EC —¿Cuáles pueden ser las sanciones? Se lo pregunto porque el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Miguel Barrios, dijo el viernes, hablando con el portal Ecos, que la única sanción admisible es echar a estos funcionarios. “Si la primera barrera de defensa que tiene un denunciante no se aplica, los responsables no tienen que estar”, dijo.
JZ —Y sí. Seguramente, si se pueden establecer las responsabilidades, eso va a tener que ver con un sumario y la sanción final tendrá que ver con lo que se determine en esa investigación. Pero sí, es una de las posibles medidas.
EC —¿Qué es lo que establece el protocolo? ¿Qué es lo que debió haber ocurrido en este caso, cuando se supo que el denunciado como agresor era un policía?
JZ —La seccional tomó la denuncia en esa jurisdicción, pero el hecho sucedió en jurisdicción de la 17. Ahí la seccional que recepcionó la denuncia, si no iba a terminar el procedimiento porque había sucedido en otra jurisdicción, debió coordinar a quién le derivaba. Si bien sabemos, o por lo menos figura en el sistema, que se habría derivado, se tendrá que comprobar de qué manera se derivó, porque derivar no es “le paso a otro y no le aviso”, es dejar los registros correspondientes y asegurarnos de que se van a hacer cargo del caso.
EC —Entonces, ¿qué debió haberse hecho con el policía?
JZ —Se lo tendría que haber desarmado y se tendría que haber indagado y comunicado a la justicia, como lo primero. Después el protocolo establece que se le comunique a la División Políticas de Género y se deriva a la persona a los servicios especializados del Hospital Policial en materia de violencia doméstica.
EC —Vamos por partes. ¿Qué significa que se le quita el arma? ¿Qué implica con respecto a la función policial?
JZ —Respecto a la función policial, puede suceder que la persona pase a hacer tareas de apoyo. Por supuesto que si no tiene el arma seguramente no va a poder realizar los procedimientos en la calle, pero hay otras tareas que tienen que ver con las unidades policiales que perfectamente puede realizar una persona sin arma.
EC —¿Eso implica que ve reducido su sueldo?
JZ —En algunos casos dejan de cobrar un plus que cobran los policías ejecutivos. Pero nosotros entendemos que mientras se realiza la investigación y como el arma es de la institución, no es del policía, la medida preventiva se tiene que aplicar. Después se verá cómo apoyar a la familia, porque si hay una disminución de los ingresos posiblemente afecte, pero nada puede estar por encima de la vida de una persona.
EC —Bien. Entonces, se le retira el arma, probablemente se lo redistribuya a otras tareas, ¿y qué tipo de tratamiento tiene en el Hospital Policial?
JZ —En el Hospital Policial es recibido por un equipo multidisciplinario en el que hay psicólogo, psiquiatra, trabajo social, que le hace una evaluación inicial para determinar los elementos de riesgo que pueda tener esa persona y en la situación. De ahí se lo deriva a los servicios que van a acompañarlo en el proceso de salida de la situación, si la persona logra adherirse a ese proceso.
