EC —Otro reclamo fue el relativo a los tributos. Reilly sostuvo: “el incremento exponencial de gravámenes a la tierra es determinante en esta coyuntura adversa para la producción”. ¿Cómo lo ve usted?
TA —Como lo vi siempre. El espíritu de la reforma tributaria del año 2007 era justamente no gravar los activos fijos y gravar la rentabilidad.
EC —En eso puso el acento el presidente de la ARU. Dijo: “El concepto central de la reforma tributaria del año 2007 no fue respetado, y así es que actualmente, la acumulación de impuestos ciegos, que no responden a la renta del negocio, representa más de la mitad de los gravámenes que paga el sector, desestimulando la inversión productiva y por lo tanto afectando la generación de puestos de trabajo en todo el país”.
TA —Es correcto, toda la vida dije lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Lo discutí cuando se propuso el impuesto al patrimonio sustitutivo del ICIR (impuesto a la concentración de los inmuebles rurales) en el gobierno anterior, cuando yo era ministro de Agricultura.
EC —¿Usted avala esta frase, esta sentencia de Reilly?
TA —A esa frase le falta que la presión tributaria por producto o la presión tributaria por unidad de superficie en Uruguay es por lejos la más baja de toda la región. Competimos en el mundo con nuestros vecinos, con la carne, con los lácteos, con la soja, con el trigo, con el arroz, pero cuando vamos a analizar la presión tributaria –porque estamos hablando de competitividad–, tenemos una presión tributaria que todavía está por debajo, a excepción de Paraguay, que tiene características históricas pero también características sociales y servicios muy diferentes de los que tiene Uruguay.
Pero más allá de que todos deberíamos reconocer que la presión tributaria es más baja que la de nuestros competidores, comparto el enfoque, si había que seguir cambiando la presión tributaria, habría sido preferible hacerlo sobre la base de la generación de la renta que sobre el activo fijo. Por una cuestión sencilla, hay situaciones en que producciones extensivas, como las que tiene el Uruguay, sometidas a vaivenes de precios internacionales pueden dejar en determinadas circunstancias al productor o al empresario expuesto a tener que destinar una parte importante, que no va a la reinversión productiva, a pagar el impuesto. Pero reconozcamos que los impuestos son necesarios en una sociedad, porque son un instrumento de distribución, de construcción de justicia social.
EC —De todos modos, a Reilly en su discurso lo preocupa que esa tendencia no se haya frenado, al revés, haya tenido nuevos ejemplos en los últimos años. Por ejemplo con la contribución inmobiliaria rural.
TA —Cuando se discutió el ICIR yo acordé con el presidente Mujica que se eliminara el 1 % del impuesto a los semovientes, y tuvo la oposición de las intendencias, que quisieron seguir cobrando el 1 %. A tal punto que se sigue cobrando el 1 % y generamos con Dirección General Impositiva (DGI) y con el Banco de Previsión Social (BPS) un mecanismo de devolución, por el cual productor que vende ganado y paga el 1 % se le reconoce como pago al BPS o como anticipo a la DGI. Recuerdo que en ese momento el 1 % era más o menos el 37 % del nuevo impuesto que se generaba.
Cuando lo de la contribución inmobiliaria fui el primero que se opuso. Hubo un intercambio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el Congreso de Intendentes, y fueron los intendentes los que pusieron el grito en el cielo con que había que subir la contribución inmobiliaria un 30 %. Ahí es donde aparecen las contradicciones políticas, tengo un discurso muy simpático para los productores, pero cundo tengo que renunciar al 30 % de la contribución inmobiliaria no quiero renunciar.
EC —¿A quién está aludiendo cuando dice “tengo un discurso”? ¿Al Partido Nacional, por ejemplo? ¿Está cargando las tintas contra intendentes nacionalistas, por ejemplo?
TA —Sí, porque pusieron el grito en el cielo cuando se hizo eso. La iniciativa es del Poder Ejecutivo, acá nadie está libre de responsabilidad, esto no es blanco o negro.
