La jueza de Artigas de 1° turno, Carolina Olivera, emitió la sentencia de condena de Pablo Caram y Valentina Dos Santos, que ordena la comunicación a la Corte Electoral para que sea suspendida la ciudadanía de ambos, lo que les impedirá ejercer como intendentes. La Corte Electoral borrará del padrón tanto a Caram como a Dos Santos.
La comunicación se realiza a través de un oficio a la Corte Electoral, que es la responsable de ejecutar la suspensión de la ciudadanía durante el tiempo de condena, tal como plantea el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución, que prevé como causa para la suspensión de la ciudadanía el ser objeto de una sentencia de condena con prisión. El trámite en la Corte Electoral solo se limita a la comunicación de la suspensión de la ciudadanía a los involucrados, dado que no le corresponde evaluar ni autorizar la medida. De esta forma, Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión, por lo que quedará habilitada para votar recién en las elecciones departamentales, mientras que Caram fue condenado por 14 meses, por lo que la ciudadanía le estará suspendida hasta setiembre de 2025. En relación a Pablo Caram, éste tenía previsto renunciar este viernes para largarse como candidato a diputado por el departamento de Artigas, algo que no podrá hacer con la ciudadanía suspendida. Mientras que Dos Santos no podrá asumir como intendenta de Artigas con la ciudadanía suspendida, tal como señala el artículo 267 de la Constitución.
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El presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, espera la resolución por la que se le comunique la renuncia del intendente Pablo Caram, condenado a 14 meses de prisión, por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades o posibles delitos en la administración pública, por el pago de horas extra irregulares en la comuna.
Una vez que se reciba la nota de renuncia de Caram, se convocará a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental en la que los ediles aceptarán la dimisión del intendente y se convocarán a sus suplentes. Quién sucederá a Caram en el cargo es una incertidumbre en Artigas. La suplente inmediata es la exdiputada del Partido Nacional y sobrina de Caram, Valentina Dos Santos, que fue condenada el miércoles a 6 meses de prisión. La tercera en la línea de sucesión es la escribana Elita Volpi y el siguiente es el productor agropecuario Mario Predebon. En caso de vacancia definitiva y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental deberá elegir al nuevo intendente por mayoría absoluta del total de sus componentes. De no lograr ese requisito, el cargo será ejercido por el presidente de la Junta Departamental.
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El senador del Frente Amplio Mario Bergara cuestionó al Partido Nacional por lo que, consideró, una falta de reacción "contundente" al accionar de los jerarcas de la Intendencia de Artigas condenados por una causa judicial vinculada al pago de horas extra irregulares.
"Veo con enorme preocupación la situación de Artigas. Con infelicidad de que la sociedad presencie estas instancias tan tristes, con jerarcas involucrados en irregularidades y en hechos de corrupción. Las reacciones desde el Partido Nacional todavía no se ven contundentes a hechos que claramente todos deberíamos condenar", comenzó Bergara. El principal dirigente que se ha manifestado hasta el momento en el Partido Nacional es Álvaro Delgado. El candidato presidencial dijo que en Artigas hubo "notorias irregularidades" y consideró que "no es lo más adecuado" que Valentina Dos Santos -primera suplente en la intendencia y sobrina del jefe comunal, también condenada por la misma causa- asuma en la intendencia. De todas formas, Bergara pidió ver "el medio vaso lleno": "La Justicia actúa sin importar la investidura de las personas", aseveró. El ex precandidato del Frente Amplio adelantó que "sin duda apenas se inicie el próximo gobierno", se deberá volver a discutir los métodos de ingreso a las intendencias. El tema estuvo en discusión meses atrás con un proyecto de ley impulsado por el entonces senador colorado Adrián Peña, pero no se aprobó por falta de respaldo del Partido Nacional.
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El intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, consideró "grave" lo ocurrido en Artigas, donde el intendente Pablo Caram, y la exdiputada Valentina Dos Santos fueron condenados por una causa judicial vinculada al pago de horas extra irregulares. Sin embargo, dijo que "está fuera de discusión" el "compromiso" que tiene el mencionado jefe comunal blanco "con el pueblo de Artigas".
"La Justicia fue contundente: hubo situaciones que obviamente no están de acuerdo a la norma. La Justicia se expidió y hay un reproche penal sobre las personas. Diez pesos aparte lo personal: Caram es un hombre que quiero, lo estimo, lo aprecio, sé de su compromiso con el pueblo de Artigas, eso está fuera de discusión para mí. En época electoral se quiere tomar distancia, no me alejo de quien quiero y estimo por más que esté en un momento difícil", dijo el jefe departamental sanducero. En tanto, Olivera destacó que el Partido Nacional y el candidato a la presidencia Álvaro Delgado fueron "laudatorios" y "en 24 horas" decidieron aceptar las renuncias al partido de Rodolfo Caram y Dos Santos y pasar a Comisión de Ética el caso de Pablo Caram.
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El Ministerio de Salud Pública le pidió al Casmu que vuelva a entregar de forma “más ordenada” el documento en el que detalla su plan de reestructura, un requisito que le pidió la cartera a la mutualista para decidir si da el visto bueno o no para que se le conceda un fideicomiso de casi US$60 millones.
“Son dineros públicos y tenemos que hacer un análisis exhaustivo de las garantías que tiene”, dijo al respecto la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en reciente rueda de prensa. Esta semana, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, informó que había entregado su plan de reestructura ante el MSP. Este es un requisito que establece la ley a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva para acceder a un fideicomiso; en el caso de la mutualista de US$56 millones. Rodríguez sostuvo que al Estado no se le pide dinero, sino que lo necesita de garantía y consideró que la empresa "carga una mochila" de US$ 100 millones que ha ido amortizando. Consultada al respecto, la ministra Rando afirmó que ya tienen “entre manos el estudio de la propuesta”, bajo “cierta tranquilidad” de que “el director de Casmu ha manifestado que este préstamo es simplemente para mejorar en parte el funcionamiento, pero ha manifestado que la institución tiene otros planes y puede sostenerse por sí sola”. En cualquier caso, la ministra Rando remarcó que “el dinero que se está manejando darle a la institución son dineros públicos”, por lo que se debe “hacer un análisis exhaustivo de las garantías que tiene”: “Es dinero de todos los uruguayos y hay que ser responsables”.
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La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay presentó un estudio sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), donde se destacan el “acceso al financiamiento” y los problemas de “gestión” son dos aspectos clave para el desarrollo de estas empresas, según el reporte llevado a cabo junto con la Eurocámara.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo a Canal 5 Noticias que el objetivo es “darle más sostenibilidad a las empresas”. “Acá hay un estudio donde se ha buscado explicar y ver la situación normativa de las mypimes, el financiamiento que tienen y acompañarlas en todo ese proceso que permita la sostenibilidad”, expresó Lestido, que agradeció el aporte de la Unión Europea que “además de financiamiento aporta conocimiento y experiencia”. La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara, con el apoyo de la Unión Europea se asociaron en el proyecto Inspirame 2.0, “una iniciativa para impulsar los procesos de producción y consumo sostenibles de las mipymes uruguayas”. En ese sentido, Lestido sostuvo que se trata del segundo programa “cogestionado” con la Eurocámara del Uruguay. El presidente de la gremial empresarial afirmó que “la idea es apoyar a las mypimes en su desarrollo”, brindarles “apoyo”, “capacitación”, y “herramientas” para “mejorar la gestión”, primero “haciéndolas sostenibles”, así como enseñarles “cómo funciona el sistema” y “cómo operar en un mundo comercial y tan dinámico”.
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La Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, presentaron un proyecto inmobiliario ubicado en el predio donde está la antigua Facultad de Veterinaria, en la zona de Buceo.
En el marco de estos acuerdos hay otro predio en cuestión. Se trata del ex Instituto de Investigaciones Pesqueras, un edificio actualmente en desuso, ubicado en la rambla de Buceo a los pies del cementerio en un terreno de unos 3.400 metros cuadrados. La Universidad de la República cedió esa propiedad a cambio de otro padrón que sirva para la construcción de instalaciones académicas. Este terreno sería destinado por la comuna capitalina, previa aprobación en la Junta Departamental, para construir un edificio de 30 pisos.
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Unidas por el dolor y el deseo de recuperar a sus seres queridos, las familias de los israelíes secuestrados por los milicianos de Hamás en su ataque del 7 de octubre, no logran ponerse de acuerdo sobre cómo conseguir su liberación.
"No hay unidad entre las familias", dice Dani Miran, cuyo hijo de 47 años, Omri, fue capturado a punta de pistola en el kibutz Nahal Oz durante el ataque del grupo palestino en el sur de Israel. "Hay gente de izquierda, de derecha, religiosos, seculares y beduinos. Tenemos que encontrar un terreno común", agrega. Algunos dirigen sus frustraciones hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que acusan de sacrificar a los rehenes en pos de la "victoria total" sobre Hamás. Otros respaldan el argumento del gobierno según el cual solo una mayor presión militar sobre Gaza permitirá el regreso de los rehenes. Durante casi 300 días, las familias han intentado dejar sus diferencias de lado y unirse a las solemnes marchas celebradas al menos una vez por semana en Tel Aviv.
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El próximo lunes, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio abordará los primeros desafíos en torno al plebiscito que plantea una reforma constitucional del sistema de seguridad social, y como se posiciona en un tema en el cual hay posturas distintas.
Uno de los puntos centrales, sería el abordar de qué manera sigue vigente la "libertad de acción" definida tiempo atrás por la oposición ante este asunto. La coalición de izquierdas no tendrá una, sino dos variables que despejar. Una de ellas es en qué ámbito debe procesarse esa definición. Porque mientras los sectores que discrepan con la propuesta, pretenden una resolución rápida en los organismos de dirección, los que promueven el plebiscito, propugnan que la discusión esté ambientada en un Plenario Nacional. La diferencia no es formal, dada la distinta conformación de ambas instancias. Otro detalle a resolver es que los comités y ámbitos comunes puedan distribuir listas que incluyan la papeleta del plebiscito. Con una amplia experiencia en este tipo de instancias, en la interna se entiende que constituye un elemento trascendental a la hora de aumentar las chances de triunfo de una consulta popular que se realice al mismo tiempo que unas elecciones nacionales. Los promotores de la reforma tienen allí un desafío de proporciones. Para triunfar, la propuesta de plebiscito debe lograr el 27 de octubre los votos de la mayoría absoluta de los ciudadanos que ese día concurran a las urnas. Por lo menos, el triple de apoyos que las poco más de 400 mil firmas que confirmaron la consulta. Un día después de que, eventualmente, pueda resolver estos desafíos, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibirá a Yamandú Orsi y a Carolina Cosse. El cometido de ese encuentro es seguir analizando la estrategia de campaña que desarrollará la izquierda hacia las elecciones de octubre. A los efectos, un comando integrado por representantes del binomio y encabezado por el jefe de campaña de Orsi, el senador Alejandro Sánchez (MPP), ya comenzó a esbozar los primeros lineamientos. La estrategia que seguirá el Frente Amplio, será pulida la semana siguiente, el lunes 29, por el mismo Secretariado Ejecutivo.
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Tras una licencia médica que comenzó en diciembre del año pasado, el fiscal de Corte Juan Gómez retomará sus funciones este lunes, para, en un mes, despedirse definitivamente de la institución.
El fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Juan Gómez, trabaja hace casi treinta años en la Fiscalía. Fue fiscal de Homicidios y asumió como fiscal de Corte subrogante tras la salida de Jorge Díaz de su cargo. El Parlamento hasta el momento no ha votado su venia. En diciembre del año pasado, Gómez pidió licencia médica y tras siete meses retoma su cargo el próximo lunes. Según fuentes institucionales, asumirá nuevamente su rol como fiscal de Corte ese día y estará un mes en el cargo para despedirse de la institución y hacer una transición con quien lo suplante. Durante su licencia médica, la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, que es la fiscal con más años en la institución, asumió temporalmente el rol de fiscal de Corte.
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El cuerpo de una bebé fue encontrado en una conservadora, en pasaje Los Ceibos y Guinea, en el barrio Casabó.
La situación quedó al descubierto luego de que una mujer embarazada se presentara en una mutualista privada para dar a luz a un bebé. Allí el médico revisó su historia clínica y le consultó por una bebé que había tenido recientemente. Al considerar que la mujer era inconsistente en su relato, hizo la denuncia a la Policía, que llegó a la casa de la mujer y luego de una inspección encontró el cuerpo de la bebé. Un equipo de investigaciones fue hacia la mutualista para tomar contacto con ella. De acuerdo a información primaria, se trataría de una bebé de entre nueve y diez meses.
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Tras habilitarse la oficialización del diálogo entre el Mercosur y China por parte del presidente argentino Javier Milei, para buscar un acuerdo de libre comercio, la primera ronda se desarrollará en agosto en Montevideo.
El llamado al diálogo había sido acordado por Luis Lacalle Pou y Xi Jinping el año pasado en la visita de Estado a Beijing. Previamente, los países llevaron a cabo un estudio de factibilidad para promover un acuerdo de libre comercio de forma bilateral que arrojó resultados positivos pero nunca iniciaron las negociaciones ya que tanto Brasil con Jair Bolsonaro como presidente, como Argentina con Alberto Fernández, expresaron sus reparos. Cabe recordar que más allá de los temas bilaterales, Lacalle Pou y Milei conversaron en forma reciente sobre la situación del Mercosur tras el reproche del uruguayo por el faltazo a la última cumbre. Los presidentes mostraron sintonía en el posicionamiento sobre la “modernización” del bloque y la necesidad de “flexibilizarlo” habilitando las negociaciones de acuerdos comerciales a “dos velocidades”. Pese a la reserva, fuentes de la Presidencia uruguaya señalaron que Lacalle Pou y Milei también conversaron sobre la posibilidad de dragar el Río Uruguay para llevarlo a 34 pies, un asunto relevante para Lacalle Pou pero sobre el que no hay acuerdo ya que Milei le reiteró que no están haciendo obra pública. Los mandatarios rioplatenses acordaron seguir conversando para ver “cómo se puede financiar”.
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Para el próximo lunes 22 de julio, está pactada la reunión entre las autoridades del Codicen y el abogado patrocinante de tres familias de la comunidad religiosa menonita, que viven hace siete años en el departamento de Florida.
Según trascendió, es probable que a la reunión también asistan algunos de los padres de los niños que no concurren a la escuela pública, ni a colegios habilitados o autorizados. En tanto, la Administración Nacional de Educación Pública analiza iniciar acciones judiciales contra los padres de esta comunidad, tras detectar que 11 niños de ese colectivo no asisten a centros educativos. El abogado Daniel Torres patrocina a 3 familias que son estadounidenses y que tienen 8 niños en edad escolar. El asesor letrado contó que los niños “asisten a clases en horario diario, de 8:30 a 14:40 en inglés y en español, con materias tradicionales y algunas complementarias, con clases presenciales con tres maestros llegados de los Estados Unidos, pertenecientes a la comunidad menonita, y además tienen un régimen de educación a distancia con una escuela de primer nivel de los Estados Unidos. Tienen educación de primer nivel y están escolarizados en un instituto norteamericano”, explicó. Torres agregó que se trata de “una comunidad muy abierta, en contrario a lo que se dice en la prensa sobre su condición de ortodoxos. Agregó que tienen actividad normal como cualquier ciudadano, en el marco de una comunidad que, si bien tiene sus propias creencias y convicciones, es muy sociable. Sus integrantes apuntan al intercambio cultural de sus hijos, que tienen actividades recreativas por fuera de la modalidad de educativa, asisten a centros culturales y tienen la actividad social como cualquier persona”. Para el abogado, existe un vasto sostén normativo que los ampara para elegir cómo educar a sus hijos, en este formato. Agregó que desconocen “los argumentos de ANEP que los lleva a tomar esta decisión porque no hemos tenido vista al expediente, estamos abiertos al diálogo, para llegar a un punto de encuentro”, afirmó.
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La referente departamental del MIDES en Canelones, María del Carmen Suárez, afirmó que "el proceso de re vinculación de los residentes" del hogar para adultos mayores, incendiado en forma reciente en Salinas con el saldo de una persona de 94 años fallecida, será la tarea a la que se abocará la dirección en las próximas horas.
En ese sentido, ya ha tomado intervención el Ministerio de Desarrollo Social, La Dirección Departamental a cargo del Dr. Rodrigo Viñoli quien declaró en Fiscalía y los destacamentos de bomberos de la zona junto a la Jefatura de Policía Departamental. "No se trata de un local que haya registrado mayores problemas salvo algunas observaciones edilicias vinculadas con la humedad, según se nos informó desde Salud Pública”, señaló Suárez. La Huella de Salinas, se tratade un Residencial con varios años en la zona y que recientemente había cambiado la titularidad y presentado toda la documentación que le había sido requerida. Se trata de un establecimiento que estaba en proceso de habilitación iniciado en febrero y recientemente había sido inspeccionado por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a lo informado desde la cartera. Hay otras tres mujeres en estado grave por las quemaduras sufridas principalmente en vías respiratorias y fueron trasladadas al Centro Nacional de Quemados, luego de haber sido socorridas inicialmente por vecinos, bomberos y las emergencias médicas del lugar.
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Ancap anunció que se localizó el punto exacto de la pérdida de petróleo en el oleoducto de ingreso a la refinería de La Teja. El lugar de la avería se encontró al excavar el cantero central de la ruta, específicamente en el tramo debajo de los accesos a Montevideo.
Las áreas de inspección de Ancap, iniciaron el relevamiento de la integridad mecánica del caño en el tramo afectado para determinar la reparación más adecuada a ser realizada de manera inmediata. Mientras tanto, se está construyendo un bypass alternativo para el suministro de crudo, el cual conectará el oleoducto dañado con uno de los ductos que une la refinería con la planta de distribución en la Tablada. Se espera que este trabajo esté finalizado hoy, lo que permitirá retomar el bombeo de crudo en condiciones seguras. Ancap y el Ministerio de Ambiente (MA) decidieron detener el bombeo de crudo hasta que el bypass esté operativo. Además, se está llevando a cabo una valoración conjunta de la zona afectada mediante cateos y relevamientos ambientales para su posterior remediación. La avería en el oleoducto de 160 km de longitud se ha manejado sin detener el tránsito de los accesos a Montevideo ni afectar la producción de combustibles. Las áreas de ingeniería de Ancap están evaluando la viabilidad técnica de construir un tramo nuevo con un recorrido diferente para evitar futuros incidentes similares.
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La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los asentamientos israelíes son ilegales. El tribunal de La Haya llamó a Israel a evacuar a los colonos y devolver a los palestinos las tierras ocupadas a partir de 1967.
Este pronunciamiento fue emitido en respuesta a una consulta planteada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022 sobre las políticas y acciones que aplica Israel en territorios palestinos. La Corte concluyó que los asentamientos israelíes en tierras palestinas “violan el derecho internacional” y pidió la “evacuación de todos los colonos”. También consideró necesario el “desmantelamiento” del muro erigido por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, y la devolución de tierras ocupadas en 1967 a sus habitantes originales. El tribunal señaló además que la “presencia continua” de Israel en los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza, es “ilegal” y debe terminar “lo más rápido posible”, según citó la agencia de noticias Efe.
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