Entrevista con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
EN PERSPECTIVA
Martes 29.09.2015, hora 8.17
EMILIANO COTELO (EC) —¿Dónde hurgar para obtener recursos que permitan aumentar el gasto en algunos rubros del presupuesto? Esa es una discusión que se está dando en el Parlamento, incluso dentro del Frente Amplio (FA), pese a que la intención del Poder Ejecutivo era que se hiciera la menor cantidad de modificaciones posible al mensaje original y que no se incrementara el gasto.
Uno de los primeros en hablar del tema fue el economista Daniel Olesker, exministro de Desarrollo Social y actual asesor del PIT-CNT, que propuso aumentar impuestos.
(Audio Daniel Olesker)
"Uruguay tiene un dilema presupuestal. Ese dilema se refiere a que para cumplir el incremento de gasto comprometido en lo programático se necesitan recursos nuevos. Obviamente la fuente principal de recursos permanentes es la tributación."
(Fin audio)
Este planteo generó un choque entre Olesker y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, a pesar de que ambos pertenecen al Partido Socialista.
Por otro lado, está en entredicho un acuerdo que la OPP alcanzó con los intendentes para transferir recursos para obras de caminería rural y que elimina una exoneración de la contribución inmobiliaria rural. Algo que las gremiales agropecuarias y el propio ministro de Economía, Danilo Astori, interpretan como un incremento de la carga impositiva para ese sector de la producción nacional, en un momento más bien adverso.
De estos y otros temas vinculados al proyecto de ley de presupuesto vamos a conversar con el contador Álvaro García, director de la OPP.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, el 31 de agosto, insistió mucho en la prudencia fiscal. Sin embargo, varios analistas al poco tiempo pusieron en duda que los objetivos pudieran cumplirse, entendiendo que el gobierno se basó en supuestos macroeconómicos demasiado optimistas (un crecimiento del PBI de 2,5 % para 2016 y de 2,7% para 2017). Y luego la cosa se complicó un poco más: la deuda de Brasil perdió la nota de grado inversor y se acentuó la devaluación del real, lo que hace perder competitividad a Uruguay. Entonces, ¿el gobierno mantiene en todos sus términos el proyecto de presupuesto?
ÁLVARO GARCÍA (AG) —Sí, por supuesto. Fue presentado el 31 de agosto y es la mejor previsión que tenemos para este período de gobierno. Lógicamente, cuando se trabaja con futuro se trabaja con incertidumbre, pero hay técnicas para anticipar situaciones.
Hay varias cosas. Como gobierno partimos con un mandato muy claro de cumplimiento del programa de gobierno, con una visión de la situación regional e internacional que durante el año 2014 tenía determinadas características. Esa realidad cambia severamente en este año 2015, pero confiamos fuertemente en las capacidades que ha generado el país, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista productivo y de diversificación de mercados para mantener el crecimiento que está planteado en el presupuesto, que en grandes números ronda la mitad del crecimiento de los últimos 10 años. En los últimos 10 años tuvimos un promedio de crecimiento de 5 %-5,5 % y ahora estamos previendo que va a rondar el 2,7 %.
Indudablemente la realidad ha venido cambiando en estos últimos tiempos. De cualquier manera confiamos en que la economía uruguaya tiene fortalezas que nos van a permitir mantener un crecimiento, como ya se ha dado en otros momentos. Lo que nos implica monitorear de manera permanente lo que va sucediendo particularmente en la región y en algunos lugares del mundo que están aparentemente alejados pero que están muy cercanos comercialmente, como es el caso de China.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —A comienzos de este mes, el economista Daniel Olesker sostuvo que para cumplir con el 6 % que se plantea para la educación el FA tendría que aumentar el gasto previsto en el presupuesto y que ello debería financiarse con aumento de impuestos. Ese planteo dio pie a un cruce fuerte entre él y usted, pese a que ambos son integrantes del Partido Socialista. ¿Ha hablado con Olesker luego de esas diferencias públicas?
AG —No, últimamente no. Estoy abocado 100 % a la tarea de gobierno.
RA —¿Cómo vio ese episodio?
AG —Ese episodio tuvo sus ulterioridades. Primero, yo no voy a alimentar ninguna polémica públicamente, porque no es mi estilo, no creo que sea conducente. Y he recorrido los canales que he recorrido antes y después de esa situación. Simplemente esa salida pública tuvo que ver con colocar las cosas en su lugar desde nuestro punto de vista.
Estuvimos analizando los números, incluso he hablado con la gente del Instituto Cuesta-Duarte después, porque nos gusta profundizar y analizar. En una de las propuestas planteada por el Cuesta-Duarte, que tiene relación con lo que planteaba el economista Olesker, para el año 2019 hay una propuesta total de incremento de gasto de US$ 2.150 millones, y la suma de los impuestos que plantea subir es de US$ 450 millones. Por lo tanto hay una diferencia de US$ 1.700 millones, que esa propuesta no explica cómo se paga; ni siquiera es con más aumento de impuestos, porque los impuestos ya los puse allí. Entonces es un ejercicio teórico que me parece que no contribuye, que pudo haber generado expectativas de que la situación fuera diferente. Nos parece que lo que tiene que primar acá, principalmente en los que estamos en lugares de gobierno, es la responsabilidad a la hora de plantear las cosas.
EC —Olesker había hablado en ese documento de, a efectos de mejorar la recaudación o los fondos disponibles, subir la tasa del IRAE (impuesto a la renta de la actividad empresarial) en 5 puntos, eliminar las exoneraciones de las zonas francas, readecuar las franjas del IRPF de salarios mayores de $ 91.500 y eliminar o disminuir la devolución del Fonasa.
AG —Reitero: la suma de esos impuestos al final del período en ese informe que estamos citando –que creo que está publicado en la página web del Instituto Cuesta-Duarte– da US$ 450 millones…
EC —¿Está diciendo que las cuentas están mal hechas?
AG —… y la suma de los gastos da US$ 2.150 millones, incluyendo una serie de ítems que ni siquiera están en el programa del FA. Repito: hay que plantearse los objetivos de cumplimiento del programa de gobierno, hay que ver la realidad, hay que proyectar las variables económicas, como se ha hecho en el proceso presupuestal que venimos siguiendo. En el proceso presupuestal que venimos siguiendo he aprendido bastante, porque ha sido un proceso colectivo muy interesante, generado a nivel de Consejo de Ministros, con diversas reuniones. Se generaron varias reuniones especiales para el tratamiento del presupuesto, muchas de ellas conceptuales inicialmente, y después se fue avanzando en la medida en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue avanzando en la elaboración de los números, en ir determinando determinadas variables claves.
Ese proceso tiene como conclusión la propuesta presupuestal que hemos presentado, que creemos que no es de achique, sino de agrande, en la medida de lo posible. El elemento importante en cuanto al tema de incertidumbre está presente en el hecho de plantear un horizonte de dos años.
EC —El presupuesto que se presentó ahora solo maneja un horizonte de dos años.
AG —Sí, es un presupuesto para cinco años, está planteado que en los años 2018, 2019 y 2020 se repita el presupuesto planteado para el año 2017. Entendimos que era importante, dada la incertidumbre tanto regional como mundial, tener la posibilidad de aplicar la herramienta de rendiciones de cuenta en esos momentos a la hora de ver qué acciones tomar.
EC —Y en particular a propósito del 6 % del PBI para la educación, ¿en qué queda con un presupuesto como este?
AG —El objetivo nuestro es el que dice el programa de gobierno, tender hacia un 6 % para la educación, en la medida de lo posible llegar, no detenerse, en ese sentido avanzar. Con la propuesta presentada a nivel presupuestal estaríamos orillando un 5 % en 2017, y quedan tres años más para seguir trabajando.
RA —Pero Olesker no es el único que entiende que con el planteo actual de presupuesto que hizo el Poder Ejecutivo no se llegará al 6 % del PBI en educación. El economista y socio de Deloitte Pablo Rosselli afirmó en una entrevista el domingo pasado en el diario El País lo siguiente: “El gobierno no va a poder cumplir sus objetivos de expansión del gasto. Basó su presupuesto en un crecimiento económico de 2,7 % anual promedio, lo que luce muy optimista, y plantea una reducción muy gradual del déficit fiscal a 2,5 % del PIB. Puede ser riesgoso recorrer un camino de reducción tan lenta del déficit fiscal, pero además es difícil pensar que el déficit mejore en los dos últimos años del gobierno, como está planteado, porque la evidencia histórica muestra que los resultados fiscales tienden a deteriorarse en los últimos años (…) En el contexto previsible no va a ser posible llegar al 6 % del PIB en educación sin comprometer la solvencia fiscal, porque de lo contrario requeriría un aumento de impuestos significativo”.
¿Cómo se va a hacer para cumplir con ese porcentaje, manteniendo la meta de reducir a 2,5 % el déficit fiscal y sin aumentar impuestos?
AG —Vamos a tener que verlo en el 2017. Justamente, nos planteamos esa situación para ver cuál es la evolución que ha tenido, entre otras, la economía brasileña, cuál es la situación en ese momento, qué impactos ha tenido en estos primeros dos años y qué puede suceder después. Creo que es bastante claro el planteamiento del gobierno. Y respeto muchísimo las opiniones de los analistas, pero a la hora de preparar…
EC —Pero en ese planteamiento puede suceder que no se llegue al 6 % del PBI para la educación.
AG —El objetivo del programa de gobierno es tender al 6 %.
RA —Pero todo se juega ahí, en el 2017, cuando haya que analizar de vuelta el escenario.
AG —Es una instancia importante. No todo se juega ahí, se empezó a jugar ahora, en la propuesta que presentamos, en la cual se hace una apuesta grande por la educación. Casi 40 % de los recursos incrementales están planteados a la educación, como ha sido política permanente del FA en el gobierno. En economía no hay acciones que no generen efectos secundarios. Entonces hablar graciosamente de aumentos sin analizar qué reducción de crecimiento pueden generar… uno no pone o saca impuestos porque le gusta más la cara de quien va a pagar el impuesto. Hay razones de fondo, razones técnicas; por ejemplo, el país tiene determinadas exoneraciones del impuesto a la renta porque hay países en la región que también las tienen. Cuando uno ve los incentivos o los beneficios que se pueden dar a la inversión –que son un elemento crucial para el crecimiento económico– tiene que analizarlos a la luz de las políticas que tienen Argentina, Brasil, Colombia y otros países de la región, incluso de otras regiones. Es un mundo competitivo también en ese sentido.
EC —Está fundamentando por qué el gobierno se mantiene en la idea de no aumentar impuestos, sobre todo determinados impuestos. Usted está explicando que “tocar” el esquema tributario en esos puntos tiene sus consecuencias.
AG —Sin ningún tipo de duda.
EC —No es simplemente pongo este impuesto y recaudo tanto.
AG —Por supuesto, si no sería muy fácil. En economía, a cualquier acción sigue una acción inmediata, no hay que perder de vista las acciones secundarias. En ese sentido la responsabilidad es un tema crucial, y por eso mismo también durante la campaña –otro objetivo de campaña que se ha planteado– fue muy claro el presidente en cuanto al no incremento de impuestos.
***
EC —Disculpe la insistencia, pero el tiroteo viene de distintos lados, el economista Javier de Haedo también entiende que el año que viene, una vez que se apruebe el presupuesto, va a tener que haber un incremento de impuestos.
AG —Son opiniones. El equipo económico que viene dirigiendo el país desde hace 10 años y medio ha acumulado una experiencia muy importante y un conocimiento muy grande de los diferentes resortes de la economía del país, cosa que no se tenía en el año 2005 cuando se arrancó. Ese mismo equipo económico que logró que el país creciera como ha crecido, que tuviera el mayor período de crecimiento con redistribución del ingreso de la historia del Uruguay, sigue dirigiendo la economía en este tiempo.
EC —Sí, pero ese mismo equipo económico había anunciado en el presupuesto anterior que el déficit fiscal al final del período sería un número, y el número final fue bastante mayor.
AG —Son las circunstancias que se dan en la realidad. Por eso respetamos las opiniones que pueda tener cada uno de los analistas. Los que estamos en cargos de responsabilidad tenemos la obligación de llevar el barco hacia donde nos propusimos que fuera.
EC —Vayamos a otra de las discusiones, porque dentro del FA ahora se realizan planteos con otra lógica: esto es lo que hay, este es el dinero que hay para el presupuesto, vamos a utilizarlo de otra forma. El viernes pasado usted y el subsecretario Pablo Ferreri se reunieron con la bancada de diputados del FA. Entre los planteos, hay sectores como el MPP que proponen redistribuir unos $ 1.900 millones para fortalecer una serie de rubros: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable –que en el proyecto de presupuesto que se mandó al Parlamento no tiene ningún aumento–, Cinemateca Uruguaya, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y para la conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual, previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que en el mensaje original del Poder Ejecutivo no había con qué crear. ¿Qué le pareció una iniciativa de este tipo?
AG —Me parece una iniciativa natural, muy bienvenida y muy bien planteada por los diputados del FA. Nuestra idea es tratar de acelerar este proceso para que el presupuesto que salga de Diputados sea básicamente el que Senado pueda votar, pese a que obviamente pueden existir cambios.
EC —Pero la idea era que el proyecto se tocara lo mínimo posible.
AG —Sí, sin duda. Pero se está hablando de redistribución, y se está estudiando. Porque ¿quién puede estar en contra de cualquiera de las cosas que usted planteó? Nadie. En este lugar uno tiene la obligación de plantear las necesidades que existen y los recursos de que se dispone, para no avanzar tres pasos y retroceder cuatro. Esto quiero dejarlo planteado de primera porque cualquiera de los temas planteados por nuestros parlamentarios que usted reseñó recién me parece muy necesario. El tema es de dónde se redistribuye, eso es lo que se está estudiando. Responsablemente los legisladores plantearon una posibilidad, se hizo un primer intercambio acerca de algunas dificultades en esos planteos, por lo tanto se está viendo qué posibilidades existen para hacer una redistribución.
EC —Veamos los instrumentos.
RA —¿Cómo ve las alternativas de financiamiento que propone el MPP? Para esta reasignación de partidas que establecieron, de $ 1.900 anuales, proponían aumentar a 70 % la reducción de las vacantes en el Ministerio de Defensa Nacional (el proyecto original plantea el 50 %); reducir un fondo de “imprevistos” del MEF; modificar los artículos 502 y 510, que regularizan contratos de funcionarios e incrementan salarios de directores en el Ministerio de Desarrollo Social; dejar sin efecto la equiparación de remuneraciones de diplomáticos que residen en Uruguay con los que están en el exterior; no incrementar las compensaciones a funcionarios del INAU y a directores de establecimientos carcelarios. ¿Cuáles de estas opciones es posible instrumentar y cuáles son inviables, a su juicio?
AG —Se están estudiando. No voy a avanzar ni puedo avanzar mucho más en esto. Primero, porque la que recibimos el otro día es una propuesta, pero hemos recibido otras propuestas adicionales, aparentemente algún otro grupo va a hacer algún otro agregado, o sea que el panorama no está completo aún.
Segundo, las redistribuciones tienen que ser consultadas con cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo de los lugares que esas redistribuciones tocan. Porque en el proceso de armado presupuestal todo lo que fue planteado tiene su justificación, por tanto mal haría yo en este caso en ponerme a opinar acerca de si es más necesaria una de las cosas que se están proponiendo que lo que se estaría quitando por otro lado. Y en esto incluyo también al MEF, ese fondo de imprevistos es extremadamente necesario. Ya hubo un primer intercambio el otro día…
EC —¿Qué es el “fondo de imprevistos”? ¿Para qué se lo utiliza?
AG —Se lo utiliza para reforzar rubros en determinados momentos, por situaciones de emergencia. Como sucede en cualquier presupuesto de cualquier institución en el mundo, es una cantidad X –en este caso un porcentaje, 6 %– sobre la cual actuar cuando es necesario. Por ejemplo, ajustes de precios que se puedan dar. Es un margen pequeño con referencia al total del presupuesto que ayuda a resolver situaciones en la cotidiana. Por lo tanto las propuestas que estamos recibiendo son muy bienvenidas, se está trabajando de manera ordenada y se está estudiando de manera ordenada.
EC —¿También se están atendiendo propuestas que vienen de la oposición?
AG —Que yo tenga información, no nos han llegado, a la OPP al menos no. En caso de que lleguen, se verán.
EC —Porque en principio la atención se centra en cómo se maneja el propio FA, el oficialismo, pero la oposición también juega. Recuerdo la entrevista con el diputado Jorge Gandini, él decía se iba a estudiar el proyecto de presupuesto para luego plantear ideas.
RA —Hablaba de gastos que consideraba superfluos o que claramente se podían recortar, debidos, entre otras razones, a ineficiencias del Estado. Gandini ha insistido mucho en estos últimos tiempos en la cantidad de cargos que se crean a partir del presupuesto.
AG —El Parlamento tiene sus procesos, sus mecanismos, me consta que están trabajando mucho gobierno y oposición, muchas horas. Hoy es la tercera vez que vamos a concurrir después de presentado el presupuesto. En la segunda sobre el inciso de Presidencia fue una sesión de ocho horas, y no era la única que los parlamentarios tenían ese día. En esos mecanismos parlamentarios se zanjarán las propuestas.
EC —Hablando de aumentar impuestos sí o no, se coló de golpe el acuerdo OPP-Congreso Nacional de Intendentes (CNI) a propósito de recursos para caminería rural. Allí se prevé eliminar la exoneración de la contribución inmobiliaria rural. ¿Por qué se fue en busca de esa herramienta?
AG —No es un acuerdo OPP-CNI. El proceso es el siguiente: los intendentes ingresan en funciones el 10 de julio, y el 31 de julio, según la Constitución, la Comisión Sectorial de Descentralización, que está integrada por seis intendentes y seis ministros, tiene presentar la propuesta de distribución de los recursos a nivel nacional al gobierno.
O sea que hay 20 días para hacer una negociación que tiene estas características. Un gobierno nacional, que tiene una unidad pero también tiene diferentes visiones dentro de sus ministerios, como es lógico, y 19 intendencias, con una heterogeneidad enorme –por ejemplo, a nivel poblacional, Montevideo contra Artigas–, con asimetrías muy importantes. Obviamente con el agregado de que hay intendentes de diferentes partidos políticos, y además agregando los 112 municipios, que miraban de reojo la negociación, porque hay una ley de descentralización del año pasado, la segunda ley de descentralización, que plantea –y a ese objetivo se arribó– que el 10 % de los recursos nacionales tengan como destino los municipios.
En esa negociación compleja hubo propuestas de todo tipo, no todas plasmadas en el documento final. Dentro de esas propuestas, planteada por los intendentes, aparece la de levantar esa exoneración del año 2001 de la contribución inmobiliaria rural. Esa propuesta es la que ha generado más ruido, pero estamos hablando de menos de 5 % o bastante menos de 5 % del monto total de los recursos.
EC —¿Quién lo propuso?
AG —Lo propusieron los intendentes. Y quedó en el acuerdo que después refrendan el CNI y la Comisión Sectorial de Descentralización. Por lo tanto eso ahora está a discusión parlamentaria.
EC —Las lecturas son varias. Primero, el FA prometió en la campaña electoral que no iba a haber aumento de impuestos.
AG —No es un nuevo impuesto.
EC —Es el aumento de uno que ya existe.
AG —Y no es un impuesto nacional.
RA —Pero el ministro de Economía, Danilo Astori, sí lo entendió como un incremento de tributos.
EC —Y por otro lado, salen las gremiales agropecuarias a decir que no se puede agregar una carga tributaria más. Hay sectores del propio Partido Nacional (PN), como Todos, que dicen que esto es inaceptable en el contexto actual de la actividad económica del país.
AG —Por eso lo que nos parece más adecuado es que el Parlamento lo trate democrática y soberanamente, que se planteen todas las situaciones en esa caja de resonancia que es el Parlamento. No se trata de un impuesto nuevo, no se trata de un impuesto nacional, se trata del levantamiento de una rebaja y de un monto relativamente bajo. Lo que más me interesa es que ese monto bajo dentro del total de transferencias de recursos que se realizan a los gobiernos subnacionales no opaque lo que ha sido un gran acuerdo. Así lo presentamos en el mismo momento.
Hoy vamos al Parlamento y vamos a hablar de este tema, de los artículos correspondientes, entre otros, a la transferencia de recursos a los gobiernos subnacionales. Es un acuerdo que cumple con varios objetivos. Primero, el primer objetivo que plantearon los intendentes era no recibir menos, mantener el nivel de recursos que tenían; ese objetivo fue cumplido. Segundo gran objetivo, que se cumple, es que en el año 2019 se llega de manera gradual a que el 10 % de los recursos se destinen a los municipios. Como lo ha definido el presidente de la República, esa es la política de descentralización, es la política para este período de gobierno.
Se ven cosas interesantísimas a nivel de territorio cuando uno se arrima a los municipios, a los gobiernos de cercanía, relacionadas con otras políticas públicas del gobierno nacional, cosas muy lindas. Además se incrementan los recursos para la caminería departamental, que todas las partes reconocen como una gran necesidad. Se incrementan los recursos que se estaban recibiendo del impuesto al patrimonio, la ley que solucionó el tema durante el gobierno pasado lo solucionó de buena manera. Pero los recursos se incrementan independientemente de este tema. Entonces me parece que el Parlamento va a resolver esto, y esto no debe distraer de que ha sido un muy buen acuerdo y beneficioso para todos.
EC —Pero ¿hay una alternativa a esa herramienta, la eliminación de la exoneración de la contribución inmobiliaria rural?
AG —La va a tener que plantear el Parlamento en su discusión.
EC —Otro tema que tiene que ver con las intendencias es una queja, una protesta que ha planteado el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional (AN). Alertó que el proyecto de presupuesto en su artículo 631 destina $ 285 millones para obras de las intendencias del área metropolitana, para Montevideo y Canelones, excluyendo a San José. Afirmó: “Esto es, sencillamente, que el gobierno nacional va a financiar obras para las intendencias de signo frenteamplista. Esta discriminación es injusta e inaceptable”. ¿Qué responde?
AG —Puedo entender lo que dice Larrañaga, pero está equivocado. Justamente, atendiendo a los planteamientos que se han realizado estos últimos tiempos, hoy vamos a plantear eso en el Parlamento. El senador Larrañaga fue intendente y conoce muy bien los criterios de distribución a nivel nacional. Del 100 % hay un porcentaje para cada una de las intendencias que se mantiene incambiado –en el caso del artículo 214– por lo menos desde hace cuatro períodos. El país ha cambiado mucho en 20 años. Si hacemos el recálculo de porcentajes que quedaron fijos utilizando los criterios que se aplicaron en aquel momento, si los actualizamos por los valores que las variables tienen hoy, llegamos a valores superiores, muy superiores en el caso de Montevideo y superiores en el caso de Canelones.
Por lo tanto lo único que se hace –y se hizo con acuerdo, forma parte del acuerdo con todos los intendentes, incluidos los intendentes del PN y de AN– es un reconocimiento de que el país va a tener que transitar hacia una actualización de esos mecanismos. Imagínese que en 20 días hay que realizar toda esa negociación, porque redistribuir esos porcentajes implica que muchos van a subir y muchos van a bajar. Por lo tanto no es una discusión sencilla, hay que basarse en elementos técnicos de fondo basados en criterios políticos. Por ejemplo, mitigación de asimetrías, utilización de estos recursos para fomentar lugares donde el desarrollo es más lejano. Es una discusión que planteamos sabiendo que no se iba a poder realizar para esta negociación y para este período presupuestal. Planteamos realizarla durante este tiempo para llegar al próximo período presupuestal con una distribución más justa.
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EC —Una pregunta más política: dentro del FA hace algún tiempo que se lo menciona a usted como una figura posible de renovación. ¿Cómo toma esos planteos? ¿Se ve siendo candidato a la Presidencia de la República?
AG —Ni lo pienso. Tengo mucha cosa para hacer. Estamos trabajando duro realmente, no es un eufemismo. Creo sí que el Frente tiene que encarar los procesos de renovación que se tienen que dar naturalmente. Me parece que hay tiempo para hacerlo y hay muy buen diálogo. Tiene que ser un proceso colectivo, y después los nombres, las individualidades aparecerán en su momento. Yo en este momento tengo suficientes objetivos con el armado y el trabajo en la OPP como para estar preocupándome por otras cosas.
EC —Esa respuesta era esperable. En todo caso la repregunta es: ¿lo rechaza por completo?
AG —El otro día me hicieron esa pregunta. Yo he hecho varias cosas en mi vida que nunca me había planteado, así que me parece que la gente no puede rechazar ni dejar de rechazar algunas cosas. Es una responsabilidad tremenda, pero yo no soy candidato a nada, soy un integrante del equipo de gobierno y estoy trabajando en eso. Sí me parece que los procesos de renovación del Frente hay que irlos encarando de manera gradual para procesarlos de la mejor manera.
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Transcripción: María Lila Ltaif
