EC —Y en general, si estas personas son encontradas culpables, ¿dónde cumplen condena?
GG —El tribunal tiene convenios con distintos países, básicamente en Europa y en África, y se cumplen las condenas en cada uno de esos países. El tribunal no tiene – ni las tuvieron los de Ruanda y Yugoslavia– sus propias cárceles, por lo tanto celebra acuerdos con distintos países para el cumplimiento de las condenas.
EC —El tribunal está integrado por jueces de 25 países.
GG —Exactamente, somos jueces de 25 países.
EC —¿Cómo fueron seleccionados?
GG —En el 2010, cuando Naciones Unidas decidió la creación de este tribunal, solicitó a distintos países que propusieran sus candidatos. No sé cuál fue el proceso de selección en cada país; aquí en Uruguay se le pidió a la SCJ.
EC —Pero ¿por qué Uruguay fue uno de los países a los que se les pidió un juez?
GG —Se les pidió a todos, pero en este tribunal se tienen en cuenta, entre otros aspectos, la distribución geopolítica, que haya gente de todos los continentes, como también género y variedad de sistemas. Se trata de que sea un tribunal verdaderamente internacional y que represente a todos los sistemas jurídicos del mundo. Por lo tanto, por América Latina me designaron a mí.
EC —¿Desde qué fecha está en esta función?
GG —Efectivamente desde el año 2012.
EC —Muy callado estaba este asunto. No ha tenido mucha repercusión.
GG —No. Estos conflictos están muy lejos, nos cuesta muchísimo visualizarlos. Además el arranque de este tribunal fue un poco lento, prácticamente el primer año los que lo integramos estuvimos dedicados a debatir sobre las normas que nos iban a regir y sobre el sistema de traspaso de la jurisdicción de los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia a este tribunal, que se hiciera sin inconvenientes, sin violación de derechos, garantizando la protección de todos los involucrados. Esas son tareas que no suelen ser de interés público.
EC —¿Cómo es el régimen de trabajo que tienen?
GG —El cometido que le dio Naciones Unidas a este tribunal fue el de ser un tribunal eficiente y de poco costo. Por lo tanto la forma de trabajo que tenemos en lo general es a distancia. Hay un presidente que está instalado en La Haya, que tiene a su cargo la asignación de trabajo a los 25 jueces para cada situación que se plantea. A mí me han designado en varias oportunidades para distintos casos. Puede ser como juez único o integrando un tribunal colegiado, un panel de jueces, hasta ahora de tres jueces, y para la apelación vamos a ser cinco. Y en principio se trabaja a distancia.
EC —O sea, es teletrabajo.
GG —Teletrabajo. El caso que está planteado nos llega por mail, nos llega el material, nos comunicamos con los asistentes, que están en La Haya o en Arusha, según cuál sea el caso, y a partir de allí vamos trabajando y debatiendo, si somos varios, entre quienes integramos ese panel vía mail, hasta que se logra la conformación de una decisión. Así se actúa. En el caso de que haya que realizar audiencias los jueces tienen que desplazarse, ya sea a Ruanda, a Tanzania, Arusha, o a La Haya para tomar las audiencias.
EC —Cada tanto hay reuniones físicas. Acaba de tener lugar una en setiembre.
GG —Sí, hubo una reunión a fines de setiembre, pero no sé si va a ser cada tanto, fue la única hasta ahora.
EC —¿La primera?
GG —La primera.
EC —Fue el 26 y 27 de setiembre en La Haya.
GG —Efectivamente, fue en La Haya, y fue la primera vez que nos vimos las caras todos quienes veníamos trabajando desde hacía dos años. Fue algo muy productivo, que por razones de costos se venía dilatando. El presupuesto del tribunal, como pasa en todas las justicias del mundo, nunca es lo que uno desea y no preveía la asistencia de todos los jueces juntos en algún momento, hasta que se pudo acordar esta reunión.
EC —¿Para qué fue la reunión?
GG —Fue para acordar temas básicamente operativos. Para establecer mejoras a la forma de trabajo a distancia y para debatir sobre algunas normas que se había solicitado modificar. Tanto los jueces como el encargado del registro –que viene a ser una especie de secretario letrado– como el fiscal pueden solicitar modificaciones a las normas que rigen el procedimiento, y había varias previstas. El Comité de Normas, que yo integro también, tiene por objeto estudiar esas modificaciones que se plantean, y a partir de allí hay que debatirlas y ver si se aprueban. Fue uno de los puntos centrales del debate. Porque acá no nos damos cuenta de las facilidades que tenemos para trabajar, pero hablamos en la reunión con colegas africanos y allí internet no funciona bien donde están localizados, no les llegan los documentos, corren riesgos de algún golpe de Estado, alguna interferencia del gobierno local. Afortunadamente yo no padezco esos problemas, pero había muchos puntos que resolver.
