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El gobierno decidió avanzar en la rescisión del contrato con el astillero español Cardama – celebrado por la anterior administración encabezada por Luis Lacalle Pou para la construcción de dos patrullas oceánicas- tras detectar "incumplimientos contractuales graves", argumentó el presidente de la República, Yamandú Orsi.
La situación del astillero Cardama, contratado para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, fue el tema central de la instancia. El gobierno finalmente decidió avanzar en la rescisión del contrato, tras detectar irregularidades en garantías y presuntos incumplimientos en el proyecto. El mandatario realizó la conferencia, acompañado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y explicó que la comparecencia respondió a la “necesidad de transparencia en la gestión pública”. El primer mandatario recordó que el 22 de octubre de 2025 ya había brindado una conferencia sobre el mismo asunto, luego de que se detectara que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama para la construcción de los buques “no existía”, o lo que es “peor aún”, se trataba de “un documento falso”. El presidente Orsi sostuvo que esa situación ya constituía “un hecho grave”, pero señaló que tras notificar a la empresa surgieron nuevos elementos. Posteriormente, indicó que se detectaron más irregularidades. “Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato”, expresó, y añadió: “A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones”. “Cuando nos hicimos de esa otra garantía, no condice con lo que establece el contrato”, señaló. Según explicó, “las dos garantías” —que constituyen “elemento sustancial” del contrato— no cumplían con las condiciones exigidas. Por ese motivo, concluyó el mandatario, “el contrato no camina”, lo que dio lugar a la definición de cuatro acciones por parte del Poder Ejecutivo.
“Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, sentenció el mandatario. “El Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones”, afirmó por su parte el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Explicó, asimismo, que el gobierno consultó con expertos jurídicos de grado 5 para tomar esta decisión. "Hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato", argumentó. Previo a la toma de la decisión, el Poder Ejecutivo contaba con dos informes recientes: uno elaborado por observadores de la Armada y otro de la auditora internacional Bureau Veritas, que advierte “deficiencias en el proceso constructivo”, atrasos de al menos cinco meses y falta de cronogramas actualizados. También se señala que el avance de obra es menor al previsto y que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, sostuvo que la decisión es política pero también tiene “connotaciones jurídicas y técnicas”, mientras que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había indicado que el gobierno resolvería “en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda”.
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Tras el anuncio por parte del gobierno de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, el Partido Nacional impulsará una comisión investigadora, en tanto, el senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García, apuntó que el objetivo del gobierno es “destruir lo que venga” del período anterior.
Para García, la decisión de rescindir el contrato “estaba tomada desde el inicio” y “es por una sola razón: política”. En su cuenta de X, el senador dijo que el objetivo del gobierno “es destruir lo que venga” de la administración de Lacalle Pou. “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior”. El senador opositor criticó que estén “nuevamente” las cuestiones políticas “por encima” de lo jurídico. A nivel parlamentario, a instancias del senador blanco Martín Lema, la bancada del Partido Nacional impulsará una comisión investigadora para conocer los detalles sobre el proceso de rescisión del contrato, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes blancas. Una de las fuentes consultadas señaló que la decisión se tomó luego de intercambios entre legisladores a través de Whatsapp. En ese marco, destacó la necesidad de “hacerlo lo antes posible”. El Partido Nacional manifestó “preocupación” porque la definición pueda “producir graves consecuencias para nuestro país”.
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El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, aseguró que la definición de la cancelación del contrato con Cardama, “lejos de ser una decisión política”, “es una decisión estrictamente jurídica que se adopta con responsabilidad republicana por parte de un gobierno que tiene un compromiso claro con la transparencia y con la protección de los intereses nacionales”.
En respuesta a la afirmación del exministro de Defensa Nacional Javier García, Garlo dijo que le “llama la atención” el hecho de que “algunos actores de la oposición que integraron el gobierno anterior, defiendan más a una empresa extranjera que falsificó documentación y que afectó los intereses nacionales, en vez de defender los intereses de la república y, en definitiva, defender a Uruguay”. Para el legislador, “todo el sistema político debería estar buscando las responsabilidades institucionales e individuales que puedan caber ante este negocio turbio que ha afectado a Uruguay y que nos ha llevado hasta esta situación”.
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El propietario del astillero gallego Cardama, Mario Cardama, aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi ha procedido de manera "muy incorrecta" al anunciar la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.
En un comunicado emitido por el empresario, Cardama anunció que, como empresa, van a “estudiar los caminos a seguir”. En ese sentido, aseguró que “siempre” manejaron el proceso de compra “con criterios empresariales”, lo cual “no va a cambiar ahora”. “No nos vamos a dejar apurar por nadie”, afirmó. En respuesta a pedidos de entrevista, dijo que no las dará por ahora y apuntó que “ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas”. “Veremos a quién le asistía razón”, concluyó.
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Finalmente, la reunión que se iba a desarrollar entre autoridades del Ministerio de Trabajo y la empresa alemana BASF, se va a concretar en el mes de marzo con fecha a definir, tras cancelarse el encuentro de común acuerdo entre las partes-
Lo confirmó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, quien dijo que está previsto el arribo de representantes de la empresa desde Alemania para participar de la referida reunión, y explicar los planes de la misma. En la oportunidad, BASF argumentó que una vez que emitió el comunicado sobre una reestructura global, por el momento no están previstos más movimientos. La jerarca comentó que se mantiene la comunicación con la compañía internacional, pero que las decisiones no son tomadas en Uruguay, sino en el país de origen de la empresa. BASF destacó también que actualmente entiende que, como la reestructura es un proceso paulatino, más allá del anuncio realizado a los trabajadores, no hay “más por decir hoy”, considerando lo ya anunciado el pasado miércoles. En referencia a los despidos, Barrios señaló que al día de hoy “no hay certezas” en cuanto a qué cantidad de personas podrían ser despedidas, ni cuándo, ni si serían cesadas todas juntas o en tandas. En tanto, el Ministerio de Trabajo confirmó que la empresa “no se va del país” y que la decisión, al ser global, incluye también la situación de Alemania y Malasia. Acerca de Uruguay, el área de contabilidad podría ser “la más afectada” en cuanto a los despidos, pero esto, según Barrios, es “una hipótesis”. “Tampoco hay una cifra definida de a cuántos trabajadores afectaría la decisión de la empresa”, subrayó. “Cuando se concrete la reunión en marzo con los alemanes, habrá más información”, precisó la directora, y agregó que la decisión de la empresa llevará meses de ejecución, en un tiempo que hoy no se puede precisar. Sobre BASF, dijo también que “la empresa sigue estudiando el contexto del país, y lo regional e internacional”. Al respecto, resaltó que por tal motivo aún no hay decisiones ni acciones que ya estén en ejecución.
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En el marco de la política de ampliación del tiempo pedagógico que se propone la actual administración, a partir de este año se instalarán casi 60 comedores en centros de educación media, 28 de ellos en liceos a cargo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria.
Según explicó el director general Manuel Oroño, todos o la gran mayoría de los comedores que se instalarán en los liceos estarán listos para usar en el inicio de clases y ello representará un importante desafío para los centros educativos, ya que se trata de un nuevo espacio a gestionar. Para ello, Secundaria tomó tres medidas iniciales, entre las que está la definición de una figura pedagógica de acompañamiento asociada a los comedores. El jerarca detalló que se apunta a que los adolescentes “no solo vayan a comer”, sino que en dicho espacio también se generen otro tipo de actividades que contribuyan a la continuidad educativa. En ese sentido, la ANEP hizo un llamado a educadores sociales con perfil comunitario que tendrán un rol similar al de los maestros comunitarios en Primaria, ya que trabajarán en el vínculo entre los centros de educación media y las familias de los estudiantes. En el caso de la DGES, Oroño explicó que, para el inicio de tareas, se priorizará a los liceos que cuenten con comedor, de forma que haya otra figura de referencia en dicho espacio. Como en todos los casos, se trata de espacios que incluyen la realización de las tareas de cocina en el centro educativo; otra de las previsiones que tomó Secundaria fue la de mantener o considerar horas extra de limpieza para los funcionarios que se desempeñan en los liceos que contarán con comedor. Al mismo tiempo, detalló que en algunas zonas el comedor liceal será también utilizado por estudiantes de la UTU más cercana, lo que implica tener en cuenta también el traslado de los adolescentes. Otro cambio importante de cara a 2026 será en la implementación de las Becas Butiá, que a partir de este año incrementarán sus montos y la cantidad de beneficiarios, además de incluir un acompañamiento académico que deberá ser definido por cada centro educativo. Al respecto, Oroño recordó que hay tiempo para postularse hasta el 16 de marzo y que una primera tarea que tendrán los centros educativos en el inicio de clases será informar y recordar la convocatoria.
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Un hombre de 30 años con dos antecedentes penales por hurto y carente de requisitoria fue asesinado a tiros en el barrio Plácido Ellauri. La Policía fue alertada sobre múltiples disparos de arma de fuego y una persona herida en Matilde Pacheco y Pasaje D.
Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido en el suelo con manchas de sangre entre sus ropas, pero con signos vitales. La víctima estaba junto a una amiga que le manifestó a la Policía que desconocía lo ocurrido, escuchó disparos y al salir lo encontró en el suelo. El baleado fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde se le diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego: tres balazos en el tórax y uno en el abdomen. Minutos después de ingresar, falleció. Personal de Policía Científica identificó a la víctima y realizó el relevamiento de la escena del homicidio. En el lugar, los efectivos encontraron unas siete vainas de calibre 9 milímetros. Los investigadores relevan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el autor de los disparos. La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, está a cargo del caso junto al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó las sanciones al petróleo venezolano dando vía libre a Repsol y otras grandes petroleras, según ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
El anuncio de Estados Unidos de abrir el mercado del petróleo venezolano a empresas energéticas internacionales encabezadas por la americana Chevron se acaba de oficializar con la publicación por parte del Departamento del Tesoro de la lista. Chevron, BP, Eni, Repsol y Shell son las cinco agraciadas con los permisos norteamericanos. La licencia abarca diversas operaciones, desde refinado hasta la carga de petróleo en buques cisterna, así como su exportación, comercialización y transporte. También autoriza la refinación de crudo venezolano por parte de entidades estadounidenses y con licencias como la española Repsol, la británica BP o la italiana ENI. El secretario de Industria norteamericano, que ha estado en Venezuela hace unas horas, anunciaba una inversión de más de 100 millones de dólares para modernizar las plantas operativas de la multinacional Chevron, y conseguir duplicar la capacidad productiva de crudo de Venezuela en un año.
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Un incendio afectó las instalaciones de una refinería de petróleo de La Habana en medio de la grave crisis energética en Cuba.
Una enorme columna de humo se elevó desde la refinería Ñico López en la bahía de La Habana, aunque se disipó rápidamente, en tanto, el Ministerio de Energía y Minas cubano indicó que el fuego se inició en uno de los almacenes de la refinería. "La causa está bajo investigación", declaró el ministerio en una publicación en X. El incendio se produjo cerca del lugar donde estaban atracados dos barcos petroleros. El jueves, dos buques de la Armada mexicana llegaron al mismo puerto con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria. Cuba corre el riesgo de quedarse a oscuras desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó restringir las entregas de petróleo a la isla. El país caribeño, de 9,6 millones de habitantes, perdió a su principal proveedor de petróleo tras la captura el 3 de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno garantizaba el envío de combustible a la isla.
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FLASH INFORMATIVO DE LAS 10:00 HORAS.
El Ministerio del Interior anunció cambios en las Jefaturas de Policía de Rivera y de Salto, a instancias del ministro Carlos Negro. También hay cambios en la Dirección Nacional de Seguridad Rural.
Desde el Ministerio del Interior indicaron que la imposición en el cargo de las nuevas autoridades se realizará el lunes 23 de febrero. En tal sentido, el secretario de Estado designó como nuevo jefe de Rivera al comisario general (retirado) Fabián Severo, quien hasta ahora se desempeñaba como la autoridad policial de Salto. Su lugar lo ocupará el comisario mayor (retirado) Ernesto Cossio, actual director de Seguridad Rural. Mientras tanto, este último cargo será ocupado por Germán Suárez, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe de Policía de Rivera. Según pudo saber Montevideo Portal, Severo fue denunciado por acoso laboral y persecución —junto a otras tres autoridades policiales— en la jefatura salteña. La denuncia fue radicada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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El presidente del directorio de Conaprole, Gabriel Fernández, auguró una semana de Carnaval “complicada” con “faltante de producto”, y admitió que “no terminamos esta historia como hubiéramos querido; fue un perder-perder”, en relación a los conflictos sindicales.
En ese sentido, Fernández, junto a integrantes del directorio, expuso acerca del impacto que la conflictividad sindical viene generando en la empresa, los productores y el abastecimiento del mercado interno, de acuerdo con un comunicado difundido. Es así que alertó por un “faltante significativo” de los productos de cara a la semana entrante. “Incluso se maneja la posibilidad de faltante de leche”, aseveró. “Es una lástima, pero es la circunstancia que está planteada; creo que vamos a tener una semana de Carnaval complicada, con mucho faltante de producto, y ojalá después haya alguna instancia donde podamos retomar el diálogo de forma constructiva”, manifestó Fernández, asegurando que se trata de una semana de “alta demanda”. Por su parte, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió en forma reciente, un paro de 24 horas, luego de que la empresa láctea anunciara el cierre de la planta 14 de Rivera el pasado miércoles 11 de febrero. De esta forma, el presidente del directorio de Conaprole recordó que el conflicto se originó en mayo del año pasado, cuando la empresa anunció el cierre de la planta “con seis meses de anticipación y sin despidos”. También se ofrecieron recolocaciones en otras plantas, seguro de paro extendido con complemento, despido incentivado y apoyo para traslados, aseguró. “Como siempre, Conaprole ha tenido voluntad de diálogo. Son casi 10 meses de medidas por el cierre de una planta que había perdido el 40% de su venta. […] Lamentablemente no terminamos esta historia como hubiéramos querido y esto fue un perder-perder para las dos partes, porque no hemos parado de tener dificultades”, concluyó Fernández.
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Los hijos de los imputados en la causa de Conexión Ganadera, declararán en los próximos días ante la Fiscalía General de la Nación, que evalúa su responsabilidad penal en su participación para la concreción de la mega estafa.
Fuentes allegadas al caso informaron que los hijos del fallecido Gustavo Basso y Daniela Cabral prestarán declaraciones, como es el caso de Agustina Basso que lo hará el 18 de febrero. En tanto, el 19 de febrero lo hará su esposo, Alfredo Rava, y el 20 de febrero declarará en la fiscalía de la calle Cerrito Candelaria Basso. Ese mismo día, lo harán Guadalupe Carrasco y Jorge Cunietti, quien fuera socio de Basso. El 24 de febrero declararán Marcela y Valentín Carrasco. Todos serán indagados por su participación directa en las empresas vinculadas al fondo ganadero y los mecanismos de adquisición de los bienes detectados por la Justicia. Además, Rava y las hijas de Basso son investigadas por cobrar dinero adeudado por el Frigorífico Casablanca por fuera del mecanismo previsto en el proceso de concurso. Además, la jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, consideró la calidad de investigados de los hijos de Carrasco en la causa que investiga estafa y lavado de activos, descartando que hayan probado ser terceros de buena fe, definidos jurídicamente como quienes adquieren un bien desconociendo la ilegalidad de su procedencia. El punto será analizado por un Tribunal de Apelaciones.
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la directora de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado, comunicó su renuncia al titular de la cartera, Edgardo Ortuño. La jerarca será sustituida por la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Peñeiro.
La jerarca saliente expuso los motivos de su dimisión a través de una misiva dirigida a Ortuño, en la que explicó que decidió retomar su carrera académica, reintegrarse a las “funciones universitarias” y “enfrentar nuevos desafíos” en su cargo de profesora del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos en el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República. Por su parte, enumeró los “principales logros” a un año del inicio de la gestión de este período de gobierno. Entre ellos, mencionó el Decreto 228/025, que declara la protección de 800.000 hectáreas de humedales; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad; la concreción del primer Simposio Nacional de Restauración Ecosistémica y la revisión y actualización de la normativa de caza, para “promover una caza responsable con foco en conservación de la biodiversidad”. Por último, reconoció el trabajo de otras direcciones de la cartera y “de otros ministerios”, y agradeció la “oportunidad y confianza”. En tanto, el ministerio anunció que la nueva directora de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos será la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, quien es, además, licenciada en Ciencias Biológicas y Magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República.
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El senador frenteamplista Nicolás Viera, que preside la Comisión de Constitución y Legislación, afirmó que es “una barbaridad” que se diga que ya hay una posición fijada sobre el caso del senador colorado Andrés Ojeda y su ejercicio paralelo de la abogacía, y que el tema esté cerrado.
Tras conocerse el informe elaborado por la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Parlamento, sobre la presunta violación de la Constitución por parte del senador colorado Andrés Ojeda, Viera aseguró que el organismo parlamentario todavía no consideró el tema, y opinó que el asunto debería discutirse en el plenario de la cámara. Tal como señalaron algunos integrantes de la oposición, es una recomendación técnica, y la comisión puede o no tomarla, remarcó. En ese sentido, sostuvo que la comisión tiene que tratar el tema y luego el asunto debería pasar al plenario de la cámara, que a su juicio tendría que ser el ámbito donde eventualmente se archive o no. “Yo opino que esto tiene que ser resuelto por el pleno”, afirmó Viera, y aclaró que “hoy la postura de la bancada del Frente Amplio no es archivar el caso”. Agregó que discutirán el tema en los próximos días, pero sin “apuro”, porque se abordará recién en marzo en la comisión, cuando comience el nuevo período legislativo. A título personal, descartó que este informe incline definitivamente la balanza a favor del archivo, y señaló que el otro informe de la Dirección Jurídica, que se conoció en diciembre del año pasado, “también genera otros elementos, y allí se abre la puerta a un juicio político”. En tanto, Viera apuntó que es “bienvenido” el debate sobre si un legislador “está usando su condición para beneficiar a terceros”, y aseguró que esa discusión se dará en el Parlamento.
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El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo si no se avanza en proyecto de transporte "va a ser imposible circular por las calles de Montevideo", y agregó que “si en algo todos coincidimos, es que cada año se transforma en más intransitable".
El titular de la principal empresa transportista de nuestro país, volvió a referirse al proyecto de transporte que analiza el gobierno y que prevé intervenciones en avenida Giannattasio, avenida Italia, camino Maldonado, avenida 8 de Octubre y la avenida 18 de Julio. La semana pasada el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) publicó documentos técnicos con distintas alternativas para la iniciativa. En ese contexto, el empresario señaló que aún resta tiempo para conocer los detalles finales, aunque subrayó que lo central es “la actitud” de avanzar para que la propuesta no quede “en un cajón”. En entrevista con Posta Oriental (770 AM), Salgado afirmó: “Para ser realistas, de cómo se va a hacer, todavía se van a escribir kilómetros de tinta. Lo que hay hasta ahora es un estudio muy completo, que nosotros todavía no lo miramos, donde abarca un proyecto de movilidad”. El titular de Cutcsa sostuvo que la situación actual del tránsito exige definiciones. “Si en algo todos coincidimos, es que cada año se transforma en más intransitable. Y el año que viene va a ser peor”, vaticinó. En ese sentido, remarcó que “hay que hacer algo” y comparó la magnitud de la obra con transformaciones históricas en la ciudad. “La obra es comparable a cuando Montevideo hizo la rambla. Es muy complejo, las dudas son muchas. Lo que acá importa es la actitud de decir que, ante la duda, no vamos a dejar esto en un cajón. Vamos a buscar la forma de solucionarlo, porque si no por la vía de los hechos va a ser imposible circular por las calles de Montevideo”, completó. Además, Salgado también relativizó el punto de partida exacto de un eventual túnel. “Más allá de que si el túnel es desde Fernández Crespo, o desde el lugar que sea, lo importante es que hay que encarar el proyecto”, señaló. Consultado sobre cómo podrían operar los buses rápidos (BRT), el empresario indicó que será una definición de las autoridades, aunque desde la empresa buscan participar en la discusión operativa.
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La denominada Cooperativa Gente de Calle, se ha consolidado como una solución habitacional y una meta colectiva para quienes no tienen hogar
Katherine Spurr y Damián Velázquez son dos uruguayos que viven hace varios años en situación de calle y hoy son, presidenta e integrante respectivamente, de la Cooperativa Gente de Calle. El grupo Cooperativa Gente de Calle se trata de una iniciativa que surgió hace seis meses y que busca adquirir próximamente la personería jurídica para avanzar con el objetivo principal: acceder a terrenos y edificar sus hogares. Un lugar permanente que les permita mejorar y crecer. La organización cuenta ya con más de 20 integrantes y el apoyo de varias instituciones. Es así como Damián, exrecluso y hoy terapeuta, contó su perspectiva sobre el sistema carcelario uruguayo, valoró que quien ingresa a él, automáticamente piensa en sobrevivir y no en rehabilitarse. Katherine tiene dos hijos que no están a su cargo y a quienes intenta ver lo más que puede, pero sabe que aún queda mucho por trabajar para lograr recuperar esos vínculos. El grupo se reúne todos los viernes en asamblea y reciben consultas a través del celular 099 471 022.
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El sultán Ahmed Bin Sulayem, director del gigante portuario de Dubái, dimitió tras revelarse sus estrechos vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
El director del operador portuario global DP World abandonó la compañía tras la creciente presión por sus vínculos con Epstein. La salida del sultán Ahmed Bin Sulayem como presidente y director ejecutivo de DP World ocurrió después de que archivos publicados recientemente mostraran que el magnate de los Emiratos Árabes intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein durante una década. DP World anunció su dimisión, con efecto inmediato, y nombró a Essa Kazim presidente y a Yuvraj Narayan como director ejecutivo. Al parecer, una fotografía de Sulayem fue eliminada de su sitio web. Este gigante logístico propiedad de Dubái, que gestiona terminales portuarias en seis continentes y desempeña un papel importante en la infraestructura de comercio global, ha estado bajo creciente presión en los últimos días por parte de las empresas con las que colabora.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) va a invertir 38.300 millones de dólares en un proyecto que prevé adquirir almacenes en todo Estados Unidos y adaptarlos para convertirlos en centros de detención de inmigrantes que puedan albergar a decenas de miles de personas.
Esto se desprende de documentos que la agencia proporcionó al gobernador de New Hampshire y publicados en el sitio web del estado hace unas horas. Los documentos ofrecen el panorama más completo hasta la fecha del plan de la administración Trump para reformar los centros de detención de inmigrantes utilizando edificios originalmente diseñados para fines industriales. Este proyecto expansivo busca aumentar la capacidad del ICE para arrestar a más inmigrantes y deportarlos con mayor rapidez. En lugar de trasladar a las personas por todo el país a cualquier centro de detención con camas disponibles, el nuevo sistema de almacenes está diseñado para canalizarlas a una serie de centros de detención a gran escala donde esperarán su deportación, según documentos del ICE.
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