
EC —¿Cuándo fue eso?
OL —Hace algunos meses. No pude hablar con él, entonces le dije al secretario personal que le dijera que yo quería comunicarle alguna cosa, y me hizo llamar por Álvaro García. Entonces le dije a Álvaro: “Mirá, yo creo que la empresa tiene que poner en la balanza todo lo que le dio el país”. El país le dio mucho más que una ley de zona franca o una ley de promoción de inversiones. El país le puso el hombro a la primera planta, todos le pusimos el hombro, y pasaron muchas cosas, que yo detallo ahí.
EC —El país sufrió mucho por la instalación de esa planta, para cumplir con los compromisos asumidos y para que se pudieran llevar a cabo el final de la obra y la instalación de la fábrica ya con su inauguración.
OL —Eso es lo que digo, por eso agradezco el informe que me hizo el doctor José María Gamio, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, y Sergio Abreu, cuando detallo todos los perjuicios que nos provocó Argentina, que fueron alrededor de 15. Algunos más directos en la zona y otros a nivel país. Yo le decía que hay que hacer valer eso.
EC —¿Usted decía que ese antecedente, ese costo “escondido” de la primera planta de celulosa, debía figurar en estas negociaciones por la segunda planta de la misma compañía?
OL —Exactamente, porque se decía que la empresa estaba pidiendo muchos más beneficios. Y lo otro es que en estos 10 años, por diferentes cargos públicos que he tenido, he pasado por la protesta de la gente “¿por qué se le da a UPM esto y por qué no se le da al resto?”. Entonces explico: el país puede dar lo que tiene autorizado a dar, la ley de zonas francas; si no hay que sacarla, pero si usted le dice a un inversor “mirá que te puedo dar 10”, el inversor no le va a decir “no, me conformo con 5”. Me parecía que eso ayudaba a la negociación. No he leído en detalle lo que salió ahora.
EC —Va a ser interesante, cuando se haya podido estudiar con cuidado el acuerdo, su evaluación a propósito de si eso estuvo contemplado de algún modo.
OL —Exacto.
EC —Pero repasando lo que dijo en sala, mi impresión es que hay tres grandes capítulos: todo lo que UPM 1 ha dejado como positivo; todo lo que le costó al país (y sobre todo a Fray Bentos) la concreción de aquella inversión, por el conflicto con Argentina, y todo lo que Uruguay aprendió. Le propongo que vayamos repasando cada una de esas zonas.
En su intervención usted hace un balance positivo de lo que la primera planta de celulosa le aporta al país y a Fray Bentos en especial.
OL —Sí.
EC —Por ejemplo, se escucha a cada rato el argumento “son solo 560 puestos de trabajo”. ¿Qué responde a esa visión?
OL —Yo hago todo el racconto, según un informe de CPA Ferrer son 6.976 puestos de trabajo en toda la cadena, y se detalla dónde. Y se dice “son 500 y algo puestos de trabajo directo dentro de la planta”. Lo primero que hay que aclarar es que hay un finlandés en Fray Bentos, uno; el resto son todos uruguayos, que no son de Fray Bentos, por supuesto, la mayoría han venido de todos lados. Entonces quizás sea una visión medio montevideana, 200 puestos de trabajo acá (en Montevideo) no mueven la aguja, pero para nosotros son una multitud. A eso le agrego 310 camiones de madera que entran por día a la planta, que tienen 640 choferes, que tampoco teníamos. Porque si me dicen “vino una industria que sustituyó mano de obra”, porque se fue otra, lo evalúo favorable porque no los perdimos, pero esto es agregado. Y después todo el resto de la infraestructura y los servicios que demanda la propia planta.
EC —En el caso particular de Río Negro o de Fray Bentos, ¿ha podido evaluar cuántas empresas se crearon eventualmente para trabajar para la planta?
OL —Yo nombro la cantidad de empresas que le brindan servicios en las diferentes áreas a la propia planta. Nosotros teníamos una evaluación: en el 2012 en Río Negro había más de 80 empresas que no estaban en el 2004, muchísimas vinculadas al sector agrícola, que no tiene nada que ver con UPM…
EC —Claro, porque ese proceso de 10 años coincidió con el estallido de la agricultura.
OL —Y con la presencia de empresas argentinas, sobre todo. Pero directamente vinculadas a la planta, yo detallo ahí las empresas que se crearon en cada uno de los rubros, desde viveros, en el que trabajan creo que 18 empresas encargadas de la implantación, mejora genética, manipulación, etcétera, hasta empresas de transporte. Por ejemplo, en Young hay una empresa que prepara a las personas que van a manejar el equipo de corte, talado y descascarado. A esa empresa viene gente del extranjero, vienen hasta europeos a prepararse con ese equipo de entrenamiento. Y como eso hay una cantidad de cosas que muchas veces ni siquiera conocemos. Pero realmente el impacto en ese sentido es favorable.
EC —¿Y la población de Fray Bentos, o el departamento más en general, coincide en esa evaluación?
OL —Nosotros tuvimos mucha contra interna también, había mucha gente que estaba en desacuerdo. Por varios motivos, la mayoría era por el impacto ambiental, que no se terminaba de aceptar. Y hay cosas que cada tanto recrudecen ese enfrentamiento. Por ejemplo, yo hago referencia a los episodios de olor, que se han producido; en el inicio de la planta se decía que se iban a producir cada tanto, cuando la planta parara y cuando arrancara. Ha habido episodios y eso molesta a la gente. Entonces cada tanto aparece “¿habrá valido la pena todo lo que hicimos?”. Yo creo que sí.
Y a nivel país, hoy la celulosa es el segundo o tercer rubro, y es una actividad que no teníamos. También hago referencia a que esto es una política de país, y se marca claramente desde el 87 con la Ley de Promoción Forestal, pero desde el año 60, cuando Wilson hablaba de la producción forestal con destino a una industria masiva, a producir celulosa, porque no podíamos pensar en sacar un millón y medio de hectáreas en muebles. Entonces el país tuvo que tomar una decisión.
Hago referencia a lo que pasaba antes, apostamos 26 años a no cobrar contribución rural, y no lo digo porque haya sido intendente, eso pesaba.
EC —Se refiere al período que se inició con la Ley de Promoción Forestal, que durante 26 años tuvo como consecuencia que se exoneraba de contribución inmobiliaria rural a los predios dedicados a ese rubro.
OL —Exactamente.









