
EC —Entonces elaborar un segundo IPC e informarlo paralelamente al global, al oficial, tiene esa ventaja: informa mejor, consigna quizás mejor lo que está pasando con los precios en el país.
DC —Y también es oficial, porque lo elabora el INE.
EC —Más allá de eso, ¿qué incidencia tiene después lo que informa en la economía real?
DC —En el caso de Nueva Zelanda, muchos pagos que tiene que hacer el gobierno –por ejemplo pagos de bienestar social– se hacen en función de este IPC que excluye productos de tabaco. Y como han tenido una política de aumento del impuesto, obviamente este índice es menor que el otro.
EC —Pagos de bienestar social, ¿a qué corresponderían en la realidad uruguaya?
DC —Por ejemplo, pagos por seguro de desempleo, algunos subsidios a estudiantes. Son pagos que el gobierno hace por temas de seguridad social en general o de bienestar social y que reajusta por el índice que excluye productos de tabaco.
EC —En vez de utilizar el IPC general, utiliza este IPC sin tabaco.
DC —Sí. Ahí hay un doble argumento. Por un lado el gobierno entiende que no debería pagar más porque está llevando adelante una política de control del tabaco. Pero además en el caso uruguayo la prevalencia actual es de 22 %, aproximadamente, lo que quiere decir que cuando aumenta el precio del tabaco afecta al 22 % de las personas mayores de 15 años, por tanto la inflación por lo que tiene que ver con el precio del tabaco no afecta al 78 % de las personas. El gobierno quiere desalentar el consumo de ese 22 % que consume. El razonamiento es: ¿por qué le vamos a reajustar el pago que recibe si lo que queremos es desalentar su consumo y su poder de compra de ese producto? Sabemos que al otro 78 % no lo afecta en absoluto.
EC —Hay una paradoja allí: al otro sector de la población, al que no consume, se lo estaba “beneficiando” con unos ajustes de esas prestaciones sociales que no se correspondían con su propia vida, con su cotidianeidad.
DC —Exacto, porque la inflación es un fenómeno en algún sentido personal, cada uno tiene su canasta real, no es la canasta promedio del INE seguramente. Si yo no consumo el producto y el producto se encarece, en realidad no me afecta que no haya un reajuste en función de ese aumento.
EC —¿Ese es el único impacto que tiene que el gobierno para alguna de sus prestaciones a la hora de ajustar utilice el IPC sin el tabaco y por lo tanto se ahorre dinero al no hacer esos ajustes?
DC —Yo diría que queda libre para el gobierno el uso que puede tener. Nueva Zelanda le dio estos dos usos que comentaba, lo usa en la comunicación y para estos pagos. En Uruguay podríamos usarlo de un modo bastante más amplio. Por ejemplo, uno podría pensar en utilizar en los consejos de salarios el IPC sin tabaco para los reajustes. Sería perfectamente posible y creo que va en la dirección sanitaria y económica que el gobierno quiere.









