Entrevista con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario.
EN PERSPECTIVA
Jueves 03.08.2017, hora 8:22
EMILIANO COTELO (EC) —A mediados de junio, una fotografía dejó en evidencia las malas condiciones de reclusión del módulo 8 del Comcar, uno de los puntos más críticos del sistema carcelario uruguayo. En la imagen, que circuló en varios medios, podía verse a un grupo de presos con una delgadez pronunciada.
El caso fue detectado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decidió presentar un recurso de amparo para forzar al Poder Ejecutivo a que implementara un programa de tratamiento individual para esos reclusos.
La justicia hizo lugar en primera instancia al escrito presentado por Petit. Pero sobre fines de julio, el Ministerio del Interior (MI) apeló la resolución, argumentando, entre otros puntos, que el Poder Judicial estaba “invadiendo” su gestión.
Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia sostiene, entre otras cosas, que este caso configura “una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
¿Qué importancia tiene esta resolución judicial? ¿Cómo incide en la gestión de las cárceles?
Vamos a conversarlo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.
Le pido en primer lugar una valoración general.
JUAN MIGUEL PETIT (JMP) —Un comentario a lo que tú decías recién. Esa foto, que fue la que mostró la situación, es una foto que saqué yo y no circuló en ningún lado, ni siquiera la bajé de mi celular, la tuve tres semanas guardadas y se presentó en el juzgado directamente. Después circuló cuando un matutino la sacó del expediente, con todo derecho además, porque el expediente ahí ya era público. Quiero decir con esto que traté de ser muy cuidadoso, de manejar esto sin buscar ningún tipo de escándalo o impacto, haciendo el informe al Parlamento primero y realizando una acción de amparo, que es una de las herramientas legales que tenemos para actuar.
EC —Esa precisión también tiene que ver con una objeción que había presentado el propio MI. En su escrito de apelación se señalaba que no se conocía al autor de la foto; había dudas sobre su veracidad incluso.
JMP —Sí, yo no quise entrar en polémicas con respecto a la foto, porque estaba seguro de su veracidad, porque la había sacado yo. Estaban autoridades del propio establecimiento atrás de mí cuando la saqué, sabían que era verdad, pero no quise entrar en polémica por ese punto. Además en ningún momento dijimos que hubiéramos detectado nosotros la situación; la situación la empezó a manejar la gente de salud en el lugar. Y tampoco dijimos que no se hubiera tomado ninguna medida, dijimos que las medidas que se estaban tomando deberían ser de otra naturaleza, de otro tipo y configurar un plan integral de tratamiento. Abordar en toda su variedad de aspectos la vida de esas personas –salud mental, aspectos sociales, capacitación laboral, educación, deporte, cultura– y hacer lo que las normas internacionales llaman un plan de tratamiento individual. No alcanzaba para nosotros con sacarlo de ese lugar –que cuando fuimos todavía no los habían sacado–, se requería un plan integral.
