EC —Amparándose en el Digesto Municipal, en la norma que señala: “Se prohíbe efectuar transporte de pasajero mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la Dirección de Tránsito y Transporte”.
DM —Exactamente.
EC —Están multando a los autos, no a Uber estrictamente.
DM —Uber es una entelequia, por lo menos en Uruguay es una persona no física, no tenemos forma de multarla. Mucha gente dice “esto es lo mismo que Trivago, Despegar”, esos que alquilás hoteles o aviones. No es lo mismo, el transporte público es un servicio regulado, porque la sociedad tiene el derecho de disponer de transporte público a cualquier hora del día. Con lo cual tú exigís garantías, libreta profesional, auto en determinadas condiciones, con inspecciones muy seguidas, un seguro especial que es bastante más caro para darle garantías al pasajero, y el aporte a DGI y BPS que también es importate. Pero aparte le exigís que haya un servicio a las cuatro de la mañana, a las tres de mañana, porque es un servicio público. Por lo tanto no es lo mismo que estos a través de los cuales se compra online, es un servicio regulado, que implica hasta riesgos en caso de que no exista a determinadas horas.
EC —Está bien, pero más allá de estas multas, mientras el servicio funciona sin haber solicitado la autorización correspondiente, etcétera. ¿La solución de fondo cuál va a ser?
DM —Nos hemos involucrado por el lado de la ley que nos permita dar herramientas. La herramienta más válida que entendemos que hay, por lo menos la que legalmente nos han dicho que es la que tiene menos objeciones, es poder bloquear el pago de la tarjeta internacional a través del Banco Central ante denuncia del regulador. Es un tema que está a discusión en el Parlamento.
EC —¿Entonces la política es impedir el funcionamiento de un servicio como Uber? ¿Cómo vio el fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, que entiende que un servicio como el de Uber le daría mayor eficiencia a este mercado, facilitaría incluso la competencia?
DM —Yo respeto, no soy el dueño de la verdad, pero le faltó el concepto de servicio regulado. Repito, ¿quién se hace responsable si un día a las cuatro de la mañana en un barrio hay una urgencia, se necesita un taxi, no hay nadie de Uber dispuesto a salir y los taxis se fundieron porque el sistema dejó de funcionar porque dejó de ser competitivo por Uber? Pregunto. ¿Quién es el responsable? Ahí seguramente muchos de estos adalides de Uber van a salir a decir “la responsabilidad es de la Intendencia y del Estado que no contemplaron, y tal persona murió…”. Es muy fácil hablar.
EC —¿Entonces no hay cabida para un servicio como el de Uber en Montevideo?
DM —No digo que no haya cabida; así como está, no.
EC —No, así como está seguramente no. ¿Qué posibilidad de diálogo hay para encontrar una regulación?
DM —Tampoco han venido. Justamente, he dicho –que tal vez eso es lo que le molesta al sindicato del taxi– que a priori no niego que haya alguna forma de que se adecuen a reglas de juegos o encontrar reglas de juego que satisfagan a todas las partes. No me niego porque es una cosa nueva que hay que discutir.
EC —Mucha gente lo está usando y lo encuentra útil, práctico.
DM —Sin duda. Pero ¿cuál es la función del Estado? Asegurar ciertos servicios esenciales para que sean iguales para todos los ciudadanos. Repito, un escenario posible –ya hay gente en el seguro de paro, etcétera, dicen, no me he metido en profundidad– es que haya baja de ventas. Si un día nos quedamos sin un servicio regulado producto de que no es viable, ¿esa gente va a venir a dar la cara, “pah, me equivoqué, pensé egoístamente solo en mí y resultó que esto le terminó costando la vida a alguien”? No sé, pregunto.
EC —¿Esa política es la misma a todo nivel, en todo el país? Usted es presidente del Congreso de Intendentes ahora; ¿se va a manejar el mismo criterio?
DM —Vamos a ver. Esto está siendo aplicado en dos departamentos, el otro es Canelones, con el cual estamos coordinando las acciones, estamos trabajando conjuntamente. Lo hemos planteado, en general hubo rechazo en el Congreso de Intendentes, hubo hasta declaraciones del Congreso al sistema. No ha llegado, creo que en Maldonado hay algo de eso, es el otro departamento donde algo hay más bien puntual, pero también hay un sistema de taxis un poco diferente del nuestro. Por lo pronto estamos trabajando conjuntamente con el otro departamento que se está viendo afectado y que tiene un sistema de regulación similar al nuestro, que es Canelones.
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Transcripción: María Lila Ltaif
