EC —Ese es un punto, porque una parte del debate ha sido a propósito de las dificultades que enfrentan aquellos habitantes de la zona rural y de poblaciones pequeñas a efectos de acceder a cajeros para cobrar sus sueldos. Ese ha sido un punto que se ha manejado con insistencia. Sin embargo la campaña la inicia un grupo de comerciantes, un grupo de empresarios. ¿Cómo se entiende esto?
JP —Lo que pasó fue que, en un momento determinado, después de varias conversaciones con el equipo económico, salimos a recorrer varias localidades y nos fuimos encontrando con que no era un problema solo y puramente de los comerciantes, sino que era mucho más general. Es más, las comisiones de plebiscito tienen la característica de que son departamentales, no hay una comisión nacional, en cada departamento vamos agregando diferentes actores sociales y asociaciones de profesionales, de trabajadores y de jubilados, además de comerciantes y actores políticos que se han sumado.
EC —¿Cómo viene la recolección de firmas? ¿Tienen números?
JP —Sí, a partir de estas declaraciones de Astori hemos empezado a tener contactos entre todas las comisiones del país y hoy ya, en menos de dos meses, vamos unas 80.000 firmas, necesitando 280.000 entre entregadas y firmadas.
EC —Vayamos a las noticias de estos días. El gobierno anunció el viernes un programa para expandir la inclusión financiera que abarca a 95 localidades de entre 500 y 2.000 habitantes. Los comercios en esas poblaciones donde no hay redes de cobranzas tendrán acceso a subsidios para comprar el equipamiento necesario a efectos de convertirse en corresponsales financieros. De esa forma van a quedar habilitados para brindar servicios de extracción de efectivo y de pago de facturas. Tienen plazo para solicitar el subsidio hasta mayo de 2018. Estos subsidios tendrán un tope de US$ 2.500 por establecimiento. ¿Cómo vio esta primera novedad?
JP —No entendió nada el equipo económico con respecto a los reclamos que se están haciendo. En esas localidades –a las que hemos ido e invitamos a ir– la prioridad no es la inclusión en el sistema financiero, las prioridades son escuelas que de repente tienen aulas que se llueven y no se puede dar clase, la necesidad de una ambulancia, la necesidad de salud, problemas sobre todo de sociedades envejecidas, donde los problemas de salud son mucho más graves de repente que el hecho de que el gobierno opte por invertir el dinero de todos los uruguayos en inclusión financiera. Es otro error del gobierno.
EC —Pero objetivamente, y usted lo señalaba recién, uno de los inconvenientes es ese, cómo cobra por ejemplo el asalariado que tiene que retirar su dinero de una cuenta bancaria porque por la ley es obligatorio pagarle de esa manera, a través de instituciones financieras. Si se facilita eso, si pasa a existir una red de establecimientos comerciales que pueden suministrar el efectivo pese a que no haya cajeros, a que no haya redes de pago, ¿no se está atacando esa dificultad?
JP —Sí, pero es en base a la obligatoriedad, que es lo que creemos que es fundamental en nuestra batalla. Si se analiza el plebiscito que estamos generando, establece claramente que nosotros pretendemos que ningún gobierno, no solamente este, sino ningún otro, obligue a los uruguayos a firmar un contrato con un tercero, que además es un contrato de adhesión. Yo no puedo negociar el contrato con el banco, si no me gusta puedo retirarme, pero afuera del banco tengo al Estado que me dice “no, estás obligado, aunque no te guste este contrato lo tenés que firmar igual”.
En esas pequeñas localidades cobrar en efectivo es una opción, de repente no en grandes empresas. Porque se ha dicho que las grandes empresas son las que están en contra de todo esto; no, todo lo contrario, las grandes empresas están a favor de la Ley de Inclusión Financiera porque hace rato que pagan los salarios a través de cuentas bancarias. Son las micro, las pequeñas, las medianas empresas las que históricamente han pagado contado y se han manejado de esa manera con sus trabajadores. Si la obligatoriedad de esta ley cae, les complica la vida a las grandes empresas, porque donde tengan 10.000 empleados y 100 que quieran cobrar contado es una complicación.
Los que estamos luchando por todo esto en el rubro empresarial somos micro, pequeños y medianos empresarios. Para los jubilados en esas pequeñas localidades, las personas mayores, el problema no es que se tengan que adaptar a la tecnología, sino que empiezan a perder visión, empiezan a tener problemas de motricidad y tienen problemas lógicos por la edad con la tecnología. A todos nos va a llegar y a todos nos va a pasar. Entonces quienes enfrentamos esta posición de un gobierno que quiere obligar estamos en la lucha por la libertad, por que los uruguayos podamos elegir no solamente el banco, porque nosotros no estamos en contra de los bancos ni en contra de las tarjetas, también estamos en contra de que nos obliguen y no nos dejen elegir la forma de cobrar.
