EC —Otro punto de debate de estos días ha sido el hecho de que Uruguay no se compromete solo a realizar obras de infraestructura. También de esos compromisos hablaba ayer en nuestra Mesa, y en particular el doctor Sarthou era crítico, decía que había en esa materia eventuales inconstitucionalidades. Destacaba que el Poder Ejecutivo asume el compromiso de cambiar la legislación laboral para que tenga efectos generales, con lo cual está asumiendo competencias del Poder Legislativo; que además se afectaría la autonomía de los consejos de enseñanza técnica al establecer que se debe consultar a UPM para modificar los planes de estudio de algunas carrearas, de algunas opciones, según las necesidades del nuevo emprendimiento, e incluso que habría una vulneración de la autonomía departamental al comprometerse a cambiar planes de ordenamiento territorial en cuatro departamentos. ¿Qué dice sobre este punto?
AG —Creo que el doctor Sarthou no está leyendo bien este documento. Yo he leído algún artículo que él publicó, creo que fue una lectura muy apresurada. Yo le daría una lectura más profunda.
En primer lugar, ayer estuvo el director de la OIT en Uruguay y alabó el acuerdo tripartito que con tanta anticipación y sin saber si efectivamente va a haber una tercera planta de celulosa realizaron gobierno, empresarios y trabajadores uruguayos al respecto. Es un ejemplo único a nivel mundial. Uruguay, y nuestro gobierno en particular, es absoluto defensor de la negociación colectiva, por lo tanto absolutamente respetuoso de esos procesos. No sé de dónde surge que puede haber algún compromiso de cambio legal. Y si lo hubiera, el Parlamento es el organismo soberano en una democracia, por lo tanto a todos nos rigen las leyes. Creo que nada nos da más garantías que que un proyecto de ley vaya al Parlamento para ser votado.
EC —Estoy recorriendo el acuerdo, en la página 44 se dice: “Incorporar al derecho positivo uruguayo, bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación, así como los mecanismos aplicables para asegurar su observancia”.
AG —Usted lo ha dicho, lo ha leído claramente. Interprételo usted mismo.
EC —Está el compromiso de incorporar al derecho positivo uruguayo…
AG —… bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo.
EC —Por eso. ¿Y qué pasa si el Parlamento se opone?
AG —No se podrá realizar. Una de las cosas que se plantearon en este proceso de negociación son los límites que tiene el gobierno para actuar. Y allí le voy a los otros dos puntos, la autonomía de la enseñanza y la autonomía de los gobiernos departamentales. Obviamente una empresa de este tipo, o de cualquier tipo, desea tener los caminos allanados. La discusión fue dura en estos términos, pero como nuestra voluntad era que esto fuera adelante, porque entendemos –no hemos hablado nada todavía de todos los efectos positivos que esto va a tener para el país en caso de desarrollarse– que hay que ir adelante respetando absolutamente la Constitución y la ley, todo lo que está establecido ahí así lo hace.
En el caso de UTU…
EC —El punto 3.6.4, en materia de educación, dice: “Luego de la fecha de la decisión final de inversión Uruguay, República Oriental del Uruguay, deberá organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas, UTU principalmente, de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas, y al hacerlo deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM con respecto a lo siguiente”, y aparecen las puntualizaciones.
AG —Si se está desarrollando un nuevo sector productivo en el país desde hace años, el forestal-maderero-celulosa, que implica el incremento de empleos de calidad no solo dentro de una planta de este tipo, sino en toda la cadena, con impacto fortísimo sobre empleo y calidad de empleo de la gente, para lo cual se necesita formación, y usted fuera el director de la UTU o el director de la ANEP, ¿no haría lo mismo? Esto va en el sentido absolutamente necesario de definir que sea nuestra gente la que tenga las capacidades para trabajar en la planta. Por lo tanto está absolutamente alineado con el hecho de desarrollarse, crecer, mejorar la capacidad de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente. Indudablemente tener la perspectiva, en este caso es esta planta, pero cualquier otro sector productivo tiene que tener, y la tienen los países serios, anticipación en los niveles de educación, sobre todo terciarios, técnicos y profesionales para tener las capacidades humanas que va a necesitar en dos, tres, cuatro años para llevar adelante eso y para aprovechar de la mejor manera una inversión de este tipo, para que no vengan técnicos de afuera en la medida en que los uruguayos puedan hacer las cosas.
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