EC —De todos modos, ustedes ya han dado algún paso concreto, la acción de inconstitucionalidad contra la ley 16.713. ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Por qué es inconstitucional, para empezar?
HS —Habría otros motivos desde mi punto de vista, pero hay uno muy grueso que es el que afecta directamente a los cincuentones, como les ha llamado la prensa: se rompe el principio de igualdad. En un doble sentido, por un lado porque situaciones iguales, de personas que trabajaron la misma cantidad de años y pagaron los mismos aportes resultan con jubilaciones con topes diferentes. Por ejemplo, en sueldos altos el tope que puede tener la persona por el BPS es de $ 53.448 y lo puede cobrar por el BPS si está en el sistema mixto es de $ 36.143. Es una franja de unos $ 17.000.
EC —De todos modos, en el medio habría que agregar lo que cobraría por la AFAP.
HS —Es cierto, pero lo que pasa –y esto no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Trabajo– es que el promedio que está pagando la AFAP es de $ 6.000, $ 7.000.
EC —En estos casos.
HS —En promedio. Lo usual es que en casos como estos la persona, está bien, no va a cobrar $ 36.000, cobrará $ 43.000; de todas maneras tiene $ 10.000 de diferencia, un 20 %, con lo que va a cobrar el otro.
EC —Entonces por un lado está en juego el principio de igualdad.
HS —Está en juego el principio de igualdad, porque el único factor de discriminación es la edad, no hicieron nada mejor ni nada peor los que tienen 50 que los que tienen 60 o los que tienen 30. Aportaron lo mismo, trabajaron lo mismo, y unos cobran menos y los otros cobran más. Eso es lo más evidente.
Pero hay otros factores. Tiene que ver con la ruptura del principio de igualdad respecto a las cargas públicas. Es un hecho notorio que esta reforma fue hecha porque se argumentaba que el sistema de seguridad social no podía resistir la carga de las jubilaciones, la relación activo-pasivo.
EC —No era sustentable.
HS —Esa fue la versión. Pero resulta que ese problema del BPS, ese problema del sistema de seguridad es un problema público, un problema general de la ciudadanía uruguaya, y hay un principio que se llama de igualdad ante las cargas públicas. Se voló la ciudad de Dolores, que lo pague Eduardo Fiore. No, las cargas públicas se deben repartir con equidad. En este caso había un problema en el BPS, se voló el BPS. ¿Quién paga? Lo va a pagar esta franja de gente que en aquel momento tenía entre 30 y 40 años; cuando llegue el momento de jubilarse estos van a cobrar menos y con eso se suponía que se iba a solucionar el problema del BPS. O sea que hay desigualdad no solo entre las personas que se acogen a uno y otro régimen, sino que además una diferencia de tratamiento hacia una franja generacional en relación con las otras.
EC —¿Cuáles serían los efectos si la ley fuera declara inconstitucional?
HS —En nuestro sistema, el Poder Judicial no puede derogar una ley, el efecto de la inconstitucionalidad es solamente para el caso concreto de la persona que lo plantea, e implica que la ley no se aplique a esa persona si esa persona así lo desea. Es una especie de pase libre que le permite decir “a mí no me pueden aplicar esta ley si yo no quiero”.
EC —¿En qué situación quedaría esa persona, el hoy cincuentón? No le sería aplicable aquella norma que la obligó a incorporarse al sistema mixto, ¿entonces?
HS —Entonces podría optar por el sistema público exclusivamente.
EC —¿Es tan claro que esa sería la consecuencia? Hay quienes dicen que quedaría en un limbo.
HS —No, ¡qué limbo! En el Uruguay el sistema jubilatorio es un derecho constitucional, se tiene que jubilar por un sistema o por otro. El gran problema es el artículo 2, que decía que las personas que tuvieran menos de 40 y ganaran más de $ 5.000 estaban obligadas a estar en el sistema mixto. Si ese artículo se deja de aplicar, la persona puede optar por ese o por el otro sistema, deja de serle obligatorio el sistema mixto.
EC —¿En qué está el trámite de esta acción de inconstitucionalidad?
HS —Está avanzando bastante rápido.
EC —¿Cuánto tiempo lleva ya?
HS —Entró a mediados de diciembre del año pasado y a estas alturas ya hubo respuesta de todos los involucrados, porque hubo que hacer notificar al Parlamento –al Poder Legislativo–, al BPS y a todas las AFAP. Y por supuesto también se va a pronunciar el fiscal de Corte. Todos esos involucrados ya han contestado la demanda.
