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Facal & Cía., desde 1958 asesores en comercio exterior y aduanas
Entrevista con el economista Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud.
EN PERSPECTIVA
Jueves 05.01.2017, hora 8.18
ROMINA ANDRIOLI (RA) —En menos de un mes, Uruguay volverá a atravesar por uno de esos períodos que ya se han ido convirtiendo casi en una tradición: la apertura del llamado “corralito mutual”.
A partir del próximo 1º de febrero y durante un mes, los usuarios del Sistema Nacional de Salud podrán cambiar de prestador. Es decir, podrán pasarse de una mutualista a otra o cambiar entre el sistema privado y el público.
El Estado, sin embargo, pretende que este cambio sea por una decisión consciente de los usuarios y no porque de por medio haya una intermediación lucrativa. Por eso, en los últimos días el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Junta Nacional de Salud (Junasa) advirtieron que si se comprueban situaciones de ese tipo podrán aplicarse importantes sanciones tanto a quienes participan en ellas como eventualmente a los prestadores de salud que incurran en estas acciones.
Vamos a avanzar en este y otros temas en diálogo con el economista Arturo Echevarría, presidente de la Junasa.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Para empezar, algunas consultas básicas sobre el llamado corralito mutual. ¿Por qué solamente durante el mes de febrero se permite a los usuarios cambiar de mutualista? ¿Por qué no se habilita una mayor libertad en ese sentido en cualquier momento del año?
ARTURO ECHEVARRÍA (AE) —Entre otras cosas, porque esto que estamos tratando de evitar en el mes de febrero se extendería a todo el año. Hay personas buscando generar cambios en las instituciones de forma ilegal, y mientras no logremos limitar estas actuaciones, corremos peligro de que se extiendan a todo el año. Eso hace que para el sistema sea muy complicado mantener una situación regular, y a las instituciones se les dificulta mantener un nivel de eficiencia como el que pretendemos cuando la población que tienen que atender es muy cambiante.
RA —¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona que quiere cambiar de prestador de servicios de salud ahora en febrero?
AE —Tiene que haber estado en la institución que quiere dejar por lo menos tres años.
RA —¿Ese es el único requisito?
AE —Sí. Para determinada población, determinados colectivos, como el de jubilados que ingresaron el 1º de julio de 2016, el plazo no es tres años, sino de cinco años. Pero para la mayoría de la población, para el 1.600.000 personas que quedan habilitadas a realizar el cambio son tres años de permanencia en la misma institución.
NB —Recordemos cómo es el mecanismo para hacer el cambio.
AE —La persona tiene que acercarse a la institución a la cual quiere afiliarse, a la nueva institución, y firmar un formulario de aceptación de las condiciones. Eso habilita que se produzca el cambio y que esa institución le solicite a la anterior la historia clínica para mantenerla.
RA —Es un trámite sencillo.
AE —Es muy sencillo. Y es personal, no es mediante la firma de un formulario que trae un visitante a domicilio, que es el mecanismo al que recurren algunas empresas que han sido contratadas como fuerza de venta y que no cumple con lo que nos planteamos que es lo legal.
RA —Ponen la atención en ese foco. ¿Qué es lo que a la Junasa la preocupa particularmente de esas intermediaciones que pueden hacerse para que los usuarios cambien de prestador?
AE —Primero que nada, nos preocupa que la persona esté tomando una decisión acerca de su salud en función de un dinero que recibe ahora y pronto se termina y luego tiene que permanecer tres años en una institución hacia la cual no sé si pensó razonablemente que era conveniente hacer el cambio. Segundo, que en este mecanismo se utilizan dineros que entregamos para la asistencia a las personas.
NB —¿Cómo fue la experiencia del año pasado en este aspecto?
AE —El año pasado no actuamos como estamos haciéndolo este año, de anticiparnos e ir a visitar al Ministerio del Interior (MI) para que nos ayude a controlar la situación, sino que llevamos determinadas denuncias a la justicia penal. Esto generó que la justicia penal procesara a dos personas por intermediación lucrativa.
Este año, no solo la presidencia de la Junasa, sino el conjunto de personas que somos la Junasa –allí están representados prestadores, usuarios, trabajadores, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco de Previsión Social (BPS)–, resolvimos ser un poco más activos en cuanto a tratar de controlar el tema y les enviamos un comunicado a todas las instituciones para que supieran que íbamos atrás de este tema, además de visitar la división de Delitos Complejos del Ministerio del Interior para que nos ayudaran a controlar esta situación.
RA —¿En qué consiste ahora el trabajo con el MI? ¿Qué tipo de tarea realiza ese ministerio en este mes de cambio?
AE —Vamos a recibir las denuncias y a través de ellos vamos a tratar de corroborar que sean ciertas, de forma de poder llegar a los que están cometiendo el delito para que luego sean procesados.
