EC —Otro tema que aparece en la declaración final del congreso es una defensa fuerte de las empresas públicas y sus inversiones. Suena a respuesta, a reivindicación de la gestión en esa materia del gobierno Mujica, que está cuestionada y no solo desde afuera, desde adentro mismo del FA. Voy a un punto dentro de ese capítulo, una propuesta que se hace para “actualizar los criterios del cálculo del resultado fiscal, con el cometido de que la inversión productiva pública sea considerada como lo que es, un activo y no un gasto. De esa manera se evita que se distorsione el déficit fiscal”. ¿Cómo llegaron a este planteo?
AS —Es un viejo planteo. Los manuales de contabilidad pública, que fueron creados y recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tienen un sesgo antiinversión del Estado. Cada vez que el Estado invierte en algo tiene que ser considerada toda la inversión en ese año, se tiene que incorporar al balance de ese año, y además es incorporada como un gasto, porque el Estado no tiene –la Administración Central principalmente– contabilidad patrimonial. Una empresa privada invierte en una máquina y no pone en el balance de ese año todo el gasto de esa máquina, porque eso lo va a hacer más productivo en el futuro, entonces se incorpora la vida útil de ese activo productivo en los diferentes años y va poniendo la depreciación de ese capital, que es un activo que logró, para tener un balance más razonable. En el caso de la administración pública es lo contrario, y ese es el manual del año 86 del FMI, ahí estaba el auge del neoliberalismo. Luego hay unos buenos materiales de la Cepal cuestionando esa forma de medir. Hoy la Cámara de Lores en Inglaterra terminó inventando las PPP, que son una forma de escaparse a esto. Como si hago la inversión pública pura me entra toda en el déficit y me genera un problema de desequilibrio, se inventan instrumentos por afuera. Muchas veces es ir al derecho privado, generar participación público-privada, para que no me entre en el déficit toda la inversión. Pero generar esos mecanismos –lo dice la Cámara de los Lores– para tener una contabilidad diferente le sale mucho más caro, porque si lo hace el Estado va, toma deuda, toma un préstamo, invierte.
EC —Entonces, ¿qué es lo que ustedes están planteado que sea viable? Porque a raíz de ese documento ayer consultábamos, por tomar una fuente, a la economista Gabriela Mordecki, coordinadora del Grupo de Análisis Macroeconómico del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, y ella hacía una síntesis parecida a la que acaba de realizar usted y decía que este criterio de contabilidad pública que está vigente en Uruguay, que está incorporado en los manuales del FMI, es el que utilizan entre otros las calificadoras de riesgo, los inversores, quienes prestan dinero a la hora de evaluar y comparar el déficit de los países. Por lo tanto, decía, si Uruguay aplica otro criterio va a quedar descolgado del mundo.
AS —Claro, es un gran problema. Pero el Uruguay puede aplicar el criterio que ya recomendó el FMI en el año 2001, por ejemplo, que es aceptado a nivel internacional. Si yo hago una escuela, una inversión en una escuela, no es una inversión productiva, es una inversión social, porque esa escuela no me va a dar ganancias. Pero si yo creo un proyecto de inversión para la generación de energía eléctrica, un molino de viento, eso sí me va a dar ganancia, esa es una inversión productiva. Lo que tiene que hacer Uruguay es decir “estamos de acuerdo con el manual del 2001”, que es superior al del 86. Plantea no incorporar las inversiones productivas como un gasto, sino como un activo.
Además México acaba de plantear un método diferente y ha sido aceptado a nivel internacional. Dice: nuestras inversiones energéticas –solo para la energía– las vamos a encapsular aparte. Esto ha sido aceptado por las calificadoras de riesgo, por el FMI y por el concierto de las naciones. Lo que hay que discutir es cómo actualizamos en función de lo que hoy ya nos están planteando los organismos internacionales. Insisto, estamos en el manual 86.
EC —¿Lo van a llevar al FA ahora?
AS —Por supuesto, lo vamos a llevar a discutir al FA, porque además esto va a permitir algo muy importante. En una sociedad que hoy exige mucha transparencia y nosotros estamos de acuerdo, hay que impulsar esa transparencia, la posibilidad de discutir en términos más reales los números del Estado. ¿Cuánto es efectivamente el déficit? Porque acá está la discusión del déficit. Si yo genero déficit para ser más productivo en el futuro, un Estado, una familia, una empresa, en el futuro voy a crecer y por tanto está bien generar un endeudamiento para hacer eso. Pero si yo tengo un déficit de cuenta corriente voy a tener un problema. Si soy una familia y tomo un préstamo para salir todos los días a comer afuera, a fin de mes voy a tener que pagar ese préstamo y no voy a ser más productivo. Pero si tomo un préstamo para poder estudiar, hacer un curso y acceder a otro trabajo, a fin de mes voy a pagar la cuenta y voy a tener otro trabajo y mejores ingresos. Esto nos permitiría tener una discusión mucho más transparente y democrática sobre cuál es el déficit y para poder tomar las decisiones más acertadas para que el Uruguay siga invirtiendo, como tiene que hacer, para mejorar sus capacidades tecnológicas para que vengan inversiones productivas. Porque si Antel no hubiese hecho la inversión en fibra óptica que tenemos ni la cantidad de banda ni la velocidad de subida y de bajada, muchas inversiones no se radicarían en el país.
EC —Está latente la reivindicación de lo hecho por las empresas públicas en el gobierno anterior.
AS —Por supuesto, reivindicar lo hecho también pasa por revisar las cosas que se hicieron mal.
EC —A eso iba, ¿la reivindicación incluye la autocrítica?
AS —Por supuesto.
EC —En el caso de Ancap, ¿se digirió en el congreso del MPP?
AS —No, no se discutió un caso concreto ni empresas concretas. Decimos que uno no puede poner todo en la misma bolsa, porque quienes ponen todo en la misma bolsa son los que históricamente han estado en contra de las empresas públicas e intentaron privatizarlas, entonces dicen que está todo mal lo que hacen las empresas públicas.
Entonces ¿cuáles fueron las cosas buenas que se hicieron en las empresas públicas, que fueron muchas? Hoy el crecimiento del PBI lo explican las empresas públicas. Tenemos un nivel de crecimiento del PBI como el que tuvimos ahora, cuando la región ha caído, explicado por las inversiones que hicieron las empresas públicas. Porque el incremento del PBI está asociado, por ejemplo, al peso de Antel en la economía uruguaya, y eso implica estas cuestiones. También hubo inversiones que salieron mal, negocios que salieron mal, porque las empresas públicas hacen negocios y así como las privadas hacen negocios y se equivocan. Entonces revisemos las cosas que se hicieron mal para mejorarlas. Y hay otras que hay que transparentar. ALUR da pérdidas y tiene que seguir dando pérdidas, porque hemos decidido como sociedad subsidiar la producción de azúcar en el Uruguay, que no es rentable. Esto hay que transparentárselo a la gente.
EC —Ese es uno de los tantos problemas que tiene ALUR, cuánto debate hubo a propósito de las decisiones que se tomaron y que iban a implicar que esa empresa funcionara mal.
AS —Ningún Estado serio abandona la frontera. Entonces tiene que generar actividades productivas en la frontera. Pongo un ejemplo bien escueto: la yerba. Hace poco discutimos un incremento de los precios de la yerba, porque nosotros consumimos yerba porque es nuestra tradición, pero no la producimos porque no es rentable. Por lo tanto estamos condenados a las decisiones de otros. En el azúcar pasó lo mismo, decidimos tener azúcar como una política soberana, y por tanto decidimos subsidiar esa producción, que no es rentable en el país por un problema climático, pero decidimos tenerla para no estar sometidos a decisiones de otros. Esa es una discusión que la sociedad tiene que dar y decir “yo acá pierdo plata pero tomo una decisión que es de carácter soberano”.
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Transcripción: María Lila Ltaif
