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FLASH INFORMATIVO DE LAS 9:00 HORAS.
El Parlamento acordó la creación de una comisión especial bicameral en la Asamblea General, para investigar el negocio del Estado uruguayo con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.
Los senadores de la oposición le habían propuesto al Frente Amplio que funcionara una bicameral con diputados y senadores, lo que fue acordado en la tardecita de este viernes tras intensas negociaciones. El Senado tenía previsto analizar este viernes los resultados de la comisión preinvestigadora y la Cámara de Diputados lo haría el lunes 23 con la que funcionó en el ese ámbito parlamentario. En su lugar, se resolvió convocar a la Asamblea General para una sesión extraordinaria el lunes 23 a las 15 horas en la que se votará la conformación de la comisión especial bicameral investigadora. Estará integrada por 17 miembros, 9 del Frente Amplio y 8 de la oposición, en la que estarán representados todos los partidos políticos. La presidencia estará a cargo de la oposición. La nueva comisión tendrá un plazo de actuación de 6 meses e investigará desde 2010 a la fecha. En la sesión extraordinaria del Senado este viernes, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dio cuenta del acuerdo y reconoció la legitimidad y la reglamentariedad en la que se desarrollaron las preinvestigadoras. En ese sentido, estacó el esfuerzo de los partidos políticos para "tratar de echar luz a una situación que es muy compleja y también economizar y sistematizar el trabajo de los parlamentarios y parlamentarias". La propuesta surgió tras la culminación de los trabajos de las comisiones preinvestigadoras que analizaron el tema, tanto en el Senado como en Diputados, pero con diferentes conclusiones. En el Senado, el frenteamplista Sebastián Sabini fue el primero en presentar la denuncia para que se investigue el proceso en ese ámbito parlamentario, donde el Frente Amplio tiene mayoría y además están representados el Partido Nacional y el Partido Colorado. El informe en mayoría, presentado el jueves por los senadores oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, recomendaba la constitución de la investigadora. Sin embargo, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, presentó este viernes su informe en minoría, en el que aludió a "la falta de tiempo" para determinar si existían "elementos de convicción suficientes" para la instalación de la comisión en el Senado. El frenteamplista Eduardo Brenta defendió la decisión del oficialismo que buscará analizar todo el negocio con el astillero español hasta la rescisión del contrato por graves incumplimientos resuelta por el gobierno de Yamandú Orsi. En la Cámara de Diputados, la denuncia del nacionalista Juan Martín Rodríguez tuvo otra suerte. El informe en mayoría, de los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, se expresó en contra de la conformación de la investigadora, porque no se cumplían los requisitos legales como "la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación". "No se presentaron ni irregularidades ni ilicitudes fundamentadas o de apariencia irregular o ilícita de forma fundamentada para que se proceda la conformación de esta comisión; la denuncia está plagada de valoraciones políticas", consideró. En minoría, el nacionalista Juan José Olaizola acompañó la conformación de la comisión al entender que el ámbito es el adecuado, "porque todos los partidos políticos se han expresado a favor de generar una comisión investigadora sobre el tema Cardama", afirmó.
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Conaprole recibió una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual será considerada desde este lunes, en conjunto con la Asamblea de los productores, en el marco del conflicto por el cierre de la planta de Rivera.
La empresa considera que, como sucedió el año pasado, la gravedad de la situación amerita la consideración con el conjunto de los productores. En tanto, los trabajadores de Conaprole aceptaron propuesta ministerial y levantaron las medidas de fuerza. “Se va a negociar la situación de Rivera. Nuestra reivindicación son los puestos de trabajo en Rivera, la distribución con nuestros compañeros en Rivera”, dijo Inés Albín, integrante del sindicato. “Ya tuvimos una instancia en la que no estuvimos distribuyendo nosotros los productos y hubo productos en mal estado, la distribución no se hacía en las condiciones que se debe. Entendemos que los compañeros tienen el conocimiento y está la infraestructura en Rivera para poder llevarlo adelante”, expresó. En tanto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló que lo que se presentó a trabajadores y patronal es “una propuesta que vuelve al ámbito de negociación tripartito, que pide que se suspendan las medidas de las dos partes, tanto el anuncio de la caída de los convenios como el de medidas de paro. La asamblea aceptó esto condicionado a que haya avances, y esto va a ocurrir, si la empresa también lo acepta”, aclaró.
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El ministro de Trabajo Juan Castillo, dijo que el anuncio de entre 150 y 200 despidos en la empresa de software y tecnología Sabre, que impulsa la industria global de viajes, vuelve a ser “motivo de preocupación” para el gobierno.
El secretario de Estado remarcó muy especialmente que el ministerio se enteró nuevamente “por medios no formales” de una reestructura que puede culminar en envíos al seguro de paro o despidos en Sabre, que desarrolla sus actividades en Zonamérica. En tal sentido, señaló que esta nueva situación refuerza la necesidad de que Uruguay ratifique el convenio 158 de la OIT, que establece el preaviso en casos de despido. El ministro Castillo explicó que la idea es que las empresas anuncien previamente sus dificultades y la intención de reducir personal, para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir antes de que la decisión esté consumada. Esta medida, según argumenta, permitiría “preparar” también a los trabajadores, ya que no es lo mismo enterarse de un día para el otro que se pierde el empleo. Afirmó que el instrumento daría herramientas al empleador, al trabajador y al gobierno.
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La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) expresó su preocupación por la cantidad de despidos en empresas del sector. El presidente de la CUTI, Amílcar Perea, dijo que se trata de una situación global.
De esta forma, Perea indicó que la competitividad "está siendo seriamente afectada" y en el caso de Sabre, que anunció a sus funcionarios el despido de entre 150 y 200 personas, aguardan a tener más información de la empresa. El titular de la CUTI se refirió a la calidad de la mano de obra uruguaya, pero apuntó a los costos del país. Consultado sobre la propuesta del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, de que las empresas notifiquen con antelación los despidos, Perea manifestó su postura contraria y afirmó que "no cambia nada que te den un aviso de 30 días o de lo que sea". "Lo que precisamos es justamente al revés, es mostrarle a esas empresas la calidad, la seriedad y lo que podemos brindarles con nuestros talentos a sus empresas y a sus clientes", enfatizó.El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, coincidió con Perea en la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y expresó su malestar con la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el tema. "Lo importante acá me parece que no es que te avisen que te vas a quedar sin trabajo, lo importante sería cuidarlo y generar nuevos puestos de trabajo", expresó el nacionalista.
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La presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos, advirtió que el conflicto por los jornales en el Puerto de Montevideo tiene impacto directo en los costos del sector, y puso el foco en la cifra de “más de 600.000 dólares pagados y no trabajados”, en 2024.
Es así que Ageitos sostuvo que esos montos surgen del sistema vigente, acordado en 2019 tras cuatro años de negociación, que establece escalas de convocatorias garantidas. Explicó que, en determinados casos, la empresa debe convocar y pagar hasta 13 jornales, aun cuando no haya trabajo efectivo. “Si la empresa no tiene trabajo para darle, está obligada a convocarlo y pagar, aunque no se trabaje”, señaló. En ese marco, subrayó que los 600.000 dólares abonados sin prestación efectiva “van directamente a los costos del puerto” y advirtió que eso incide cuando se discute la competitividad.
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La semana próxima, los trabajadores de la transportista Copsa y representantes de la empresa, tendrán una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para intentar llegar a un acuerdo entre las partes y finalmente pagar lo que se adeuda a los primeros.
El gerente general de la compañía, Javier Cardoso, informó que actualmente se está negociando con el Ministerio de Transporte para poder encontrar una solución de fondo a esta problemática, y puntualizó que la totalidad de los sueldos no será abonada hasta llegar a un acuerdo. Una de las principales alternativas radica en la nueva norma votada en la Ley de Presupuesto, que estableció la creación de un nuevo subsidio al transporte suburbano y la modificación de las paramétricas. Desde la empresa exigen a la cartera que actualice este punto, para poder encontrar mejores soluciones económicas para el sector suburbano. Desde Copsa indicaron que en el sector suburbano los costos “no son cubiertos por los ingresos desde hace más de una década, debido a la disminución de la cantidad de usuarios registrada en los últimos años".
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El gremio de trabajadores municipales nucleado en Adeom, realizará varios paros de actividad, tras la negativa de la Intendencia de Montevideo a aceptar una nueva propuesta de acuerdo.
Se trata de una movilización a la Junta Departamental el 4 de marzo, en tanto el día 5 se va a celebrar una Asamblea General. Además, habrá paros zonales a partir de la semana que viene, de dos horas, entre las 9 y las 11, por asambleas informativas en distintos municipios. En el marco de las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de Montevideo marcó su negativa a la propuesta de los trabajadores. "No hubo un margen de negociación ni de poder escuchar por qué se había rechazado la propuesta y qué era lo que se aspiraba. La Intendencia fue lapidaria y nos dijo que es negativo a la nueva propuesta. No hubo tampoco la posibilidad de desglosar lo que fue el preacuerdo y llegar a un acuerdo en puntos que había un consenso, como el bloque de salud y seguridad laboral", indicó Silvia Tejera, presidenta del sindicato. "Hoy estamos de nuevo en el punto de partida", remarcó. El plazo es hasta el 10 de marzo porque el 11 se vota el Presupuesto quinquenal.
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Ocho miembros de Hezbolá murieron en el marco de los ataques israelíes efectuados hace pocas horas en el este de Líbano, indicó este sábado a AFP un responsable del movimiento proiraní libanés.
El ministerio libanés de Sanidad había anunciado el viernes que diez personas murieron en esos ataques en el valle de la Bekaa. El ejército israelí afirmó haber apuntado a "centros de mando" de Hezbolá en la zona de Baalbek. Israel ha mantenido sus ataques regulares contra Líbano a pesar del alto al fuego de noviembre de 2024, que pretendía poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá, y suele afirmar que sus objetivos son los milicianos de este grupo chiita.
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Los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el importante revés judicial infligido a la política arancelaria del presidente Donald Trump, que fue considerada en gran parte ilegal.
La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de tarifas aduaneras que trastocaron el comercio mundial. La decisión, que generó una airada reacción de Donald Trump, se refiere a los aranceles presentados como "recíprocos" por Trump, pero no a los aplicados a sectores de actividad específicos. Los aranceles, que provocaron la ira de Donald Trump, fueron rechazados, pero no los aplicados a sectores específicos. Las primeras reacciones internacionales, publicadas antes de que el presidente estadounidense prometiera un contraataque con un arancel "global" del 10 %, muestran por ejemplo, que para Brasil, se trata de un fallo "muy importante", según dijo el vicepresidente de ese país, Geraldo Alckmin, recordando que Estados Unidos es el tercer mayor destino de las exportaciones de la potencia sudamericana y el principal comprador de sus productos manufacturados.
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FLASH INFORMATIVO DE LAS 10:00 HORAS.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, resolvió convocar a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para que analice si es necesario o no activar un protocolo de emergencia por el déficit hídrico.
En tanto, el director nacional de Recursos Naturales del ministerio, Gustavo Garibotto, adelantó a Informativo Uruguay (Radios Públicas), que la próxima semana se convocará a las gremiales del sector, agrupadas en ”Campo Unido” para hacer una puesta a punto e intercambiar información entre las partes. En las últimas horas llovieron solo 9.2 milímetros cúbicos en la cuenca del rio Santa Lucía, donde se encuentra la represa de Paso Severino, según datos publicados por el Instituto Uruguayo de Meteorología.
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En el acuerdo Mercosur – Unión Europea -que la sub secretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi reconoce que “no es perfecto”- Uruguay reconoce 346 indicaciones geográficas del viejo continente, y a título de ejemplo, el “Champagne” uruguayo deberá ingresar con la denominación “espumante” o “vino espumoso”.
La comisión especial del parlamento comenzó analizar el acuerdo entre ambos bloques regionales. Y en ese marco, algunas imperfecciones se materializan cuando, por ejemplo, el Mercosur si bien pidió 300 mil toneladas de carne, obtuvo solo 99 mil. A su vez, la carne de cordero, un producto clave para Uruguay, quedó excluida. La jerarca informó que para la industria láctea, los plásticos, el sector vitivinícola y el aceite de oliva, la mayor amenaza no es que los productos europeos invadan el mercado uruguayo, sino que ingresen a Brasil y desplacen a las exportaciones uruguayas en ese mercado. En la comparecencia parlamentaria se dio una advertencia sobre el impacto de las indicaciones geográficas, que es una figura legal que protege nombres de productos que están vinculados a un lugar específico y a una forma tradicional de producir. Con este acuerdo, Uruguay reconoce 346 indicaciones geográficas europeas, la mayoría vinculadas a quesos, vinos y bebidas espirituosas. Esto significa que esos nombres quedan protegidos y no se pueden usar libremente para productos nacionales. Como contrapartida, Uruguay logró registrar indicaciones geográficas propias para unos 50 vinos nacionales, como Garzón y Juanico que quedarán protegidos en el mercado europeo.
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Desde la Unión de Exportadores se observa con preocupación las medidas de los sindicatos portuarios y las posibles consecuencias para el sector, que –según se entiende- "afectan la competitividad y la imagen del país como cumplidor".
"Hay un barco que canceló la entrada al puerto de Montevideo por esta situación de conflicto, y quedaron cantidad de contenedores sin poder embarcar", sostuvo Margarita Varela, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores. "Significa que el exportador ahora va a tener que reprogramar, tratar de buscar otro barco que tenga espacio para cargar esos contenedores y le va a tener que explicar a su cliente por qué no puede cumplir con el plazo pactado", añadió. "Por el puerto sale el 80% de la exportación de los productos uruguayos que salen al mundo y del trabajo uruguayo que sale con todos esos productos. Entonces, cada día de afectación interrumpe una cadena, impide cumplir con los plazos que se pactaron con el cliente, genera un montón de distorsiones", explicó también.
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El vicepresidente del directorio de la empresa láctea Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, señaló que todavía no está definido dentro del Mercosur “cómo se van a distribuir las cuotas” de exportación hacia la Unión Europea.
“Uruguay produce en el entorno de 2.000 millones de litros; Argentina, 10.000; y Brasil, 30.000. Pero cuando vamos a la exportación Uruguay y Argentina están en iguales condiciones. Nosotros somos el exportador más grande de América Latina, pero muy parecido a lo que es Argentina, y con un mercado interno muy chico –el 20% de nuestra producción va al mercado uruguayo y el 80% lo debemos exportar–, eso nos preocupa bastante”, mencionó. “En este acuerdo nosotros no vemos que podamos tener muchas oportunidades, salvo en la cuota de leche en polvo entera, pero creo que en los demás aspectos somos perdedores”, sintetizó Pérez Viazzi, quien de todos modos puntualizó que Conaprole tiene una postura “aperturista” con respecto al comercio exterior. Consultado sobre posibles medidas para mitigar los efectos negativos del tratado sobre el sector lácteo, Pérez Viazzi dijo que “hay salvaguardas” que “están en estudio”.
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El coordinador del Diálogo Social por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Hugo Bai, confirmó que la edad jubilatoria integra la agenda de cambios que se plasmarán en el documento final previsto para el segundo trimestre.
En entrevista con Informativo Sarandí, Bai sostuvo que los temas jubilatorios están “arriba de la mesa” y que está previsto introducir modificaciones. El economista explicó que el criterio es contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro, atendiendo diferencias en desgaste físico, trayectoria laboral y expectativa de vida según nivel de ingresos. “El tema es no tratar por igual a situaciones que son notoriamente desiguales”, afirmó. Según indicó, existen condiciones para generar alternativas que permitan a sectores más vulnerables retirarse antes, manteniendo incentivos para quienes puedan continuar trabajando más tiempo. Esos lineamientos quedarán reflejados en el documento que se entregará al Poder Ejecutivo y que recogerá el grado de acuerdos y matices alcanzados en el diálogo.
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El próximo martes, a partir de las 10:30, prestará declaración Marcela Carrasco Piaggio, quien es señalada por múltiples transferencias y sospechada de haber lavado dinero de los inversores de Conexión Ganadera.
Carrasco Piaggio renunció hace algunas semanas a la Fundación Sophia, de la que formaba parte del directorio desde hace varios años. En la audiencia, su defensa espera poder aclarar cada uno de los movimientos con el fin de demostrar que, si bien tuvo un contacto más estrecho con el negocio del “fondo ganadero”, no utilizó el dinero que allí entraba para su provecho personal. En tanto, la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, ya tomó declaración a Baltasar Carrasco, uno de los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, ambos imputados y en prisión preventiva en el marco de la causa de Conexión Ganadera. El joven indicó que los ahorros de su vida fueron a parar como inversión a la empresa de sus padres, por lo que también perdió dinero. La declaración del hijo de Carrasco y Iewdiukow se da en el marco de un embargo que permanece sobre un apartamento sobre la calle avenida Brasil, que fue comprado el 28 de marzo de 2022 y que está a nombre de Baltasar y Guadalupe Carrasco, ambos hermanos e hijos del matrimonio imputado. Baltasar Carrasco se dedica a la inteligencia artificial y la programación, algo que lo llevó a vivir desde hace algún tiempo en España, por lo que de hecho este viernes prestó testimonio mediante videoconferencia. Bajo este entendido, argumentó que él nunca tuvo contacto directo con el negocio de Conexión Ganadera y que, cuando falleció Gustavo Basso —el otro fundador de la empresa—, se enteró por una videollamada con sus padres.
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Distintos usuarios reportaron demoras para obtener turno para tramitar la cédula de identidad a través del sistema web. La situación fue planteada por personas que intentaron renovar o gestionar por primera vez el documento.
Según relatos coincidentes, al ingresar al sistema online las personas no encontraron disponibilidad dentro de los plazos habituales, que suelen ser de entre tres semanas y un mes. También señalaron que al concurrir a redes de cobranza la situación se repetía y no lograban reservar hora en el corto plazo. Desde la Dirección Nacional de Identificación Civil informaron que hay cupos disponibles en todo el país y que las demoras responden a un aumento de la demanda por distintos factores, entre ellos el vencimiento de documentos, el inicio de clases y el período de vacaciones. En tanto, indicaron que solo en la oficina ubicada en la calle Rincón, en Montevideo, se emiten 750 cédulas por día. Además, el organismo explicó que se encuentra en un proceso de cambio del sistema informático “para que sea más seguro” y para acompasar los plazos y reducir los tiempos de espera. En Montevideo comenzaron a abrir los sábados y están incorporando nuevos funcionarios. Para quienes necesiten realizar el trámite con urgencia, se recomienda concurrir a las oficinas de cualquier punto del país desde las 08:00. A esa hora se habilitan las cajas y se asigna un número limitado de cupos para obtener la cédula al día siguiente. Desde Identificación Civil se aconseja revisar la fecha de vencimiento del documento y se recuerda que la renovación puede realizarse hasta seis meses antes del plazo de vencimiento.
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El club Unión Atlética expresó su "más enérgico repudio" tras los hechos de violencia que generó una veintena de sus hinchas frente a la sede de Malvín tras el partido entre ambos por Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).
En la madrugada, algunos hinchas de Malvín estaban festejando la victoria clásica en un restaurante al lado del club. Hasta allí llegaron parciales de Unión Atlética a agredirlos. Tiraron piedras y botellas. "Estos comportamientos no representan los valores que promovemos como institución, ni el espíritu deportivo que debe primar dentro y fuera de la cancha", sostuvo la directiva de Unión Atlética en un comunicado tras los hechos conocidos. En ese sentido, indicaron que se "solidarizan" con Malvín y con las personas que sufrieron la agresión. A su vez, se pusieron a disposición de las autoridades para colaborar "en el esclarecimiento de lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan". "El club trabajará para adoptar las medidas más severas para los responsables. Este tipo de conductas solo perjudican nuestra imagen y el trabajo que día a día realizamos", añadieron. Asimismo, destacaron el "buen comportamiento" que tuvo el público durante el partido disputado en el Palacio Peñarol. "Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta de formación y encuentro", cerró el comunicado.
Más temprano, la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) emitió un comunicado condenando los incidentes. Solicitaron la "urgente intervención" del Ministerio del Interior y "en particular" de la Dirección General de Seguridad en el Deporte. Desde la FUBB expresaron además que se espera se apliquen las penas que correspondan "con la mayor firmes y celeridad posible".
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Dos ataques a tiros contra policías de Investigaciones de Zona III se registraron en los barrios Flor de Maroñas y Peñarol, en Montevideo. Los efectivos se desplazaban en vehículos sin identificación policial.
El primer ataque ocurrió en la esquina de Sebastopol y Ruben Darío, en Flor de Maroñas. Un auto de Investigaciones llegó al lugar por disparos y, enseguida, un hombre vestido de “delivery” disparó contra los policías. Los efectivos respondieron con siete disparos y se retiraron para solicitar apoyo. Luego regresaron y registraron a algunas de las personas que estaban en la zona, quienes dijeron desconocer lo ocurrido. No hubo heridos. Horas después, se produjo el otro ataque en Máximo Santos esquina Logroño, en el barrio Peñarol. Policías de Investigaciones de la zona operacional 3 patrullaban por un robo en el interior de un camión en la zona de Máximo Santos cuando, al llegar a esa calle, cinco personas que estaban frente a una vivienda comenzaron a disparar contra el auto en el que se trasladaban. Utilizaron al menos dos armas. Dentro del vehículo iban tres efectivos, que repelieron la agresión. Enseguida, los atacantes corrieron hacia el interior de la casa. Ningún agente resultó lesionado. El vehículo recibió dos impactos de bala: uno en un vidrio trasero y otro en la manija de una puerta. Minutos después salió de la vivienda un hombre de 45 años con un disparo en la pierna, producto del intercambio de disparos. No tiene antecedentes penales pero sí varias indagatorias. Fue detenido y trasladado a un centro de salud para asistir la herida en la pierna izquierda; está fuera de peligro. Tras la detención, una mujer autorizó el ingreso de los policías a la casa, pero los involucrados ya habían escapado con las armas. Se cambiaron de ropa y las prendas que dejaron fueron incautadas. Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena e incautó varios casquillos de bala, además de periciar el vehículo policial y el lugar donde estaban los hombres armados. Ambos casos continúan bajo investigación.
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India y Brasil firmaron este sábado un memorando de entendimiento sobre tierras raras y minerales críticos, anunció el primer ministro indio, Narendra Modi, tras entrevistarse en Nueva Delhi con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El acuerdo es "un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes", destacó Modi. En tanto, la cumbre de la Inteligencia Artificial en India terminó pero aún no se publicó ninguna declaración final. La declaración de los dirigentes políticos sobre cómo regular el uso de la inteligencia artificial todavía no había sido publicada este sábado por la tarde, un día después de que terminara una cumbre sobre la IA en Nueva Delhi. En las últimas horas, Ashwini Vaishnaw, ministro indio de Tecnologías de la Información, indicó que la declaración común ya tenía más de 70 signatarios, pero que esperaba que el documento acabase contando con más de 80 firmas. "Existe un amplio consenso sobre la declaración. Simplemente estamos intentando maximizar el número" de firmantes, afirmó, sin aportar más detalles. Decenas de delegaciones de todo el mundo se dieron cita esta semana en la capital de India para discutir sobre cómo regular esa tecnología, en pleno auge, en la Cumbre sobre el Impacto de la IA. Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos. El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó la puesta en marcha de una comisión de científicos para hacer del "control humano" de la IA una "realidad técnica". En cambio, Estados Unidos rechazó "totalmente" el viernes cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial, afirmó el asesor de la Casa Blanca en ciencia y tecnología, Michael Kratsios. De hecho, en la edición de 2025 de esa cumbre, celebrada en París, Estados Unidos no firmó la declaración final.
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La polémica esta semana ha crecido en torno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuyo presidente del comité organizador y representante de Coldplay, Cassey Wasserman, figura en los papeles del delincuente sexual Jefrey Epstein, y es salpicado por el escándalo.
Por un lado, por un viaje que hizo a África con la Fundación Clinton en un avión de Epstein. Y, por otro, por haber mantenido correspondencia con Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora y expareja de Epstein, y condenada a 20 años de cárcel por prostitución de menores y tráfico de personas. En tanto, Wasserman ha negado haber tenido relación con Epstein y ha pedido perdón por esos emails, pero la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido públicamente que dimita para no ensuciar la imagen y prestigio de la ciudad y de los Juegos Olímpicos. No solo políticos y miembros de familias reales figuran en los papeles de Epstein, sino que también el mundo del deporte está presente en este escándalo de abusos del que se han ido publicando millones de archivos.
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