EC —Pasemos a la nueva ordenanza. Uno de sus reclamos era que se estableciera un plazo de respuesta, eso se cumple en la nueva ordenanza, de la semana pasada, que le pone un límite de 20 días al MSP para que se expida. En ese sentido tenemos un avance, entonces.
ML —Sí, era uno de los reclamos que hicimos y uno de los temas que llevamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Quiero advertir de algo que me preocupa con respecto al plazo de 20 días hábiles, que es que el plazo se suspende, entre otras razones, cuando el prestador de servicios tiene que entregar documentación, mientras no le sea entregada al MSP.
EC —Es un plazo con agujeros.
ML —Claro, y también se suspende cuando se evacua la vista. Es positivo que haya un plazo, vamos a tratar de separar lo bueno y quedarnos con algo positivo de esta nueva ordenanza. Vamos a procurar que los motivos de suspensión del pazo no sean una forma de ganar tiempo dilatando, porque estaríamos en los papeles y no en los hechos, y la idea es mejorar los hechos, no solamente los contenidos. Aparte es medio injusto para el paciente ser rehén de que el prestador de servicios de salud otorgue una documentación.
EC —Ahí ya hay algo para corregir, según usted. ¿Qué más?
ML —Valoro que se haya establecido un plazo, porque es una de las solicitudes que habíamos realizado. Quiero dejar esta advertencia y voy a fiscalizar en el día a día que los motivos de suspensión no se conviertan en la regla. Vamos a confiar en la buena iniciativa y en el interés legítimo de querer modificar y mejorar este tema.
Algo que sí preocupa sobremanera, que para mí es un retroceso, es que pide tanto a médicos como a directores técnicos y demás que hagan una evaluación de costos, y también establece el factor del impacto presupuestal. Creo que la única preocupación que tiene que tener el médico tratante de un paciente es la mejora de ese paciente, el tratamiento a ese paciente. Que el médico tenga que tener en cuenta los costos alternativos y demás se sale de su función y de su tarea principal, que es atender de forma correcta al paciente. Lo mismo con respecto a que los directores técnicos tengan que hacer malabares con los diferentes costos, me parece que esa es una responsabilidad del MSP. Eso en cuanto a la forma, que se les diga que se contemple el costo-beneficio y el impacto presupuestal.
Y que se ponga el tema del impacto presupuestal es un retroceso, porque en definitiva, ¿cuál es la razón de ser de un procedimiento abreviado? El estudio caso a caso. Pero en el estudio caso a caso el paciente recibe la misma respuesta. La diferencia con la ordenanza 882 es que esta lo dice a texto expreso, en la 882 no lo decía y el MSP evaluaba y ejecutaba de acuerdo a criterios de costo-efectividad. Esta es peor aún, lo dice directamente, agrava en ese sentido la situación. Y seguimos sin entender el fundamento de un estudio caso a caso.
EC —Usted admite que el factor económico pesa en este rubro de los medicamentos de alto costo. No entiende por qué se vuelve a introducir esa variable en un procedimiento abreviado, cuando ya hubo una primera resolución que tuvo en cuenta ese factor.
ML —Sí. Pongo un ejemplo concreto: Juan Pérez va al FNR y pide por un medicamento que le indicó su médico tratante. A Juan Pérez se le niega ese medicamento, por razones de costo-efectividad, según dice una ordenanza del MSP. Juan Pérez se entera de que hay un procedimiento abreviado y lleva un montón de documentación –que no solamente lleva él, hay que solicitarla al prestador de servicios de salud– que va a analizar una comisión técnica que le va a recomendar al ministro de Salud Pública qué resolver al respecto. Y a Juan Pérez se le dice: “Por razones de costo-efectividad, no te voy a poder dar el medicamento”. ¿No se le dice exactamente lo mismo, con el mismo análisis, con la diferencia de que se lo hace perder tiempo? No puedo celebrar que exista un procedimiento abreviado que en definitiva termine siendo una traba más para el paciente. Es demasiado grosero que esté incluido este factor, el análisis debería ser por factores clínicos, si no, no tiene sentido este procedimiento abreviado.
Además se viene dando un intento permanente de evitar la responsabilidad en juicios. La ordenanza 86, del 28 de febrero de 2015, que yo mencionaba recién que excluía medicamentos, aparte era un poco irónica, porque la firmaba una ministra de Salud Pública que a los dos días iba a dejar de serlo y a los dos días iba a asumir como presidente de la República un médico oncólogo. Por eso me pareció medio irónica esa ordenanza, fue un intento de evitar la responsabilidad de tener que dar esos medicamentos.
Otra instancia en que el gobierno intentó exonerarse de esta responsabilidad –que es una responsabilidad constitucional, está establecida en el artículo 44– fue el presupuesto. Hubo tres artículos en el presupuesto nacional, que se discutieron muchísimo, que intentaban impedir el acceso a la justicia a aquellos pacientes que necesitan de cualquier forma –porque no les va a importar la forma de obtenerlos– esta clase de medicamentos. La presión social, los comunicadores que generaron un montón de instancias de diálogo y de comunicación hicieron que el gobierno reflexionara y modificara esos artículos. Pero la realidad es que ahí hubo un segundo intento de evitar el acceso a la justicia.
La ordenanza 882, en el procedimiento denominado “abreviado”, en los hechos se convirtió en una nueva traba o un nuevo intento de sacarse la responsabilidad, porque en definitiva decía “lo estudiamos y lo analizamos dentro de un procedimiento administrativo que tenemos”.
Y ahora se da esta nueva ordenanza, en la cual queremos destacar lo que vemos positivo, que es el tema del plazo, pero nos preocupan sobremanera los otros aspectos que nada tienen que ver con un análisis caso a caso.
EC —Vamos a otros aspectos que incluso aparecen en mensajes de los oyentes. Usted mencionó al pasar cómo la presión de la opinión pública, incluso de los medios de comunicación, con distintas entrevistas y reportajes sobre este tema, fue llevando a las autoridades a modificar criterios. Hay oyentes que preguntan por las presiones de los laboratorios, cuánto juega la industria farmacéutica en toda esta polémica, en qué medida los parlamentarios como usted son objeto de visitas, de reuniones. ¿Cómo responde a propósito de esta suspicacia?
ML —Con total neutralidad y objetividad, a los laboratorios hay que ponerles límite y hay que pelear el precio más beneficioso para el Estado. Pero me parece que también hay una tendencia a buscar el enemigo en una situación que en definitiva lo que requiere es juntarnos y complementar ideas para resolver un tema de estas características y esta importancia.
EC —¿Usted ha tenido reuniones con los laboratorios?
ML —No, las reuniones que puedo haber tenido son entrevistas puntuales que hayan solicitado en términos generales como en el día a día.
EC —¿La industria farmacéutica solicita reuniones con ustedes que están en estos temas?
ML —Como industria no. Yo puedo hablar de los medicamentos de la ordenanza y ni siquiera sé cuáles son los medicamentos que traen esos productos. Creo que tampoco podemos cerrar todo, porque si los laboratorios no traen estos productos, estos productos no están en nuestro país. Sí creo que el MSP debe poner los límites claramente, debe establecer parámetros bien claros y bien contundentes velando por los intereses nacionales, y cuanto más bajo sea el costo que se pueda conseguir, mejor.
