El canciller de la República, Mario Lubetkin, reconoció que “se ha dañado” el vínculo con el Frente Amplio, pero cuando “prime la verdad” -dijo- se reducirán “los niveles de desencuentro”, y afirmó que la “lección aprendida” de las repercusiones por un eventual acuerdo de deportaciones es que “hay que informar más”; remarcó que el gobierno tiene la misma posición que la fuerza política en este tema.
Respeto a los derechos humanos y a la voluntad de las personas de no ser enviadas a un país al que no quieren ir, serán parámetros de los que “no se moverá” Uruguay en sus conversaciones con Estados Unidos por un eventual acuerdo de deportaciones, aseguró Lubetkin, en entrevista con la diaria. Afirmó que Uruguay nunca tomó en consideración el documento enviado por Estados Unidos porque en ningún momento se acordó redactar un documento conjunto, ya que no existía “la madurez del diálogo como para llegar a eso”. Por otra parte, anunció que el 2 de setiembre habrá una reunión “informal” de cancilleres del Mercosur para discutir las cuotas del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y las transformaciones que necesita el bloque regional, y adelantó que hasta el momento Uruguay se ahorró diez millones de dólares por la aplicación de tarifas preferenciales por parte de la Unión Europea. Además, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que Uruguay está preocupado por los intentos de eliminar la Corte Penal Internacional (CPI) y por ejercicios militares “no tradicionales” que hay en la región, con participación de Estados Unidos.
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El canciller Mario Lubetkin comparecerá ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores el viernes 4 de setiembre. La fecha quedó confirmada por el senador nacionalista Rodrigo Blás, que había solicitado la convocatoria en junio; el senador cuestionó los días sin agenda oficial, los viáticos y la falta de respuestas del ministro.
Uno de los puntos que Blas pretende llevar a la comisión es la decisión de utilizar Roma como escala en recorridos que incluían otros destinos europeos: "Para ir a Bruselas y a Barcelona pasa primero por Roma", cuestionó el senador, quien reclamó conocer "por qué duerme días en Roma que debería estar en otro lado" y "qué costo tiene eso". En su opinión, el problema no se limita a la cantidad de viajes, sino a cómo fueron utilizados los recursos públicos durante esas misiones: "Yo creo que en el uso de los tiempos del Estado y del dinero del Estado hay que tener otra responsabilidad". El planteo de la oposición sobre los viaje del canciller surgió después de que Búsqueda informara que Lubetkin había acumulado al menos 160 días en misiones oficiales desde el comienzo de su gestión. Italia se convirtió en el destino que más llamó la atención: el canciller viajó siete veces a Roma y recibió viáticos correspondientes a 48 días en ese país, cerca del 30% total, según difundió el mismo medio. En su pedido de junio, Blás había reclamado conocer no solo cuántas veces viajó el canciller, sino también qué actividades realizó, qué resultados produjo cada misión y cuál fue el beneficio concreto para el país. La información publicada este jueves por Búsqueda agregó nuevos elementos a la discusión. Según el medio, entre marzo de 2025 y junio de 2026, Lubetkin realizó 30 viajes internacionales y recibió US$ 90.419 en viáticos, de los cuales reintegró US$ 36.937. Además, el relevamiento detectó períodos en los que la agenda oficial estuvo vacía. En una misión hubo cuatro jornadas consecutivas sin actividades registradas y, en otra, dos actividades concentradas en uno de los cinco días del viaje. Por su parte, Lubetkin afirmó, en junio, que las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) son gran parte de su razón de viajar a Italia. El canciller había defendido la relevancia de este país en ese proceso y sostuvo que el gobierno de Giorgia Meloni había sido inicialmente uno de los que más "resistencia" había planteado al acuerdo. El senador Blás descree de que esa gestión pueda explicar por sí sola el peso que tuvieron los viajes a Italia dentro de la agenda del canciller: "Me parece muy raro que los alemanes y los belgas vengan a requerir la ayuda de nuestro canciller para llegar a acuerdos internos", afirmó. El senador nacionalista también señaló que los datos fueron conocidos públicamente antes de que el canciller respondiera las consultas planteadas por los legisladores: "Cuando nosotros lo citamos, dijeron que primero en julio nos iba a responder y después si era necesario venía. Pasó julio, no nos respondió. Le responde a la prensa", relató. Sobre la posibilidad de ir a una interpelación, Blás desestimó que no será necesario si "siguen operando aquellas vergüenzas personales que en una época tenían los ministros".
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Los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) están realizando una asamblea este sábado desde las 8 de la mañana, para analizar la última propuesta presentada por la empresa en una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en procura de destrabar el conflicto por el nuevo convenio colectivo. Para el lunes, está fijada una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, aseguró que los trabajadores salieron de la instancia de negociación de este viernes con "un poco de sabor amargo", ya que pretendían un mayor abordaje de sus planteos. Reinaldo dijo que el sindicato cedió en la posibilidad de fijar las guardias gremiales, que eran pedidas por la empresa, pero que del lado de TCP, no recibieron un beneficio equivalente a esa medida. Desde el gremio, reconocen que hubo avances, pero "en los aspectos fundamentales para los trabajadores, hay un debe", aseguró. Los trabajadores reclaman a la empresa, 24 jornales asegurados y estabilidad laboral. "Hay un margen para poder avanzar que no lo hemos logrado", consideró. Con respecto a la instancia de este sábado, Reinaldo manejó una posibilidad sobre el resultado de la asamblea. "Una cosa es decir que no está aceptada, otra cosa es decir que es insuficiente y necesita mejoras, creo que viene por ahí", indicó. En ese caso, se continuará negociando. En tanto, para el lunes está fijada una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tanto, la directora nacional de Trabajo del MTSS, Marcela Barrios, dijo que de parte de TCP se considera "su última propuesta". La jerarca aseguró que la propuesta de la empresa "contempla la mayoría de los puntos que estuvieron en el proceso de negociación". En los 29 puntos "aparece algo de lo que eran las aspiraciones de los trabajadores", aunque "tal vez en algunos puntos no se contempla la totalidad, pero de todos los puntos se da una respuesta", afirmó. En principio, se descartó la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas sin pérdida salarial, por entender que aún no están dadas las condiciones, y la propuesta "mejora bastante" la cantidad de jornales asegurados con respecto al convenio colectivo anterior. Además, los trabajadores pretendían una mejor propuesta en cuanto a las categorías de determinado sector. Barrios destacó el clima de negociación entre las partes con propuestas para alcanzar un acuerdo. Ante una nueva asamblea, ahora en desarrollo, el sindicato de trabajadores de TCP detuvo sus actividades a las 7 de la mañana, y ya no se atienden camiones. El horario de reinicio de las tareas será definido en la misma asamblea.
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Más de 100 legisladores y dirigentes políticos del continente americano continúan reuniéndose en Montevideo, participando de una nueva edición del Congreso Panamericano Progresista, cuyo objetivo es avanzar en respuestas comunes frente a las diferentes crisis internacionales y alcanzar "un mejor equilibrio entre el norte y el sur de América".
El encuentro se extenderá hasta este domingo, y cuenta con representantes de diferentes países de la región, entre ellos, el expresidente de Chile Gabriel Boric, el exmandatario de Colombia Ernesto Samper, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por Uruguay participan, entre otros, la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. La convocatoria parte de un diagnóstico de "crisis múltiples e interrelacionadas" que atraviesan el continente. Entre los principales problemas identifica la erosión del orden internacional, el crecimiento de las migraciones forzadas, el aumento del costo de vida para las familias trabajadoras, los efectos de la aceleración tecnológica y el avance del crimen organizado frente a las capacidades de los Estados. "Frente a estos retos que atraviesa el continente sin importar fronteras, el Congreso Panamericano se ha consolidado como el único foro parlamentario permanente en el que las fuerzas democráticas y progresistas se reúnen para construir posiciones comunes", señalaron desde la organización. Durante las jornadas, los participantes trabajan sobre cuatro grandes áreas: paz, seguridad y multilateralismo; desarrollo sostenible e integración regional; soberanía digital e inteligencia artificial; y bienestar y cuidados. El objetivo es que las discusiones no queden únicamente en el diagnóstico de los problemas regionales, y según adelantó la organización, este domingo se presentarán acciones concretas para avanzar sobre la agenda definida durante el encuentro. Entre los participantes internacionales también se encuentran la excandidata presidencial chilena Jeannette Jara y el excanciller argentino Jorge Taiana, además del exministro ecuatoriano Andrés Arauz y el diputado mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar. Este domingo, se realizará el cierre de actividades en el Parlamento del Mercosur.
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El presidente de OSE, Pablo Ferreri, expresó que el organismo trabaja en un nuevo marco tarifario que sustituirá al vigente desde 1969, con el objetivo de adecuarlo a la realidad actual y promover un uso más eficiente del agua.
Según explicó en el programa Quién es Quién, de Diamante FM y Canal 5, la intención no es aumentar la recaudación, sino generar incentivos para quienes realizan un consumo racional y desestimular los consumos considerados excesivos. Ferreri señaló que OSE espera contar con el nuevo marco tarifario hacia fin de año. La propuesta contempla repensar las categorías y franjas existentes, tanto para usuarios residenciales como comerciales, y establecer mecanismos que incentiven a los hogares y empresas a mantener un consumo dentro de estándares considerados razonables. Como ejemplo, planteó el caso de una familia cuyo estándar de consumo fuera de 15 metros cúbicos mensuales y que utilizara 40 o 50 metros cúbicos. En esos casos, el esquema debería generar un desestímulo económico para los consumos que excedan ampliamente ese nivel. “No esperamos recaudar un peso más ni un peso menos”, afirmó al explicar el objetivo del cambio. Según sostuvo, la intención no es que quienes consumen más sigan consumiendo para pagar más, sino que converjan hacia niveles de consumo razonables para contribuir al cuidado del recurso. El presidente de OSE sostuvo que este cambio forma parte de una modificación más amplia en la forma de entender el agua en Uruguay. En su visión, la crisis de 2023 puso en evidencia que el recurso no es infinito y que asegurar cantidad y calidad requiere inversiones y también un uso responsable por parte de los consumidores. También señaló que el sistema tarifario actual se fue modificando durante décadas mediante distintos cambios parciales. Por eso, planteó la necesidad de realizar una revisión integral que permita adecuarlo a la realidad actual. “Todos esos parches hay que, por una vez, tomarse el tiempo necesario para estudiarlo a fondo y hacer algo que esté acorde a la realidad del siglo XXI”, sostuvo. Para elaborar la nueva estructura, OSE trabaja con asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo y expertos internacionales. El jerarca también señaló que OSE trabaja en distintas alternativas para asegurar el suministro de agua potable al este de la Costa de Oro. Entre las opciones que se estudian están la construcción de una represa o la instalación de una o más plantas desalinizadoras. A su vez, OSE prevé continuar con el tendido de redes de agua hacia esa zona. Mencionó específicamente a Jaureguiberry y Balneario Argentino, donde, según explicó, todavía se abastece a la población mediante camiones. El plan de inversiones también contempla la construcción de la séptima línea de bombeo, que irá desde Aguas Corrientes hasta la Ruta 8, a la altura de Pando. De acuerdo con el titular de OSE, las localidades de Canelones por las que pase esa línea podrán ser atendidas por ella, lo que permitirá aliviar la presión sobre la quinta línea de bombeo. La quinta línea continuará suministrando agua hacia Ciudad de la Costa, pero al dejar de atender parte de las localidades que pasarán a recibir agua por la séptima línea, tendrá una menor exigencia. Esto, según explicó, permitirá mejorar la presión del servicio en Ciudad de la Costa. Otro de los objetivos planteados es reducir el volumen de agua no facturada, que actualmente se ubica en torno al 48%. Según explicó, un 15% corresponde a pérdidas comerciales, vinculadas a subregistros, fraudes y otras situaciones, mientras que un 35% responde a pérdidas físicas en la red. En el caso de las pérdidas comerciales, OSE espera que la incorporación de la telemedición inteligente permita avanzar más rápidamente. El objetivo durante este período es reducir al menos cinco puntos porcentuales de ese 15%.
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Para la próxima semana, está convocado un ámbito de negociación tripartita, luego de la confirmación del cierre de Fabricas Nacionales de Cerveza en la ciudad de Minas.
Lo confirmó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien aseguró que para su cartera, los trabajadores son prioridad.
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El sindicato de trabajadores de Ancap, suspendió distintas medidas de lucha, y aceptó un cuarto intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para negociar una propuesta.
El gremio nucleado en FANCAP, reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo. Desde el ente señalaron que las medidas generaban "distorsiones" en la operativa de la planta de La Tablada. El sindicato de Ancap suspendió las medidas y aceptó el cuarto intermedio del Ministerio de Trabajo, oportunidad en la que negociarán de forma bipartita a partir de la última propuesta presentada en la instancia. Cabe recordar que Fancap realizó dos paros este lunes, que durante ocho horas, de 5:30 a 9:30 y de 18 a 22 horas, afectaron la operativa normal de la planta de distribución de combustibles de La Tablada. El presidente del gremio, Salvador Sprovieri, descartó que los paros del lunes tuvieran repercusiones en las estaciones de servicio. En tanto, el Ministerio de Industria analizaba la esencialidad, si las medidas del sindicato de Ancap afectan el abastecimiento a la población Desde el ente estatal informaron el lunes que las medidas generaban "distorsiones" en la operativa de la planta de La Tablada. El sindicato reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo y asegura que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la empresa no ha demostrado voluntad de acordar.
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Más de 2.800 estudiantes se revincularon al sistema educativo en 2026, dijo la directora sectorial de Integración Educativa de ANEP, Gabriela Pérez Machado, que explicó cómo se desarrolla esta estrategia que busca contactar y reintegrar a jóvenes de todo el país a la educación formal
De los 6.800 estudiantes identificados este año para iniciar el proceso de contacto, más de 2.800 se revincularon, lo que representa alrededor del 41% del universo inicial. Así, Pérez Machado señaló que siete de cada diez estudiantes son adolescentes, principalmente de entre 15 y 17 años. A su vez, profundizó en que la desvinculación “no responde a una falta de interés” de las familias, sino a barreras vinculadas generalmente con el transporte, los horarios, los cuidados, el trabajo y/o situaciones de salud. “En principio, y en la inmensa mayoría de las situaciones, no es una decisión o voluntad de los adultos” subrayó la directora, quien agregó que la deserción suele “ser un proceso que no sucede instantáneamente”.
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La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una circular donde establece la obligación, para las instituciones financieras habilitadas para recibir depósitos y que ofrezcan la apertura de cuentas en moneda extranjera, de informar a sus clientes (personas físicas o empresas unipersonales residentes) sobre los riesgos de tipo de cambio.
Si el depósito es en dólares, en la documentación a entregar al momento de la apertura de la cuenta, debe leerse: "Información sobre el riesgo de tipo de cambio: Este depósito está denominado en dólares, por lo que se encuentra expuesto al riesgo de tipo de cambio. Aunque su valor en moneda extranjera no cambie, su equivalente en pesos uruguayos podría sufrir variaciones negativas o positivas como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias”. La obligación se establece en el marco del Plan de Regulaciones 2026 del BCU, para las instituciones habilitadas a recibir depósitos, y se concreta luego de consultas a los actores del sistema financiero y al público. Entrará en vigencia a partir del 1 de octubre para los nuevos depósitos, y el plazo para notificar a los ya existentes vence el 31 de diciembre.
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Los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva y Estados Unidos, Donald Trump, conversaron sobre aranceles y conflictos internacionales, oportunidad en la que el primero dijo que los argumentos para gravar a los productos brasileños son infundados, y acordaron que equipos diplomáticos de los dos países se reunirán para dialogar.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su par estadounidense Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica de una hora y 20 minutos. Durante ese diálogo trataron sobre los aranceles adicionales de 25% que Washington impuso a diversos productos que importa desde Brasil, a los que se agregaron después otras tasas decretadas para decenas de países, que en el caso de Brasil son de 12,5%. Lula, que fue quien tomó la iniciativa para este diálogo, defendió que se retomen las negociaciones comerciales bilaterales y dijo que las razones que esgrimió Estados Unidos para imponerle esas altas tasas arancelarias son infundadas, informó Agência Brasil. Según argumentó Washington en su momento, esas tasas fueron impuestas porque Brasil no hacía lo suficiente para combatir el trabajo forzoso, perjudicaba a empresas estadounidenses al promover el sistema de pago Pix y no combatía la deforestación, entre otros puntos. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia brasileña, después de señalar el viernes “que los aranceles afectan negativamente tanto a Brasil como a Estados Unidos”, Lula “afirmó que mantenerse en la mesa de negociación es la mejor opción para ambos países”. A su vez, “Trump coincidió en la necesidad de preservar vínculos comerciales sólidos y propuso que los equipos de ambos países volvieran a reunirse lo antes posible”. Otro de los puntos que trataron fue el de la seguridad. Lula le transmitió al presidente estadounidense que el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital pueden causar terror entre sus víctimas, en particular en los barrios más pobres, pero no son organizaciones terroristas, sino grupos criminales, informó la agencia estatal. El presidente Lula explicó qué medidas toma su gobierno para enfrentar a esos grupos, como la “asfixia financiera”, sin necesidad de cambiar su calificación. Le manifestó además su “interés” en que los dos países colaboren en el combate al crimen organizado. Los presidentes también conversaron sobre las elecciones, pero de manera superficial, en un “intercambio cordial”. Fuentes del gobierno dijeron al portal Metrópoles que al comienzo de la llamada, Trump preguntó cómo le iba a Brasil con la preparación para la votación en octubre, y Lula le manifestó que el proceso transcurre de manera tranquila, con un sistema electoral que es seguro y con varios candidatos en competencia. La charla abordó también algunos conflictos internacionales: la guerra en Ucrania, la situación de Irán y la de Medio Oriente. Durante el diálogo, Lula lamentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya generado los espacios para encontrar salidas diplomáticas a estos conflictos, y cuestionó esa “inoperancia”. De acuerdo con el comunicado oficial, Lula le manifestó a Trump que “los grandes líderes no son aquellos que inician guerras, sino aquellos que las terminan”.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha elevado a 321 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y el oeste del país la semana pasada.
Así consta en el último balance publicado por el organismo, que cifra además en 4.595 los heridos y en 257 las personas que continúan desaparecidas. Hasta el momento, 364 personas han sido rescatadas. Asimismo, la UNGRD informa de que más de 30.800 viviendas han quedado destruidas y cerca de 152.000 han sufrido daños, además de más de 300 edificios colapsados. El presidente del país, Abelardo de la Espriella, firmó este miércoles un decreto de emergencia económica, social y ecológica con el objetivo de atender a las víctimas y acometer la reconstrucción de las provincias afectadas por el seísmo. "No se trata solo de reconstruir viviendas, sino de recuperar comercios e infraestructuras públicas esenciales, como escuelas, hospitales y otras obras indispensables para la vida de las comunidades", ha señalado el mandatario en declaraciones recogidas por Radio Caracol. No obstante, ha advertido de que el país afronta "una realidad fiscal extraordinariamente difícil" y ha lamentado que, "en condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían afrontarse mediante los instrumentos ordinarios del Estado y la ampliación de las partidas del Presupuesto General de la Nación".
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Un ataque aéreo del ejército de Birmania contra un monasterio donde numerosos civiles se habían reunido para un retiro de meditación, dejó un saldo de 14 personas muertas.
El ataque ocurrió alrededor de las 9H00 (2H30 GMT) del viernes, cerca de la localidad de Myaung, en el centro del país, y causó la muerte de 11 hombres y tres mujeres, según Nway Oo Myaung, un rebelde prodemocracia, que ayudó a recuperar los cuerpos. "Unas personas mayores habían ingresado al centro de meditación para pasar tres meses allí", explicó. "Las víctimas tenían entre 50 y 70 años", añadió. "No fue un ataque por error, atacaron intencionalmente un monasterio". Un segundo combatiente local, confirmó el número de muertos del ataque. "Cinco de los fallecidos eran de nuestra aldea y los otros nueve de aldeas vecinas", dijo. "Mientras intentábamos rescatar a la gente, el avión regresó para bombardearnos por segunda vez". No fue posible contactar de inmediato con el ejército birmano para obtener comentarios. Más de 100.000 personas han muerto en todos los bandos desde el inicio de la guerra civil en Birmania, que comenzó en 2021 con un golpe militar que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Investigadores de la ONU publicaron la semana pasada un informe en el que acusan al ejército de intensificar sus ataques aéreos contra civiles.
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