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La mitad de los usuarios del Hospital Vilardebó y Ceremos, está en situación de calle, según datos de un censo de ASSE, cuyo presidente, Alvaro Danza -en el marco de una actividad de la Comisión Intersectorial de Salud Mental- agregó que un “importante número de personas” está en condiciones de recibir el alta, aunque algunas requieren apoyo para funciones cotidianas.
Entre el Vilardebó y Ceremos hay 503 personas que llevan más de seis meses internadas. A su vez, el 56% de las personas censadas en el Vilardebó y el 76% de las censadas en Ceremos “no reciben visitas nunca”. “Las cifras nos obligan a preguntarnos qué es lo que ha pasado con los vínculos. Salir de estas situaciones complejas requiere un hogar y un contexto comunitario que realmente dé cabida”, dijo Danza. El jerarca agregó que el censo también identificó un “importante número de personas” que están en condiciones de ser dadas de alta, aunque algunas requieren apoyo para funciones básicas como vestirse o alimentarse. Además, señaló que el 50% de los usuarios de ambas instituciones están en situación de calle, mientras que el 25% estuvo privado de libertad en algún momento. De estos últimos, el 75% está en situación de calle. “Venimos trabajando en dispositivos de cercanía. Los tiempos son mucho más tediosos que los que todos desearíamos”, reflexionó, y agregó: “Quiero que sepan que ASSE está trabajando mucho en este tema, con mucho compromiso. Nuestros datos son complicados, necesitamos de mucho apoyo para poder enfrentarlos”. Por su parte, Selva Tabeira, una histórica militante por la salud mental, contó su experiencia al frente de distintas iniciativas de rehabilitación psicosocial. A partir de su trabajo como auxiliar de servicio, lideró el taller de la sala 12 del Hospital Vilardebó, donde comenzó un proyecto de rehabilitación psicosocial a través del trabajo. Luego, impulsó El Trébol, una residencia para usuarios; el lavadero industrial, que permitió transformar esa rehabilitación en una oportunidad laboral; y, finalmente, Hamabi, una cooperativa de viviendas que aún está en pleno proceso. “Soy una simple auxiliar de enfermería. Pienso que lo que logré hacer fue porque tenemos audacia, quisimos salir y convocamos a mucha gente del barrio, vecinos, políticos y al presidente Pepe Mujica, que fue fundamental para el Hospital Vilardebó”, contó. Tabeira recordó qué la impulsó a trabajar en estas iniciativas cuando comenzó a desempeñarse en el hospital, donde no se acordaban ni cuánto tiempo hacía que algunas personas estaban internadas. “Vimos que el arte nos podía llevar a muchos lugares. Logramos mandarle fotos a los familiares de lo que hacíamos, pasajes para que no hubiera excusa de que no tenían plata para venir a verlos. Recuperamos muchos vínculos perdidos en un momento por estos pacientes inimputables”, recordó. También “les dimos a los pacientes baños con puertas, agua caliente y camas que no fueran de hormigón”, dijo. Por último, Selva reflexionó que “hay que confiar en las personas. Han aprendido a defenderse dentro del hospital porque no todo es color de rosas y no todo el mundo cree en la rehabilitación”.
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La comisión intersectorial de salud mental presentó desafíos y avances del modelo comunitario. El ministro de Desarrollo Social dijo que atienden a más de 1500 personas en situación de extrema vulnerabilidad en dispositivos especializados, en tanto la ministra de Salud Pública, afirmó que trabajan en fortalecer los equipos en el primer nivel de atención.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la comisión intersectorial en la materia presentó desafíos y avances del modelo comunitario. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que la salud mental es prioridad para el gobierno y no se aborda desde una sectorial. "Tiene que ver con el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura. Tiene que tener un abordaje de tener de cada sectorial trabajarlo en conjunto y después cada uno haciendo lo que tiene que hacer", expresó. Además, Lustemberg destacó que la cartera tiene muchos desafíos y trabajan en la incorporación del abordaje comunitario fortaleciendo los equipos de salud en el primer nivel de atención. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que atienden a más de 1500 personas en situación de extrema vulnerabilidad en dispositivos especializados. "Tenemos más de 500 personas en hogares asistidos con consumo problemático de drogas. Tenemos otro tanto en casas de medio camino que es parte de esta búsqueda que venimos haciendo como país de encontrar espacios no asilares donde las personas puedan ir haciendo un tránsito, para una transformación también de su propia vida", señaló.
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El gobierno salió a defender la inversión histórica de 5.700 millones de dólares anunciada por el presidente Yamandú Orsi, y asegura que la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) solo verá ganancias con la ejecución del megaproyecto tecnológico y energético a cargo de Solaria.
Tras el anuncio de la mega inversión para llevar a cabo un campus tecnológico de centro de datos y generación solar fotovoltaica en los departamentos de Canelones, Florida y San José, los cuestionamientos no tardaron en llegar ante la escueta información proporcionada desde el Poder Ejecutivo, y los detalles que se conocieron luego, por parte de la empresa española. En ese sentido, la comunicación de la inversión a la Bolsa de Madrid puso en la mira la inclusión de un contrato de compraventa de energía (PPA) a 40 años en el memorándum de entendimiento del proyecto; y, por lo tanto, el foco apuntó al costo que tendrá que asumir UTE para posibilitar la iniciativa. Al respecto se refirió la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernada Cardona, que aseguró que la negociación con la compañía española se llevó a cabo de modo que esta no genere pérdidas para Uruguay. En ese sentido, la ministra sostuvo que el acuerdo alcanzado con Solaria —que todavía no redundó en un contrato definitivo, pero para el cual se habla de una fecha límite establecida en mayo de 2027— supone solo ganancias para las partes involucradas. "No hay pérdidas para el país, ni para UTE ni para el país", aseguró, en diálogo con Canal 10. Si bien no dio mayores detalles sobre la negociación, excusándose en que la misma está en proceso y que tiene aspectos confidenciales, insistió en que se llevó a cabo de modo que tenga "un resultado positivo para todos": "Acá gana la empresa, gana UTE y gana Uruguay, cuando digo gana, digo que no hay pérdidas”, insistió.
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La semana próxima está previsto una nueva audiencia por el caso Conexión Ganadera, que, según el abogado de las víctimas, Juan Pablo Decia, culminará con la condena de un tomador de ganado, que será procesado por apropiación indebida con una pena de prisión efectiva, al igual que otros tres delincuentes en forma reciente.
Cabe señalar que estos tres tomadores de ganado fueron los primeros condenados en la causa a través de un proceso abreviado. Los imputados son tomadores de ganado —responsables de custodiar los animales en los que invertían los accionistas del fondo—. Por su parte, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Decia, señaló que el fallo “marca un hito” en la causa porque “reafirma que esto era una gran estafa, que se vehiculizaba a través de tomadores externos de ganado que no recibían el ganado que decían recibir, y que cuando se fue a buscar ese ganado, lógicamente no estaba, porque en gran medida nunca existió”. Las cifras ilustran la magnitud del faltante: los condenados debían tener unas 7.500 ovejas y apenas superaban el millar. En el caso de los vacunos, de 1.400 animales comprometidos, solo se encontraron 30, precisó Decia. El abogado advirtió que la figura aplicada es la menos grave dentro del abanico disponible. “La imputación que se le está ofreciendo de apropiación indebida es, dentro del elenco de posibilidades, la más benigna”, sostuvo, y explicó que las penas implican “meses de prisión efectiva” mientras que la mayor parte de la condena se cumple en libertad vigilada, con medidas alternativas como trabajo comunitario o arresto domiciliario. En ese sentido, Decia consideró que los delitos económicos deberían tener penas más severas. “Habría que revisar esto porque no se sostiene”, apuntó. El letrado también se refirió a Daniela Cabral, otra figura del caso: “Resta ver qué es lo que pasa con Daniela Cabral, que pese a la contundente evidencia que existe en la carpeta, sigue en arresto domiciliario en Punta del Este, cuando ya debería haber sido imputada por lavado”, expresó.
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Un empresario fue víctima de un copamiento en su casa de la Rambla y Grito de Gloria, en Punta Gorda, en Montevideo. Cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda armados y vestidos con ropas policiales y similares.
Los copadores llegaron en una camioneta Nissan Frontier e ingresaron a la propiedad, aprovechando un portón abierto. Los investigadores creen que el copamiento fue entregado y que los delincuentes fueron sabiendo que iban a robar la casa de un empresario de rubro de la fábrica de isopaneles. Los rapiñeros llevaban consigo armas cortas y largas; golpearon al hombre en la cara y le exigieron dinero, mientras que les pidieron a otras personas que estaban en el lugar que se tiren al piso y les sacaron los celulares. Además, los ataron y los encerraron en un baño. Mientras tanto, subieron a la planta alta con el dueño y le exigieron dinero. Finalmente, se llevaron USD 2.500 y $10 mil. Luego, se subieron a la camioneta y fugaron hacia a Canelones. El empresario fue asistido por el golpe y está fuera de peligro, al igual que quienes se encontraban con él. Si bien los delincuentes no dispararon en ningún momento, la Policía Científica trabajó en la vivienda en busca de indicios. A su vez, en el caso trabajan investigadores de la Zona Operacional II que analizan las cámaras de videovigilancia para dar con los rapiñeros, que estaban fuertemente armados. La Policía trabaja el caso como una rapiña y no como copamiento, debido a que la víctima se pudo liberar por sus propios medios.
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El edil del Partido Socialista, Frente Amplio por Salto, Juan Pablo Rocca, calificó de grave la decisión del intendente Carlos Albisu, de no incluir al Frente Amplio en comisión de seguimiento del fideicomiso; El curul advirtió sobre consecuencias institucionales y reclamó garantías para controlar el destino de los fondos.
La decisión del intendente de Salto, Carlos Albisu, de designar al edil Eduardo Varela Minutti como representante de la oposición en la comisión de seguimiento del fideicomiso por hasta 60 millones de dólares generó cuestionamientos del Frente Amplio. Varela Minutti había votado a favor del endeudamiento, luego se declaró edil independiente y finalmente renunció al Frente Amplio. El edil del Partido Socialista, Juan Pablo Rocca, manifestó a la diaria su indignación por una decisión que, a su entender, desconoce la representación política otorgada por la ciudadanía y afecta los mecanismos institucionales de contralor. “La primera sensación es de indignación, porque el Frente Amplio, que tiene representación en la Junta Departamental junto con la Coalición Republicana, son las dos fuerzas políticas representativas que la población eligió”, señaló. Para Rocca, tanto el intendente como el presidente de la Junta Departamental “desconocieron esa decisión ciudadana al no garantizar la participación del Frente Amplio en una comisión creada para controlar la utilización de los recursos”. El edil sostuvo que la situación trasciende una diferencia política y constituye un problema institucional. Cuestionó que nadie se comunicara con el coordinador de la bancada frenteamplista ni con el presidente de esa fuerza para acordar su representación. “En ningún momento hubo una intención de contactarse”, afirmó. Uno de los principales cuestionamientos de Rocca apunta a que los integrantes de la comisión respaldaron el endeudamiento. A su entender, “el control pierde garantías cuando no existe una voz que pueda plantear objeciones o advertir sobre eventuales irregularidades. Es contradictorio creer que va a haber una transparencia del controlador cuando todos están a favor. La gracia es justamente para estas situaciones que haya por lo menos una voz disidente que dé garantías”, expresó. El edil aclaró que no está acusando a nadie de pretender utilizar indebidamente el dinero. Su preocupación se centra en “la necesidad de contar con una representación capaz de examinar la ejecución de los fondos, plantear discrepancias y comunicar públicamente la información”. En ese sentido, destacó el papel de los ediles frenteamplistas durante el proceso. “Hasta ahora, todo el proceso del fideicomiso, la información que ha salido pública, ha sido porque los ediles del Frente Amplio lo hemos hecho público”, remarcó. Si el gobierno mantiene su postura, advirtió que la oposición recurrirá a los mecanismos disponibles. “Tenemos las herramientas constitucionales que nos da esta potestad como edil y las usaremos todas para transparentar y hacer seguimiento”, afirmó. A su entender, “la exclusión puede sentar un precedente negativo para el funcionamiento institucional del gobierno departamental y su vínculo con el órgano legislativo”.
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Este sábado 17 de octubre se celebra la décimo cuarta edición de la Feria de Buenas Prácticas en Educación, en el Centro Gallego de Montevideo, organizada por el Instituto de Educación Santa Elena y Unesco, y que contará con la presencia del pedagogo francés, Philippe Meirieu, que ofrecerá una conferencia: el lunes recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la República.
Este año la actividad se presenta bajo el lema: El cambio germina el aula, y contará con la participación de distintos centros educativos, públicos y privados, que tendrán la oportunidad de presentar proyectos pedagógicos desarrollados por docentes. En esta ocasión la feria contará con 74 stands y la presentación de 80 experiencias de “buenas prácticas educativas”. Por otra parte, la feria contará con la participación del pedagogo francés quien fue invitado expresamente para participar de la jornada y que presentará una conferencia titulada “Qué pedagogía para una escuela emancipadora y solidaria”. Para participar de la conferencia es necesario haberse inscripto previamente para asegurar el acceso a la traducción a través del sitio web del colegio Santa Elena. En su estadía en Uruguay, Meirieu también recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la República, este lunes a las 18.00 en el Paraninfo. Durante el evento también habrá conversatorios vinculados a temáticas como la inteligencia artificial y educación o el abordaje sobre prácticas educativas para la culminación de los trayectos educativos. Por otro lado, se presentarán actividades llamadas “prácticas en acción” en las cuales participarán estudiantes de distintos centros educativos y habrá un campeonato infantil de ajedrez. El director del instituto educativo Santa Elena, Pablo Cayota, explicó a la diaria que el objetivo central de la feria es generar un espacio para “hacer visible lo invisible” acerca del “quehacer docente permanente”. Además, señaló que la actividad permite el intercambio sobre prácticas docentes para, por ejemplo, hacer frente a “problemáticas” y “desafíos” vinculados a la convivencia en el ámbito educativo a través del abordaje interdisciplinar. La feria dedicará un espacio especial al comienzo del evento para el reconocimiento de “docentes, profesionales e instituciones” que “a través de su trayectoria y compromiso, realizan un aporte significativo a la educación y la sociedad”. En esta ocasión serán homenajeados Patricia Orlando, maestra y magíster en Educación; Rubén Borthagaray, director del liceo 3 en Paysandú; Alejandro de Barbieri, escritor y psicólogo; y Natalia Trenchi, psiquiatra de niños y adolescentes. Por otra parte, se reconocerá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa; el proyecto “Abriendo Puertas”; el Centro de Educación Alternativa Giraluna de Nuevo París; y a Richard Read. El evento fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública y cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Uruguay y el Liceo Francés. Las propuestas y actividades de la feria se extenderán de 9.00 a 16.30 y la entrada es abierta y gratuita para la comunidad educativa y el público en general.
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El Aeropuerto Internacional de Carrasco tendrá en octubre 152 frecuencias semanales operadas por 11 aerolíneas con conexiones a 15 destinos, según informó Aeropuertos Uruguay.
Brasil concentra la mayor parte de la oferta: seis ciudades y unas 59 frecuencias semanales, casi 39% del total. Paranair, que suspendió sus vuelos por el mantenimiento de su única aeronave, informó que retomaría operaciones el 18 de octubre. Los destinos son Madrid, Panamá, Asunción, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador de Bahía, Rivera y Salto. Las aerolíneas son Iberia, Air Europa, Copa, Paranair, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Avianca, Azul y Sky. Cabe señalar que Latam ofrece 27 frecuencias semanales a San Pablo, la ruta con más vuelos hacia Brasil. Gol vuela diez veces por semana a San Pablo, cinco a Río de Janeiro y una a Fortaleza, y sumará dos frecuencias a Río desde el 25 de octubre. JetSMART tiene siete frecuencias a Río, su único destino desde Montevideo. Azul une la capital con Recife y Belo Horizonte, con dos frecuencias semanales a cada una, y Sky vuela tres veces por semana a Río y dos a Salvador de Bahía. También desde el 25 de octubre, Avianca sumará tres frecuencias semanales a Bogotá, que hoy son cuatro. Iberia tiene siete frecuencias directas a Madrid y Air Europa, cuatro. Copa ofrece 21 frecuencias semanales a Panamá. Latam suma 12 a Santiago de Chile y nueve a Lima, y Sky, dos a Santiago. Aerolíneas Argentinas tendrá 20 frecuencias semanales a Aeroparque y ninguna a Ezeiza. Paranair suspendió sus operaciones entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre por el mantenimiento de una aeronave. Según Aeropuertos Uruguay, las semanas sin la aerolínea se operaron 138 frecuencias en lugar de las 152 previstas. La empresa dijo este lunes que las reparaciones de la única aeronave que tiene disponible se extenderán hasta el 18 de octubre. En el sitio web de Paranair, solo estaba habilitada la venta de pasajes a Rivera para el 28 de octubre. La ruta a Salto no aparecía activa y los vuelos a Asunción sí estaban disponibles. Para octubre se esperaban tres frecuencias semanales a Salto, una a Rivera y diez a Asunción.
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Varios carpinchos murieron en los últimos meses a causa de un cuadro de sarna que afecta a estos animales en Maldonado, Lavalleja y Paysandú. El Ministerio de Ambiente y la Facultad de Ciencias monitorean la situación e investigan qué provoca que los ejemplares bajen sus defensas y mueran.
Los primeros registros de carpinchos con sarna llegaron al Ministerio de Ambiente en 2024, principalmente en Villa Serrana, en Lavalleja. Posteriormente, se reportaron casos en Paysandú y Maldonado. En lo que va de 2026, las muertes aumentaron y se detectaron animales inmunosuprimidos que, según informaron las autoridades a Telemundo, mueren en menos de 48 horas. Para estudiar la situación, se conformó un grupo de trabajo integrado por investigadores del Ministerio de Ambiente, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Veterinaria y el Instituto de Higiene, además de dos expertos argentinos. El equipo realiza análisis para determinar qué tipo de sarna afecta a los animales y establecer si la enfermedad se transmite desde animales domésticos o si existe otro factor que explique los casos y el deterioro de su estado de salud. Como parte de la investigación, también se toman muestras y se realiza un seguimiento mediante cámaras trampa para observar a los ejemplares y reunir información que permita comprender qué está ocurriendo. Varios vecinos han reportado en redes sociales la muerte de carpinchos y manifestado su preocupación por la situación.
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Francia se prepara este sábado para una nueva jornada de protestas que ya no son exclusivas de los estudiantes. A las reivindicaciones estudiantiles que se mantienen desde hace un mes se suman otras sobre el costo de vida y el precio de los combustibles, y aparece otra vez la figura de los chalecos amarillos.
“Amarillos y jóvenes, nuestras luchas se reencuentran” es una de las frases utilizadas para convocar a marchas, concentraciones y otras actividades de protesta para este sábado. Entre los convocantes se encuentran las federaciones de estudiantes universitarios y liceales, la Confederación General del Trabajo (CGT), figuras del agro y antiguos militantes de los chalecos amarillos que protagonizaron fuertes protestas contra el gobierno francés a fines de 2018 y comienzos de 2019. La manifestación de este sábado no conforma el repertorio de actos organizados desde el movimiento estudiantil, sino que plantea demandas más amplias, como las referidas al costo de vida, los salarios y los precios del combustible. Fue convocada originalmente a través de redes sociales y apoyada por figuras vinculadas a los chalecos amarillos. Posteriormente los estudiantes se unieron a la difusión, y la CGT decidió adherir, en parte para prevenir que se apropien de la actividad figuras de ultraderecha que, justamente, centran sus críticas en el costo de vida. La convocatoria capta la atención de los militantes, ciudadanos, turistas y la propia Policía, además de plantear la incógnita sobre un regreso de los chalecos amarillos. Hasta el viernes se habían convocado más de un millar de actividades en toda Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con el gabinete y solicitó a los ministros acciones vinculadas con los reclamos estudiantiles. Aunque la reunión se desarrolló un día después del llamado “Acto V” del movimiento estudiantil, la quinta jornada de protestas masivas, no hubo referencias públicas del presidente a la represión policial. En ese encuentro, Macron expresó frente al gabinete que lamenta que “las reivindicaciones juveniles, que considera legítimas, estén siendo explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana”. Así fue informado por la vocera del gobierno, Maud Bregeon.
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Ascienden a 156 los heridos en el tercer día de protestas por la educación pública en Albania. El boicot a las clases que comenzaron los estudiantes ha dado lugar a una serie de disturbios antigubernamentales que cubren la capital del país balcánico. El primer ministro ha declarado que no dimitirá pese a la presión en las calles.
La tensión en las calles de Tirana —capital de Albania— no ha hecho más que aumentar, desde que grupos de estudiantes comenzaron un boicot a las clases de secundaria y universidad el pasado 13 de octubre, en protesta por las malas condiciones de la educación pública del país. Tres días después, la escala y el nivel de violencia de las manifestaciones se ha multiplicado, y las exigencias de reformas y la dimisión del ministro de Educación se han agravado hasta llegar al primer ministro Edi Rama. El ministro del Interior de Albania, Ervin Demo, ha informado a última hora de este viernes de que un total de 156 ciudadanos albaneses han resultado heridos como consecuencia de la violencia registrada en el marco de las protestas estudiantiles de los últimos cuatro días. Entre los afectados se encuentran 97 agentes de Policía, 45 manifestantes y 14 transeúntes ajenos a los enfrentamientos, además de cuatro menores de edad. Rama ha confirmado su intención de continuar en el cargo y ha culpado a la oposición por alentar los disturbios, asegurando que los manifestantes violentos serán juzgados por sus actos contra el orden público: "Cualquier que provoque el caos lo pagará".
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Un niño o niña muere al día en Gaza por ataques israelíes desde el anuncio de alto el fuego. Según un informe que ha hecho público UNICEF en las últimas dos semanas en territorio gazatí, han muerto cinco niños y dos niñas y al menos otros 33 niños y niñas han resultado gravemente heridos.
Cuando ha pasado algo más de un año desde que se anunció el alto el fuego; se ha informadoque durante este tiempo han muerto más de 340 niños y niñas y cientos más han resultado heridos. Especialmente para las familias que lloran la pérdida de sus hijos, estas terribles cifras no se corresponden con lo que la mayoría de las personas entiende por un alto el fuego. Un nuevo informe de UNICEF, publicado hoy, pone al descubierto el enorme coste humano de una guerra que sigue devastando a los niños y niñas, arrebatándoles la vida, la infancia y el futuro. Unos 800.000 niños y niñas siguen desplazados y la mayoría vive en tiendas de campaña o en edificios destruidos por los bombardeos que resultan peligrosos. Se calcula que 60.000 niños y niñas en Gaza han perdido a uno o a ambos progenitores, que han muerto durante la guerra o desde el alto el fuego. Prácticamente todos los niños y niñas necesitan algún tipo de apoyo de salud mental para recuperarse. Y ahora, cuando se acerca de nuevo el invierno, estos niños y niñas afrontan un cuarto año luchando por sobrevivir en condiciones extremas. Viven en tiendas de campaña dañadas, sin saneamiento y hacinados en cualquier espacio que sus familias puedan encontrar para improvisar un hogar. Aunque el alto el fuego ha permitido una mayor entrada de ayuda humanitaria y suministros comerciales en la Franja y la situación de seguridad alimentaria ha mejorado, para los niños y niñas de Gaza las consecuencias de la guerra impregnan todos los aspectos de la vida cotidiana: dónde duermen, qué comen, si pueden aprender, si se sienten lo bastante seguros para jugar y si las personas a las que quieren siguen a su lado. Las autoridades israelíes deben permitir la entrada de los materiales, equipos y suministros técnicos necesarios para rehabilitar las infraestructuras y restablecer los servicios esenciales. Sin la entrada de piezas de repuesto, generadores y aceite de motor en cantidades suficientes, ni siquiera podrán mantenerse los servicios que aún funcionan, pide UNICEF en su informe.
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