EC —Pero es mucho más crítico cuando ese tipo de actitudes se tienen del lado del Poder Ejecutivo, que, como destaca Almagro, tiene el control, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de los órganos de inteligencia, de la policía de la nación. La pregunta es cómo condiciona eso; aparentemente condiciona de manera clara la capacidad de asociación, de movilización, de manifestación.
EJ —No la condiciona para nada. En Venezuela todos los días hay movilizaciones populares, hay protestas sociales, hay protestas políticas. El presidente de la República tiene derecho a emitir una opinión como cualquiera acerca de un ciudadano que va a Washington a recibir financiamiento del Gobierno de los EEUU para organizar protestas, organizaciones, etcétera, a dirigentes políticos.
EC —¿Ustedes tienen pruebas de que se fue a EEUU a buscar financiamiento?
EJ —¡Claro que lo hemos mostrado en mil oportunidades! Y por cierto, nadie –con méritos, con pruebas para ser procesado por eso, porque es un delito– ha sido procesado por ir a EEUU o recibir financiamiento de los EEUU. Nosotros solamente hemos procesado, la justicia venezolana, a quienes han promovido, incurrido en la violencia, que ha ocasionado muertos, que ha ocasionado destrucción, que ha ocasionado dolor. Cualquier Estado tiene el deber –no solo el derecho– de hacerlo. […] están para garantizar la paz, la tranquilidad. Un Estado no puede permanecer de manera pasiva frente al incendio de una ciudad, frente a la acción de francotiradores contra ciudadanos civiles o contra funcionarios militares. El Gobierno no puede permitir eso.
EC —Al Gobierno venezolano se lo acusa de ser pasivo ante grupos parapoliciales o paramilitares que también ejercen la violencia en las manifestaciones, los que se mueven en motos, por ejemplo.
EJ —En Venezuela hay miles de motorizados…
EC —Exacto, pero en particular hay una parte de estos grupos que se mueven en moto contra la oposición.
EJ —Le voy a decir lo grave que es la satanización. Usted ha señalado “se mueven en moto”. Se colocaron guayas en distintas partes de las ciudades, y un motorizado, un hombre trabajador, que no pertenecía a ninguna fracción política, iba a su casa y fue degollado por una de estas guayas. Y varios estuvieron a punto, sufrieron heridas graves. Porque se construye una matriz sobre sectores sociales, por ejemplo los motorizados, como que son bandas armadas del Gobierno. No, los motorizados son trabajadores, mensajeros, etcétera. La gran mayoría de ellos son afectos a la revolución, sí, es verdad, porque es la gente humilde, la gente que siempre fue atropellada, la gente a la que hasta se le negaba el libre tránsito por las autopistas del país. Esos son los motorizados. Se ha satanizado a un sector social.
EC —Lo que pasa es que existe una larga historia de regímenes autoritarios que prohíjan, apoyan por debajo de la mesa a grupos irregulares que se dedican a enfrentar por la violencia a la oposición.
EJ —Los grupos irregulares los tiene la oposición. Voluntad Popular, por ejemplo, es un partido político-militar con una estructura militar entrenada en Colombia, lo hemos demostrado. Se ha comprobado, incluso con cooperación del Gobierno del presidente Santos, que varios de los detenidos fueron entrenados en Colombia por las fuerzas paramilitares de Álvaro Uribe. Todo eso se desconoce en el mundo, hay un cerco de silencio sobre la verdad de Venezuela y sobre la verdad de una oposición que está utilizando la lucha armada como forma de hacer política. Esa es la verdad de un sector de la oposición venezolana que el mundo no quiere oír, que el mundo desconoce. Pero ahí están las víctimas, ahí están los muertos, ahí están los destrozos, ahí está la destrucción permanente sobre la economía venezolana de estos grupos, que han usado la política como fachada para la violencia terrorista. Esa es la verdad.
EC —Hace pocos días usted reclamaba una investigación sobre Henrique Capriles, el gobernador de Miranda y líder de la oposición. Lo acusaba de instigar a la violencia. ¿Hay que entender que usted pretende que Capriles también sea encarcelado, igual que ocurrió con Leopoldo López?
EJ —En primer lugar, Capriles es uno de los líderes de la oposición. Porque si yo digo que es líder de la oposición, podemos generar más contradicciones en el seno de la oposición venezolana.
Yo no lo solicité, lo solicitó el Consejo Legislativo del estado de Miranda, el parlamento regional. El gobernador es una autoridad que constitucionalmente está obligada a garantizar la paz y el orden público en su territorio y en la República. Fueron claras las imágenes del gobernador Henrique Capriles Radonski enfrentando él personalmente a funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional que protegían al Consejo Nacional Electoral. Y con un conjunto de muchachos de 18, 20 años, vimos un gobernador del estado corriendo a enfrentar a la Guardia Nacional. Y en el momento en que enfrentaba la Guardia Nacional llovieron también objetos contundentes sobre los efectivos de la Guardia Nacional.
¿Usted cree que en cualquier país del mundo un gobernador, que debería ser todo lo contrario, garantizar la paz, la tranquilidad, puede promover impunemente la violencia, el enfrentamiento de cuerpos policiales contra cuerpos policiales, porque iba rodeado de la policía estadal, de sus escoltas de la policía estadal? Es una verdadera violación a la Constitución. ¿Y qué hace el órgano legislativo de ese estado? ¿Se queda tranquilo? ¿Se puede permitir impunemente a alguien en el mundo promover la violencia usando su investidura como autoridad? No, en Venezuela hay un Estado, hay unas leyes, hay una Constitución, hay un pueblo que quiere vivir en paz y nadie puede estar más allá del bien o del mal o de la justicia.
EC —Pero entonces, ¿para usted Capriles debería estar preso también? ¿Otro dirigente opositor preso?
EJ —Yo no soy partidario de la judicialización de la política, nosotros no lo somos. Pero la justicia tiene que actuar si un gobernador se rebela contra un Gobierno constitucional. Pongamos el ejemplo de algún intendente del Uruguay que se rebele contra el Gobierno central, que enfrente a los cuerpos de seguridad, al Ejército, etcétera. ¿No estaría obligada a actuar la justicia uruguaya al respecto? Simplemente el Consejo Legislativo ha pedido que se averigüe. Nosotros no queremos encarcelarlo, lo que queremos es que un gobernador respete la Constitución.
