EC —¿Faltó algo de lo anterior?
EB —Decía que este mismo año y otros años ha habido meses de 30 homicidios, pero ese mes ha sido enero. Enero, no sé por qué, es un mes de altos homicidios.
EC —Sí, a eso estábamos “acostumbrados”, por eso llamó la atención lo de noviembre.
EB —Noviembre no es un mes de altos homicidios.
EC —A partir de casos como el de Brissa y Valentina se está empezando a hablar de alternativas legales. Por ejemplo, de un registro de agresores sexuales. Usted y el presidente Tabaré Vázquez han dicho que el gobierno está abierto a estudiar mecanismos como ese. Sin embargo, por lo visto no ha sido una prioridad para el Poder Ejecutivo hasta ahora; el senador Lacalle Pou recuerda que presentó un proyecto en 2008 que no llegó a discutirse. Da la impresión de que al menos una parte del sistema político ha estado distraído u omiso en esta materia.
EB —Lo que pasa es que hace poco se aprobó la Ley de Violencia de Género, que tiene algunos componentes de esto. Cuando se planteó en el 2008 creo que era un hecho aislado, ahora está planteado en el marco de algo más amplio. El presidente fue más lejos, dijo que estaba de acuerdo; yo dije que estaba de acuerdo con discutirlo y que podía ser un elemento favorable, que tenía que ver cómo era la discusión, cómo eran el desarrollo de la discusión y los aportes. En el 2008 fue planteado, sí, en ese marco.
EC —Se lo planteó en aquel momento y en otras ocasiones, como que se insistió y sin embargo el proyecto quedó encajonado.
EB —Yo estaba en el Ministerio de Trabajo en el 2008, no lo recuerdo como un tema en el que yo haya participado. Acá hubo varios planteos, estuvo el de la pena de muerte, estuvo el de la cadena perpetua, que descarto totalmente, y estuvo el del registro. El del registro, y además el del seguimiento. Y partiendo de la base de que varios especialistas dicen que hay casos que no se recuperan, ¿qué se hace con esa persona? Me lo plantearon cuando se le dio la libertad a Pablo Goncálvez, me preguntaban si el MI lo estaba siguiendo. Y por supuesto que no, porque el MI puede hacerlo si se lo indican los jueces, si no, no puede. Y los jueces pueden hacerlo si hay algo que lo disponga. Ahí sí que hay un problema, porque los especialistas dicen “no va a cambiar”; cumplió la pena ¿y qué se hace? Nosotros tenemos la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida (OSLA), que es precisamente para eso, pero tiene que haber una resolución legislativa que lleve a que la justicia encare el tema, si no tiene aval para hacerlo tampoco la justicia puede hacerlo.
EC —Usted mencionaba recién el caso probablemente extremo de Pablo Goncálvez, pero el asesino de Brissa González había estado procesado por acoso sexual a menores y parece quedar en evidencia que no recibió un tratamiento, por lo menos no un tratamiento efectivo mientras estuvo recluido.
EB —Tampoco estuvo tanto tiempo recluido. Y en cuanto a lo de efectivo, insisto, hay quienes dicen que no cambian, entonces no sé cuál es el tratamiento.
EC —¿Quién se hace cargo de la falla en ese caso, del hecho de que esta persona haya salido poco tiempo después, no haya pasado demasiado tiempo en la cárcel, y además sin trabajo de rehabilitación?
EB —Trabajo de rehabilitación debe haber habido, el problema es si es fue efectivo ese trabajo de rehabilitación. Usted sabe que yo no soy de los que creen que no hay que aumentar ninguna pena. No creo eso, creo que el aumento de pena no debe ser una receta. Pero en casos en que ya sea por el tratamiento psicológico o médico o de otro tipo, que no se logra en poco tiempo, no estoy cerrado a esas soluciones.
EC —¿A qué no está cerrado?
EB —A que haya aumento [de pena] cuando tiene que producirse un tratamiento que no se resuelve en dos años, en un año y medio, que necesita más tiempo. Entonces la pena está en función de la política de rehabilitación que merezca cada persona, tiene que existir la posibilidad de que ese tratamiento se reciba. No es aumento de penas al barrer, sino en cada situación. El senador Bordaberry hace poco decía “el Frente Amplio se niega al aumento de penas, sin embargo en los últimos siete años hubo aumentos” y las enumeraba. Y sí, porque hay situaciones que lo ameritan. Y puede haber que lo ameriten, y puede ser que ameriten el registro para mantener un control aun después de haber salido en libertad.
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Transcripción: María Lila Ltaif
