EC —Veía en algunos resúmenes que se abrieron al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero, según el relevamiento del Centro de Integridad Pública, un grupo estadounidense sin fines de lucro. ¿En qué concluyeron esas investigaciones?
LC —Hay muchas investigaciones abiertas en todo el mundo. En Uruguay uno de los destaques que hubo como efecto de los Panama Papers fue aquel caso famoso contra el cártel del Cuinis, que tenía base tanto en Maldonado como en parte del país. Parte de la información surge de la información proveniente de los papeles de Panama, está marcado en el sitio Panama Papers como uno de los casos grandes de investigación. Hay algunas revelaciones en algún otro caso, pero el de los Cuinis fue el caso más marcado.
También se habla de que se recolectaron impuestos no pagados correctamente por la interposición ficticia de sociedades offshore, se dice que en el mundo fueron unos US$ 110 millones, lo cual no es gran cosa. Aquí en Uruguay, a raíz de los Panama Papers la DGI creó una Unidad de Investigación de Personas Físicas. Por los meses de abril-mayo la DGI les pidió a todos los estudios que figuraban como contrapartes que dieran a conocer quiénes eran sus clientes. Mayoritariamente eran clientes no locales, pero en cuanto a los clientes locales, a partir de la información que la DGI obtuvo de los estudios que brindaban estos servicios, se abrieron 95 investigaciones con un promedio de poco más de $ 1 millón cada una de determinación de nuevos impuestos. Eso da aproximadamente, según me decía el director de DGI, unos US$ 4 millones.
EC —Se recaudaron US$ 4 millones que no estaba previsto recaudar. ¿A qué corresponden?
LC —Básicamente a determinaciones tributarias realizadas en virtud de, o bien malas liquidaciones del IRPF de determinadas personas, o bien interposición ficticia –que no quiere decir ilegal, es aplicación del principio de la realidad–. Se dejaron de lado esas sociedades y se les imputó la renta a las personas físicas que estaban detrás. Eso dio aparentemente US$ 4 millones. Para contextualizarlo, Colombia lo hizo por US$ 8,8 millones, México por US$ 2 millones. O sea que para Uruguay, en términos relativos, en esa contribución de US$ 110 millones dólares, fue bastante importante el número. Pero sobre todo lo que hizo, a través de esa Unidad de Investigación de Personas Físicas, fue aumentar la percepción de riesgo en la utilización elusiva de sociedades offshore.
EC —No hubo verificación de delito.
LC —No, hasta donde sabemos no hubo ninguna verificación de delito. Sí de determinaciones tributarias efectuadas en forma incorrecta, según la DGI. Se demostró que parte de los Panama Papers –muchas veces, no necesariamente, porque hay un uso legítimo de estas sociedades– se podían utilizar para socavar la base tributaria de los países. Es decir, para determinar en menos los impuestos a la renta, sea del trabajo, del capital o las rentas empresariales.
El otro gran cambio que trajeron los Panama Papers fue la aparición en muchos países, incluso en Uruguay, de medidas antielusivas.
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LC —Un detalle. La recaudación de impuestos por IRPF, rentas del capital mobiliario en el exterior –que es cuando tengo intereses y dividendos en el exterior que no se encuentran gravados en el exterior, eso aplica por vía de retención o por pago voluntario– correspondiente al año 2015 fueron unos US$ 15 millones. Eso corresponde aproximadamente a unos US$ 2.000 millones gravados en el exterior. En el año 2016 la cifra todavía no se ha terminado de consolidar, pero según información que me ha dado gente de DGI, habría duplicado la de 2015. No es relevante en términos de recaudación para Uruguay, más allá de que obviamente no les viene mal a las arcas de la DGI, pero sí es relevante en cuanto al aumento de la percepción de riesgo de estas operaciones.
En Argentina los Panama Papers fueron sin duda un gran consolidador del sinceramiento fiscal casi récord de US$ 120.000 millones de dólares que se tuvo lugar. Creo que no habría sido posible ese monto sincerado si la gente no hubiera tenido esa percepción de riesgo. Incluyendo parte de sus activos en Uruguay, que habían sido dados a conocer en algunos casos o que la información se había hecho pública a partir de Panama Papers.
EC —Los Panama Papers “beneficiaron” a ese plan lanzado por el presidente Mauricio Macri…
LC —Absolutamente.
EC —… pese a que al mismo tiempo lo salpicaron a él.
LC —Sí, es quizás una contradicción en esos términos, pero sin duda la gente se dio cuenta de que era muy difícil esconderse y mantenerse al margen de todo esto. En Brasil también, las investigaciones en el caso Odebrecht han tenido impacto muy grande.
Y un dato adicional, que no tengo forma de corroborar pero conceptualmente sé que en parte fue así: el aumento de reportes de operaciones sospechosas que hicieron los sujetos obligados por la Ley Antilavado en Uruguay a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Estos aumentaron fuertemente en 2016 respecto a 2015, y eso en parte al menos se explica por una mayor sensibilización, una mayor actividad de supervisión de las autoridades, pero también por la información que surge a partir de los Panama Papers. Mucha gente reportó eventuales inusualidades o sospechas que surgían a partir de los papeles de Panamá.
