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La Universidad de la República suspendió las clases y actividades académicas hasta el próximo martes, para continuar con acciones contra la violencia de género. Su Consejo Directivo Central se reunió de forma extraordinaria, para abordar lo ocurrido en la institución tras el intento de femicidio en la Facultad de Medicina.
Después de haberse declarado en “sesión permanente”, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República definió convocarse ayer viernes para seguir abordando la situación generada en la institución después del intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina. La sesión transcurrió mientras ocho facultades estaban siendo ocupadas por centros de estudiantes que en su mayoría se manifestaron en contra de que el CDC no haya suspendido las clases como lo solicitó el orden estudiantil. Por la dinámica que se generó en la sesión, los representantes del orden, que pertenecen a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), fueron pidiendo la palabra para que distintos centros de estudiantes leyeran declaraciones elaboradas en el marco de sus asambleas. Si bien todas fueron críticas con las resoluciones del CDC, algunas fueron especialmente duras contra las autoridades que integran el cuerpo y no acompañaron la postura de la FEUU. Por ejemplo, la proclama de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria rechazó las declaraciones del decano de Medicina, Arturo Briva, realizadas a pocas horas de la agresión, y consideró que “quien no colabora se vuelve cómplice”. Ese tipo de planteos fueron respondidos por algunos decanos, como el de Psicología, Enrico Irrazábal, quien llamó a encarar el tema en conjunto y sin buscar culpables en las autoridades de la institución, ya que la intención del CDC nunca fue la de retomar acciones como si nada hubiera pasado. Por el contrario, señaló que se debió a motivos “tácticos”, en el entendido de que suspender las clases no hubiera posibilitado el abordaje y la reflexión del tema, como ocurrió en varias facultades, de acuerdo con lo que plantearon también otros decanos. Si bien los estudiantes solicitaron la suspensión de clases durante toda la semana próxima, el rector, Héctor Cancela, quien compartió los argumentos de la FEUU, propuso que la suspensión de las actividades académicas –incluyendo las clases– sea hasta el martes, cuando volverá a sesionar el CDC de forma extraordinaria. Los otros puntos resueltos por el CDC incluyen, entre otros, el reconocimiento de “las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género, y renovar su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria. También se mandata a la comisión a proponer mecanismos reparatorios para las víctimas de violencia, acoso y discriminación. Con la participación del rectorado y de otros espacios que abordan la temática de género, se pide a dicho espacio la elaboración de un plan de acciones concretas que incorpore estos planteos en un plazo no mayor a 60 días.
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El director de Enseñanza Secundaria, Manuel Oroño, confirmó que la ANEP registró una sola denuncia contra el agresor de Facultad de Medicina durante su etapa liceal; explicó que se había intervenido a través de un trabajo con psicólogos, se había cambiado de turno al estudiante y se había entrevistado a las familias. En tanto, docentes de liceos de Salinas, reconocieron que en su momento, los estudiantes no se sintieron escuchados.
El director general de Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se refirió a algunas situaciones de violencia protagonizadas en su etapa liceal, por el agresor de la estudiante de la Facultad de Medicina el martes pasado. En tal sentido, Oroño se refirió al hecho de violencia ocurrido el martes pasado como “totalmente repudiable”. Sobre los antecedentes que protagonizó el agresor en el liceo 1 de Salinas dijo que se trató de una única denuncia realizada por una estudiante en mayo de 2024, vinculada a un episodio de acoso, pero que no llegó a efectivizarse en otro ámbito más allá del propio liceo. El jerarca señaló que en aquel momento se suspendió la concurrencia del estudiante al centro educativo mientras se llevó adelante la investigación correspondiente. En paralelo, dijo que se trabajó en “una serie de acciones con psicólogos” y que se procedió a entrevistar a las familias de los dos estudiantes. A su vez, señaló que las medidas tomadas en esa ocasión incluyeron cambiar de turno al estudiante denunciado y mantener su proceso de formación en un formato “semipresencial”. En cuanto al abordaje sobre la situación en el centro educativo, dijo que se hicieron talleres sobre violencia de género y educación sexual y que se mantuvo un “monitoreo constante” con la familia del estudiante denunciado para hacer un seguimiento de su trayectoria educativa. Por otra parte, aseguró que en aquel momento no se constató que el estudiante denunciado tuviera algún registro vinculado a un diagnóstico con respecto a su salud mental. Consultado sobre algunos audios que han circulado en redes sociales, en los que se escucha a la entonces directora del liceo desestimar los planteos de los estudiantes que se quejan del accionar violento de su compañero, Oroño evitó pronunciarse al respecto y dijo que es necesario cuestionarse acerca de cómo fueron grabados esos audios. “Lo que valoro es la urgente necesidad que tiene Uruguay como país de tomar seriamente las situaciones de violencia de género y abordarlas integralmente y no trabajar solamente ante el hecho consumado”, agregó el jerarca. Con respecto a los pasos a seguir, el director de Secundaria dijo que se recibió un informe elaborado por la inspección sobre lo ocurrido en el liceo mientras el estudiante concurrió al centro educativo, y ahora se analizará si corresponde tomar alguna otra medida.
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El Gobierno resolvió que la negociación para la compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y afirmó que es la modalidad que ofrece más garantías.
La secretaria de Estado, se reunió con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para realizar una puesta a punto de las acciones del gobierno tras la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. "Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica", afirmó. En ese sentido, Lazo indicó que el gobierno uruguayo resolvió que sea una negociación "de Estado a Estado" y aseguró que hay varias ofertas. Justificó la decisión diciendo que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que además "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", enfatizó. "Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar", dijo. La ministra cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores. "El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí", sostuvo.
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, confirmó un caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia. Hasta el momento, no se han detectado casos en aves comerciales.
"La detección se produjo a partir de la atención de una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies. Si bien un test rápido realizado inicialmente había resultado negativo, se remitieron muestras al laboratorio oficial para completar el diagnóstico, cuyos análisis confirmaron la presencia del virus", informó el ministerio. Técnicos de la Dirección General de Servicios Ganaderos trabajan en el predio y en la zona con la aplicación de medidas sanitarias, mientras se realiza la investigación epidemiológica para determinar el origen y la posibilidad de que esté vinculado a otros establecimientos. Desde el Ministerio de Ganadería, aclaran que el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana. En tanto, se realiza junto al Ministerio de Salud Pública, el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas a las aves afectadas. Como medidas sanitarias, se dispuso: la interdicción del establecimiento afectado y restricción de movimientos, el sacrificio sanitario y disposición segura de las aves expuestas, la limpieza y desinfección del establecimiento y de los materiales potencialmente contaminados, la investigación epidemiológica y rastreo de posibles ingresos, egresos y contactos ocurridos durante las semanas previas, el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona, y la intensificación de la vigilancia ante la aparición de mortalidad o sintomatología compatible. A la población, se exhorta: no manipular aves enfermas o muertas, evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres, no trasladar aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas y notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad. Ante casos sospechosos, se debe dar aviso inmediato a la oficina de Servicios Ganaderos del MGAP más próxima, al correo electrónico: [email protected] o a través del celular 099 982 357. En Montevideo, en el Departamento Programas Sanitarios al teléfono 2220 4000 internos 152118 – 152114 o el Departamento Campo al teléfono 2220 4000 internos 152105 – 152106 – 152107.
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El Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay resolvió dar curso a la denuncia presentada contra María Inés Miralles, la anestesista condenada por homicidio culposo en el caso de Soledad Barrera, informó el diputado Federico Casaretto en sus redes sociales.
La decisión se produjo después de que la madre de Barrera se presentara cuatro veces ante el organismo para que admitiera el caso de mala praxis. “¡¡La cuarta fue la vencida!! Después de haberse presentado cuatro veces la madre de Soledad Barrera ante el Colegio Médico, hoy el Tribunal de Ética resolvió darle curso a la denuncia", escribió Casaretto en X. El legislador consideró que el proceso que debió atravesar la denunciante para lograr la admisión del caso demuestra deficiencias en el funcionamiento del Colegio Médico. "Es increíble todo el proceso que tuvo que pasar para que se admita un caso de mala praxis de la anestesista condenada", señaló. Casaretto anunció que evaluará impulsar modificaciones a la ley que creó al Colegio Médico y a la forma en que se designa su Tribunal de Ética. "Vamos a tener que comenzar a estudiar modificaciones a la ley que creó al Colegio Médico y la forma en que se designa su Tribunal de Ética, porque evidentemente en este caso quedó demostrado que su funcionamiento deja mucho que desear", indicó. El diputado también mencionó la denuncia presentada contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, relacionada con el mismo caso. "Ahora esperamos el mismo pronunciamiento ante la denuncia a la ministra Lustemberg, cuya ética ha quedado por el suelo después que le redujo la sanción a la anestesista homicida", afirmó Casaretto. La secretaria de Estado había resuelto reducir de cinco a tres años la suspensión para ejercer la medicina que le había impuesto la Comisión Honoraria de Salud Pública tras su investigación del caso.
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El Frigorífico Tacuarembó, propiedad de la multinacional alimentaria MBRF, anunció que enviará alrededor de 1.300 trabajadores al seguro de paro la semana próxima, según confirmó el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo.
El dirigente sindical dijo que en los últimos días, la empresa había expresado que pretendía “achicar la plantilla en 150 trabajadores”, como parte de una propuesta inicial que también comprende la tercerización del sector de carga y descarga, así como “cambios en cómo percibe el salario en el sector faena y desosado, la productividad, los cambios de turno y la rotación de algunos sectores”. Esto implicó que, en un principio, unos 750 trabajadores de faenado que concluían su licencia “fueron informados de que pasarían al seguro de paro” el 1° de setiembre, mientras que otros 550 continuaban con la faena, y derivó en una tripartita que se celebró este jueves en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Consultado acerca de qué medidas tomará la Foica, Cardozo dijo que si bien hay “disconformidad” entre los trabajadores, “la realidad es que hoy no hay despidos consumados y los trabajadores están en el seguro”, y eso significa que la empresa “está dentro del marco legal”. “Hay una propuesta arriba de la mesa que nosotros rechazamos, pero no se ha consumado”, remarcó, aunque matizó que el sindicato “actúa orgánicamente en función de lo que resuelva el gremio” de trabajadores del frigorífico. Es así que mañana habrá un plenario nacional en Tacuarembó. También está pactada una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo para el martes 22, “en la que lo que tendrá que contestar la empresa son algunas cuestiones” vinculadas a “las necesidades reales […] de trabajadores por líneas”. El dirigente sindical recordó que “hay una discusión previa todavía que no ha arrancado”, y remarcó que “es difícil entrar en una discusión sin saber qué”, por lo que la situación es prematura y “también se puede dar” lo que la Foica trasladó a la empresa. Igualmente, tomó oportunidad para expresar su preocupación sobre la situación que atraviesan otros frigoríficos, como el de La Caballada, que también es propiedad de MBRF y desde donde manifestaron que la plantilla “sale de licencia y después va dos meses al seguro”. También el frigorífico Carrasco, operado por Minerva Foods, y se aproxima a un año sin actividad. “Prevemos que con este mecanismo las multinacionales que tienen [trabajadores] en el seguro de paro van a venir por una rebaja salarial”, advirtió.
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El presidente de OSE, Pablo Ferreri, publicó un posteo en redes sociales en el que remarcó que “los aspectos ambientales y sociales de Casupá que se han difundido no son una novedad, sino que forman parte de la evaluación del proyecto desde hace años”.
Esto se da luego de que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) catalogara como de “alto riesgo” ambiental y social la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía. El jerarca continuó su publicación diciendo que “toda represa con una capacidad de embalse superior a 2 millones de metros cúbicos o que tenga un espejo de agua mayor a 100 hectáreas debe tramitar una autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente”. El titular de OSE señaló que el proceso mencionado anteriormente fue iniciado para el proyecto de Casupá: OSE comenzó el proceso en 2016 “cuando presentó la Comunicación de Proyecto ante la entonces DINAMA, actual DINACEA”. Explicó que, en 2017 “el proyecto fue clasificado como categoría C, lo que implica una evaluación ambiental detallada antes de su ejecución. Ese mismo año, OSE presentó el Estudio de Impacto Ambiental”. No obstante, Ferreri sostuvo que durante el 2021 “OSE solicitó la suspensión temporal del trámite, que fue reactivado en 2025”, añadiendo que “desde entonces, trabajamos en la actualización de los estudios y de la documentación necesaria para continuar con el proceso de autorización, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y CAF”. Además, afirmó que “un primer préstamo para el proyecto había sido aprobado por el Directorio de CAF el 3 de diciembre de 2019 y el préstamo vigente fue aprobado el 10 de octubre de 2025. Al momento de aprobarse, los aspectos ambientales y sociales ya estaban incorporados al análisis del proyecto”. En línea con lo anterior, agregó que “el primer desembolso del préstamo actual, por US$ 4,3 millones, fue acreditado el 21 de agosto de 2026”. Finalmente expresó que “la clasificación de CAF no constituye una novedad ni supone, por sí sola, un problema o un impedimento para llevar adelante la obra”, sino que por el contrario “establece exigencias que debemos cumplir para atender sus posibles impactos con el rigor que corresponde”.
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Los rescatistas de Nepal lograron este sábado sacar con vida de entre los escombros a un ciudadano chino y a una mujer nepalí, mientras los equipos de emergencia continúan cavando en busca de personas desaparecidas 10 días después de un alud devastador.
Un equipo de rescate conjunto compuesto por personal del Ejército de Nepal y expertos extranjeros rescató al operario chino a 225 metros dentro del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, según indicó un comunicado militar. Una imagen del rescate publicada en la página de Facebook del ejército nepalí muestra al hombre, identificado solo como Luhaitao, apoyado sobre los hombros de dos rescatistas vestidos de camuflaje. Parecía alerta, pero sus manos estaban cubiertas de un barro espeso y viscoso. "Actualmente se está evaluando su estado de salud y continúan las operaciones de búsqueda y rescate", señaló el ejército. El sobreviviente se encontraba entre los cientos de trabajadores de una planta hidroeléctrica que desaparecieron después de que un inmenso alud de hielo y barro, similar a un tsunami, arrasara la frontera entre China y Nepal tras el colapso masivo de un glaciar el 26 de agosto. Casi al mismo tiempo, la policía nepalí indicó que una mujer de 64 años fue rescatada este sábado con vida de su casa, que había quedado sumergida por el barro en su mayor parte. La mujer, identificada como Chandrika Shrestha, y residente en el distrito de Nuwakot, especialmente dañado por el alud, fue trasladada en helicóptero a Katmandú "para recibir atención médica", indicó a AFP el superintendente adjunto de policía Iqbal Hawari. Dos trabajadores nepalíes de una central hidroeléctrica fueron rescatados el viernes en el túnel de Trishuli 3A, donde las labores de búsqueda continuaban así como en otros sitios en esta zona donde al menos 12 proyectos hidroeléctricos resultaron destruidos por las inundaciones. Hasta ahora se han recuperado 1.344 cadáveres en Nepal, según la agencia nacional de desastres, y alrededor de 5.000 personas siguen desaparecidas.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev, con una propuesta para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva cuatro años.
"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos". La medida marca el último intento de Washington de romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que se esperaba la llegada de los enviados a Kiev el domingo. El medio estadounidense Axios informó que se reunirían con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado y luego con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev el domingo. El Kremlin se negó a comentar, en tanto el presidente Trump dijo a los periodistas que los dos negociadores buscarían determinar si era posible avanzar hacia la paz. Los esfuerzos se han estancado debido a la guerra de Washington con Irán, mientras Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles no vistos desde el inicio de los combates. "Envié a Steve Witkoff y Jared Kushner, dos grandes negociadores. Han hecho un gran trabajo", dijo Trump. El presidente estadounidense no quiso decir si el plan implicaba que Ucrania cediera territorio, como ha sugerido anteriormente, pero agregó: "Tenemos una idea para la paz". Será la primera vez que Witkoff, el amigo empresario de Trump, y su yerno Kushner visiten la devastada Kiev desde que Trump regresó al cargo el año pasado con la promesa de resolver el conflicto. Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para altos el fuego en Gaza e Irán, han viajado repetidamente a Moscú en anteriores intentos de diplomacia.
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El reciente mensaje en cadena del presidente Javier Milei sobre Las Malvinas, fue motivo de críticas y desconfianza en la Argentina, en tanto, el gobierno de Reino Unido ratificó su posición, según la cual las islas son británicas, y advirtió que sus Fuerzas Armadas están en alerta a toda hora.
La oposición argentina manifestó su descreimiento tras el discurso que dio Milei, cuando en cadena nacional reivindicó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anunció medidas para respaldarla. Algunos cuestionamientos apuntan al momento que eligió Milei para hacer suya esta causa, que no ha estado presente en su agenda. El reclamo por las islas recibió un impulso cuando la selección argentina desplegó en el Mundial una tela pintada a mano con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, pese a que los hinchas no podían llevar carteles de ese tipo. En cuanto al contexto exterior, el reclamo de Milei llega con cierto aval de su aliado más poderoso, Donald Trump, que en medio de su molestia con Reino Unido, que no apoya su bloqueo al estrecho de Ormuz, manifestó que estaría dispuesto a rever su posición sobre las Malvinas. Otros recordaron también que el presidente argentino es un defensor del dictador chileno Augusto Pinochet, a quien reivindicó horas antes de su cadena de radio y televisión, cuando participó el propio jueves en el Foro de Madrid, un encuentro de líderes de ultraderecha que se celebró ese día en Santiago de Chile. Precisamente durante la guerra de las Malvinas, la dictadura chilena dio apoyo logístico al bando británico.
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