EC —¿Cuál es el razonamiento por el cual el gobierno entiende que hay que hacer esas obras de todos modos?
AG —El razonamiento básico es el siguiente. Hay un planteamiento de la empresa al Estado uruguayo UPM de hace un año y medio de construir una planta de celulosa en una zona en la cual existen históricos rezagos –desde que el país se conoce a sí mismo– de desarrollo con referencia a otras zonas del país. Esto implica alguna obra de infraestructura, yo diría que la principal es el tramo de ferrocarril con todas las características que requiere, un ferrocarril del siglo XXI, desde la ciudad de Paso de los Toros a Montevideo. Diría que esa es la clave de este momento y es el compromiso que el gobierno asume, y lo hace independientemente de que se vaya a concretar o no la construcción de la planta, por una serie de factores que estaban antes y otros que aparecieron durante el análisis de este proceso. La posibilidad de tener un ferrocarril, el ferrocarril central, funcionando, con niveles de eficiencia adecuados y niveles de costos mucho menores que otras alternativas, implica la posibilidad de creación de una serie de negocios –algunos de los cuales ya se están generando– alrededor de la vía férrea relacionados con otros sectores productivos, no necesariamente con los del complejo forestal maderero celulosa.
Entonces, tomada la decisión de que el ferrocarril va adelante igual, en este momento lo que hay que hacer es trabajar para avanzar hacia que la empresa tenga las condiciones para tomar la decisión final de inversión. Básicamente la más importante es que haya un avance en la construcción del ferrocarril dentro de 10 meses aproximadamente.
EC —El razonamiento es que esta intención de UPM de construir una segunda planta de celulosa pone de manifiesto déficits de infraestructura que nuestro país arrastra. El Estado reconoce ese déficit de infraestructura, que incluso está afectando otras posibilidades de desarrollo que el país podía haber tenido, y opta por subsanarlo.
AG —Exactamente, se podría leer de esa manera. Y se podía leer en sentido contrario: ¿estaríamos dispuestos a perder la posibilidad de los beneficios que va a traer, si se concreta esta tercera planta u otros negocios, por no realizar la apuesta del ferrocarril en este momento? Esa sería la otra visión, decir: Uruguay, que está saliendo al mundo a captar inversión, porque la necesita para mantener su crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de la gente, no sería capaz de dar este paso adelante. Creo que se ha tomado una decisión importante y factible. Hay momentos en los cuales hay que dar determinados saltos cualitativos y en este caso se tomó.
Un elemento más. En el caso de que existiera la infraestructura, como existió en otros casos, en las plantas anteriores no existió esta dificultad, la empresa planteó la necesidad de que el país tuviera determinada cantidad de infraestructura, básicamente el ferrocarril…
EC —Sí, el ferrocarril, y también determinadas carreteras, mejoras en caminos vecinales, algunos puentes y el viaducto que hay que armar en la zona del puerto de Montevideo.
AG —Nadie imaginaría que vayan a pasar 30 años y Uruguay siga teniendo un puerto como el que tiene, que va a seguir creciendo, con el ingreso del ferrocarril a ras de piso, al mismo nivel por el cual salen vehículos y vehículos. Es la principal salida del país hacia el norte y hacia el oeste desde el centro de Montevideo. Todos sabemos lo que se provoca allí. Nadie puede pensar que en los próximos 30 años el país no iba a hacer absolutamente nada de infraestructura en eso. Por lo tanto, el razonamiento que haría, siguiendo el razonamiento que hizo usted, es: a caballo de esta propuesta de inversión importante, el país está dando un salto cualitativo en infraestructura que necesitaba realizar. Entonces parte de ello se amortiza, se aplica a esta inversión, y parte de ello va a ser palanca de desarrollo para otras necesidades que el país tiene y para uso de todos los sectores productivos.
EC —Entendido ese razonamiento, la pregunta siguiente –que incluso planteaba en un editorial el viernes pasado– es: si el gobierno de Uruguay ya se comprometió –porque en este documento se compromete– a ejecutar esas inversiones, ¿cómo es que, del otro lado, UPM no se compromete ya hoy a que, en caso de terminarse las obras en los plazos previstos y con las calidades requeridas, hará efectivamente su planta?
AG —Dos cosas. En primer lugar, el planteamiento original de la empresa siempre fue ese. Incluso sin tener plazo para tomar la decisión, cosa que fue inaceptable para el gobierno, por lo tanto el contrato establece muy claramente que el plazo máximo para tomar la decisión final de inversión por parte de la empresa es el 15 de febrero del año 2020. Si no se toma esa decisión final de inversión, este acuerdo cae por completo e ipso facto.
En segundo lugar, dadas las circunstancias que existen, dada la actitud de la empresa durante todo este período, nosotros no pensamos que, en caso que el país tenga efectivamente avances, como los va a tener, porque existen la voluntad política y los caminos para hacerlo, la empresa vaya a decidir no hacer la inversión.
