EC —A propósito de lo que termina diciendo la reforma constitucional que ustedes proponen y de lo que ustedes no hablarían, ha aparecido un debate en estos días sobre la nueva redacción que proponen para el artículo 36: “Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”. Y agrega: “Nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad ni podrá ser sancionado directa o indirectamente por no hacerlo. El Estado asegurará el ejercicio de dicha libertad, el uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero será opcional para los contratantes”. Dicen varios expertos en derecho tributario que una norma como esta tiene la consecuencia de que van a caer seguros, el seguro de accidentes de trabajo o la ley del SOA, el Seguro Obligatorio Automotor. ¿Qué dice usted?
JP —No, ya lo ha explicado el propio redactor. Hemos visto otros plebiscitos y queríamos que este plebiscito lo redactara un constitucionalista de primera línea. Lo fuimos a buscar porque ha pasado en otros plebiscitos que cuando no son constitucionalistas aparecen la mayoría de los constitucionalistas y los plebiscitos empiezan a caer técnicamente. Por eso fuimos a buscar a uno sabiendo que después entre los propios constitucionalistas existe una suerte de competencia, de tirar, hablar y decir. Pero, primero, ese no es el objetivo –eso lo explicó el doctor Jaime Sapolinsky–, nunca lo marcamos.
EC —Está bien, no será el objetivo, pero puede ser una consecuencia indeseada.
JP —No, tampoco. El doctor Sapolinsky lo explicó claramente, el objetivo claro es generar un plebiscito sobre los temas de obligatoriedad, dice “no se puede firmar nunca más un contrato”.
EC —“Nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad”.
JP —Creo que ningún uruguayo está en contra de eso.
EC —Pero de hecho en la legislación uruguaya existen contratos que se firman con o sin la voluntad de la persona.
JP —Claro. El SOA es al vehículo. Yo puedo cambiar el contrato. Lo explicó el doctor Sapolinsky claramente desde el punto de vista técnico. Si yo no manejo no estoy obligado a absolutamente nada. Es más, lo que cambia es lo del auto. Y con respecto a lo de los seguros es exactamente lo mismo. Además existen artículos en la Constitución que dicen que si es de interés general, evidentemente –y eso se mantiene en la Constitución–, se puede obligar a los ciudadanos. Pero no es el caso de una ley de inclusión financiera.
EC —A nivel de los partidos políticos de la oposición ha habido dos grandes actitudes ante la campaña de recolección de firmas que ustedes impulsan. Por un lado, dirigentes que se sumaron apoyando, por ejemplo Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y algunos nombres del Partido Colorado (PC), como el diputado Conrado Rodríguez; en cambio otros prefirieron ir por el camino de la negociación con el Poder Ejecutivo para introducir correcciones a la ley, como la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional (PN), el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), y el diputado Fernando Amado, del PC. ¿Cómo ha visto estas reacciones?
JP —Tampoco entendieron o no leyeron el diario para atrás. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Es más, con esta propuesta del gobierno seguimos abiertos al diálogo. Nosotros no necesitamos intermediarios para negociar, siempre estuvimos. Y teniendo a nuestras espaldas las firmas, […], la responsabilidad nuestra a la hora de negociar es totalmente distinta de la de alguien que no ha conversado, no ha discutido el tema con los ciudadanos y sobre todo no tiene el apoyo de los ciudadanos a la hora de conversar. Para nosotros si no se consiguen los fines de los 80.000 firmantes de hoy no tiene validez la negociación. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos.
EC —Yo le preguntaba por estas reacciones políticas. ¿Cómo las ha tomado? ¿Le han servido o no a la campaña?
JP —Y no, en algunos aspectos no porque se ha tomado posición sin dialogar con nosotros.
EC —¿A quién se refiere?
JP —Por ejemplo, Mieres, del PI, en un momento toma posición sin el diálogo con nosotros. Me parece que no corresponde, yo primero tengo que hablar, tengo que saber qué pasó. Y la historia dice que el proceso que quiere empezar Mieres nosotros lo hicimos durante tres años. Quedan dos años y un mes para la elección, de repente él tiene más suerte que nosotros y nosotros lo vamos a apoyar, le vamos a dar toda la información que tenemos, los viajes que realizamos, las cosas que hicimos.
EC —¿En definitiva ustedes dicen que quienes han iniciado estas negociaciones con el Poder Ejecutivo desde el sector político no han conversado con ustedes?
JP —No, algunos no.
EC —¿La senadora Alonso?
JP —Tanto con Mieres como con la senadora Alonso tuvimos reuniones después de tomar posición.
EC —Pero para ustedes lo mejor es que ustedes mismos participen, están esperando el llamado del gobierno.
JP —No, tampoco la participación. El sistema uruguayo y los plebiscitos fomentan las instituciones democráticas. Por lo tanto nosotros sabemos que juntar firmas es el trabajo nuestro. Pero el debate político y el logro de este plebiscito involucran directamente al sistema político. Que los dos principales referentes del PN, como Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, digan que firman y que van a trabajar en este plebiscito para nosotros es importante. Que lo diga el diputado Darío Pérez, del Frente Amplio. Que lo digan actores de otros partidos para nosotros es lo relevante, porque después es lo que va definiendo. Sabemos que de a poquito vamos ir desvaneciendo. Es más, al no ser actores políticos pensábamos que íbamos a tener poca participación en esto, mucha menos. Creo que explotó antes de que fuera puramente político, porque además tiene que serlo. Para nosotros el país se juega un elemento vital en las próximas elecciones.
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Transcripción: María Lila Ltaif
