EC —¿Cuáles eran los inconvenientes en la ordenanza de diciembre, la 882?
ML —Primero el tema del plazo, y segundo un tema del accionar del MSP, que la ordenanza no estaba difundida.
EC —¿Cómo?
ML —No estaba difundida, los pacientes no sabían que una vez que se les negaba el medicamento indicado por el médico tenían un procedimiento para intentar obtenerlo. Le decíamos al MSP: ¿cuál es el beneficio que tiene un paciente que no se entera de que lo tiene? El paciente está desesperado, muchas veces no conoce un abogado, muchas veces su médico tratante tampoco está en estos pormenores para darle esa información. Se le indica un medicamento, va al FNR, no porque un día se levanta y tiene ganas de ir al Fondo, es lo que menos quiere, y una vez que va se encuentra con una respuesta negativa. Si no conoce este procedimiento, ¿cómo hace para tratar de hacerse ese tratamiento? Entonces también criticamos el tema de la publicidad, el procedimiento ni siquiera estuvo colgado un tiempo en las páginas del MSP. Y un problema que se daba en los hechos, que ahora se materializa con la nueva ordenanza, es que muchos medicamentos se negaban por razones de costo-efectividad.
EC —¿Cómo es eso?
ML —Cuando se hace un procedimiento para estudiar el caso a caso, uno se imagina que se va a estudiar desde el punto de vista clínico, porque al paciente ya se le dijo que ese medicamento no se da, entre otras cosas porque se hizo un análisis farmacoeconómico para decidir si se lo incluía en las prestaciones del FNR. Cuando empezamos a ver que a algunos pacientes se les negaba el medicamento por razones de costo-efectividad le llamamos la atención al ministro, le preguntamos cuál es el beneficio de un estudio caso a caso si al paciente se le termina dando la misma respuesta que se le da cuando concurre al FNR.
EC —¿Qué contestación tuvo a esa pregunta?
ML —El MSP insiste permanentemente en la necesidad de hacer estudios de farmacoeconomía en forma constante. Yo acá traje documentación, porque en la ordenanza 86, del 27 de febrero de 2015, se dice a texto expreso que “por razones de costo-efectividad se excluyen los medicamentos que son más solicitados por pacientes”. Quiere decir que ya se hizo el análisis de costo-efectividad y el paciente ya no tiene acceso a través del FNR por razones de costo-efectividad. Entonces, si en el caso a caso se va a analizar con el mismo criterio por el cual ya se negó el medicamento, en ese sentido el paciente no cuenta con un beneficio.
Creo que hay dos cosas gravísimas. La primera es que el MSP está tomando un cambio de rumbo no sabemos por qué. Y voy a dar las razones y los fundamentos de mis afirmaciones. El MSP en el año 2015, así como negaba los medicamentos a la totalidad de los pacientes, hacía excepciones a discreción, los facilitaba. Aclaro: nos alegra cada vez que hay una excepción, porque es un paciente que necesita un medicamento y lo tiene. Entonces consultamos por escrito –y consta por escrito, lo tengo acá– cuál fue el fundamento por el cual el MSP, que venía negando los medicamentos permanentemente a la totalidad de uruguayos, hace una excepción. Y nos contesta –acá está por escrito– que es “por argumentos clínicos”, que las excepciones obedecían 100 % a razones clínicas. Comparto que obedezca a razones clínicas, lo que no comparto es que otros pacientes, que se encuentran en una situación similar, sean destinatarios de un análisis costo-efectividad en vez de de un análisis clínico como se hizo en otros casos. Entonces vemos que el MSP termina materializando un doble criterio para analizar las excepciones.
A su vez se da una contradicción entre los dichos del presidente de la República y el MSP. Mientras el MSP insiste en hablar más de economía que de salud, el presidente de la República, en una carta de respuesta al senador Lacalle Pou –carta que se dio en el marco de la discusión del presupuesto, en la que Lacalle Pou le solicitaba a Vázquez retirar los artículos que trataban de bloquear amparos, que fueron muy controversiales en aquel momento–, le contesta –la tengo aquí– que “se van a hacer las consultas correspondientes a las diferentes cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República y que las directivas que emanen de las mismas serán respetadas”. Sin embargo la mayor parte de los medicamentos excluidos por la ordenanza 86, por ejemplo, cuestan con el aval de las cátedras –tenemos hasta las páginas concretas donde se dice cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la evidencia científica– y no se están brindando. Entonces hay una contradicción muy fuerte entre lo comprometido o prometido por el presidente de la República y el proceder del MSP.
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EC —Tengo mensajes de los oyentes, alguno que hace precisiones sobre este término. Dice Juan, de Ciudad Vieja: “Para ser preciso, debería hablarse de medicamentos de alto costo y de eficacia no probada. Los medicamentos de alto costo y probados el sistema de salud los proporciona. La industria tiene importantes intereses en ese tema, especulando con el dolor humano”. ¿Qué dice usted?
ML —Que por supuesto que no; es más, lo puedo acreditar, lo tengo acá. Vamos a seguir con los ejemplos. Yo decía que la ordenanza 86 excluye medicamentos por razones de costo-efectividad, porque la misma ordenanza reconoce la eficiencia de estos. Voy a poner los tres ejemplos primarios que cita la ordenanza.
El primer medicamento que excluye es el Cetuximab, para cáncer colorrectal (tumor RAS de tipo salvaje). Hay todo tipo de testimonio de que este medicamento cuenta con aval científico y está en las pautas de oncología del año 2014.
El segundo medicamento que se excluye es la Lenalidomida. Hay seis cartas de profesionales hematólogos de primer nivel de nuestro país solicitando la incorporación de este medicamento al FTM. Aun así y a pesar de encontrarse en las pautas de hematología del año 2008, nunca fue incluido.
Y el tercer medicamento que excluye la ordenanza se llama Sorafenib, que está incluido para cáncer renal diseminado, para el que hay otros dos medicamentos, pero no para cáncer de hígado primitivo, para el que no hay otra alternativa terapéutica. En el caso de este medicamento se hizo incluso un estudio pormenorizado en el año 2012 que daba cuenta de la evidencia científica.
Y en el anexo a la ordenanza 86 se habla de una serie de medicamentos de los cuales me animaría a decir que el 99 % tienen evidencia científica comprobada. Cuando hago referencia a medicamentos, me refiero a aquellos que cuentan con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration, de Estados Unidos), de agencias como la EMA (The European Medicines Agency) y que están recogidos en nuestras pautas de oncología o de esclerosis múltiple y demás, nunca es infundado desde el punto de vista científico, no porque yo lo diga que no tengo formación científica, sino porque están en los propios documentos que son objetivos y así lo acreditan.
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