EC —¿Qué contexto?
DC —Todos estamos contestes en que en los últimos 18 meses o por lo menos en el último año ha habido un raid del diputado Trobo, el diputado Goñi y el diputado Alejo Umpiérrez, pasando por todos los medios, tirando una serie de titulares interesantes, quizás hasta rimbombantes, que después en el trabajo de la comisión preinvestigadora no pudieron comprobarse. Voy a señalar solo cuatro para tener una idea, porque me parece que cuando hablamos de fortalecer la democracia el Parlamento tiene una función fundamental, tenemos que hablar de la calidad de la democracia y en eso estamos involucrados los parlamentarios y nuestras opiniones, más allá de que somos libres de hacerlas.
EC —La preinvestigadora no era para laudar el asunto, era para habilitar eventualmente la investigación, en la que sí se iba a llegar, en todo caso, a elementos contundentes.
DC —Sí, sin duda. Y de hecho parte de la posibilidad de conformar una investigadora está establecida en la ley 16.698, que establece que cuando existen méritos suficientes, se comprueban irregularidades o ilicitudes, se conforma una investigadora parlamentaria para investigar esas posibles irregularidades o ilicitudes.
El 6 de agosto de 2015 Búsqueda informa: “El diputado Rodrigo Goñi denunció supuestos negocios oscuros con Venezuela. Goñi llamó la atención acerca de una extraña participación de intermediarios privados que se servían de las delegaciones y acuerdos comerciales. Detrás de las declaraciones de Goñi queda flotando la sospecha de que parte de estas operaciones contribuyen a financiar sectores del Frente Amplio”.
En radio El Espectador, el 8 de enero de 2016, Trobo sostiene: “Aire Fresco es la única intermediaria de los negocios con Venezuela. Aire Fresco cobra el 3 % de la comisión por todos los negocios. [José] Mujica le puso la firma al acuerdo de Aire Fresco con Suvinca. El gobierno uruguayo le otorga el derecho a Aire Fresco de ser la contraparte de los negocios con Venezuela”.
En El Observador TV, el 12 de enero de 2016, Alejo Umpiérrez, en esa embestida mediática que hubo, dice: “Aire Fresco es el peaje que hay que pagar para entrar en los negocios con Venezuela”.
Y seguramente hay muchísimos más, usted es un periodista muy avezado y tiene una investigación muy importante en estos temas. Voy a que la discusión de la investigadora parlamentaria, y sobre todo el instrumento de las investigadoras parlamentarias, sirve para echar luz en determinadas situaciones. Pero cuando para algunos diputados ya hay cosa juzgada, se da el hecho juzgado, se hace un pasaje por todos los medios de comunicación afirmando cosas que después no se prueban en la propia denuncia de 35 fojas, no se sostiene casi ninguna, le hacemos mal al sistema democrático, le hacemos mal al Parlamento y sobre todo le hacemos mal a la construcción de la posibilidad de echar luz sobre situaciones que pueden ser complejas.
EC —Entiendo la observación. Pero tengo la sensación, a partir de lo que he observado desde 1985, de que cuando los legisladores que promueven una investigadora hacen los planteos públicos en los días, en las semanas o los meses previos, todos terminan incurriendo en ese tipo de adelantamiento que usted mencionaba. Me da la impresión de que no es monopolio del diputado Trobo y del diputado Goñi haber operado de esa manera en sus entrevistas públicas.
Pero yendo a los hechos concretos, hace unos minutos entrevistábamos al diputado Trobo y él volvía sobre los acuerdos suscritos entre Uruguay y Venezuela, en especial los acuerdos de enero de 2011, que son 13 acuerdos, en dos de los cuales aparece firmando a texto expreso la empresa Aire Fresco SA. La pregunta es por qué, a partir de qué procedimiento, por qué se justifica que sea esta empresa y no otra u otras quien se van a encargar de algunos de los convenios que se suscribieron en esa ocasión.
DC —Es bien interesante la pregunta y fue parte del debate que tuvimos ayer en Cámara y del debate que tuvo la comisión preinvestigadora. El diputado Trobo, entre otras cosas, incluye en sus más de 35 fojas cuatro o cinco artículos importantes. Uno de ellos es el tema del funcionamiento del Fondo Bolívar-Artigas, un fondo que se financia a partir de la compra de crudo a Venezuela. El gobierno venezolano, en una política establecida desde que llegó Chávez al gobierno y seguida por el presidente Maduro, estableció, para complementar los pagos de petróleo, un comercio complementario de compra de alimentos a los países que compran petróleo. También fueron parte de la denuncia supuestos acuerdos o irregularidades en la firma de acuerdos entre empresas privadas uruguayas y el Estado venezolano. Y otra serie de cosas.
Para un país tan chico como Uruguay seguir encontrando destinos de exportación es muy importante. Venezuela es un país que necesita comprar muchos alimentos, compra más de US$ 5.000 o US$ 6.000 millones en alimentos año a año, y lo hace a través de empresas gestionadas por el Estado, tiene estatizado el comercio exterior, y lo hace a través de la firma de acuerdos. Primero acuerdos comerciales entre los países y después acuerdos comerciales que establece el Estado venezolano con empresas privadas, en este caso de Uruguay, pero de cualquier otro país. Es la forma que tiene de abastecerse de los alimentos que los venezolanos consumen.
EC —Pero ¿por qué Aire Fresco y no otra? ¿De qué manera se hizo esa selección?
DC —Esa es una potestad que tiene el gobierno de Venezuela, porque es el gobierno de Venezuela quien establece a quién le compra alimentos. El Estado uruguayo establece en las giras presidenciales y en las misiones comerciales de los ministros, por ejemplo de Ganadería, de Industria, las rutas comerciales, los acuerdos importantes para que después los privados uruguayos y de otros países, los estados de otros países y el Estado uruguayo hagan negocios. Esos son acuerdos entre partes.
