RA —Uno de los cuestionamientos que ustedes hacen al TLC con Chile es que establece que cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al tratado de cooperación en materia de patentes. Con ese fin, el gobierno envió un proyecto de ley en marzo pasado que aún no ha sido aprobado. Pero ¿qué implica este tratado y por qué lo ven como un riesgo potencial?
GB —En primer lugar, dice de hacer el máximo esfuerzo y simultáneamente llegaron al Senado para ratificar el TLC y tres meses después llegó el tratado de cooperación de pantes. Este tratado es un acuerdo de casi 150 países, donde se facilita la inscripción de una patente en un país y después es como si se iniciara el trámite en los 150 países. Pero después para desarrollar efectivamente la patente en cada uno de esos países Uruguay tendría que gastar en estudios jurídicos, en abogados, etcétera, y no creo que eso refleje una disminución de costos importante a lo que hoy está haciendo Uruguay, que hoy registra sus patentes y registra sus patentes en los países que más lo preocupan. El perjuicio de este acuerdo es que las patentes hasta el día de hoy sin acuerdo tienen 12 meses: una vez que se inscribe en un país, si pasan 12 meses y no se inscribieron en Uruguay, se pueden usar acá. Este mecanismo lo utilizan los laboratorios farmacéuticos tanto de salud humana como animal y hoy hemos desarrollado un sector que tiene 3.000 puestos de trabajo directo, que exporta y que [con este nuevo acuerdo] puede ser cuestionado. En primer lugar hay un cuestionamiento objetivo, se pasa de 12 meses…
RA —Estamos hablando de la industria farmacéutica local.
GB —Sí. Se pasa de 12 meses a 30 meses. Entonces hay un año y medio más de demora para poder fabricar un medicamento genérico. Esto podría tener repercusiones en las empresas, en los precios y por lo tanto también en el sistema de salud.
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RA —La posición de Casa Grande con estos comentarios del economista Buquet queda clara. De todas formas es una discusión que se está dando ahora en la interna del propio oficialismo. Hay sectores como el Partido Comunista, el PVP, además de Casa Grande, que ya han manifestado explícitamente su rechazo a firmar este TLC. Hay otros que están definiendo su posición; es el caso del Partido Socialista, que está dividido, es el caso del MPP, que está estudiando el tema. ¿Qué puede pasar? Todavía no se sabe entonces.
GB —No se sabe.
RA —¿Puede pasar que el FA rechace y se deje un acuerdo que ya firmaron los cancilleres?
GB —Si se dan por hecho las políticas, creo que si el Parlamento tiene que ratificar los acuerdos es porque tiene que discutir las estrategias del Uruguay. Por lo tanto son dos poderes independientes, aunque sea la misma bancada de gobierno, que puede discutir lo que hace el Ejecutivo si es que no coordina, no articula antes con el FA y con la bancada específicamente qué es lo que quiere desarrollar.
RA —Ese es un punto que ustedes mencionan. Para ustedes la discusión debió haberse dado antes de que el Poder Ejecutivo firmara este acuerdo con Chile.
GB —Por supuesto, si se necesita confidencialidad previo a negociar el acuerdo se va a decir “Uruguay tiene estos sectores para negociar”, antes de iniciar, después se firma la cláusula de confidencialidad y se actúa en consecuencia. Pero primero se discute. De hecho el último congreso del FA resolvió que durante el proceso de negociación de un tratado internacional deberá tomarse en cuenta que los lineamientos generales de su contenido, así como sus objetivos, sean de conocimiento público, remitiéndose al derecho de acceso a la información se deben de prever mecanismos, por ejemplo, como audiencias públicas de consultas ciudadanas que garanticen la transparencia en todos los temas relativos a la soberanía nacional antes de su ratificación en el Parlamento”. Esto es una resolución del último congreso del FA y por lo cual nos sentimos con el derecho a cuestionar la corriente principal de pensamiento y por supuesto que vamos a intentar que el FA no apruebe este TLC.
RA —Quedaría en una posición complicada el canciller Nin, porque debería prácticamente renunciar, dando un paso al costado, si no puede llevar a cabo.
GB —En el FA hay diversidad de ideas, diversidad de opiniones y por lo tanto va a primar lo que defina la fuerza política. Lo mismo le puedo decir, cambiando de tema, con UPM. ¿A usted le parece que nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de la envergadura de UPM, que cambia radicalmente el país entero sin que se pueda discutir, sin que por ejemplo la Intendencia de Montevideo tenga derecho a plantear cómo va a ser el tren, que como está previsto va a dividir la ciudad en dos? Nos parece que los temas estratégicos deben ser discutidos no solamente al interior de la fuerza política, sino con la ciudadanía.
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Transcripción: María Lila Ltaif
