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Luego de diversas reuniones en Bruselas, el canciller de la República, Mario Lubetkin manejó como “muy probable” que el acuerdo Mercosur – Unión Europea se cierre antes de fin de año; en tanto, indicó que Uruguay comprometió su “disposición para seguir ayudando” al bloque europeo con los países que “tienen algún escepticismo”.
“Me fui con la sensación de que estamos muy cerquita, pero que todavía falta ajustar algunos aspectos”, evaluó el ministro de Relaciones Exteriores sobre su pasaje por Bruselas. En ese sentido, agregó que el acuerdo se podría estar firmando antes de 2026. En tanto, recordó que el Mercosur está “listo para firmar” cuando el bloque europeo termine su proceso interno. En cuanto a las dificultades planteadas en la actualidad para la firma definitiva del acuerdo, Lubetkin marcó la posición contraria que por lo pronto mantienen, sobre todo, Francia y Polonia. En ese sentido, explicó que si bien no es necesaria la conformidad de todos los integrantes del bloque, las autoridades de la UE pretenden que “haya una posición lo más compacta posible” a la hora del paso definitivo. Consultado sobre cómo sigue el proceso, el secretario de Estado reconoció que ahora es responsabilidad de “las propias autoridades europeas” el convencimiento de los países que “todavía tienen algún escepticismo”. “Les dijimos a las autoridades europeas que estamos a disposición para seguir ayudando, para que no queden dudas del lado europeo de que esto es una buena cosa para todos”, indicó el canciller sobre una posible nueva instancia en el continente europeo. En línea con ese compromiso asumido, Lubetkin remarcó el talante del encuentro mantenido el miércoles con integrantes del Parlamento Europeo y representantes de la sociedad civil. Destacó que el “nivel de participación” con el que contó la instancia demuestra la “enorme sensibilidad y búsqueda de entender” que genera el acuerdo en tierras europeas. En conclusión, el canciller reafirmó que se trata de un acuerdo que “va a ir más allá de lo comercial”. Puntualizó en la importancia de tener en cuenta la necesidad de avanzar hacia la visión común que busque conformar “una nueva comunidad de europeos y mercosurianos, pensando en los próximos 20 años”. Por último, y a nivel país, remarcó que espera que el “empuje” de este acuerdo -sumado al ya concretado con EFTA- permita “pensar” a partir de 2026 en un Uruguay que “no se pregunte a qué mercado va, sino que pregunte qué es lo que produce para llegar a esos mercados”.
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Un hombre de 35 años que contactaba a niños y adolescentes a través del videojuego online denominado Free Fire, y los obligaba a mantener relaciones sexuales fue condenado a 9 años y 10 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
El hombre fue condenado como como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, entre otros ilícitos, informó la Fiscalía General de la Nación. También, un delito de desacato, reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad, reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad (también conocido como grooming) especialmente agravado, acoso telemático especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real entre sí. La investigación concluyó que a través del juego Free Fire obtenía los datos de contacto de los usuarios y que mediante la red social Tik Tok –de la que era influencer– ofrecía regalos a los menores y los citaba por WhatsApp para entregarles los premios. Mediante videollamada, el ahora condenado también les pedía a los niños que hicieran determinados actos sexuales, a cambio de recargas de datos a sus celulares. Del examen del celular y equipos incautado se evidencian conversaciones con decenas de víctimas, tanto uruguayas como extranjeras. Además, se encontraron una serie de videos e imágenes con contenido sexual infantil, muchos de ellos elaborados por el propio condenado. Además de los casi 10 años de condena mediante proceso abreviado, el hombre no podrá trabajar en áreas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, o personas mayores de edad. Tampoco tendrá la patria potestad en caso de tener hijos menores de edad a su cargo. Una sanción económica equivalente a 12 Salarios Mínimos Nacionales, la inhabilitación especial para desempeñar tareas que impliquen trato directo con menores y la inscripción en el Registro de Abusadores Sexuales, son el resto de sanciones que recibió.
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La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) anunció que este lunes realizará un paro de 24 horas en Montevideo, con asamblea, en respuesta a la agresión que sufrió una maestra de la escuela 172 de Malvín, por parte de la madre de una estudiante de sexto año.
“Día tras día, la diversidad de situaciones a las cuales están expuestas las y los docentes, las familias y los niños y las niñas nos preocupa y necesitamos ocuparnos para encontrar, junto con la administración pública, una solución”, señalaron desde Ademu Montevideo a Telemundo. Tras un incidente que involucró a cuatro niñas de sexto año, este jueves, una de ellas fue observada. Desde la dirección convocaron a su madre, quien asistió en la mañana del viernes y, junto a otra de sus hijas, le propinó varias patadas a la docente. Según detallaron, la docente fue trasladada hace un año a esta escuela, que tiene unos 270 alumnos y es de tiempo extendido. Se radicó una denuncia en la Seccional 11 y ya declararon tanto la docente como la madre.
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El gerente del área de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo en Informativo Sarandí que Uruguay necesita la madurez democrática que no tuvieron otros países de la región para acordar una estrategia de largo plazo en seguridad pública.
El especialista dijo que Uruguay y la región "vienen dando pasos cada vez más decididos hacia una situación de mayor inseguridad, violencia y criminalidad". En ese sentido, dijo que nuestro país "tiene el doble de homicidios por habitantes que el promedio mundial, pero la mitad del promedio en América Latina". También destacó que "lo que nos dice la ciencia hace décadas es que, si solo invertís en controlar el delito, atrapar delincuentes y mandarlos presos, vas a tener cada vez más gente presa pero el delito no va a bajar". Eso, afirmó, "es lo que vemos en Uruguay, donde ya tenemos una de las 10 poblaciones penitenciarias más grandes del mundo". Sanjurjo dijo que la mayor urgencia en la materia "es ponernos de acuerdo en que este camino no funciona e invertir durante décadas en revertir todo este proceso equivocado que hemos llevado adelante". Finalmente, dijo que "lo que me gustaría ver como ciudadano es que la oposición, aunque piense que es una pérdida de tiempo, vaya igual a las mesas interpartidarias".
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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció dos nuevas prestaciones médicas que se incorporarán antes de fin de año.
Una de ellas es la cirugía laparoscópica de apendicitis, que hasta hoy tiene costos de entre $35.000 y $75.000, y que pasará a realizarse con una tasa moderada. La otra es la inclusión de anticoagulantes orales a precios subsidiados, que reducirán su costo mensual de hasta $7.500 a $250 por usuario. “Estas son prestaciones muy demandadas por la ciudadanía”, afirmó Lustemberg, y adelantó que el ministerio trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas para sumar más servicios en los próximos cuatro años. Además, anunció que en 2026 se abrirán 25 nuevos cargos de residencias médicas en el interior, con el objetivo de fomentar la permanencia de profesionales en los departamentos fuera de Montevideo. La ministra informó también que se crearán centros regionales de salud mental para atender consumos problemáticos y reforzar la cobertura en todo el país. Consultada sobre la reglamentación de la ley de eutanasia, Lustemberg indicó que Salud Pública conformará un equipo técnico y jurídico para implementarla “a la brevedad y con las máximas garantías”. Recordó que la ley de cuidados paliativos fue reglamentada la semana pasada y reconoció un descenso en la cobertura de estos servicios, especialmente en zonas sin equipos pediátricos.
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El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo que ahora se comenzará a llevar adelante “el trabajo necesario a nivel legislativo como en otros ámbitos, para poner sobre la mesa, el tema de la Defensoría Pública como servicio descentralizado.
En primer lugar, se debe abordar cómo afecta a los trabajadores este cambio intempestivo, sin tener en cuenta a los funcionarios administrativos y a los procuradores, mientras que, en segundo lugar, se deben analizar los problemas de relacionamiento institucional que de ahora en más pueden llegar a surgir entre los poderes del Estado”. En ese sentido, Pablo Elizalde dijo que “se observa nuevamente cómo el sistema político avasalla al sistema judicial, y a su vez luego también le pide respuestas sin darle recursos. Hay que tener en cuenta el problema grande de acceso a la Justicia, y si no hay un refuerzo de recursos, el encuadre institucional de la defensa pública poco importa, porque lo que se necesitan son más recursos para intervenir más en el territorio y para que existan más defensorías que puedan atender las distintas situaciones”. La organización sindical también explica en el texto que rechaza el proyecto porque “sólo toma en cuenta la situación” de los defensores, “arrastrando a 195 funcionarios administrativos y 68 procuradores a ser parte de un servicio, vulnerando su carrera administrativa y su posibilidad de elegir en qué organismo quedar”. Además, cuestiona al proyecto, al que “lejos de considerar al justiciable, al usuario, no contiene ninguna mejora para su acceso a la justicia, en tanto sigue vigente que el ingreso para acceder a la defensa pública es de 5 BPC [Bases de Prestaciones y Contribuciones], promedio”. Para AFJU, el nombramiento de los defensores públicos que corresponde constitucionalmente a la Suprema Corte de Justicia, “se transforma por este proyecto en una ratificación de mero trámite de una decisión adoptada en forma inconstitucional por otro poder del Estado”, y agrega que “es un proyecto de ley que contempla intereses corporativos, y no el interés general de la sociedad civil. Los datos que surgen del anuario estadístico del 2023 del Poder Judicial hablan por sí solos: 317 defensores en todo el país atendieron 3,6 personas cada uno, por día, o asistieron a 1,65 audiencias, o presentaron 1,2 escritos. Estas cifras nos llevan a preguntarnos cuál es el fondo de las dificultades de acceso de las personas y asegurar que este proyecto de ley no lo soluciona”.
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La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que toda la semana que viene, estará habilitado el período de preinscripciones presenciales para Educación Inicial y 1º de Primaria.
Esta instancia, que se extenderá desde el próximo lunes hasta el viernes 24 de octubre, está dirigida a menores de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2026 que no hayan realizado la preinscripción digital. Las familias comprendidas en ese grupo podrán presentarse en cualquiera de los jardines o escuelas, indicando la institución educativa de mayor preferencia como primera opción. El centro asignado será comunicado el 28 de noviembre a través del correo electrónico que se facilitará a las autoridades educativas al momento de la preinscripción. Hasta el pasado domingo 12 de octubre estaba habilitado el período de preinscripciones digitales, proceso que estuvo dirigido a niños de la misma edad. Las preinscripciones se pudieron realizar a través de la plataforma GURI Familia o la app móvil disponible. Además, incluía un código QR en el material gráfico oficial para facilitar el acceso. Las escuelas se encargaron de brindar apoyo a las familias que no contaban con medios digitales, asegurando que todos los niños sean registrados dentro de los plazos establecidos.
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Bolivia se apresta a redefinir su relación con el mundo tras el balotaje presidencial de este domingo, encontrándose en un momento de inflexión.
Por primera vez desde el retorno a la democracia, el país llega a una segunda vuelta presidencial, marcando el fin de la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y abriendo la puerta a una reconfiguración de su política exterior. ¿Qué alianzas se mantendrán, cuáles se romperán y hacia qué coordenadas geopolíticas se moverá el país andino?, son algunas de las preguntas que se plantean. La segunda vuelta presidencial de este domingo, no solo pone fin a la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), sino que abre un escenario de reconfiguración en la política exterior del país. Dos estilos de liderazgo y dos enfoques diplomáticos se disputan el futuro de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira plantea una política exterior orientada a la reconstrucción de relaciones con Estados Unidos y Chile, y una apertura comercial sin romper del todo con los vínculos heredados del MAS en el plano internacional. En contraste, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, propone un giro más definido hacia las derechas de la región, con énfasis en la reinserción plena en organismos multilaterales, el distanciamiento de gobiernos como Cuba y Nicaragua, Venezuela y una agenda más alineada con intereses conservadores.
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FLASH INFORMATIVO DE LAS 10:00 HORAS.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró que vio al papa León XIV "con una cabeza muy abierta" respecto al tema de la eutanasia. "Tenía claro que se votó la ley en Uruguay; me ejemplificó su visión con el ejemplo de un amigo suyo", añadió el mandatario.
"La profundidad de la conversación giró en torno a la visión que él tiene de la eutanasia, tenía claro que en Uruguay se había votado la ley", expresó el presidente Orsi. En ese sentido, comentó que el papa sabe que el cardenal Daniel Sturla planteó su "discrepancia" con la ley. "Hablamos sabiendo lo que pensábamos uno y otro, le contamos el proceso de discusión de la ley y miramos a futuro sobre cómo seguir trabajando en temas tan complejos. Me planteó ejemplos de gente relacionada a él con problemas enormes de salud y su visión me la ejemplificó en casos concretos", apuntó. "Él sabe que opina y llega hasta dónde puede llegar, y yo sé también que su visión es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos en clave nacional, pero también en visión universal", añadió. Orsi sostuvo además que vio al papa "con una cabeza muy abierta" y "parado en su posición", pero no "que de esto no se discute". "Lo mismo planteé yo, más allá de que Uruguay ya decidió, siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro más allá de si uno lo comparte o no", subrayó. Por último, el presidente comentó que León XIV "tiene muchas ganas" de visitar Uruguay. "Él quizás vaya al Río de la Plata y le gustaría ir a Uruguay, por supuesto", cerró el presidente de la República.
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Un Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la imputación del exsenador Charles Carrera por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó por mayoría el de falsificación ideológica por funcionario público, informó la fiscal del caso, Sandra Fleitas, a través del director de Comunicación Javier Benech.
El 30 de setiembre hubo audiencia en el caso y la Justicia rechazó el pedido de la fiscal de que Carrera cumpliera arresto domiciliario mientras aguarda la investigación. La justicia también rechazó el pedido de restricción de acercamiento a testigos que solicitó Fleitas. La fiscal Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada. Y también, por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales. Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del Frente Amplio. La fiscal había apelado y el tribunal confirmó la formalización, pero con cambio en los delitos.
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El exsenador del Frente Amplio Charles Carrera afirmó que comienza a derrumbarse la teoría del caso de la fiscal Fleitas, al haber sido revocado el delito más grave por el que se lo acusaba.
El también ex número tres del Ministerio del Interior durante la administración Mujica, se pronunció tras la decisión del Tribunal de Apelaciones Penal de 2° turno, que confirmó su formalización por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó el de falsificación ideológica por funcionario público como autor mediato. En una publicación en la red social X, Carrera afirmó: “Comienza a derrumbarse la teoría del caso de la fiscal”. Además, sostuvo que el delito "más grave" por el que se lo imputaba fue revocado, lo que, según destacó, “es clave, ya que era la base de su teoría”. El exlegislador también señaló que el Tribunal “dijo que los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada deberán demostrarse en el juicio, y que mi estado de inocencia aún se mantiene en su totalidad”, mientras que sobre el delito de falsificación ideológica, Carrera sostuvo que la decisión del Tribunal de Apelaciones “afirmó que no precisa siquiera esperar al juicio para descartarlo desde ya”.
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El Ministerio de Defensa Nacional entregará el apartamento de Elena Quinteros y la Cárcel del Pueblo en comodato a ANEP, según confirmó la ministra Sandra Lazo, quien también adelantó que trabaja en una “resolución para que se cumpla la ley, y poder dar acceso a los archivos” de la dictadura.
En conversación con la diaria Radio, la secretaria de Estado, informó que esa cartera va “a tomar algunas decisiones que son históricas”, con relación a las “reparaciones en materia de derechos humanos que están vinculadas a inmuebles”. Adelantó que se trata de la Cárcel del Pueblo y la casa de Elena Quinteros, maestra y militante anarquista, desaparecida en 1976 por la dictadura civil-militar. “Entendimos que era pertinente que en el caso de Elena, que toda su vida peleó por la educación popular, se le entregue [la casa] en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP], tras una decisión del directorio”, señaló. “Hay otro bien más polémico”, dijo en referencia a la Cárcel del Pueblo, ubicada en Cordón. “Nosotros no vamos a promover santuarios ni botines de guerra de nadie”, aclaró, y opinó que hay lugares “que tienen que tener vida, dinámica, tienen que seguir su curso. Quizás sí con la marca de memoria, pero no vacíos y sin actividad”. “La Cárcel del Pueblo va a estar en la misma condición” y será entregada a la ANEP para que “decida” qué uso le da. A su vez, Lazo confirmó que “tiene un diálogo fluido” con la doctora Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). “En breve daremos [a conocer] una resolución que tiene que ver con que se cumpla la ley: dar acceso a los archivos”, anunció. “No juzgo hijos por padres, todos somos hijos de alguien”, dijo Lazo respecto de las declaraciones de Mota al semanario Brecha, quien tras ser consultada sobre si creía que la designación del coronel Rodolfo Álvarez, hijo del represor Gregorio Álvarez, al frente del Hospital Militar, podría complejizar el acceso a documentos, respondió. “Yo espero que no. Si eso ocurre, lo diré. Pero realmente es llamativo. No quiero juzgar hijos por padres. Pero me resulta llamativo, sí, claro”.
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Una mujer murió tras ser herida de bala. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció producto de las heridas sufridas.
La mujer fue llevada desde el barrio El Tobogán, en la zona del Cerro, muy cerca del lugar donde este viernes de mañana una bebé de diez meses y su padre de 31 años fueron alcanzados por disparos de arma de fuego. La Policía trata de determinar si ambos hechos están relacionados. Además, los investigadores buscan establecer dónde fue la escena en la que la mujer fue herida de bala.
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La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera fijó para el 29 de octubre la audiencia de ampliación de imputación de una de las responsables de Conexión Ganadera, Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco.
La audiencia fue pedida por el fiscal Enrique Rodríguez quien ya le adelantó que solicitará imputarla por lavado de activos luego de que se probó que movió más de 2 millones de euros a una cuenta en España. Junto con la ampliación de imputación el fiscal pedirá también una modificación en la medida cautelar y pedirá prisión preventiva, lo que será discutido en audiencia ya que el defensor de Iewdiukow, Jorge Barrera, planteó en la audiencia del 6 de octubre en la que ella declaró en fiscalía, que la prisión en esta instancia sería una pena anticipada. En tanto, Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria luego de haber sido imputada por un delito de estafa, al igual que la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, mientras que Pablo Carrasco está en prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles, imputado por estafa y lavado. Al declarar en fiscalía, Iewdiukow justificó que los más de dos millones de euros que transfirió a una cuenta en España fueron en la compra de un apartamento en Madrid, y para separar la "economía familiar" de los gastos que realizaban en viajes, todo con dinero que entiende le correspondía de Conexión por el trabajo del matrimonio. También dijo que ese fue el único dinero que transfirió en los 25 años en que la empresa funcionó y se hubieran querido lavar dinero no lo hubieran hecho de manera tan simple usando sus cuentas. Además, Iewdiukow dijo que en Uruguay vivían con la "economía familiar", basada en sus sueldos de US$ 18.000 por mes –US$ 3.000 de Conexión y US$ 15.000 de Hernandarias–, y para los viajes todo el dinero "salía de esa cuenta de Madrid", en la que decidieron invertir porque "el agro era firme, el apartamento era interesante y que para tener acá teníamos un sueldo en dólares, teníamos ganadería y queríamos diversificar", y que afirmó que "se gastó".
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Para el 23% de la población, la situación económica del país es buena y para el 28% mala, según una encuesta de la consultora Cifra.
Las opiniones sobre cómo es la situación económica del país están divididas: 23% la considera buena, 28% mala y el resto ni buena ni mala. La camiseta política influye un poco en la visión sobre la economía, pero no mucho. La mitad de los frenteamplistas y más de la mitad de los colorados y los alejados de la política la ven “más o menos”. Una mayoría relativa de los blancos, en cambio, la ven mal. La percepción sobre la economía es muy similar a la que se registraba a principios del gobierno de Luis Lacalle Pou. Durante el gobierno anterior, el mínimo de juicios positivos fue 21% en 2021, saliendo de la pandemia, y desde entonces habían aumentado sistemáticamente hasta febrero del presente año, cuando el 42% consideraba que la situación económica era buena. Sin embargo, desde entonces el clima se ha ido deteriorando, y en setiembre se registra la proporción más baja de juicios positivos del año. ¿Cómo cree la gente que evolucionará la situación económica del país en los próximos meses? Casi la mitad (45%) espera que la situación económica siga igual, 33% piensa que mejorará y 22% que empeorará. En las predicciones sobre el futuro pesa mucho más la camiseta política: 54% de los frenteamplistas cree que la situación económica mejorará y apenas 5% que empeorará. Entre los votantes de la oposición quienes piensan que empeorará más que duplican a quienes esperan mejoras. Y los menos politizados son los que más apuestan a que la situación económica seguirá igual. A principios de este año el clima volvió a repuntar, y en marzo, el mes de la asunción del nuevo gobierno, 43% pensaba que la economía repuntaría. Sin embargo, de marzo a setiembre cae sistemáticamente la proporción que espera mejoras, y hoy sólo un tercio piensa que en los próximos meses la situación económica del país mejorará.
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El Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo.
La muerte ocurrió en la semana epidemiológica del 28 de octubre y el 4 de noviembre, según el boletín divulgado por la autoridad sanitaria. En lo que va del año, se han registrado 50 casos de la enfermedad. De ese total, 7 casos en Colonia y San José, 6 en Montevideo, 4 en Río Negro, Soriano y Treinta y Tres, 3 en Canelones y Rocha, 2 en Durazno, Florida, Paysandú, Rivera y Salto, y 1 en Cerro Largo y Tacuarembó. De acuerdo al informe de Salud P’ublica, los casos registrados presentan un promedio de edad de unos 42 años, con un rango de entre 14 y 83 años. El 96 % de los casos corresponde a hombres. Del total de casos, 30 requirió internación y uno falleció. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Generalmente, las personas adquieren leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados con la bacteria o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente. Los síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. La OPS destaca la importancia del diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.
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Tras no alcanzar acuerdo en una instancia tripartita desarrollada en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) entre la empresa Emporio de los Sándwiches y el sindicato de trabajadores, respaldado por la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, se pactó un cuarto intermedio. Las negociaciones continuarán la próxima semana.
El presidente de la mesa, Luis Echevarría, dijo que en la mencionada empresa hubo casos de persecución y hostigamiento y que existe “intransigencia patronal”. Explicó que a mitad de marzo pasado se conformó el sindicato de la empresa y que este, que contó en sus inicios con 30 mujeres afiliadas, se contactó con dirigentes de la mesa. El dirigente comentó que el grupo de trabajadoras planteó una serie de situaciones que sucedían en la firma, y que desde ese momento se recurrió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) donde “se plantearon diversos temas, siendo lo primero la regularización de las categorías y su correspondiente descripción de tareas”. “Estamos a mitad de octubre y eso no se logró concretar aún”, agregó. El dirigente sindical dijo que “cuando hay un convenio colectivo de categorías, cada una tiene su descripción de tareas, por lo que es en función de esa descripción que se percibe un salario. No es justo que después el trabajador realice tres o cuatro tareas y cobre por una sola categoría”. Agregó que además, en la empresa hay falta de personal y eso dificulta que las trabajadoras puedan tomar sus descansos correspondientes.
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Bajo la consigna "Con oportunidades las juventudes pisamos fuerte" se desarrollará en todo el país nuevamente la #INJU5K. En Montevideo se realiza este sábado 18 de octubre y en el interior del país las carreras sucederán entre los meses de octubre y noviembre.
La INJU5K es organizada por el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y cuenta con el apoyo de la Cámara de Representantes, el Congreso de Intendentes —a través de las intendencias departamentales y las oficinas de juventud—, la Administración Nacional de Correos, UTE, el Banco de Seguros del Estado, la Agrupación de Atletas del Uruguay, OSE, ASSE, y la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Cabe señalar que pueden participar personas mayores de 13 años, la inscripción es gratuita y participando te llevás una remera. Todas las personas menores de 18 años deberán completar un permiso que es imprescindible para su participación.
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El movimiento islamista palestino Hamás entregó a Israel los restos de un rehén más, a quien identificó como Elihayu Margalit, en tanto, el grupo islamista insistió en su compromiso de devolver a todos los cautivos muertos que aún no han sido encontrados bajo las ruinas de Gaza tras dos años de guerra.
"Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue devuelto" a sus fuerzas de seguridad en Gaza. Acusado por Israel de violar los términos de la tregua implementada el 10 de octubre, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra. "El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo", precisó en Telegram el movimiento, que gobierna Gaza desde 2007. El movimiento islamista aprovechó el fin de los combates para intentar retomar el control del territorio y esta semana anunció la ejecución de varios hombres a quienes presentó como "colaboradores" de Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "ir a matar" a los miembros de Hamás si el grupo "no deja de matar gente" en Gaza.
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