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EC —Tengo comentarios de algunos oyentes. Cristina, que se presenta como maestra jubilada, dice: “Empecé a escuchar la entrevista esperanzada en oír algo positivo, y lo que encuentro son ambigüedades y defensa del sistema. ¡Qué lástima!”.
PC —Es muy respetable la opinión de la oyente. En educación hemos padecido el mal de los debates en blanco y negro; no nos ha hecho bien eso, creo que hay que introducir los matices, los grises, los colores.
EC —Sigamos recorriendo los capítulos del informe. La OCDE afirma que no existe una adecuada transparencia en el mecanismo de asignación de recursos para cada centro educativo. Destaca: “no existe información disponible a nivel público sobre los recursos que se asignan a cada centro. Esto dificulta poder evaluar si se están asignando donde más se los necesita”. ¿Podemos desarrollar este diagnóstico?
MP —Creo que el señalamiento que hace la OCDE no refiere a un problema de corrupción, falta de transparencia como corrupción, porque no se refiere en nada a eso en ningún punto. Básicamente entiende que hay una forma, un estilo histórico de gestión del sistema en el cual este se gestiona con sus normas y procedimientos hacia dentro. La idea de una gestión pública, de la administración pública abierta a las demandas y a la observación de otros actores, al control de la sociedad y de otros organismos, es relativamente reciente. El informe de la OCDE dice que lo que se necesita son criterios más explícitos por los cuales una escuela pueda entender por qué le tocan los recursos que le tocan, por qué tiene un auxiliar más o un auxiliar menos, un personal de apoyo en materia de enseñanza, o por qué se le asignan más recursos y a otro centro educativo no. En este panorama –que no es que no tenga regulación, está regulado por medio de resoluciones– es complejo, es bastante intransparente conocer la trama de la decisión por medio de las resoluciones internas de los consejos, no porque sea algo oculto, sino porque no ha habido hasta ahora una política de transparentar y publicar, de hacer públicos y accesibles este tipo de criterios.
EC —¿Cuáles son los criterios? ¿Son criterios discrecionales, arbitrarios? ¿Cómo llamarlos?
MP —No, son criterios que se basan en algún tipo de decisión discutida en los consejos y que se plasman seguramente en resoluciones. Pero después uno en todo caso tiene que ir a buscar una resolución, que a veces, si uno no está dentro del mecanismo administrativo, no conoce. Al público, a un observador externo se le hace difícil ir a buscar esa resolución o esa decisión; a lo mejor un actor burocrático del sistema sí la conoce, un inspector la conoce, pero a alguien que no está metido en esa tarea buscarla se le hace muy difícil. Hay una ley de transparencia y de acceso a la información pública; en la página web el Instituto tenemos que publicar nuestros reglamentos, nuestros recursos, nuestros cargos, nuestros salarios, el personal, estamos obligados por esa ley. Es un instituto nuevo, entonces se ha adaptado más rápido. La administración educativa viene de una inercia histórica en la que esto no era práctica. Lo cual no quiere decir que las resoluciones sean totalmente arbitrarias, sino que no hay una práctica de transparentar y hacer públicos los mecanismos por los cuales se asignan los recursos.
EC —¿Hay algo previsto en cuanto a la alternativa? ¿Cuál es la alternativa?
MP —Incrementar las políticas de publicidad de la información y de acceso a la información. Y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para que estas fórmulas sean lo más simples posible.
EC —La pregunta viene porque se podría transparentar la asignación, pero sin que se entendiera cómo se resolvió.
MP —Es como con cualquier ley, es un criterio público que tiene que ser accesible y cualquier ciudadano tiene que entender cómo se aplica en el caso de la escuela tal o cual o de tal centro; por el tamaño, por la complejidad, por esto o por lo otro le tocan ciertos tipos de recursos. Eso que era una práctica de la administración educativa se ha complejizado –y no solo en Uruguay– por la lógica de los programas que ha invadido el mundo educativo de América Latina en los últimos 20 años. Una escuela recibe un programa, recibe otro y no siempre le queda claro por qué recibe ese programa y por qué otra escuela recibe tal o cual recurso de ese programa. Muchas veces pasa que las escuelas reciben recursos que no han solicitado y que en algún caso pueden no necesitar o necesitar otro recurso en vez de ese. Esa información de por qué yo recibo esto o por qué yo puedo pedir o no un recurso no queda del todo clara.
