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El comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, dispuso una investigación administrativa de urgencia por el entrenamiento que realizaban los buzos del ejército que murieron en el río Uruguay; entre otras cosas buscan "identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó". Además, se investiga a nivel judicial.
El jerarca castrense dio detalles de las tareas de entrenamiento que realizaban los militares, así como del equipamiento que utilizaban, en tanto, se está investigando si el protocolo se cumplió. El comandante Stevenazzi aseguró que "es la primera vez que hay un accidente en el río" luego de que más de 900 efectivos pasaron por esta prueba. Al explicar detalles del caso en conferencia de prensa, sostuvo que los jóvenes buzos no estaban en inmersión, sino en nado en superficie y que era la quinta prueba de este tipo. También aseguró que el equipamiento era el de un buzo táctico, individual, además de su armamento y una mochila impermeable que flota. "Eran 20 efectivos en el agua, que hay una cuerda en el medio y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad. Iban cuatro embarcaciones con elementos de seguridad, e iban ocho instructores nadando alrededor de ellos, total 16 instructores en el trabajo, en el área. Después de un rato de iniciar este proceso de natación por superficie, se desata un problema que es el que estamos investigando, que cuatro de esos buzos se sumergen". Además, el jefe militar aseguró que son ejercicios que se realizan con previa autorización de la autoridad naval y que esta zona es utilizada "permanentemente" por el batallón. Uno de los puntos en investigación consiste en saber por qué los buzos no se desvincularon durante el hundimiento y si el protocolo ante lo que sucedía se cumplió. "Ellos van vinculados -por la cuerda- y llevan una anilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó, por eso estamos investigando. Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado. El río un poquito de corriente tiene, la midieron hace pocas horas y no es prohibitiva para trabajar, pero es así, ese es el procedimiento normal", sostuvo sobre el protocolo que se debe seguir.
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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo en conferencia de prensa que acompañan y siguen de cerca a las familias, tras el fallecimiento de tres buzos que practicaban un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo.
"Es un día de luto, por supuesto para las familias, para el Ejército Nacional, pero para la sociedad uruguaya en su conjunto. Son tres vidas jóvenes que se pierden. Tres familias que hoy estuvimos acompañando que además fuimos a comprometer el acompañamiento posterior a esta jornada", expresó. Y agregó: "Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente. Se están llevando adelante las actuaciones correspondientes, herramientas con las que contamos para llevar adelante una investigación rigurosa y objetiva con la seriedad y sobriedad que el hecho merece". La ministra destacó que, por encima de todo, está la cuestión humana, la empatía y el recogimiento que merece la situación; comentó que hay detalles que no pueden brindar porque están en el marco de varias investigaciones. El Ejército Nacional informó que los fallecidos durante un ejercicio militar en aguas del río Uruguay, en Fray Bentos, son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, y el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2. El cuerpo del cabo Juan Rocha fue hallado cerca del histórico muelle del Anglo. Son tres los integrantes del Ejército fallecidos y un cuarto permanece internado en CTI. Por su parte, el presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje en redes sociales tras conocer la tragedia: “A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”.
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El presidente Yamandú Orsi y el flamante mandatario reelecto en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podrían reunirse antes de fin de año en Uruguay, y en el gobierno ya se trabaja para que el encuentro tenga lugar a principios de diciembre, en el marco de la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo.
El triunfo de Lula en el balotaje, firmando una remontada contra el candidato opositor Flávio Bolsonaro, que había triunfado en primera vuelta, deja abierta la puerta para mantener una buena sintonía entre ambos países, dada además, la relación cercana entre los jefes de Estado. En ese marco, tanto desde Cancillería como desde el Frente Amplio, anticipan una pronta visita del referente del Partido de los Trabajadores, que comenzará el año próximo su cuarto mandato al frente del gigante sudamericano. En este sentido, el canciller Mario Lubetkin sostuvo que “Lula tiene que ordenar su agenda a la luz del resultado de ayer”, pero apuntó que “se verán en Montevideo el 4 de diciembre”, en el marco de la cumbre del Mercosur y aclaró: “Antes de eso, veremos diferentes posibilidades”. “Estamos naturalmente felices por la fiesta de la democracia. Los dos presidentes tienen una relación de amistad”, valoró Lubetkin, quien sostuvo que Orsi fue el primero en saludar a su par brasileño después de la remontada electoral. En paralelo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que el triunfo del líder del PT “era fundamental” y expresó: “Lo pudimos abrazar y decirle que el Frente Amplio en Uruguay estaba abrazando la victoria en La Huella (de Seregni)”, donde la militancia frenteamplista se reunió para celebrar. Sobre la respuesta del flamante presidente brasileño reelecto, contó que dijo “que quiere mucho a Uruguay, que venía pronto y que le mandara un abrazo a Lucía (Topolansky)”, en alusión a la cercanía de Lula con la exvicepresidenta y el fallecido exmandatario José Mujica.
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El fenómeno climático El Niño comenzará a tener consecuencias fuertes en Uruguay, y por lo menos, hasta este lunes, habría jornadas inestables marcadas por chaparrones intensos; las temperaturas llegarán a los 28ºC en algunos departamentos.
Las tendencias muestran que, conforme al avance de noviembre, los episodios de lluvia comenzarán a ser más asiduos y su intensidad se concentrará en el norte del país. Se esperan lluvias excesivas, que estarán aparejadas a tormentas con rachas de viento y granizo, según señala el experto José Serra. El mes más complejo, de acuerdo con lo que adelantó el meteorólogo, será diciembre. Esto provocará que en Salto, Artigas, Cerro Largo, Rivera y Rocha se concentren los mayores acumulados, con un importante riesgo de inundación. El meteorólogo detalló que esto hará que el verano, en términos de temperatura, no sea el esperado en el último mes del año. “Las sensaciones térmicas serán más bien de primavera, pero no tendremos olas de calor y podemos decir que el verano se va a reducir”, añadió. En ese sentido, Serra advirtió que las lluvias serán intensas y en cortos períodos, lo que puede provocar inundaciones en algunas ciudades a raíz de bocas de tormentas tapadas. “No tenemos una comparación con otro Niño entonces es difícil ponerlo en términos históricos. Nunca se vio nada igual en materia de este fenómeno”, concluyó.
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La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) solicitó una audiencia de carácter urgente al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para abordar una serie de situaciones que atribuyen a “un desgaste deliberado de las relaciones laborales” por parte del seguro médico privado Blue Cross & Blue Shield.
En una misiva enviada a Castillo, los trabajadores acusan que la empresa desplegó “una política sistemática de hostigamiento, persecución sindical”, que involucra “amenazas explícitas, aprietes y un absoluto desconocimiento de los derechos laborales y normativas vigentes”. Desde la FUS aseguran que las acciones que denuncian “configuran una clara estrategia de represión contra el trabajador sindicalizado” y que la empresa “está vulnerando de forma flagrante los fueros sindicales vigentes y los principios de libertad sindical”. Así, y ante “la gravedad de estos hechos”, exhortaron a Castillo a que les conceda una entrevista. El diferendo tiene su origen en algunas diferencias en el marco de un proceso de sindicalización que lleva adelante un grupo reducido de la plantilla de trabajadores que se desempeña en Blue Cross & Blue Shield. En ese sentido, el secretario general de la FUS, Marcos Franco, explicó que la empresa no contaba con un sindicato desde su llegada a Uruguay en 1994, algo que “vulneraba los derechos de los trabajadores”. También denunció, en la misma línea, que tampoco cumplía con una serie de “derechos que están consagrados en el laudo único que tiene la federación”. Entre otros, el secretario general de la FUS notó que los funcionarios administrativos cumplían con nueve horas de trabajo hasta hace dos meses, cuando el laudo establece uno de siete. A eso le añadió que mientras que dicho laudo “dice que se tiene que pagar una prima por antigüedad en porcentaje de acuerdo a los años que se trabajan”, esto no era así. “Ni una cosa ni la otra estaban regularizadas”, acusó el sindicalista. Asimismo, aunque la plantilla de Blue Cross & Blue Shield está compuesta mayoritariamente por mujeres, dentro de la empresa “no existe ni funciona” una Comisión de Salud Laboral ni tampoco una de Género propiamente dichas. Por lo que si bien la empresa asegura contar con servicios “de calidad”, “en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores”, estos son “de cuarta o de quinta categoría”. Por tal motivo se resolvió adoptar una “campaña de difusión pública” de los hechos denunciados, que eventualmente puede llevar a otras medidas en acuerdo con los trabajadores. Además, se remitirá una nota a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina –la contraparte de la FUS en el país vecino– para transmitirles la situación, en tanto “los dueños [y] principales accionistas de Blue Cross están en Argentina”.
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La investigación conocida como Operación Carancho tuvo un nuevo capítulo, al condenar a tres personas por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso de información privilegiada, en el marco de una organización de Policías, funcionarios de la salud, inspectores de tránsito y abogados que obtenía datos de víctimas de siniestros de forma ilegal.
Uno es un funcionario policial, al que se lo condenó con tres años de penitenciaria, 50 UR de multa e inhabilitación de dos años. Además, dos civiles fueron condenados con 24 meses de prisión, sustituidos por régimen de libertad a prueba. Sin embargo, los primeros 18 meses serán con arresto domiciliario total. La Operación Carancho dejó al descubierto una organización entre Policías, funcionarios de la salud, inspectores de tránsito y abogados, que obtenían de forma ilegal datos reservados de personas accidentadas (teléfonos, direcciones, historias clínicas e incluso fotos de las lesiones). Esos datos se pasaban a abogados o gestores -utilizando grupos de WhatsApp- para llamar a las víctimas o a sus familias a los pocos minutos del siniestro y ofrecerles representación legal para cobrar por ejemplo, el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
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El Poder Ejecutivo dispuso mantener sin cambios los precios de los combustibles en noviembre, como parte de la estrategia de amortiguación implementada desde abril en el marco del conflicto en Medio Oriente y la suba de los valores del petróleo.
Si bien los precios internacionales sugerían un incremento tanto para las naftas como para el gasoil, el gobierno decidió volver a absorber el shock de la situación geopolítica, más allá de que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sugería aumentos. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) precisó mediante un comunicado que “la decisión da continuidad a la estrategia de amortiguación” que comenzó con el impulso del crudo por la guerra en Medio Oriente, algo que atribuyeron a "la capacidad de refinación de Ancap". Según los cálculos de Ursea sobre los precios de venta al público de referencia (PVP de referencia), el gobierno evitó aumentos de aproximadamente tres por litro en las naftas y 20 pesos por litro en el gasoil, lo que supone incrementos de 3,3% y 31,3%, respectivamente, para noviembre. Luego de la suba aplicada en octubre después de tres meses de congelamiento, el MIEM destacó que los precios de venta en las estaciones de servicio se mantuvieron siempre por debajo del PVP de referencia desde abril, valorando la decisión política de no trasladar el encarecimiento de los precios internacionales de la energía en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
En este escenario, los valores de los combustibles al surtidor quedaron de la siguiente manera:
Nafta Súper 95: 90,45 pesos por litro.
Nafta Premium 97: 93,01 pesos por litro.
Gasoil 50S: 62,79 pesos por litro.
Gasoil 10S: 72,05 pesos por litro.
Supergás: 93,56 pesos por kilo.
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Un uruguayo de 39 años, que estaba requerido por tráfico internacional de drogas y crimen organizado, y tenía alerta roja de Interpol, fue extraditado y entregado a las autoridades de Brasil.
De acuerdo a la investigación, el uruguayo estuvo a cargo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, de un depósito de armas y drogas en la ciudad de Chuy, en Rocha, de la organización delictiva que integraba. Además, había actuado como mula, transportando drogas, y ayudó a su grupo criminal a atacar a otra organización rival en la disputa del narcotráfico en la región. Según la Policía de Brasil, el delincuente es integrante del Primer Comando de la Frontera (PCF). En Uruguay, tiene antecedentes penales por narcotráfico, tráfico de armas y hurtos, y se encontraba cumpliendo pena de prisión en el país. Este viernes, un equipo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organización e Interpol con apoyo de la Dirección General Operaciones Especiales (Digoe) lo entregó a autoridades brasileñas.
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Mañana domingo 1º de noviembre, entre las 11.00 y las 17.00, la calle 25 de Mayo será transitoriamente La Calle de los Altares. La actividad es impulsada junto con la Embajada de México en Uruguay y reunirá a distintas instituciones culturales de Ciudad Vieja para celebrar el tradicional Día de Muertos al estilo mexicano.
El punto de partida del recorrido será el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI, 25 de Mayo 279 esquina Pérez Castellano), aunque se instalarán altares en otros diez sitios del barrio: Palacio Estévez, MIDES–Migrantes, Junta Departamental de Montevideo, Museo Histórico Nacional, Museo de Artes Decorativas–Palacio Taranco, Fundación de Cultura Universitaria, Pinches Artistas, y atención que el Cabildo, donde habrá una exposición de máscaras, y el Centro Cultural de España se podrán visitar hasta las 14.00 y 15.00, respectivamente. Todas las actividades serán con entrada libre. Los altares constituyen espacios de homenaje y memoria en los que se reúnen objetos, imágenes y ofrendas vinculados con las personas fallecidas y con aquello que se desea recordar. En esta oportunidad, el altar del MAPI estará dedicado a las lenguas indígenas desaparecidas de México y Uruguay. A las 11.30 habrá un desfile de máscaras mexicanas con piezas de la colección de Claudio Rama, en tanto que entre las 12.30 y las 16.30 se desarrollará el taller Acá viven los muertos, a cargo del dibujante Gervasio Troche. La celebración también incluirá propuestas gastronómicas en el estacionamiento del museo y en MAPI Café.
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El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, protagonizó un altercado con varios jueces al acceder al Tribunal Constitucional, en plena disputa por el control de la institución, y acusó al Gobierno de "golpe de Estado"
La crisis política y judicial de Polonia se ha agravado durante la noche del viernes a este sábado, después de que siete jueces elegidos por el Parlamento accedieran a la sede del Tribunal Constitucional, en Varsovia, acompañados por agentes de seguridad del Estado. El presidente polaco, Karol Nawrocki, interrumpió su viaje a Senegal para regresar al país y acudir al tribunal, donde se produjeron empujones cuando intentaba entrar. Nawrocki acusa al Gobierno de haber tomado por la fuerza una institución del Estado y ha convocado consultas políticas urgentes para este sábado. El enfrentamiento es el último episodio de una larga disputa entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y el sector político próximo al anterior Ejecutivo del partido conservador Ley y Justicia (PiS) por el control y la independencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional polaco, encargado de determinar si las leyes respetan la Constitución, lleva años en el centro de una disputa política. Durante los gobiernos de Ley y Justicia, entre 2015 y 2023, la Unión Europea cuestionó la independencia de la institución por la influencia política sobre los nombramientos judiciales. Desde su llegada al poder en 2023, el Gobierno de Donald Tusk ha tratado de reformar el sistema judicial. Sin embargo, el presidente Karol Nawrocki, próximo a PiS, se ha opuesto a algunos de esos cambios.
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Una jueza federal estadounidense ordenó al Departamento de Justicia y al de Seguridad Nacional que detuvieran las presiones sobre los funcionarios electorales, en un contexto de acusaciones de fraude antes de las elecciones de mitad de mandato.
La orden de la jueza Trina Thompson, del Distrito Norte de California, supone un revés para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por restringir el voto de personas que, según afirma, podrían no ser ciudadanos estadounidenses en las elecciones del próximo 3 de noviembre. "Los demandados no deberán amenazar, intimidar ni coaccionar a funcionarios ni trabajadores electorales estatales o locales para exigir que detengan el procesamiento de las papeletas de cualquier votante registrado únicamente sobre la base de que la papeleta pertenece a una persona que los demandados alegan que no tiene derecho a votar", escribió Thompson. La orden de restricción temporal fue emitida en respuesta a una demanda presentada por sindicatos y grupos de derechos civiles contra el Departamento de Justicia. Otro juez federal ya había rechazado el miércoles la solicitud del gobierno de obligar a California a suspender el escrutinio de 20.000 papeletas pertenecientes a personas a las que acusa de ser extranjeras. El Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones del próximo martes, y los críticos han acusado a su gobierno de intentar sembrar dudas sobre los resultados electorales.
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Casi 200 países adoptaron en una cumbre de biodiversidad de la ONU en Armenia acuerdos arduamente negociados para intentar frenar la destrucción de la naturaleza de aquí a 2030.
Los delegados celebraron entre vítores la aprobación de los textos, tras prolongarse las negociaciones más allá del plazo previsto y después de dos semanas de tensas conversaciones en la conferencia COP17, celebrada en Ereván, la capital armenia. "Y eso es todo. Perfecto", dijo el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, en la apertura de la sesión final nocturna mientras hacía sonar el mazo sobre los documentos, cuyas versiones finales no estaban disponibles de inmediato. Más tarde, el entusiasmo inicial dio paso a debates en ocasiones acalorados, compromisos logrados tras numerosas idas y venidas y avances limitados en ciertos temas. El mundo ya había adoptado en 2022 un pacto histórico que fija ambiciosos objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Pero, antes de la cumbre, la ONU advirtió de que los países no lograrían alcanzar las metas a menos que rectificaran urgentemente el rumbo. La mayoría de los objetivos van camino de incumplirse, incluidos los compromisos de proteger el 30% de la superficie terrestre y de los océanos del planeta, combatir la contaminación y proporcionar a los países más pobres una financiación más amplia para la conservación.
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