Entrevista con Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
EN PERSPECTIVA
Jueves 22.06.2017, hora 8.17
EMILIANO COTELO (EC) —“El país está a tiempo, aunque no hay tiempo que perder. Si se hacen los deberes y se cambia la pisada, las dificultades se van a ir resolviendo. Pero, si finalmente lo que se va a hacer es lo que se ha venido haciendo, tal como se plantea en la Rendición de Cuentas 2016, Uruguay va a quedar a merced de un golpe de suerte”.
Esto fue lo que concluyó ayer el economista Ernesto Talvi, luego de advertir que lo que tiene Uruguay es un “problema fiscal de libro de texto”, con sus efectos secundarios: atraso cambiario y un crecimiento insostenible del endeudamiento público que en el mediano plazo nos puede llevar a perder el grado inversor.
Pero para Talvi hay tiempo de “cambiar la pisada” y, en lugar de ir por más impuestos y más gasto –como […] propone el gobierno–, sugiere un conjunto de medidas que permitan liberar US$ 1.700 millones en los próximos seis años para equilibrar las cuentas.
Sobre estos temas, que trató en su tradicional conferencia de mitad de año, vamos a conversar con el doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social).
Después de la conferencia, nos metemos en lo que pasó, en lo que se dijo. Es una buena oportunidad para repasar una cantidad de asuntos que están en el debate económico.
Vamos a lo fiscal. A la hora de hablar de la economía usted puso el foco en la situación fiscal, dijo que este es el “corazón del problema” que enfrenta el país y sostuvo que estamos persiguiendo un “blanco móvil”. ¿Qué quiso decir con esto del blanco móvil?
ERNESTO TALVI (ET) —Estamos aumentando impuestos, estamos cobrando sobreprecios en las tarifas públicas, estamos comprimiendo la inversión pública, especialmente la de las empresas públicas, y a pesar de todos esos esfuerzos, en base a un diagnóstico de que la situación fiscal que recibe el nuevo gobierno del doctor Vázquez no era sostenible en el tiempo sin comprometer el buen crédito de la República, esencialmente el déficit fiscal no ha cambiado. A fin del año 2014, el último del gobierno anterior, tuvimos un déficit de 3,5 % del producto bruto interno (PBI) y hoy tenemos un déficit de 3,4 %. Después de haber descargado sobre la población el equivalente a US$ 1.500 millones de aumentos de impuestos, sobreprecios de tarifas y compresiones de la inversión que comprometen el futuro productivo, no hemos logrado reducir el déficit fiscal.
Eso no se ha logrado porque los otros gastos que no son los de inversión han seguido aumentando, algunos no es fácil evitar que aumenten, porque están indexados, pero aun los que no lo están han seguido aumentando. Hemos fracasado en nuestro intento de controlar la evolución del gasto. Por eso decimos que esta vía de más impuestos, sobreprecios en las tarifas, compresión de la inversión es un libreto que no ha funcionado y que en nuestra opinión no va a funcionar si no se hace algo para contener el problema.
Decimos que el déficit fiscal es el corazón del problema macroeconómico. Porque Uruguay tiene otros asuntos, de los que hemos hablado largamente, como educación, fragmentación social y otros grandes temas, pero acá estamos hablando exclusivamente del tema económico. Decimos lo fiscal para hablar sin dramatismos, porque podríamos estar ante una corrida contra los bancos, podríamos estar ante un problema de iliquidez del Banco Central, podríamos estar ante la inminencia de una reestructura de deuda, podríamos estar en una economía en fuerte recesión. Hay dificultades, pero la economía sigue en crecimiento. El problema macroeconómico más importante que tiene hoy el país es fiscal. Es un problema que políticamente siempre es difícil de resolver, pero que hay que resolver, porque de seguir por esta vía –eventualmente hay tiempo– se puede comprometer el buen crédito de la República.
EC —Vamos a ir metiéndonos en algunos de los puntos que usted fue tocando en esa intervención inicial y que estuvieron ayer en la conferencia. Por ejemplo, los sobreprecios. Habló de sobreprecios en las tarifas públicas.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Usted planteó que UTE y Ancap están brindando sus servicios con un sobreprecio implícito equivalente a US$ 450 millones al año. ¿Cómo hace esos cálculos?
ET —El precio final de un producto o de un servicio incluye los costos de producción y en el caso de las empresas del Estado también la alícuota necesaria para aumentar la capacidad productiva, para financiar la inversión, lo que en el lenguaje privado sería retención de utilidades para reinvertir. En el caso de una empresa pública que no tiene que producir ganancia bastaría con cubrir los costos de producción; después es otro tema si esos costos de producción son acordes con las características de las empresas y si por ende hay ineficiencias grandes que implican sobreprecios elevados. Pero si por sobre los costos de producción uno agrega un sobreprecio, que no sería necesario imponer, para recaudar con motivos fiscales, de facto lo que está haciendo es ponerles impuestos, que no se legislan, a las tarifas de los servicios públicos y descargar sobre los bolsillos de los consumidores y sobre los costos de las empresas una carga adicional que repercute muy adversamente. Se hace con el objetivo de tratar de cerrar el agujero fiscal, pero nosotros entendemos que esa no es la vía para tener éxito en ese objetivo, que nos parece importante y loable. De hecho, la mejor prueba de que no es la vía es que no hemos podido reducirlo a pesar de que descargamos un montón de medidas sobre la población.
