La Hora Global

México: Cártel de Sinaloa, migración en Tijuana y elección de jueces y magistrados

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México enfrenta múltiples desafíos que tensionan su democracia clásica frente a los intentos del partido gobernante por establecer mecanismos de poder más centralizados y alejados del modelo republicano tradicional.

Por otro lado, el Cártel de Sinaloa, que durante años ha liderado un imperio global basado en alianzas con grupos criminales y organizaciones afiliadas desde América hasta Nueva Zelanda, ha acumulado fortunas millonarias mediante el contrabando de drogas como el fentanilo, generando un impacto devastador, especialmente en Estados Unidos.


Sin embargo, desde hace meses el cártel se encuentra dividido por enfrentamientos violentos entre sus dos principales facciones, en un contexto en el que México, presionado por la administración de Donald Trump, ha intensificado sus acciones en su contra.

Tijuana, la ciudad más grande de la región y parte del área metropolitana que comparte con San Diego, surgió como resultado de la delimitación de la frontera y, desde hace siglo y medio, se ha consolidado como un punto neurálgico para el flujo migratorio hacia Estados Unidos, la mayor potencia mundial.

Este aparente silencio en la frontera no significa que la migración se haya detenido, advierten los activistas; más bien, refleja que muchos migrantes están quedando varados en el camino o intentando cruzar de manera irregular.
Las causas que impulsan estas migraciones —como la violencia, la pobreza y la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— siguen vigentes e incluso se han agravado tras la suspensión de la cooperación internacional estadounidense decretada durante la administración de Donald Trump.
Para quienes huyen de la persecución o de condiciones extremas, migrar hacia Estados Unidos no es simplemente un deseo, sino una necesidad imposible de contener, subrayan los expertos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró este jueves la validez de la primera elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, aunque dejó 46 cargos vacantes debido al incumplimiento de requisitos académicos por parte de los candidatos.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Secretaría Ejecutiva del INE revisó 847 expedientes de las candidaturas con mayor votación —462 correspondientes a magistrados y 385 a jueces— con el objetivo de verificar el cumplimiento de los promedios académicos estipulados por la Constitución mexicana. Como resultado de este proceso, 45 candidaturas fueron descartadas por no alcanzar el promedio general mínimo de ocho o el promedio de nueve puntos exigido en materias vinculadas al cargo. Adicionalmente, el Consejo General declaró vacante un cargo más por decisión propia.

No obstante, la elección de un número significativo de integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) y de algunas entidades federativas ha generado numerosas dudas y preocupaciones. Lo más grave, señalan diversos observadores, es que se pretende designar como jueces a personas cuyos antecedentes resultan cuestionables y que, en muchos casos, carecen de la experiencia profesional necesaria para ejercer tales funciones.

Si bien la elección directa de los togados mediante voto popular representa un avance democrático significativo y un acierto en términos de participación ciudadana, resulta fundamental que los candidatos sean seleccionados con criterios de rigurosidad y solvencia profesional. No puede repetirse la situación ocurrida el pasado primero de junio, cuando prácticamente cualquier persona con un título de Licenciado en Derecho pudo postularse, incluso para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este criterio excesivamente laxo ha generado una situación alarmante: están por asumir cargos de alta relevancia personas que, en el mejor de los casos, carecen de la preparación y excelencia requeridas, y en el peor, presentan antecedentes penales o trayectorias académicas y profesionales deficientes.

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