EC —En particular por la inversión argentina; no solo existió la argentina, pero esa fue muy fuerte.
DG —Fue la que traccionó más en el tema de la agricultura. Somos conscientes de que la llegada de inversión extranjera directa puede llegar a ser también una contribución a la expansión del riego. Lo que quedó establecido claramente es que no estamos cerrados a que haya fondos de inversión que inviertan en el riego. La condición que se les establece es, primero, que tienen que dedicar su esfuerzo a fomentar el riego. No en vano se establece a título expreso que deben traer tecnología para mejorar el uso del agua en el riego. Y segundo, asumiendo que son socios que se pueden admitir, se establece que esos capitales nunca pueden tener una acción controlante en las decisiones de la asociación o la sociedad agraria de riego.
De esta manera creemos que se están consiguiendo saberes, inversiones que podrían mejorar el riego, que podrían venir del exterior, pero que en ningún caso estarían significando un dominio de control sobre el uso del agua que se está destinando para riego en esa sociedad o asociación.
EC —Hay quienes entienden que es demasiado restrictivo el artículo. Por ejemplo, el diputado Umpiérrez quería más flexibilidad, dice que si estos fondos no pueden controlar dónde ponen el dinero capaz que no vienen, que se va a estar ahuyentando a algunos.
DG —Estas cosas siempre van a estar en el campo del punto de vista y de la opinión. Nosotros creemos, y lo discutimos muy especialmente en la bancada del FA, que esta es una manera de conseguir un aporte al esfuerzo de expandir el riego y no perder el control nacional sobre este recurso tan importante, que a todos nos preocupa, porque estamos hablando de una ley de riego con la que nos interesa utilizar el agua, pero no queremos perder el control soberano de este recurso natural tan importante para nuestras generaciones y las venideras.
EC —Otra novedad polémica: el artículo 12 de la ley nueva introduce la figura del operador del sistema de riego. “Asociado a las obras hidráulicas para riego podrá existir un operador del sistema de riego que tendrá el cometido de gestionar la concesión otorgada de acuerdo con las condiciones y normas técnicas sobre el uso del agua establecida en la presente ley y su reglamentación”. ¿Por qué?
DG —Recordemos que estamos incorporando el riego y el riego es una actividad que requiere de ciertos saberes y conocimientos. En Uruguay quienes saben manejar el riego esencialmente son los productores arroceros. Entonces estamos expandiendo el riego a otras actividades, y se puede pensar en la posibilidad de tener conocimiento técnico en un operador de riego, alguien especializado que administre de la mejor manera posible esa agua que le fue concedida.
Vale la pena insistir en un concepto. El permiso o la concesión de agua se les dio al conjunto de los productores para que hagan el proyecto de riego. Ese conjunto de productores van a ser los que van a contratar o eventualmente generar un operador de riego que es el que va a conseguir la máxima eficiencia del recurso que tienen concesionado. Por lo cual el espíritu de la ley es que el operador de riego, que es una figura que puede aparecer, quede subordinado a los integrantes de la asociación o la sociedad agraria de riego, por cuanto son saberes específicos que estarían expresados en una repartición de operaciones para sacar el máximo provecho a esa agua que tienen permisada.
EC —Y acá viene la discusión de fondo sobre la eventual inconstitucionalidad, con la suma de estos factores que hemos estado analizando en estos momentos, con el hecho de que participen fondos de inversión, con el hecho de que haya un operador de riego. Dice por ejemplo María Selva Ortiz: “Se crea un mercado de aguas, que además prioriza lo económico sobre lo ambiental y lo social. Eso viola la reforma del agua, en particular el espíritu de aquella norma”.
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EC —¿Qué dice a propósito de la crítica que se hace en cuanto a que de esta manera se está creando un “mercado del agua” y violando el espíritu de la reforma constitucional del año 2004?
DG —Esto puede tener varias dimensiones. La primera, aquí se está permitiendo el uso del agua para que la inversión privada pueda pagar con producción la infraestructura que precisa para embalsar esa agua. Y ni que hablar que embalsando esa agua y aumentando la producción amortiza las inversiones que ha realizado para regar y eventualmente –estamos hablando de economía capitalista– tener un beneficio adicional por el esfuerzo de realizar esa inversión. Ahí podríamos decir que se genera un mercado, por cuanto ponemos un recurso natural a generar una actividad productiva que indudablemente va a tener beneficios para quien la lleve adelante.
EC —Y quien use esa agua va a tener que pagar por ella.
DG —En primera instancia, en estos momentos el sector agropecuario no paga ningún dinero por el agua. La expresión de cobrar el agua sería el canon, y hoy la actividad agropecuaria tiene canon cero.
EC —Al Estado no le paga nada.
DG —Exactamente. El Estado, que es la expresión de un recurso natural que es del pueblo uruguayo en última instancia, y el Estado es el que lo administra. Por tanto, en estos momentos el sector agropecuario no está pagando nada por el agua. Lo que sí tiene que pagar son los servicios que están asociados a embalsar y conducir esa agua hasta el lugar de riego, permitir que se riegue. Además, al ser una economía capitalista, esa inversión debe ser amortizada y debe generar un beneficio. Desde ese punto de vista podríamos decir que sí, que se va a generar un mercado, que un recurso natural pasa a ser utilizado en una actividad económica y esa actividad económica tiene que generar un beneficio que es el que va a pagar, entre otras cosas, los esfuerzos de tener el sistema de riego operando.
La otra dimensión con la que hemos estado en discrepancia es el concepto de “mercantilización del agua”. La mercantilización del agua se refiere a que se utilice después el agua para vendérsela a otros productores. Esto la ley no lo permite.
EC —Ese servicio de agua lo van a poder aprovechar solamente los integrantes de la sociedad.
DG —El permiso de uso de agua para riego se le da a quien lo solicita para hacer una obra y un proyecto de riego. No es para que unos pidan en nombre de un proyecto de riego conseguir una cantidad equis de agua y después salir a comercializarla a otros productores. El agua se le concede a quien va a utilizarla para por sí mismo, en su asociación, para fomentar el riego.
Si todo anduviera bien –y ahí sin lugar a duda vamos a tener que seguir fortaleciendo el Estado, los mecanismos de contralor–, si encontráramos una situación en que alguien que recibió un permiso de riego lo está utilizando para comercializar esa agua, estaríamos en un problema que debería ser corregido, por cuanto, insisto, el agua es unilateral, es para los que tienen el proyecto de riego.
