EC —En el final del informe usted incluye una serie de recomendaciones. Veamos algunas. La primera de ellas: “Poner en marcha urgentemente un plan integral de cambios (con cronograma, metas, recursos y articulaciones) de las situaciones definidas como trato cruel, inhumano y degradante en los lugares identificados en este informe, de manera de imponer condiciones de convivencia seguras y educativas, a partir de refuerzos de recursos técnicos, presupuestales y apoyos de otras instituciones públicas y de la sociedad civil”. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone en marcha urgentemente un plan así?
JMP —Es una especie de programa de saturación socioeducativa. Desde inicios de 2016, cuando empezamos a plantear el problema que encontramos en estos módulos más abandonados y más carenciados, aunque llevó un tiempo, se empezó a hacer un programa de emergencia, se conformó un grupo de trabajo y se empezaron a tomar algunas medidas. Por ejemplo, empezaron a sacarse personas que estaban en los módulos 8, 10 y 11 al rugby, a hacer alguna actividad deportiva, se iniciaron algunos talleres, se favoreció la llegada de grupos religiosos que pintaron celdas, limpiaron, hicieron actividades culturales.
Todo eso está bárbaro, todo eso descongestionó, mejoró un poco el clima general. Pero sigue habiendo extorsiones, violencia, apuñalados, extorsiones a las familias. Todas las semanas recibimos familias que vienen con las boletas de Abitab porque un grupo de internos detectaron que sus hijos tenían un poco más recursos que los demás y les piden plata para sobrevivir, para drogas, para lo que sea. Siguen ingresando sustancias ilegales, etcétera.
Entonces de lo que se trata es de armar un programa-programa, que cada uno de estos módulos tenga una coordinación, una dirección, un equipo técnico específico, educadores específicos para allí, actividades educativas, una estrategia. ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué actividad va a haber en la mañana, qué actividad va a haber en la tarde? ¿Cómo se va a encarar la familia? ¿Cómo se van a romper los núcleos más duros, cómo se van a romper las alianzas de los líderes negativos? ¿Cómo se van a reciclar los patios, cómo se van a reciclar los espacios verdes? ¿Cómo se va a instalar la actividad productiva?
EC —Otra de las recomendaciones, casualmente, es que se difundan las buenas prácticas innovadoras que ya existen, que en algunos de los penales existen y que están resultando muy fructíferas.
JMP —Hacia eso me iba la cabeza. Ustedes estuvieron, trasmitieron desde el polo industrial.
EC —El polo industrial del Comcar es una de estas prácticas que están sorprendiendo por el alcance que tienen, por sus resultados.
JMP —Ustedes lo vieron, tú caminás por el polo industrial y es una fábrica, vas al comedor del polo industrial y hay 200, 300 operarios, con sus uniformes, con sus botas de trabajo, con sus guantes, que hacen un alto en el día, almuerzan, después siguen trabajando, después van a sus habitaciones, etcétera. Cuesta un poco entender por qué, teniendo algo que está funcionando tan bien a menos de 600 metros, no se hace el enganche, no se hace la conexión.
EC —¿Qué pasa? ¿Esas iniciativas dependen mucho de los líderes, de quien está al frente de ese sector del sistema carcelario?
JMP —Pasa como en los liceos, como en los hospitales, como en tantas cosas, en Uruguay a veces nos cuesta que haya un nivel homogéneo del servicio. Todos sabemos que el nivel de los hospitales en Uruguay varía según el hospital, y lo mismo en cada liceo. Se podrá decir “acá hay comisión de apoyo y en otros lados no”, pero a veces hay comisión de apoyo en un liceo porque el director la promueve o los docentes la promueven. Lo mismo puede aplicarse a una cantidad de otros aspectos.
EC —Hay otro ejemplo que destaca especialmente, que está claro que lo entusiasma mucho, que es el de Punta de Rieles, la Unidad 6.
JMP —Sí, me entusiasma muchísimo –no solamente a mí, más allá de que tengo un conocimiento personal de muchos años de quien es hoy su director–. Punta de Rieles tiene algo excepcional, que es lo que ven los de afuera: tú caminás por Punta de Rieles y parece un pueblito, parece una ciudad. Hay un cruce de avenidas donde hay un centro ecuménico, un gimnasio, una biblioteca, dos confiterías, una parrillada, un almacén, una panadería, un teatro, hacen un diarito, se discute, la gente se pelea, la gente polemiza, la gente no está de acuerdo, critica al director…
EC —La gente son los presos.
JMP —Exacto.
EC —Las confiterías, por ejemplo, las operan los presos.
JMP —Todo es operado por los internos. Hay una especie de banco donde los internos hacen un bolsón de dinero y financian las iniciativas que tienen algunos. Eso es pedagogía para la libertad, eso es preparar para la libertad. Porque siempre la preparación, la educación en la cárcel tiene un tremendo contrasentido, que es preparar a alguien para el medio libre estando encerrado, es como preparar a un aviador dentro de un ascensor. Es el principio de normalización, un viejo principio que viene de las normas internacionales de derechos humanos, tratar de que la cárcel sea lo más normal posible. Parece fácil pero es difícil que la cárcel sea como el afuera, lo más posible. Cuanto más anormal es la cárcel, más aseguradas tenemos la reincidencia y la violencia que va a tener esa persona después con los que se encuentre en la calle.
EC —Otra de las recomendaciones que incluye el informe: “Conformar una rama del sistema educativo (ANEP), con los recursos, programas y pedagogía adecuada, encargada de llevar adelante un auténtico programa nacional de educación en condiciones de privación de libertad”. ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Que, así como existen las ramas educación primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente, también exista una rama de la ANEP penitenciaria?
JMP —Sí, básicamente sí. El tema educación es un elemento muy importante. Recordemos lo mal que estuvimos en este tema. En el 2008, mi predecesor –a quien siempre recuerdo y de quien he aprendido muchas cosas–, el doctor Álvaro Garcé, pedía que hubiera maestros en todas las cárceles. En el año 2008 –hace 10 años– en el Uruguay no había ni siquiera maestros en buena parte de las cárceles. Lo mal que estábamos. Se ha mejorado, hoy hay maestros, hay secundaria y empieza a haber una tímida presencia de la universidad. Tímida porque es una presencia que hay que aumentar enormemente. Sin ir muy lejos, sin irnos a los países nórdicos, hay en la Argentina, en Perú; en Perú, en la cárcel de Lurigancho, que no es una cárcel famosa por su brillantez, hay instaladas dos universidades con aulas dando cursos de extensión y dando carreras allí. El tema educación es muy importante, hay un 20 % de personas privadas de libertad que están estudiando formalmente, pero los programas no son todavía adecuados a las edades, a las circunstancias, la pedagogía tampoco, hay mucho para mejorar. Se ha mejorado muchísimo, hay un 20 %.
Y básicamente es que la política social entre en la cárcel. La cárcel no puede ser un lugar donde se da limosna o donde se va con lo que sobra, o que vaya alguien de secundaria y dé unas clases o vaya alguien y haga un poco de cultura y un poco de deporte. Tiene que ser uno de los ejes, una de las líneas maestras de la política social. Si pensamos en los miles de personas que están, si tuviéramos un mapa de Montevideo, un mapa del país, y pusiéramos un alfiler por cada una de esas personas, tendríamos unos efectores, unas conexiones con los núcleos más duros de marginación y de exclusión social. Tenemos allí la ventana y no la abrimos.
