONAL

En Líbano, 16 funcionarios del puerto de Beirut y autoridades aduaneras fueron detenidos como parte de la investigación sobre la devastadora y mortífera explosión del martes.

La catástrofe dejó al menos 137 muertos y unos 5.000 heridos, pero también destruyó barrios enteros, dejando a miles de personas sin vivienda.

La investigación judicial indica que la deflagración se generó en un depósito donde había toneladas de nitrato de amonio desde hace seis años. Las autoridades portuarias, los servicios de aduanas y algunos servicios de seguridad eran conscientes de que allí se almacenaban sustancias químicas peligrosas que había que retirar, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad por no haberlo hecho.

Esta información encendió la ira de la población, que se volcó a las calles para protestar contra el gobierno y exigir que asuma su responsabilidad. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes que destrozaron comercios y lanzaron piedras a la policía en el barrio donde se ubica la sede del Poder Legislativo.

Para este sábado está prevista una gran manifestación antigubernamental, en un país que también atraviesa una crisis económica sin precedentes.

Las protestas también acompañaron la visita del presidente francés Emmanuel Macron, ante quien los movilizados buscaban denunciar la situación. Tanto él como otras autoridades europeas exigieron al gobierno libanés una investigación transparente y "cambios profundos" para superar la situación.

Macron incluso dijo que los fondos europeos serán dirigidos "directamente a la gente":

“Se ve la tensión, la gente está muy nerviosa por los políticos, así que, al mismo tiempo que construimos ayuda de emergencia, necesitamos iniciativa política [por parte del gobierno]. Estoy aquí para brindar ayuda, para coordinar una iniciativa europea e internacional para traer dinero y ayudar directamente a las personas”, dijo el mandatario francés.


En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, prohibió toda transacción en el país con las empresas chinas que son dueñas de las redes sociales chinas TikTok y WeChat.

La medida aumenta la presión sobre ByteDance, la casa matriz de TikTok, para que concluya negociaciones para vender la plataforma de videos cortos a Microsoft, y crea otro nuevo frente en la confrontación de la Casa Blanca con Pekín.

El decreto evoca una amenaza a la "seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos". Agrega que los datos recabados por TikTok pueden potencialmente ser usados por China para detectar la ubicación de empleados y contratistas del gobierno estadounidense, construir expedientes de personas para chantajearlas y realizar espionaje corporativo.

El jueves, el Senado estadounidense votó para prohibir que TikTok sea instalada en los teléfonos de los funcionarios federales. El proyecto de ley aprobado por el Senado controlado por los republicanos aliados de Trump ahora debe pasar a la Cámara de Representantes, dominada por la oposición demócrata.

El mes pasado usuarios de TikTok reivindicaron un boicot que afectó el acto con el que Trump relanzaba su campaña para las presidenciales de noviembre. A través de la red social se gestionó una reserva masiva de lugares que luego quedaron vacíos.


También en Estados Unidos, el estado de Nueva York presentó una acción judicial para disolver la Asociación Nacional del Rifle, a la que acusa de fraude financiero y conducta inapropiada.

La fiscal general del estado, Letitia James, aseguró que fondos que la organización recolectaba, supuestamente con fines benéficos, fueron desviados para el provecho personal de los directores, por una suma total de más de 64 millones de dólares en tres años.

“Durante años, la Asociación Nacional del Rifle desvió millones y millones de dólares de su misión benéfica para uso personal por parte de la alta dirección, para otorgar contratos para el beneficio financiero de asociados cercanos y familiares. Estas personas están acusadas por su mala administración de los fondos y por no cumplir con numerosas leyes estatales y federales”, dijo James. 

La fiscal agregó que la organización "está plagada de fraudes y abusos" y que el objetivo de la acción judicial es disolverla, porque, indicó, "ninguna organización está por encima de la ley".

En un comunicado, la Asociación Nacional del Rifle acusó a James de realizar una demanda para "sumar puntos políticos" en vistas a los comicios generales en tres meses. Añadió que se trata de "un ataque infundado y premeditado" contra la organización y "las libertades de la Segunda Enmienda que lucha por defender".

Además, agregó que presentaría una contrademanda acusando a James.


En Cuba, el gobierno permitirá la ampliación del sector privado, una medida reclamada con insistencia por los cuentapropistas que enfrentan una difícil situación económica, agravada por la pandemia de coronavirus.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, dijo que se eliminará la lista que establecía las 123 actividades privadas permitidas, mayoritariamente vinculadas a gastronomía, hostelería, transporte y alquiler de vivienda. Al eliminar la lista todos los sectores quedarán liberados para que los cuentapropistas presenten sus proyectos, que deberán ser evaluados por la cartera.

La ministra no precisó cuándo se concretará la eliminación, demandada desde hace años por el creciente sector privado de la isla.


En Perú, el presidente, Martín Vizcarra, designó como jefe de su gabinete al general retirado Walter Martos, quien era ministro de Defensa, para superar un choque con el Congreso en medio de un rebrote de la pandemia.

Martos reemplaza a Pedro Cateriano, a quien el Congreso le negó el martes un voto de confianza, por lo cual tuvo que renunciar a solo 20 días después de haber asumido.

El nuevo equipo ministerial que encabeza Martos es el quinto que designa Vizcarra tras asumir la presidencia hace casi dos años y medio.

En el marco de esta inesperada crisis política, Vizcarra llamó a sus opositores a colaborar para superar la situación generada por la pandemia.

“Este no es el momento para la división sino para la unidad y el consenso. El deber que tenemos los peruanos, y principalmente las autoridades, está muy por encima de cualquier diferencia circunstancial. Nuestra obligación ante la patria significa, también, voltear la página de las diferencias y continuar trabajando en favor de todos los peruanos”, dijo Vizcarra.


En Venezuela, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo este jueves haber recibido el alta médica tras contraer coronavirus hace aproximadamente un mes.

En Twitter, Cabello agradeció a Dios, al personal médico y de enfermería y a su familia al anunciar que lo daban de alta.

La agencia estatal de noticias AVN difundió un video del dirigente saludando y gesticulando con las manos a las puertas de una vivienda.

Cabello, de 57 años, fue el primero de varios dirigentes oficialistas que informó haber dado positivo por el nuevo coronavirus, entre ellos el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

El lunes el dirigente había reaparecido en una llamada telefónica con el presidente Nicolás Maduro, transmitida por la televisión estatal, con un inusual tono de voz que generó especulaciones de que no era él.


En Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, dijo que tiene "la conciencia tranquila" por su gestión de la crisis del coronavirus, mientras el país se acerca a los 100.000 muertos y tres millones de casos.

"Con los medios que tenemos, podemos realmente decir que hemos hecho lo posible y lo imposible para salvar vidas", aseguró el mandatario en un discurso en el que reconoció que habrá más muertes.

“Está muriendo más gente, ¿pero qué podemos hacer? No hay remedio, no hay vacuna, entonces lamentablemente, hasta que no llegue la vacuna, las personas que no se aíslen, si contraen el virus, tienen grandes chances de que se complique. Entonces, yo lamento todas las muertes, ya está llegando al número de 100.000, tal vez hoy, pero vamos a seguir con la vida y a buscar una forma de salir de este problema”, dijo Bolsonaro. 

Bolsonaro, diagnosticado de coronavirus a comienzos de julio y recuperado la semana pasada, dijo estas palabras en un mensaje transmitido en directo por redes sociales. Estaba sentado en una mesa junto al ministro interino de Salud y la intérprete de lengua de señas, que era la única de los tres que utilizaba tapabocas.

En su comparecencia el presidente también acusó a los gobernadores de inflar los números de la pandemia y a los médicos de no realizar autopsias y colocar covid-19 como causa de muerte sin tener un diagnóstico. En ninguno de los casos presentó pruebas.


En Argentina, el efecto del acuerdo por el canje de la deuda es el de un regreso del optimismo por la superación de la crisis económica. Si hasta hace pocos días predominaban las opiniones sobre una recuperación muy lenta y gradual, ahora ya aparecen quienes sostienen que podría haber un repunte acelerado.

Para empezar, ese optimismo se basa en las mejores condiciones del gobierno para inyectar dinero en la economía. El resultado del canje es que en los tres años y medio que le quedan al período de gobierno de Alberto Fernández va a haber que pagar vencimientos de bonos por 2.800 millones de dólares, una cifra módica si se considera que el cronograma de pagos original marcaba 29.300 millones.

Es un hecho que destacó el presidente, que ayer anunció una serie de obras viales para ayudar a la reactivación en el interior del país, y dijo que esas obras no serían posibles sin el alivio de la deuda.

Pero también hay cierta expectativa de que se beneficien las finanzas de las empresas privadas. Luego del anuncio, una empresa telefónica obtuvo un acuerdo de refinanciación de su deuda y se espera que haya una seguidilla de operaciones similares.

Y, sobre todo, se empezaron a notar algunos indicadores de reactivación. Por ejemplo, en la industria automotriz hubo una suba de 36 por ciento respecto de junio, y ya se está casi en niveles previos a la pandemia.

También hay un repunte en la venta de materiales para la construcción, con números que llegaron a pasar incluso el nivel de la actividad que se registraba hace un año.

Y esas señales tienen su correlato en los primeros casos de reapertura de negociación salarial. Ya lograron acuerdos con subas importantes los bancarios, los camioneros, los empleados de logística de comercio electrónico y están en plena discusión ramas industriales como la siderúrgica.

Claro que se trata de indicadores desparejos, porque en los rubros donde todavía no se puede normalizar la actividad sigue habiendo caída salarial y pérdida de puestos de empleo. En ese sentido un punto sobre el cual hay expectativa es si el gobierno extenderá la prohibición de suspensiones y despidos, un tema reclamado por los sindicatos pero que los empresarios dicen que atenta contra la creación de nuevo empleo.

Mientras tanto, en contraste con las señales positivas de la actividad, siguen empeorando las noticias en el plano sanitario. Los contagios diarios de coronavirus ya superaron la marca de 7.000 casos, lo cual pone una nota de duda sobre la recuperación de la economía.

(Corresponsal Fernando Gutiérrez)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

El subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, aseguró en el parlamento que el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) continúa funcionando y que su accionar irá tan lejos como lo permita el presupuesto que le otorgue el Poder Ejecutivo.

El jerarca concurrió el miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados —a solicitud de la diputada frenteamplista Verónica Mato— para explicar cómo será el funcionamiento a futuro del SNC y su vinculación con otros programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Castaingdebat dijo que “es probable que la población que atiende el Mides “aumente considerablemente”. “Vamos camino a que la emergencia social y económica sea más larga que la sanitaria”, afirmó el jerarca.


El sector Ciudadanos del Partido Colorado no acompaña el proyecto que presentó Cabildo Abierto para dejar sin efecto la ley de caducidad.

“Es una señal complicada” votar el texto, indicó a El País el senador Adrián Peña, secretario político del sector del Partido Colorado creado por Ernesto Talvi, aunque matizó que podrían estudiar acompañar aspectos puntuales.

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozan, dijo ayer en radio Sarandí que su partido “tiene cifradas esperanzas de que estén los votos” para aprobar la iniciativa. 


El fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue denunciado penalmente por una "sospecha" de que "se prepara" a los testigos para que declaren en los juicios.

El abogado Enrique Viana dijo a radio Monte Carlo que hay una suerte de manipulación del testimonio y que el tema quedó al descubierto cuando una fiscal aseguró que es legal que se prepare a los testigos.

Según Viana, se trata de una directiva dictada por el fiscal general, que podría configurar eventualmente, entre otros delitos, un abuso de funciones.

Para Viana existe "un proceso penal corrupto con una Fiscalía General que es su brazo ejecutor"; dijo que  el camino correcto sería el de derogar el nuevo Código del Proceso Penal.


El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se reunió ayer en el Palacio de la Zarzuela con el rey de España, Felipe VI, como parte de la visita que realiza desde el pasado lunes a Madrid.  

Este viaje al país donde fue embajador hasta que el presidente Lacalle Pou lo nombró canciller, es el primero que realiza Bustillo al extranjero, como ministro.

En la audiencia participó la secretaria española de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach.

Bustillo también ha estado reunido esta semana en Madrid con la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien el martes le entregó la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

El encuentro de ayer con Bustillo fue la primera aparición pública del monarca español desde que la Casa Real anunciara el pasado lunes la salida de España del rey emérito Juan Carlos I como medida para contrarrestar la polvareda levantada por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero.


El presidente Luis Lacalle Pou y su familia se mudaron ayer a la residencia oficial de la avenida Suárez y Reyes, en el Prado.

La casa tiene esta función desde 1948 pero en los tres últimos gobiernos no se utilizó para residir sino solamente como oficina o lugar de recepción.

Lacalle Pou es el segundo presidente de la historia que vive en la residencia en dos oportunidades como hijo y como mandatario. El primero fue Jorge Batlle. 


El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que el jueves 15 de octubre volverá a llevarse a remate el llamado “avión presidencial”.

La subasta volverá a hacerse en la Asociación de Rematadores y a diferencia de la anterior, esta será sin base.


ECONOMÍA Y EMPRESA

El presidente Luis Lacalle Pou firmó dos decretos destinados a impulsar el desarrollo de cannabis para producción de medicamentos y artículos de cosmetología.

La nueva norma presentada ayer por el prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Rodrigo Ferrés, autoriza la exportación de stocks de cannabis medicinal y cáñamo industrial que, por distintas razones, permanecían desde 2018 sin poder ser comercializados, dijo el jerarca.

Ferrés enfatizó que la comercialización del cannabis dentro del territorio nacional contemplada por los dos decretos de ayer, no es para consumo directo sino para la extracción de aceites y otros derivados, tanto para elaborar productos medicamentosos como de tipo cosmetológico u otros usos.

El jerarca señaló que estas resoluciones determinan “la política del Poder Ejecutivo” de “impulsar esta industria con una marca país”. 


Uruguay ocupa el puesto 36 en el mundo en Calidad de Vida Digital, según el Índice 2020 elaborado por Surfshark, una compañía internacional dedicada a la seguridad en el mundo cibernético.

El estudio abarca el 81% de la población mundial (6.300 millones de personas), distribuida en 85 países.

En las Américas, Uruguay sólo es superado por Canadá, en el puesto mundial número 3, y Estados Unidos, que está en el 22.

Según los detalles aportados por el estudio, Uruguay obtiene los mejores resultados en rubros como ciberseguridad, infraestructura y gobierno electrónico. Sin embargo, su puntaje no es tan bueno en ítems como la calidad y asequibilidad de Internet.

De acuerdo con la firma, Uruguay forma parte del grupo de "Los Sorprendentes", modo en que califica a 13 de los 85 países evaluados (Azerbaiyán, Bulgaria, China, Croacia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malasia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Uruguay) que superan la calidad de vida digital esperada.


En el mercado local, el dólar subió ayer 0,39%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,718.

El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.

En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 14,42%.

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,50 para la compra y $ 43,90 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en R$ 5,343.

En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 72,70. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 132,00.

Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1875. Un nuevo  valor máximo desde mayo de 2018.


OTRAS NOTICIAS

La policía detuvo ayer al adolescente de 16 años que era buscado como sospechoso de haber matado al policía Jorge Martínez el martes pasado en accesos a Montevideo, para robarle el arma de reglamento y la moto en la que el funcionario se trasladaba a su  trabajo.

El menor de edad fue capturado durante allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Delitos Complejos en el barrio 19 de abril y, ahora está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo ayer en conferencia de prensa que había "un principio de confesión" por parte del detenido.

Fuentes policiales citadas por El País indicaron que también está identificado un joven de 18 años que sería quien manejaba la moto desde donde le dispararon a Martínez.


En el departamento de Rivera, un hombre de 33 años fue imputado por abusar sexualmente de su hijo de 6 años de edad y de su hijastra de 10.

La madre de los dos menores y pareja de este hombre también  fue imputada por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Ambos deberán cumplir 90 días de prisión preventiva a la espera del juicio y, los niños quedarán a cargo del abuelo materno.

 

Foto: Presidencia de la República

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