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El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció para el 20 de agosto, el lanzamiento de un plan estratégico nacional que se extenderá todo el período de gobierno, destinado a personas en situación de calle.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) relevó los perfiles de personas atendidas durante el operativo especial por alerta roja en Montevideo, y en promedio, tiene una edad de 40 años. Para el informe se realizaron entrevistas y recabaron datos de los sistemas de información del Mides. A partir del cruzamiento de cédulas de identidad con los registros del Ministerio concluyen que 46,9% de las personas que asistieron a los Centros de Emergencia hasta el 15 de julio no había asistido en el último año a servicios dirigidos a población en situación de calle. Mientras tanto, el informe marca que 30% no había asistido a ninguno de este tipos de dispositivos en los últimos 4 años. Por otra parte, el documento señala que 2.708 personas asistieron a centros del mides entre el 23 de junio y el 23 de julio en Montevideo y 1.378 personas asistieron a centros de evacuados. Otro dato relevante, es que el 18% de las personas asistidas en los centros fueron mujeres y el promedio de edad es de 40 años aproximadamente. La alerta continúa vigente y desde el Ministerio evalúan futuras medidas. El ministro Gonzalo Civila dijo que "preocupan, sorprenden y ocupan" los números del relevamiento en Montevideo y anunció para el 20 de agosto el lanzamiento de un plan estratégico nacional para todo el período de gobierno para personas situación de calle.
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La lista de espera para operaciones oftalmológicas en niñas y niños del Pereira Rossell superaba los 300 casos al inicio de la actual gestión, dijo el director del centro hospitalario.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Hospital de Clínicas firmaron un memorando de entendimiento para “descongestionar la lista de espera de cirugías oftalmológicas pediátricas de patologías congénitas” del Centro Hospitalario Pereira Rossell, entre las cuales la mayoría corresponde a “estrabismos y cataratas congénitas”. Así lo explicó el presidente de ASSE, Andrés Danza, quien aseguró que “hay niños que están esperando desde 2021”. En tanto, el director del centro hospitalario, Gustavo Giachetto, subrayó que el convenio permitirá la derivación de 150 cirugías y estudios preoperatorios al Hospital de Clínicas, particularmente a las niñas y niños de mayor edad que padecen estrabismo. Este acuerdo forma parte de las medidas que adoptó el centro para reducir la lista de espera de cirugías oftalmológicas pediátricas, que llegó a 330 solicitudes al inicio de la gestión actual. Entre ellas, destacó Giachetto, el Pereira Rosell efectuó en un mes el equivalente a todas las cirugías de 2024 para reducir la lista de espera. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, consideró que un niño que esté teniendo una “desviación ocular” y “una visión doble” se ve afectado no solo en “su salud mental” sino también en el aprendizaje. La falta de atención a esta problemática fue calificada por la ministra como “demasiada dejadez”. Asimismo, destacó la puesta en marcha de la Red Integrada de Prestadores Públicos de Salud para mejorar la coordinación de organismos sanitarios.
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La directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, confirmó que el gobierno se puso como límite el próximo 30 de agosto para presentar un documento preliminar sobre la nueva política energética, que oficiará como insumo para discutir con los actores privados y organizaciones.
“Lo que surja de esos talleres irá a una discusión multipartidaria el año que viene”, detalló Spinelli en el marco del Congreso Latam Renovables, organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) en el LATU. En la ocasión, Spinelli destacó la importancia de que el documento base no sea una propuesta cerrada sino que recoja la opinión de todos los actores involucrados en el sector energético. El objetivo es cerrar un nuevo acuerdo multipartidario lejos de los tiempos de campaña electoral para asegurar la continuidad de la política energética y evitar que dependa de los cambios de gobierno. Para Spinelli es una "ventaja" tener una política de Estado vigente, ya que los distintos actores del sector conocen y aceptan sus principios, lo que facilita continuar el proceso sin tener que partir de cero. Sin embargo, advirtió que la construcción de un nuevo acuerdo implicará desafíos importantes, especialmente en la articulación de múltiples actores y el manejo de conflictos.
El objetivo es alcanzar un acuerdo multipartidario en 2026 que establezca un marco para la política energética con horizonte al año 2050.
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El presidente Yamandú Orsi resolvió designar como ministro de servicio exterior en la Embajada uruguaya en Argentina a su asesor Ernesto Tulbovitz, cargo que supone ser el número dos de esa representación diplomática que conduce el embajador Diego Cánepa, exprosecretario de la Presidencia en el gobierno de José Mujica.
El flamante jerarca es adscripto al presidente y trabaja junto a él desde 2015, cuando era intendente de Canelones. Fue durante muchos años periodista del semanario Búsqueda y recientemente publicó junto a Andrés Danza una edición renovada del libro "Una oveja negra al poder" sobre la presidencia de Mujica. El presidente Orsi apuesta a tener a alguien de su "más plena confianza" en Buenos Aires, como ya lo hizo con Cánepa, aseguraron fuentes de Torre Ejecutiva a El Observador. El mandatario pretende darle un carácter "primordial y estratégico" a la embajada.
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El futuro comandante en jefe de la Armada, contralmirante José Luis Elizondo, asumirá este lunes 4 de agosto; la ministra de Defensa Nacional había explicado que se inclinó por él por “actitudes” que tuvo y “lealtades” hacia la institución.
El cargo estaba vacante desde el comienzo del nuevo gobierno, tras la renuncia del anterior comandante Jorge Wilson el 28 de febrero, y Elizondo estaba ocupándolo de forma interina. Antes había sido prefecto nacional naval. Es egresado de la Escuela Naval y licenciado en Sistemas Navales. El 24 de julio, Sandra Lazo dijo que se definió por Elizondo, por “actitudes” suyas que observó “en todo este tiempo”. “Ciertas lealtades, no hacia mí, sino hacia la institución. Una actitud de cuidar un poco a la Armada, lo que no quiere decir tapar nada. Pero sí cuidarla”, explicó la ministra. Sobre la demora de cinco meses en concretar la designación, Lazo respondió: “Yo tengo presiones, reales y hasta legítimas. Entiendo la necesidad de tener un don de mando. Han influido muchas cosas. Yo no puedo permitir que un periodista me diga en una entrevista, como me dijeron, son todos ladrones (en referencia a la Armada). Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo y negar que hay investigaciones abiertas”, indicó con relación a la investigación administrativa que inició el ministerio por la compra de las patrulleras oceánicas.
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Un buque proveniente de Brasil, ingresó de emergencia en el puerto de Montevideo con contenedores dañados y luego de haber atravesado fuertes tormentas en su ruta, lo que provocó el arribo a Uruguay.
Precisamente, Prefectura informó del arribo de emergencia de este barco de carga, proveniente de Brasil, en el puerto capitalino. El mismo, arribó con contenedores visiblemente dañados, y con peligro de derrumbe. La embarcación fue operada por la empresa Montecon. La Administración Nacional de Puertos trabaja en este momento en el caso, en conjunto con Prefectura, debido a que dentro de los contenedores hay fertilizantes, lo que pueden contaminar el lugar. En los videos a los que accedió Montevideo Portal, se observa a los containers apilados de forma irregular, claramente afectados por la tormenta que atravesó la embarcación.
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La Cámara de la Vestimenta pide reformar las condiciones de las licitaciones públicas, y además, reclama impuestos para las encomiendas internacionales para disminuir el denominado “efecto Temu”.
La Cámara Industrial de la Vestimenta mantiene reuniones a distintos niveles con el fin de buscar diversas alternativas para la realidad de las empresas locales. El llamado efecto Temu y las diferencias cambiarias con los países vecinos (ayer con Argentina y hoy con Brasil), hacen que la situación del sector sea cada vez más complicada. El directivo de la cámara, Alfredo Barboza, dijo a Informativo Uruguay que “la industria nacional nunca va a tener márgenes altos de ganancia”. Se viene arrastrando desde el 2023 una realidad compleja con la diferencia cambiaria con Argentina, y ahora desde el año pasado con el aumento del ingreso de las encomiendas, principalmente con el ingreso al mercado de la tienda china Temu, “que afecta en gran forma a los que fabricamos en Uruguay y damos trabajo a los uruguayos”, señaló Barboza, ya que “el 22% de los que entra de Temu es ropa”. Son 7300 personas que trabajan en la industria de la vestimenta, “en la parte de producción, a eso hay que sumarle, venta de insumos, reparación, etc, es decir, cerca de 20 mil personas están vinculadas a la industria de la vestimenta”, agregó el directivo. Desde la cámara se buscan soluciones y se han reunido con legisladores y autoridades del Ministerio de Industria. Esas alternativas pasan por, concientizar de los beneficios de comprar producción nacional, “la industria nacional no es más cara, la industria nacional es más trabajo”. Otras medidas propuestas son: flexibilizar aportes, tener las mismas condiciones que Temu, “si ellos no pagan nada, ver la forma que empiecen a pagar o que nos bajen a nosotros los impuestos para que no sea una competencia desleal”, sostuvo Barboza. Y uno de los reclamos más importantes es el acceso de la industria nacional a las compras públicas, “cambiar las condiciones de los llamados a licitación en virtud del estado actual de la industria de la vestimenta, ya no existen esas fábricas grandes, ahora son talleres más chicos, no se puede hacer un llamado de 10 mil prendas para entregar en 15 días”.
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Tres obras de Colonia fueron seleccionadas para la XX Bienal de Teatros de Paysandú, certamen que se desarrollará del 3 al 5 de octubre.
Vitalicios del grupo de teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze, El joven araña del grupo Decartón de Carmelo y Las aventuras de la gurisa y cabra chica de El Carmelo Teatro, fueron las obras seleccionadas para representar al departamento de Colonia en el certamen a desarrollarse en octubre. La selección fue realizada por el jurado integrado por Mariella Chiossoni, Alfredo Goldstein y Marcel Sawchik. La obra Vitalicios de Juan Lacaze obtuvo además seis nominaciones para los premios ATI. Mejor espectáculo, mejor elenco, Andrés Leal como mejor dirección y mejor maquillaje, y Rubén Cortizo como mejor escenografía y mejor vestuario. En tanto, Alejo Bermúdez de El joven araña fue nominado como mejor actor, mientras que Rocío Matosas está nominada como mejor escenografía y mejor iluminación. Fernando Pozzo, también de la obra del grupo Decartón de Carmelo, fue nominado como mejor texto original ATI. En forma reciente, en Paysandú, Maldonado, Fray Bentos y Colonia del Sacramento, se desarrollaron los encuentros regionales de la Asociación de Teatros del Interior (ATI), quedando seleccionados los diez espectáculos que participarán de la XX Bienal de Teatros ATI 2025, que se realizará del 3 al 5 de octubre en Paysandú.
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El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio se reunió este sábado en Tel Aviv con las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza, informó una asociación.
"Steve Witkoff está actualmente en una reunión con familias de rehenes", indicó a la AFP un miembro del Foro de Familias de Rehenes. Rodeado de guardaespaldas, Witkoff llegó a pie a la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde se encontraban familiares de las 49 personas aún retenidas en Gaza —vivas o presuntamente muertas— secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás, según imágenes difundidas en redes sociales y compartidas por medios israelíes. Witkoff visitó el viernes la Franja de Gaza, devastada por la guerra, y prometió aumentar la ayuda humanitaria tras haberse reunido la víspera con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
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El Banco Central del Uruguay pidió autorización a la Justicia para tomar declaración en calidad de testigo a Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera y actual recluso en la cárcel de Punta de Rieles.
Según el escrito presentado frente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, por el abogado Claudio Lasalle, en representación del BCU. La solicitud se enmarca en una investigación administrativa interna resuelta por el Directorio el 9 de abril de 2025. El objetivo es comprobar si existieron hechos irregulares en la captación de fondos o en la operativa financiera de la empresa. Según se destaca en el documento dirigido a la Justicia, ya había una fecha dispuesta para tomar declaración a Carrasco, pero resultó encarcelado antes de ese día. Precisamente, Carrasco es señalado como un "testigo necesario" para esclarecer la redacción de los contratos ofrecidos por Conexión Ganadera Ltda. a sus clientes. El Banco Central busca determinar si la empresa operó como intermediaria de valores sin contar con la debida autorización, un hecho que configuraría una infracción a la Ley del Mercado de Valores. La solicitud plantea que la declaración se tome dentro del establecimiento carcelario, en encuentro a coordinarse antes del 6 de agosto.
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Luego del hallazgo de cuatro cuadernos vinculados a Conexión Ganadera, Leonardo Costa, abogado de los damnificados, dijo que es la demostración de que “no era una organización que se redujera a cuatro personas”.
El asesor jurídico dijo que el hallazgo es “una pieza valiosa” en la causa y confirma que las medidas cautelares “debían estar presentes”; según entiende, se trata de la “confirmación del nivel de desprolijidad con que se manejaba todo, el nivel de impunidad que había sobre esto”. Para Costa, el contenido de los cuadernos demuestra que los responsables llevaban la empresa “como bolicheros” y que es, también, la confirmación “del nivel de la estafa y de displicencia con que se ha manejado todo”. El abogado Costa puntualizó que, días atrás, en el marco de la audiencia, se habló de “los peligros de obstaculizar la causa” y este hallazgo es una demostración más: “Días antes de los allanamientos que se hicieron en Florida y en otras partes del país, la organización que está detrás de Basso fue capaz de ir a buscar material” a un depósito que, según trascendió, pertenece a la Iglesia Católica. “Acá tenemos una pieza valiosa que puede tener información que ayude mucho a la causa, pero no sabemos cuánto más se perdió, se quemó y se tiró”, dijo Costa, y agregó que “preocupa el grado de involucramiento que tenían los titulares en el lugar donde estaban estos materiales”. El profesional señaló que le “llamó la atención” que fuera la Iglesia la propietaria del local, y dijo que, sin hacer acusaciones, “da cuenta de que quien estaba al mando de eso permitió que eso sucediera”. “Es un material probatorio interesante para que la fiscalía vaya más allá e investigue este caso concreto, pero además, de lo que fue el vaciamiento de ese lugar y las razones por las cuales había material perteneciente a Conexión Ganadera y a Hernandarias”, sostuvo el abogado. En el mismo sentido, llamó a investigar “qué grado de involucramiento podría tener” quien estaba a cargo del depósito vaciado. El abogado agregó que “esto da lugar a eventuales nuevas citaciones para ver si era una cosa casual o si formaba parte de la organización de Conexión Ganadera”, al tiempo que “devela que esto no era una organización que se reducía a cuatro personas. Era mucha más gente”.
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COFE volvió a rechazar una propuesta del gobierno por pautas salariales y alerta falta de tiempo; el sindicato se reunió este 1° de agosto con el Ejecutivo y desestimó un nuevo planteo del oficialismo, por lo que están a “contrarreloj”.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunió en la jornada de este viernes primero de agosto con los sindicatos públicos para tratar una nueva propuesta del gobierno sobre el ajuste salarial de los empleados públicos. El pasado miércoles 30 de julio, COFE se reunió con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para dialogar acerca de las pautas salariales de los funcionarios públicos. En la reunión del Consejo Superior, las autoridades presentaron su propuesta de cara a esta ley de Presupuesto, pero los trabajadores lo rechazaron por considerarla insatisfactoria. El presidente de la confederación, Martín Pereira, afirmó a Montevideo Portal que en la convocatoria que se llevó a cabo fue para “informar” y posteriormente “rechazar” la propuesta del Ejecutivo para que tengan “un tiempo” y cada sindicato “converse” sobre las nuevas pautas. El dirigente aseguró que quiere tener “algún contacto más” con el gobierno, debido a que las pautas presentadas no le aseguran a COFE que “no haya una pérdida salarial al final del quinquenio”, por lo que genera “preocupación” porque no tiene “incremento salarial alguno”. Pereira mencionó que el Ejecutivo “solo plantea” la pauta salarial, pero “hay que discutir muchas más cosas”, entre ellas, según informó el presidente de COFE a Montevideo Portal, se encuentran las vacantes y las tercerizaciones que tiene el Estado. El dirigente explicó que quedan “10 a 15 días para tratar de buscar una solución”, por lo que “está todo muy contrarreloj”. Pereira afirmó que el gobierno “asegura un empate”, en referencia a que el Ejecutivo planteó que en 2030 el salario de los funcionarios públicos siga siendo el mismo, por lo que el presidente de COFE analizó que esta propuesta “no acompaña el crecimiento del país”. Ante esto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, planteó que se haga un acuerdo a dos años y luego de ese plazo se renegocien las condiciones de las pautas salariales, pero el gobierno “no acepta eso”, sentenció.
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Más de un millar de residenciales se encuentra sin ninguna habilitación y poco personal para cuidar a adultos mayores, según se asegura desde una de las asociaciones del sector.
En ese sentido, se reclama que el Estado subsidie una parte de los costos que deben afrontar las personas que son llevadas a las denominadas casas de Salud. Cabe recordar que en Santa Lucia, donde ocurrió una nueva tragedia, una persona murió y otras fueron internadas, tras producirse un incendio no hay residenciales que tengan la habilitación de Bomberos, dijo Sabino Montenegro, directivo de Integra Residenciales. A propósito, Montenegro plantea la necesidad de que se establezca una política de Estado, que brinde un subsidio a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para alojarse en un residencial habilitado. Además, advirtió sobre que hay entre 10 mil y 12 mil personas viviendo en lugares que no están habilitados.
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Además del tema presupuestal, ADES Montevideo remarca la necesidad de completar los equipos multidisciplinarios de los liceos con todos los profesionales que los componen, y reclama por mejores condiciones de infraestructura.
En ese sentido, la dirigente sindical Camila Menchaca explicó que estos equipos no sólo están integrados por referentes de educación sexual y profesores orientadores pedagógicos, sino también por trabajadores sociales, educadores y psicólogos. Respecto de estos últimos profesionales, dijo que si bien en el gobierno anterior se hizo un llamado para ocupar varios cargos vacantes, no se pudieron completar en su totalidad, ya que no se trató de una propuesta suficientemente atractiva en lo salarial. En lo relativo a los planteos del sindicato con las condiciones de infraestructura. Menchaca detalló que, si bien en el gobierno de José Mujica se hizo “un shock” en la materia y se construyeron liceos nuevos y se hicieron varios arreglos, la situación se dejó estar en los años siguientes. Al respecto, señaló que la obra nueva “estuvo mal mantenida” y que muchos edificios históricos, como el Dámaso o el Miranda, se han deteriorado y llegaron al punto de que se inundan cada vez que llueve. Menchaca agregó que en otros centros educativos, como el liceo 50, existen problemas “estructurales” que han sido denunciados por el sindicato y que fueron objeto de varias inspecciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A los profesores sindicalizados también les preocupan los problemas alimentarios que persisten entre los estudiantes de los liceos públicos. La presidenta de ADES dijo que es una situación que tiene muchos años, pero que se ha agravado luego de la pandemia de covid-19.
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Mientras Paycueros realizó una inversión de nueve millones de dólares, el sindicato mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las fuentes laborales, con 152 trabajadores con extensión del seguro de paro y sin perspectivas de retorno.
En ese sentido, los diputados Gabriel Otero, Sol Maneiro Romero y Estela Pereyra, del Frente Amplio; Pedro Jisdonian y Fiorella Galliazzi del Partido Nacional, se reunieron en forma reciente con autoridades de la empresa, que se encuentra en una situación complicada, señaló Otero. “Paycueros está muy complicado, pero con aspectos que son curiosos. Hay 152 trabajadores en extensión del seguro de paro. En diciembre del año pasado tenían 50, y no los cambiaban, no había rotación. Después hubo un despido incentivado, donde se fueron 25, pero ahora hay 152”, explicó. La empresa planteó a los legisladores “diferentes problemas y niveles de crisis” que le afectan. Uno de ellos es la competitividad, señaló Otero, quien consideró: “Los uruguayos vamos a seguir escuchando por muchos años más de ese tema. Plantean la situación de movilidad, de la materia prima, de ir y venir a Montevideo, de la no posibilidad de hacerlo vía pluvial”. El entrevistado, sostuvo que Paycueros “ratifica que no se irá del país”, y que “tampoco van a cerrar”. Incluso destacan que recientemente hicieron una inversión de nueve millones de dólares para mejorar sus procesos de industrialización. Sin embargo, “la empresa claramente dice que lo del seguro de paro y seguro de paro especial se plantea a pedido del sindicato, pero es como diciendo que en realidad no están en condiciones de tomar nuevamente a gran parte de esos 152 trabajadores”, señaló Otero. Para graficar la situación de las curtiembres a nivel nacional, el legislador comentó que actualmente unas 1.500 personas trabajan en esa industria, mientras que, hace unos 20 años, el sector empleaba a alrededor de 12.000 trabajadores.
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El senador del Partido Colorado Gustavo Zubía, reclama "acciones" contra la delincuencia y no diagnósticos como los que, dice, realiza el ministro del Interior, Carlos Negro.
El legislador opositor cuestionó duramente el plan de seguridad pública que impulsa el gobierno, porque la iniciativa –según entiende- evita tomar decisiones y acciones concretas para combatir la delincuencia. El senador Zubía dijo a informativos de Radio Montecarlo que hace 40 años que se vienen haciendo diagnósticos y que es necesario actuar de inmediato y dejar de lado los lineamientos teóricos. En ese sentido, Zubía puso como ejemplo el modelo argentino, que logró abatir notoriamente y mediante acciones concretas la tasa de homicidios.
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El juez de la corte suprema de Brasil a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, afirmó que va a "ignorar" las sanciones de Estados Unidos, y que la justicia brasileña "no se doblegará" ante las "amenazas".
El gobierno de Donald Trump le impuso el miércoles sanciones económicas al magistrado Alexandre de Moraes, al que acusa de una "caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas". Después de esas medidas, y de una subida arancelaria a las exportaciones brasileñas, el poderoso juez se pronunció durante una sesión muy esperada del plenario del Supremo Tribunal Federal. En un tono duro, durante un discurso transmitido en vivo por las emisoras brasileñas, Moraes dijo que va "a ignorar las sanciones" y "continuar trabajando". "No solo esta corte, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblegarán ante las amenazas", añadió el juez. Moraes, a quien Estados Unidos ya había revocado la visa, fue objeto de sanciones financieras personales en virtud de la ley Magnitsky, un instrumento para castigar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.nSegún la Casa Blanca, Moraes "ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos" en coordinación con otros jueces de la alta corte brasileña.
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