DS —¿Y los representantes?
DE —De ahora en adelante se va a trabajar. Habría que ver cómo se reglamenta lo de los representantes, pero específicamente no están.
RA —Cuando hablamos de la normativa da la sensación de que Uruguay ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con prevenir, establecer las normas y los controles para ir por ese camino. Pero usted decía que ahora falta la otra pata, el control efectivo, señalaba que están haciendo inspecciones, fiscalizaciones para controlar el cumplimiento. De todas formas, queda la sensación de que hay algunos flancos todavía en cuanto a control. Estoy pensando en lo que comentábamos con el caso de Balcedo, el control de dinero que ingresa al país en efectivo en puntos de frontera, como por ejemplo aeropuertos menores.
DE —Lo que me llama la atención de toda esta polémica que surgió a partir de lo de Balcedo es que parece que la gente no está situada en el país que tenemos. O de dónde venimos como país, lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Hace 20 años mucha gente quería ser plaza financiera, no había controles y estábamos llenos de secretos. Desde que colaboro con los jueces siempre fue un problema saber quién es la persona que está atrás de una sociedad, no se sabía. Y todo era tolerado pacíficamente, hasta hoy se compran inmuebles en efectivo en Uruguay, se compran yates en efectivo. Entonces, ¿qué queremos? Veníamos de ese sistema y ahora queremos que el Estado hubiera detectado, que tenga un Gran Hermano y detecte todo. No. Razonemos, vamos avanzando, hemos avanzado mucho. Las leyes empezaron, en setiembre de 2004 se aprobó la primera ley de lavado seria, cuando estaba el gobierno del Partido Colorado. En 2009 se fortaleció y esta de 2017 creo que termina de redondear un sistema de control fuerte.
Además tenemos el tema de las sociedades, el año pasado se aprobó una ley que obliga a identificar los beneficiarios finales de las sociedades uruguayas. Eso todavía está en proceso, hay plazo hasta el 30 de junio de 2018. Todavía no sabemos, podemos no saber quién es la persona física que está atrás de gran parte de las sociedades uruguayas. Lo tenemos con algunas de las sociedades de Balcedo. Tenemos la compra de inmuebles y bienes de alto valor en efectivo. Se aprobó una ley de inclusión financiera, criticada en muchos aspectos, pero en este aspecto de obligar a comprar bienes de alto valor con instrumentos bancarios o financieros es muy buena para prevenir el lavado de activos. Esto va a empezar a regir aparentemente a partir del 1.º de abril. Se están estableciendo mecanismos de control que cambian radicalmente la situación de aquí en adelante. Se ha ido avanzando. La otra parte es que el sistema no financiero empiece a funcionar adecuadamente detectando y reportando operaciones.
DS —Tras la aprobación de esta ley, tras la acción de la Secretaría, ¿cómo se encuentra Uruguay con relación al resto de los países del continente americano?
DE —La última evaluación que tuvo Uruguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina fue bastante satisfactoria. Era con otros estándares, los estándares cambiaron en 2012. Esto es un camino continuo, las modalidades delictivas avanzan y las herramientas para combatirlas tienen que avanzar. Nos habíamos quedado atrás en cuanto a cumplimiento normativo, eso lo estamos corrigiendo ahora. Pero esas leyes hay que hacerlas funcionar, si no detectamos operaciones sospechosas en el sector no financiero no vamos a tener un buen cumplimiento. Es un desafío.
RA —Se habla mucho del crecimiento y la construcción inmobiliaria en Punta del Este. Ahí, como uno de los rubros donde se puede tener sospechas de lavado de activos, el control pasa por las inmobiliarias, ¿por las empresas constructoras también?
DE —También.
