Entrevista con el diputado Alejandro Sánchez (MPP, FA).
EN PERSPECTIVA
Miércoles 13.12.2017, 07:50
EMILIANO COTELO (EC) —Después de varias semanas de una discusión que dividió a la interna oficialista, el Frente Amplio (FA) alcanzó ayer un acuerdo en torno a un proyecto de ley para dar solución al problema de los cincuentones, cambiando el texto que había remitido el Poder Ejecutivo.
El ministro de Economía, Danilo Astori, que junto con el Frente Líber Seregni (FLS) había mostrado sus discrepancias con el proyecto original, se mostró conforme con la salida y descartó, cuando se lo preguntaron los periodistas, haber puesto sobre la mesa la posibilidad de su renuncia.
(Audio Danilo Astori.)
No me gusta que se interpreten algunas afirmaciones como una amenaza, si no se hace lo que yo quiero me voy. Eso no me gusta en política y no lo practiqué nunca. Una cosa es la firmeza para seguir adelante hasta las últimas consecuencias, buscando un acuerdo, y otra cosa es amenazar con la renuncia. Yo no lo hice, pero en todo caso sí estuvieron en juego los principios con los que he defendido esta solución que a mí me parece la más justa para el país.
(Fin audio.)
EC —¿Qué dejó todo este debate? Vamos a conversarlo con dos puntos de vista. El primero, el del diputado del MPP Alejandro Sánchez, que fue uno de los negociadores de este acuerdo dentro del oficialismo.
¿Qué le deja esta controversia que se dio dentro del FA, que por momentos pareció que se salía de curso?
ALEJANDRO SÁNCHEZ (AS) —Hay varias cosas. Primero, uno con el diario del lunes, hoy, siente cierta satisfacción de que, más allá del tiempo transcurrido y los momentos de zozobra por los cuales podemos haber transitado durante este proceso, el FA haya logrado construir una síntesis, y una síntesis, desde mi punto de vista, superadora de las posiciones iniciales de los diferentes sectores. Porque se logra proponer y poner en consideración un proyecto de ley que logra resolver y beneficiar a un conjunto de trabajadores que eran perjudicados, los llamados cincuentones; se logra incorporar al proyecto de ley, que no estaba planteado originalmente, a un colectivo más de estos trabajadores, que son aquellos que ya se han jubilado, para los que ya se había efectuado el perjuicio, que estaban quedando afuera, y además se logra colocar una regulación sobre la dispersión de las comisiones que cobran las administradoras, con lo cual se beneficia al conjunto de los trabajadores.
EC —Pero a propósito del procedimiento, de cómo se logró ese acuerdo, parecería que fue bastante cruda la forma que se siguió.
AS —Fue difícil.
EC —Astori decía en el audio que escuchábamos recién que él no puso sobre la mesa la posibilidad de su renuncia, pero se habló todo el tiempo de esa alternativa, sobrevolaba esa posibilidad.
AS —Sí, está bien, eso es verdad, yo nunca escuché ni tuve ningún planteo oficial de los compañeros del FLS de que estuviéramos discutiendo sobre la base de la renuncia del ministro. Pero lo cierto es que estábamos en una situación compleja porque teníamos una diferencia bastante importante frente a un proyecto que había venido del Poder Ejecutivo. Y una diferencia que a primera vista parecía insalvable, en el sentido de que había una posición muy fuerte de no acompañar el proyecto de ley en el caso de que no se pudieran bajar los costos del proyecto, y eso era muy difícil.
EC —El equipo económico se había plantado muy firme en ese punto, decía que el proyecto que el Poder Ejecutivo había mandado al Parlamento iba a costar a lo largo del período de aplicación US$ 3.600 millones, y no US$ 2.400 como se le había informado al gobierno en una primera instancia. Y ahí estaba otra parte de la desprolijidad, ¿cómo puede ser que el Poder Ejecutivo mande al Parlamento un proyecto y que luego el propio Ministerio de Economía, que lo había firmado, diga “los cálculos que nos mostraron están mal, cuesta mucho más, nos preocupa, está en juego el grado inversor”?
AS —Sí, se había colocado en un lugar muy difícil, además con posiciones y declaraciones de varios actores del FA que hacían que el debate en vez de tomar los carriles de un debate interno, en un espacio orgánico donde argumentar sobre esto, nos estábamos mandando demasiados mensajes por la prensa, públicamente, lo que generaba muchas dificultades para poder buscar acercamientos. Lo primero que tratamos de hacer en ese proceso fue colocar algunos elementos que permitieran que todos los sectores estuviéramos hablando de lo mismo, esto es, en qué cosas debíamos avanzar.
Es verdad que se plantea lo de los US$ 3.600 millones. Insisto una vez más, los US$ 3.600 millones de costo del proyecto de ley eran en 48 años y con tres supuestos: que todos los cincuentones se jubilen a los 63 años, que todos opten por la ley y que la tasa de rendimiento del Fondo Previsional, en vez de ser de 1,5, que es lo que pone arriba de la mesa el BPS, sea de 0,5. Ese es el costo máximo posible del proyecto de ley. El BPS manejaba en su esquema un proyecto de costo máximo y uno de costo mínimo, porque estamos hablando de cosas que van a hacer las personas, estamos hablando de proyecciones. Es decir, ¿todos los cincuentones se jubilan a los 63 años? El 36 % de los trabajadores que se jubilaron en el año 2016 lo hicieron después de los 65 años. Entonces ¿el comportamiento de este colectivo es igual al promedio de la sociedad? ¿O además este colectivo, que tiene un alto componente de funcionarios públicos, tiene un comportamiento mucho más cercano a jubilarse después de los 65 que antes? Eso es parte del debate que teníamos. Pero logramos instalar otra cosa.
