EC —Todo eso está entendido, pero la pregunta que figura como telón de fondo del planteo de la investigadora y de la polémica en torno a este caso es ¿por qué Aire Fresco, en particular? Y no la hicieron solamente legisladores de la oposición, ayer se sumó a la preocupación un diputado del propio FA, Gonzalo Mujica, que ahora está marcando distancia y anuncia que no va a respetar necesariamente las decisiones que tome la bancada en cuanto a asunto político. Votó a favor de la integración de la comisión y dijo: “La pregunta de fondo es: si el gobierno venezolano decide nombrar a una empresa recién formada por dos miembros de la dirección del MPP para que intermedie en los negocios con Venezuela, ¿cómo es eso? ¿Los elige porque Nicolás Maduro les tiene cariño? ¿Porque los conoce mucho? ¿No es legítimo que nos preguntemos si no hubo un andamiaje montado y organizado por un ejecutivo manejado por el MPP con un gobierno amigo a los efectos de montar una empresa que obtuvo utilidades que financiaron la campaña? Esa es la duda y por eso hay que investigar”.
DC —Es interesante lo que plantea Gonzalo Mujica, sobre todo teniendo en cuenta que Aire Fresco es una de las 114 empresas que exportan a Venezuela. Yo preguntaría lo mismo de las 113 restantes, cómo fueron elegidas. Fueron elegidas en función de los criterios que estableció el gobierno venezolano, que es el que compra los alimentos.
EC —¿Usted dice que en todo caso la responsabilidad es de Venezuela? ¿No hay nada de responsabilidad del gobierno uruguayo en esta materia?
DC —Eso fue parte del fundamento porque no hay ningún acto jurídico, ningún acto de gobierno, ningún acto ni ninguna prueba que justifique que el gobierno uruguayo benefició a una empresa, en este caso Aire Fresco. Ese es el centro de por qué no habilitamos una investigadora, porque para la oposición esto ya era cosa juzgada y nosotros intentamos encontrar pruebas que sirvieran para investigar, y no se presentó absolutamente nada.
Es muy importante lo que dice el diputado Gonzalo Mujica; es una duda que él puede tener razonablemente. Yo le diría que quizás tiene una situación medio compleja, porque fue elegido diputado por la misma lista sobre la que echa un manto de sospecha acerca del financiamiento. Le diría que quizás sería bueno no tener una ética hemipléjica, no generar determinadas sospechas sobre determinadas situaciones. Si tiene tantas sospechas en ese sentido, lo primero que puede hacer es dejar su banca a disposición, porque fue elegido por ese sector y no necesita la mayoría parlamentaria de ningún sector, es una decisión individual.
Del debate me fui muy preocupado –por eso empezaba hablando de la calidad democrática– por un tema muy importante: en un Estado de derecho como el Estado uruguayo, con los valores que como sistema político hemos pregonado y hemos compartido en el exterior con los diferentes partidos políticos, existe el principio de presunción de inocencia. Y aquí, sin ningún tipo de elementos –ni Trobo ni Goñi ni Umpiérrez pudieron presentar ningún elemento– que pusiera una duda razonable sobre los negocios que hizo el Estado uruguayo con Venezuela, se echa un manto de sospecha y se genera una situación en la que las personas o empresas o individuos políticos tienen que demostrar su inocencia. En realidad es al revés, para que alguien tenga determinadas situaciones complejas tiene que presentarse alguna prueba, y no hay ningún elemento, en particular en la denuncia presentada por el diputado Trobo, en las 35 fojas, de las cuales 19 son recortes de prensa, que establezca que el Estado uruguayo favoreció a una empresa, que el Estado uruguayo favoreció a tres empresas, como Aire Fresco, Atlansur y Urutransfor, y que el Estado uruguayo o particulares uruguayos se beneficiaron de tener una situación de cercanía con algún miembro del anterior gobierno.
