Entrevista con el contador Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
EN PERSPECTIVA
Jueves 30.06.2017, hora 8.26
EMILIANO COTELO (EC) —¿Ustedes conocen a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)? ¿Quiénes son sus autoridades, qué cometidos y poderes tiene para prevenir la corrupción?
Esta semana, ese organismo cobró notoriedad cuando se supo que había iniciado una investigación sobre el manejo de las tarjetas corporativas de Ancap. La noticia –que publicó el diario El País el domingo– llamó la atención, porque la JUTEP no suele tener un lugar destacado en la agenda pública y política.
Vale la pena entonces conocer esta institución y profundizar en las causas que motivan esta indagatoria sobre uno de los temas más relevantes, más agitados de estos días.
Estamos con Ricardo Gil Iribarne, contador público, licenciado en Administración, presidente de la JUTEP desde febrero de este año.
RICARDO GIL IRIBARNE (RGI) —Desde el 7 de febrero de este año.
EC —Yo decía que la JUTEP no suele estar en el candelero. Vamos a recordar qué es, cuáles son sus cometidos.
RGI —La JUTEP es un organismo que existe desde el año 98, cuando se aprobó la que se llamó “ley cristal”, de combate a la corrupción, la 17.060. Es un organismo que en este momento opera como servicio descentralizado, no depende directamente de ningún ministerio ni de Presidencia, tiene autonomía técnica y tiene un directorio de tres miembros. Sus principales cometidos son asesorar y apoyar a la justicia en lo que tiene que ver con delitos vinculados a corrupción; asesorar, recolectar pruebas, investigar eventualmente, pero siempre a pedido de la justicia, no por disposición propia. Es el organismo que recepciona las declaraciones juradas que por ley tenemos que hacer los funcionarios públicos de ciertos grados para arriba o de algunas entidades como el Ministerio del Interior, allí el 100 % de los funcionarios tienen que hacer una declaración jurada cada dos años. Es el organismo que asesora en materia legislativa en cuanto a cuáles son las leyes y las normas que se proponen para mejorar el combate a la corrupción. Y es además, según el artículo 2 de la última ley, el organismo superior de control en materia de prevención, detección y represión de la corrupción en los términos que prevé la Convención Interamericana contra la Corrupción, que Uruguay suscribió y ratificó.
EC —¿Qué quiere decir eso?
RGI —La ventaja es que eso es muy amplio. De hecho es el artículo por el cual entendemos que tenemos la posibilidad de hacer ciertas cosas sin que la justicia nos lo pida. Por eso lo que dice el artículo del domingo del diario El País es una barbaridad, que vamos a investigar o ubicar delitos. Esa no es nuestra función, esa función es de la justicia, pero sí podemos pedir información. Frente a un hecho público, notorio, podemos dirigirnos a un organismo y decirle “señores, cuéntennos qué pasó en tal o cual tema”. Fue lo que hicimos en el caso de Ancap.
ROMINA ANDRIOLI (RA) —El actual directorio asumió el 7 de febrero de este año. Usted es el presidente, Daniel Borrelli es el vice y como vocal asumió Matilde Rodríguez Larreta. ¿Es condición no tener filiación política o al menos una militancia política activa y nítida?
RGI —Desde el momento en que asumís como director de un servicio descentralizado la única actividad política que podés tener es el voto, no podemos tener ningún tipo de actividad política. En el origen las designaciones se hacen a propuesta del Poder Ejecutivo; normalmente, históricamente ha habido acuerdos partidarios para las propuestas, pero después de que estamos en funciones no hay actividad política que valga. Además para nosotros es absolutamente determinante eso. Si trabajamos en el tema corrupción con algún viso de actividad política nos parece que desprestigiamos totalmente el organismo, y además perdemos la confianza de la gente. El tema corrupción habitualmente, no solo en Uruguay sino en todos lados, se presta mucho para los tiroteos políticos partidarios y para buscar rédito político. Entonces para nosotros es fundamental decir que no estamos en ese juego, ninguno de los directores está en ese juego y queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía. Pero también hay que demostrarlo, por lo cual, más que una afirmación es que la historia diga, que el tiempo diga si esta integración de la Junta fue capaz de cumplir con eso.
EC —Ya quedó dicho que esta Junta, con otro nombre, nació en el año 1998. Desde entonces ha tenido varias ubicaciones en el organigrama del Estado. Desde 2015 es un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que tiene independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto?
RGI —Hasta ese momento la Junta estaba dentro, era parte del MEC. Eso no implica que necesariamente recibiera instrucciones políticas del gobierno, pero creo que todos los actores coincidían en que su ubicación allí –como pasaba con la Fiscalía, con el fiscal de Corte y el Ministerio Público– no era lo más sólido para mostrar independencia, en organismos que requieren independencia. Entonces la transformación de esos dos órganos –el Ministerio Público y la Fiscalía de Corte, y la Junta– en servicios descentralizados es un mensaje más fuerte y una ubicación más clara de que técnicamente no dependen de nadie. Administrativamente es otra cosa, mandamos informes al ministerio, pero desde el punto de vista de nuestras decisiones no nos debemos a nadie, salvo a la ciudadanía.
RA —El domingo el diario El País reveló que la JUTEP había pedido información a Ancap para analizar el uso que se les dio a las tarjetas corporativas. ¿Por qué se produce esta actuación de oficio, cuando a la JUTEP no se la ha visto jugar fuerte en otros casos polémicos? Ayer, de hecho, cuando preparábamos la entrevista nos costó encontrar un caso, un antecedente en que la JUTEP hubiera intervenido de esta manera tan proactiva.
RGI —La JUTEP tuvo alguna participación en casos antes de este directorio y en estos últimos meses a raíz de pedidos recibidos de la justicia o de juntas departamentales.
EC —Pero en este caso estamos hablando de una actuación de oficio, de una iniciativa propia. Eso es lo que no se recuerda.
RGI —No tengo constancia de que haya un antecedente. Claramente es una señal nuestra de que queremos cambiar esa actitud poco proactiva de la Junta, que de alguna manera responde a lo que el sistema político le ha pedido, no se le pidió más que eso. Pensamos que el tema de la corrupción exige hoy en Uruguay que un organismo especializado en combatirla tenga un rol más fuerte. No protagónico, el tema no es de protagonismo, pero es fundamental que estemos integrados a un sistema en el que hay un montón de actores importantes: la justicia, la policía, la fiscalía; la JUTEP es uno más de todo eso. Pero tiene que ser uno más que juegue un rol en un tema especial, la JUTEP es un organismo especializado en el tema de corrupción. Según la ley es el órgano superior, entonces no puede ser lo que tú preguntabas a principio: ¿cuánta gente sabe lo que es la JUTEP y lo que hace? Poca. Entonces el tema no es que busquemos la fama, queremos decirle a la gente: señores, en un tema en el cual todos debemos estar muy preocupados acá hay un organismo chico, con pocas potestades, con pocos recursos, pero dispuesto a hacer todo lo que pueda por mejorar la situación de Uruguay.
