Foto: En Perspectiva
Ustedes escucharon la noticia la semana pasada.
El Tribunal de Cuentas (TC) resolvió, por mayoría, observar la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo. El pronunciamiento fue apoyado por los cuatro ministros de la oposición mientras que los tres ministros del Frente Amplio votaron en contra.
Luego de conocerse la noticia, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, afirmó que el dictamen del TC no cuestiona la conveniencia técnica, económica ni el interés público del nuevo proyecto. Pero además señaló que la resolución contiene “errores conceptuales”. Por eso, anunció que el directorio de OSE decidió reiterar el gasto y continuar con el plan de obras, que está previsto que comiencen en abril.
Esa posibilidad, que está prevista en la ley, mereció críticas de la oposición. Pero no es la primera vez que ocurre. Todo lo contrario. Es algo frecuente y lo hemos visto en gobiernos de todos los partidos. Y cada vez que pasa muchos se preguntan: ¿Qué sentido tiene que las sentencias del TC no sean vinculantes? ¿Qué experiencia existe en otros países del mundo? ¿Hay que reformar esos organismos de contralor?
Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Ruben Correa Freitas, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y conocedor del funcionamiento del Estado.
Ruben Correa Freitas
- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
- Profesor de Derecho Constitucional (Grado 5 – Udelar)
- Es Profesor Titular de Derecho Constitucional desde el año 2000 y de Derecho Administrativo desde 2004 en la Facultad de Ciencias Jurídicas (UDE).
- Fue Profesor Titular de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en la Escuela Nacional de Policía desde 2001 hasta 2015.
- Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho
- Ex Senador por el Partido Colorado (2000 – 2005)
- Ex Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (1985 – 1990 y 1995 – 2000)
