Entrevista con Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
EN PERSPECTIVA
Martes 19.01.2016, hora 8.13
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Centenares de personas marcharon el pasado viernes en Colonia por el asesinato de Jenny, una psicóloga de 36 años que fue apuñalada por su expareja. Fue el primer femicidio del año.
En nuestro país la historia de Jenny se repite una vez cada 15 días. Según datos de la Cepal, Uruguay es uno de los países con mayor número de muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas en relación con la cantidad de habitantes.
El Poder Ejecutivo envió a fin del año pasado al Parlamento un proyecto de ley que considera el femicidio como un agravante del delito de homicidio.
¿Qué casos están comprendidos? ¿Implicará un aumento de las penas?
Para saber más sobre este proyecto de ley, recibimos a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariela Mazzotti, quien además preside el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLCVD), que asesoró al Poder Ejecutivo en la redacción del texto.
NICOLÁS BATALLA (NB) —El Inmujeres funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). ¿Cuáles son sus competencias?
MARIELA MAZZOTTI (MM) —En términos generales, el Inmujeres es el organismo rector para las políticas públicas orientadas a los derechos de las mujeres y a buscar una cultura de igualdad de género. Por tanto también trabajamos por las transformaciones culturales o con programas y acciones que comprenden, incorporan e integran a mujeres y varones.
NB —En ese marco, ¿qué es el CNCLCVD?
MM —La Ley de Violencia Doméstica que está rigiendo en nuestro país, que se aprobó en la década del 2000 –2003, 2004–, creó el CNCLCVD como un organismo interinstitucional integrado por un conjunto de ministerios que tienen competencia en la materia y por la sociedad civil para asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas de lucha contra la violencia doméstica en aquel momento.
RA —¿Hoy en día quiénes lo integran, qué ministerios y qué organizaciones de la sociedad civil?
MM —En representación de la sociedad civil lo integra la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica, en representación de la Anong (Asociación Nacional de ONG). Por otro lado participan activamente el INAU, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el BPS, la OPP, la ANEP, lo que para nosotros es particularmente importante. Somos unos cuantos.
RA —Con la presentación de este proyecto, el CNCLCVD tuvo un trabajo importante, porque asesoró al Poder Ejecutivo. ¿Ese fue el rol que tuvieron?
MM —Para completar la integración, también lo integran representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y del Congreso Nacional de Intendentes. En ese ámbito está representada la institucionalidad del Poder Ejecutivo, además del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, que tienen un papel muy importante, porque en este tema el acceso a la justicia es algo clave. Y por otro lado está el Congreso Nacional de Intendentes porque nos interesa que los gobiernos departamentales y los municipios, en su labor tan cercana a la gente, tengan un rol de prevención y de atención a estos casos.
Yo ingresé al CNCLCVD con esta administración, en marzo de 2015, y el CNCLCVD ya había tenido un papel importante en diciembre de 2014 en términos de reflexionar sobre la reforma del Código Penal. En aquel momento la reforma del Código Penal estaba por ser aprobada y se levantaron muchas voces de distintos puntos, de la academia en la Facultad de Derecho, pero en particular del movimiento social de mujeres y del CNCLCVD porque tenía algunos artículos que no corresponden en términos del reconocimiento de derechos de las mujeres y de una vida libre de violencia de género.
En ese marco había un material ya preparado que fue retomado el año pasado, estuvimos trabajando a lo largo de todo el año, porque la demanda de reconocer el femicidio como un delito estaba fuertemente planteada desde la institucionalidad pública, desde la sociedad civil, pero también era recomendada por el equipo técnico de Belem do Pará, de la OEA y por la propia Cepal como un avance hacia la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces de hecho teníamos un material y ya habíamos empezado a trabajar en distintas comisiones del Parlamento. Por eso cuando el presidente decide elaborar este proyecto de ley tenemos material suficiente para enviarlo como asesoramiento al Poder Ejecutivo.
NB —Esa precisión es interesante porque estuvo planteada la discusión de si esta reforma se daba en el marco de la reforma del Código Penal, que se va a aprobar en algún momento, o se anticipaba. Finalmente la decisión fue apresurarse y hacerlo antes de que terminara aprobado el nuevo Código.
MM —El debate en el Parlamento sobre el nuevo Código Penal es muy importante, nos interesa muchísimo seguir trabajando en otros artículos con los legisladores y las legisladoras, pero es evidente que adelantar la identificación del femicidio como un homicidio específico es muy importante, por la movilización social, la sensibilización social y el número tan importante de muertes de mujeres a raíz de la violencia de género y que ocurrió en el 2015. Por tanto compartimos plenamente la importancia de haber enviado este proyecto de ley.
RA —Más aclaraciones. En el proyecto de ley se define qué es femicidio, se plantea “el asesinato misógino de mujeres por los hombres; el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo, o la forma extrema de violencia de género entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y control”. ¿De qué otra forma lo explicaría usted?
MM —Lamentablemente cualquier persona uruguaya ve cómo mueren mujeres a manos de sus parejas y de sus exparejas. Pero hay otro tipo de muertes de mujeres que pueden estar ocurriendo en el espacio público o por otro tipo de circunstancias, como supongo que sucedió con las muertes de las mujeres trans. Es decir que el número de muertes de mujeres vinculadas a relaciones afectivas es muy alto, pero hay otras circunstancias en que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres.
Hay un conjunto de pautas culturales que lamentablemente inciden en la socialización de los varones, en el algún punto el varón aprende que tiene derecho a utilizar la violencia para incidir en la decisión de la mujer, en su forma de pensar, en lo que considera que ella tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que desarticular mediante cambios culturales. Creemos que en eso la educación, la cultura, los medios de comunicación, la socialización en general tienen un papel muy importante. Esto es el femicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.
NB —¿En qué medida tienen identificadas esas causas, esas pautas culturales que llevan a esto?
MM —Creemos que desde pequeños. Por ejemplo me resultan muy evidentes algunas orientaciones que reciben los niños chiquitos cuando están aprendiendo el baby fútbol. Ahí hay un semillero muy interesante de socialización temprana en un deporte que puede ser extremadamente positivo, porque se aprende a trabajar en equipo, se aprende el compañerismo, se aprende a ganar y a perder, pero también se aprenden estas pautas culturales, porque muchas veces les dicen a los chiquilines que tienen actuar con fuerza, que tienen que patear, que no sean “nenas”. Puede haber miles de otros ejemplos de situaciones en que los varones aprenden a manejar su fuerza, el poder físico y si no lo hacen son menos varones. Hay también una pauta cultural que asocia el hecho de que el varón muestre debilidad, emoción, angustia, sentimientos de inseguridad a ser menos varón.
Por eso creo que la educación y la cultura, la socialización en la familia también pasa por la tarea que podemos hacer con madres y padres de ir aprendiendo a ser mujeres y varones y utilizar todas nuestras potencialidades humanas que tenemos hombres y mujeres.
RA —El tema violencia de género hace unos años que está arriba de la mesa y se vienen aplicando distintas políticas. ¿Por qué ahora el gobierno consideró necesario establecer un proyecto de ley que considera al femicidio como un agravante del delito de homicidio? ¿Por qué este aspecto normativo?
MM —En algunos casos los homicidios de mujeres, los asesinatos, ya caían en una figura de homicidio agravado cuando eran cometidos por el marido. Cómo lo aplicaban los jueces cuando se trataba de exparejas ya es distinto, porque no hay una relación directa de consanguinidad ni de familiaridad.
Entonces lo que nos importaba como institucionalidad en el Poder Ejecutivo, también solicitado, demandado, planteado por el movimiento de mujeres y por organismos internacionales, es que cuando el juez sanciona el homicidio lo identifique como un homicidio diferente porque sus causas son culturales. Por lo tanto le está diciendo a la sociedad, uno tras otro tras otro: todas estas mujeres fueron muertas solamente por el hecho de ser mujeres.
Tenemos mucho en nuestras manos para prevenir. Este proyecto de ley no aporta al cambio sociocultural de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque además de ser un instrumento para los jueces a la hora de tener que sancionar, también es un mensaje a la sociedad y a los varones violentos. Así como inicialmente, allá por el año 92, fue un mensaje el primer servicio público, que fue el servicio telefónico de la Intendencia de Montevideo para atender a las mujeres víctimas de violencia. Me contaron distintos asistentes sociales, psicólogos que trabajaban en los barrios que había mucha culpa y vergüenza por decir “sí, a mí me pasa esto”, por tanto que un organismo público lo ponga como política pública ya es una forma de reconocer que es un problema social, no es un problema de la persona, hombre o mujer, que el hombre por causas psiquiátricas o vinculado a la droga –muchas veces se piensa que es por eso– o las mujeres por determinadas circunstancias viven eso. Es un problema de raíz social, cultural, contra el que hay que luchar y el Estado tiene un compromiso. Entonces este es un mensaje que nos parece muy importante, es un instrumento concreto para los jueces y es un mensaje para la sociedad, se da un paso muy fuerte al categorizar ese homicidio.
RA —¿Se habla de femicidio solo cuando la víctima es mujer, o hay otros componentes que deben ser tenidos en cuenta para tipificarlo de esta manera? ¿Qué lo distingue de un homicidio “normal”?
MM —El mayoría abrumadora de muertes de mujeres por homicidio son femicidios. En Uruguay las mujeres mueren por violencia basada en género, son proporcionalmente muy pocas las mujeres que mueren, por ejemplo, en el marco de una rapiña, de un hurto, de delitos contra la propiedad.
NB —Si un ladrón entra a la casa y termina asesinado a una mujer, eso no es femicidio.
MM —No es femicidio, es un homicidio por otras causas.
RA —¿Y cuando la pareja mata a la mujer por una motivación de índole económica?
MM —Eso es femicidio. El femicidio puede tener distintas raíces, la violencia económica puede ser causa de femicidio, muchas veces es causa de violencia de género. La expresión última, más grave, gravísima, de la violencia de género, porque atenta contra la vida, es el asesinato, pero hay distintas modalidades de violencia de género, como la violencia económica y la violencia patrimonial.
Obviamente el femicidio es un instrumento para los jueces y un mensaje para la sociedad. Estamos trabajando con mucho compromiso y mucha energía en el marco del CNCLCVD en un proyecto de ley integral por la vida de las mujeres libre de violencia basada en género. Creemos que debemos avanzar en los marcos normativos, que la Ley de Violencia Doméstica ya es completamente insuficiente; en su momento fue muy importante pero ahora tenemos que avanzar en una ley integral que reconozca estas distintas modalidades de violencia de género. La más conocida es la violencia doméstica, pero también tenemos violencia institucional en otros ámbitos, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicológica. Hay distintas modalidades de violencia que deben ser atendidas, porque muchas veces las mujeres no llegan a la muerte pero viven mucho daño emocional, mucha tortura, muchos problemas físicos.
NB —¿Qué pasa con el asesinato de mujeres trans?
MM —El proyecto de ley incorpora algunos indicadores para los jueces de qué es femicidio. Por otro lado se agrega al Código Penal un artículo, el artículo 7, numeral 7, que plantea homicidio como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima. También se reconoce que puede haber homicidios por causas de discriminación y se incorpora la identidad de género. El juez podrá ver si las mujeres trans fueron muertas por el numeral 7 o por femicidio porque son mujeres.
RA —Menciono una de esas circunstancias que se deben dar para que el juez tipifique femicidio: “que la muerte se haya precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”; “que el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima”. ¿Qué otro podemos destacar?
MM —Me parece muy importante mencionar “cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad ya sea de la víctima o del autor”. Estamos convencidas de que las hijas y los hijos son víctimas directas del femicidio, de la violencia, aunque no sea una violencia femicida, de la violencia doméstica. En el caso de Jenny dos de los hijos estaban presentes en el hogar, no se sabe si vieron directamente o no, pero obviamente escucharon y luego fueron quienes avisaron. Sufren un daño grave y gravísimo, por lo tanto creemos que el hecho de que se reconozca esto es un paso adelante para mirar la integralidad del problema en que obviamente las mujeres son víctimas, y así se cataloga que es por violencia de género, pero las hijas e hijos también son víctimas por tanto tenemos que avanzar mucho también en todo lo que significa la atención y la reparación posterior a estos delitos.
RA —Pregunta un oyente: “¿Es femicidio cuando una hija mata a su madre, como el caso que se descubrió recientemente?”.
MM —Yo me hice esa pregunta. Da la impresión de que la motivación de este asesinato fue el hurto, pero el juez debería pensarlo, porque se podría llegar a señalar que esa mujer fue asesinada por una relación de afectividad en que hay violencia económica.
NB —El femicidio no sería cometido únicamente por hombres.
MM —No. Ustedes leyeron el comienzo de la exposición de motivos, pero también es importante ver cómo lo define el equipo técnico de la OEA, que lo independiza del autor. El proyecto de ley habla del autor, de que puede ser un hombre o una mujer, lo que el Ejecutivo propone incorporar en el Código Penal. La OEA dice: “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por actos de acción u omisión”. La OEA incorpora este aspecto de que puede ser cualquier persona, lo que importa es la motivación de la muerte de la mujer. Ahí sí hay que distinguir que sea por el hecho de ser mujer, por razones de género, y no por otras motivaciones que pueden tener los delitos de homicidio. También incorpora el hecho de que el Estado está comprometido, porque el Estado no puede tolerar, por eso es tan importante este proyecto de ley así como lo que rápidamente enviaremos al Parlamento como ley integral.
RA —Ahí cabe hacer una puntualización respecto de la diferencia entre femicidio y feminicidio.
MM —Es una distinción de categoría conceptual que las académicas feministas están analizando. La documentación de las recomendaciones de los organismos internacionales ha llegado al consenso de hablar de femicidio y feminicidio, no trabajar tanto en la distinción de esta categorización. Por eso la OEA habla de femicidio e incorpora la responsabilidad del Estado en ese sentido.
La diferencia como categoría, como concepto, es que el femicidio es cometido por una persona, por un individuo que asesina, que realiza el acto del homicidio, mientras que el feminicidio implica una situación similar a un genocidio de mujeres. Esto aparece con mucha fuerza en México, dado que allí hubo situaciones específicas de muertes violentas de mujeres mediante violaciones, es decir violencia sexual con conclusión de homicidio, lo cual estaba muy generalizado en algunas regiones de México. Por eso para la antropóloga Marcela Lagarde esto ya no son muertes de mujeres, ya es un genocidio de mujeres, un feminicidio.
RA —¿Ahí no se habla de que el Estado está ausente?
MM —Claro, se quiere poner el acento en que hay un compromiso del Estado de luchar contra estas muertes, por lo tanto se señala la ausencia, y como contracara, la exigencia de una acción consecuente y de todos los poderes del Estado.
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RA —En Uruguay 30 mujeres fueron asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas. Y una encuesta realizada en 2013 reveló que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber vivido alguna situación de violencia.
Preocupado por este panorama, sobre fines del año pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que establece el femicidio como un agravante para diferenciarlo de otras formas de homicidio.
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RA —Te traslado una inquietud que llega de la audiencia. Un oyente plantea: “¿Igualdad de género pero con leyes que valoran más un género que el otro? La definición de la ley es increíblemente sexista”. ¿Qué respondes a este tipo de planteos, que son bastante comunes en este tipo de temas?
MM —Cuando hay situaciones de desigualdad, por ejemplo situaciones socioeconómicas –desigualdades de clase–, racismo –que excluye a las personas por sus orígenes étnico-raciales–, el sexismo o la matriz sociocultural del machismo, del patriarcado, sin ninguna duda afecta a las mujeres y a los hombres comunes. Nos afecta a todos, pero de distintas maneras. Hay situaciones de mayor vulnerabilidad, de subordinación, de exclusión, de dificultades en todas las áreas de la vida cotidiana y de la vida pública de las mujeres. Esto es un dato de la realidad.
Estamos preparando una ley integral porque consideramos que se requiere una actuación integral con respecto a la lucha por una vida libre de violencia de género, que eso implica acciones educativas, acciones culturales, acciones integradoras de mujeres y varones, porque ambos estamos comprometidos con esto. Pero debemos reconocer que en esa cultura machista que atribuye roles, potestades, cualidades, que desarrolla cualidades diferentes en mujeres y hombres por esa socialización de género, las mujeres son las que mueren, es un dato de la realidad, y mueren a manos de los hombres. En el proyecto de ley se reconoce que existe la posibilidad de que ocurran femicidios a manos de mujeres, pero de hecho en la realidad, que nos duele mucho pero lo debemos reconocer, son las mujeres las que son víctimas, sus hijas y sus hijos. En ese sentido este proyecto de ley no es sexista, sino que reconoce esta realidad.
Pero con una ley no es suficiente, pretendemos complementar este marco normativo y ampliar. Ya se hace mucho, de hecho hay una Red de Educación y Género en ANEP; hay trabajo de mucha sensibilidad en la Secretaría de Deportes; hay trabajos del Ministerio de Educación y Cultura, que a fin del año pasado hizo una campaña del Museo de la Violencia de Género para que esto nunca más exista. Hay un trabajo inclusivo de hombres y mujeres. También estamos trabajando con el Ministerio del Interior con hombres agresores, buscando una apoyatura y un cambio en esta conducta. Pero sin duda las mujeres son las víctimas.
NB —Cuando el Poder Ejecutivo anunció que remitiría un proyecto de ley para abordar este tema estuvo sobre la mesa la posibilidad de que se catalogara el femicidio como un delito específico y no como un agravante del delito de homicidio, que fue lo que terminó primando. ¿Usted considera que esta es la mejor opción?
MM —Teníamos como propuesta del CNCLCVD las dos posibilidades. En América Latina ha habido distintas opciones en la experiencia legislativa, algunos lo incorporaron como delito específico, independiente, y otros hicieron la opción que estamos proponiendo como Poder Ejecutivo. El hecho es catalogar para facilitar que luego el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación puedan hacer uso de ese instrumento legal. Hicimos un conjunto de consultas a distintos técnicos especialistas en la materia y a actores vinculados a estas instituciones que recomendaron que se incorporara como un delito agravado dentro de la figura de homicidio, que ya existe en el Código Penal y ya tiene sus agravantes. Es un nuevo agravante del homicidio.
RA —Había especialistas en derecho que entendían que si se tipificara como un delito específico se estaría violando el principio de igualdad, al aparecer el delito contra las mujeres como una especificidad.
MM —Había distintos tipos de objeciones desde el punto de vista técnico. Nos importaba mucho la aplicabilidad de la norma, y creemos que en términos del instrumento que buscábamos el objetivo se alcanza con el agravante de la figura de homicidio.
NB —No hay un aumento de penas con relación a otros delitos de homicidio especialmente agravados.
MM —Está dentro del numeral de los delitos agravados, por lo tanto configura las mismas penas que los homicidios agravados.
NB —¿En qué medida entienden que esto termina siendo efectivo? Pienso en la cantidad de asesinatos de mujeres por sus parejas en que después la pareja se termina suicidando. Parecería que la pena del delito está en un plano absolutamente secundario en ese momento. Es una situación bastante común.
MM —Es una situación común pero no es el 100 %, no llega ni a la mitad. Hay muchos hombres que matan y se matan, pero son un porcentaje menor. Por lo tanto la figura del femicidio puede ser aplicada en muchísimos casos que conocemos. Si pensamos en las 30 muertes del año pasado, la gran mayoría de los varones que mataron pudieron haber sido catalogados como femicidas.
RA —¿Tienen una proyección de cuánto se pueden llegar a reducir las muertes a raíz de establecer el femicidio?
MM —No, no creo que haya una relación directa entre que definamos un instrumento legal de actuación frente a la situación del homicidio y toda la tarea de prevención, de educación que tenemos que hacer para evitar las muertes. También el sistema de protección con medidas cautelares cuando la mujer denuncia y está en riesgo inminente de vida. Tenemos que pensar un conjunto muy importante de medidas para lograr el objetivo sustantivo de disminuir las muertes de mujeres.
NB —Es una apreciación interesate, porque este proyecto trabaja sobre las mujeres que ya están muertas, cuando por ejemplo en los últimos casos que se han conocido había habido una alerta a la justicia, a la policía en algún momento, sin embargo algo falla en el proceso y la mujer igual termina siendo asesinada por su expareja o por su pareja.
MM —Según los datos que tenemos, el 70 % de las mujeres que sufren violencia basada en género no denuncian. De las muertes que ocurrieron el año pasado la gran mayoría nunca había concurrido ni a un servicio de atención ni a un servicio especializado del Ministerio del Interior. Por lo tanto efectivamente el trabajo preventivo de sensibilización, de compromiso de las personas testigos de la situación es muy importante para evitar las muertes. En el caso de Jenny tengo entendido que hubo una denuncia unas semanas antes, pero luego no se continuó con el proceso. En general, lamentablemente, muchas veces lleva un tiempo que la mujer víctima tome conciencia de la situación en la que está. Muchas veces puede tener el impulso de la denuncia, pero en el ciclo de violencia doméstica se produce lo que se llama la luna miel –recordemos que esto está muy relacionado con los afectos, es una relación de pareja–, hay un pedido de perdón, hay un arrepentimiento que luego no se constituye y a veces la violencia recrudece, como en este caso. Las propias amigas dicen que fue inesperado también para ellas.
Ese es el punto más importante, sensibilizar, acompañar a las mujeres. Creemos que todavía es insuficiente la actuación del Estado en términos del acompañamiento. El Ministerio del Interior ha trabajado muchísimo en capacitación de la policía, pero evidentemente aún falta. A Inmujeres también le falta mejorar sus respuestas, porque los servicios de atención todavía son insuficientes. Pero creemos que también es una alerta ciudadana, en el sentido de que quienes rodean a las mujeres que están viviendo esta situación también tienen un papel de sostén y de buscar que se aproximen al pedido de ayuda, que es lo más importante. La culpa, la vergüenza, el miedo, situaciones de dependencia desde el punto de vista económico son factores que muchas veces hacen que las mujeres no piensen cortar ese vínculo. En otros casos el vínculo está cortado y es la expareja que busca imponer un reencuentro; en esos casos las mujeres llegan para solicitar medidas cautelares.
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Transcripción: María Lila Ltaif
