RA —¿Qué motivó este encuentro de gremiales en Florida, cuando la semana previa se habían reunido con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre ellos Martín Vallcorba, el encargado de Inclusión Financiera, y habían acordado formar una comisión para trabajar al respecto?
JF —Le estaba explicando el proceso. Esto no solo no se solucionó en aquel momento –porque la ley se aprueba en Diputados por unanimidad y fracasa en el Senado, no se trata–, sino que derivó en el acuerdo que hoy tiene el Estado con los sellos emisores de tarjetas de crédito –que se acordó en forma corporativa– de 4,9 %, 4,5 % y 2,5 %. A los tres meses de que se acuerda eso, a los usuarios les ponen un seguro de vida sobre saldo deudor del 0,3 % y los comerciantes entienden que ni esa rebaja, más allá de que estaba en el 8 % y 9 % y que gracias a su lucha termina acordándose, ni las comisiones son adecuadas a la realidad que se vive hoy, siete años después, cuando hay una bancarización notoria, un uso en crecimiento de la tarjeta y las prácticas no han cesado.
Entonces los comerciantes vienen movilizándose. La reunión de la semana pasada es una de las tantas que han tenido, pero entienden que no se les han dado verdaderas soluciones a sus reclamos y por tanto en Florida el sábado acuerdan una serie de medidas. Primero el apoyo a los proyectos de ley que hoy están sobre la mesa. Los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica presentaron aquel proyecto y hoy el senador De León presenta un proyecto similar –el mismo proyecto con algunas reformas–, y hay un consenso general hoy con el oficialismo, más allá de que en aquella época el oficialismo había votado en Diputados el proyecto de ley.
RA —¿En qué está el diálogo con el gobierno? Porque hubo declaraciones de algunos empresarios que decían “se cortó el diálogo con el gobierno”.
JF —Nosotros somos asesores, no somos comerciantes, pero lo que pudimos escuchar no fue para nada eso. La resolución fue totalmente lo contrario, fue formar una comisión de trabajo, abrir el diálogo no solo con el gobierno, sino también con los legisladores, fomentar el diálogo encaminado a solucionar esto. No sé de dónde pueden haber surgido esas declaraciones, yo no escuché que se fuera a cortar el diálogo con el gobierno, al contrario. Lo que quieren los comerciantes es salir de esto, soy un convencido de que si los costos fueran adecuados, equitativos, el comerciante trabajaría por la bancarización. Porque no es que esté en contra de la tarjeta de crédito, es un sistema que le sirve, el tema es que hoy el comerciante siente que se le llevan una porción muy importante de su negocio.
RA —¿Qué grado de información entiende que tienen los comerciantes? Porque cuando hablábamos la semana pasada con Vallcorba, él decía que en todo este proceso y en las críticas que recibieron incluso en esa reunión hay “mucha información que es imprecisa, errada”, y comentaba que ellos habían hecho un esfuerzo de recopilar datos e información y se los habían entregado a la Cámara Empresarial de Maldonado y a los directivos de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece).
JF —Se imaginará que cuando vamos a realizar alguna acción también les pedimos información a los comerciantes. Para que tengan una idea, la economista Ana Laura Fernández, de la Cámara de Comercio, había analizado que en aquel momento, con aranceles del 8 % y 9 %, aceptar tarjeta para un comerciante estaba entre un 10 % y un 15 % de su rentabilidad. Porque a ese arancel había que sumarle los costos administrativos, el procesamiento, tener una persona para el procesamiento de los datos, el POS. O sea que los comerciantes entienden que aceptar tarjeta tiene un costo mucho más allá del simple arancel. Y nos cuentan que la rentabilidad en algunos rubros, como el rubro alimentación, está en el 6 %. Nos contaban los kiosqueros en una reunión con Cambadu que la recarga de celulares de Ancel deja 3,5 % de ganancia y cuando van a liquidar la tarjeta pagan 4,9 %. Por eso entienden que además de esto tienen que tener la libertad para poder aceptar o no o libertad para discriminar costos y discriminar máximos de mínimos.
RA —Pero libertad para poder aceptar o no existe hoy.
JF —En realidad no existía, el artículo 64 de la Ley de Inclusión Financiera establecía claramente que no podían discriminar máximos de mínimos. Lo que hicimos fue presentar la inconstitucionalidad de este artículo en diciembre, y ante las primeras inconstitucionalidades el gobierno cambió la redacción y envió un proyecto modificativo en enero que agregó “en caso de aceptar”. Nosotros decíamos que el comerciante no era libre de aceptar, salían a decir que era libre de aceptar, y se ve que los asesores dijeron “esto es claramente inconstitucional, cambiemos la palabra”, y agregaron “en caso de aceptar”.
El problema es que para nosotros sigue siendo inconstitucional, porque, en caso de aceptar, no puede discriminar máximos de mínimos ni trasladar un costo. La Ley de Defensa del Consumidor dice que yo debo informar previamente al consumidor, y si yo informo al consumidor que voy a trasladar un costo o que por debajo de determinado monto no voy a vender con tarjeta, no habría ningún problema. El problema se presenta para aquel consumidor que ingresa al comercio, no se le dice a nada y de buenas a primera se le hace un recargo por pagar con tarjeta de crédito. Eso es claramente una práctica abusiva. Pero si yo informo debidamente, perfectamente puedo trasladar.
Una ley jamás puede establecer que no se pueden discriminar costos o meterse en esa relación entre privados y legitimar el contrato de tarjeta de crédito. Porque lo que impide diferenciar contado de crédito o trasladar costos es el contrato de tarjeta de crédito. Este artículo 64 lo extiende al débito o medios de pago electrónico. Para nosotros es claramente inconstitucional y en ese sentido se han presentado las primeras inconstitucionalidades.
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EC —Uno de los principales cuestionamientos de las gremiales de pequeños comerciantes es a los aranceles que tienen que pagar. Sin embargo el MEF, el economista Vallcorba, dice que de una lista de ocho países de los que tiene información, “solo dos tienen aranceles máximos menores que los de Uruguay, que son Argentina y Chile. En Argentina y Chile el arancel máximo está en el orden del 1,5 %, y en Uruguay el arancel máximo por tarjeta de débito que paga el pequeño comercio está en 2 %. Hay un cronograma definido que nos lleva al 1,5 %, al que estimamos que vamos a llegar sobre fin de año, con lo cual nos estaríamos ubicando en el menor arancel máximo por tarjeta de débito en la región”. Y agrega: “Nadie ha planteado al MEF un documento que muestre que efectivamente están pagando más de lo acordado”. ¿Qué responden ustedes?
JF —Yo soy asesor jurídico. Lo que los comerciantes pudieron recabar como información, que tienen a través de las cámaras de comercio de la región, es que Argentina es el más alto después de nosotros, que está en el 3 % topeado por ley. No se dice que Argentina tiene dos leyes, una que regula el sistema integral de tarjetas de crédito y una ley aparte que regula los aranceles y los topea en el 3 % luego de que bajaron del 10 % al 5 % y del 5 % al 3 %, siempre por ley. Y ahora presentaron un proyecto modificativo en el Parlamento para bajarlos al 1,5 % y se acuerda con el gobierno de Macri una rebaja paulatina. Pero la ley sigue estando vigente, con el 3 % de tope.
Lo que los comerciantes han podido averiguar es Argentina 3 %, Brasil 1,3 %, Chile 1,3 %, Colombia 1,8 %, Uruguay 4,5 % y 4,9 % y Perú 1,5 %. Esos son los datos fidedignos que nos trae CEDU respecto a los aranceles de tarjeta de crédito. O sea que algún dato no está bien. Y estos son los mismos datos que teníamos en el 2011, que los aranceles de Uruguay eran los más altos de la región, y lo presentamos en las denuncias que se presentaron en su momento.
Argentina además entiende, creo que por desconocimiento, que ellos tienen el arancel más alto, estaban protestando que tenían el 3 % y el 1,5 % y estaban desesperados, cuando lo habían bajado por ley en el gobierno de Reutemann. Ese 3 % tampoco tenía mucho fundamento legal –habían hecho un paneo general–, porque es muy difícil esto de regular un arancel. Nosotros pensamos que no es un precio cualquiera, no es el precio de un artículo cualquiera, es el precio del sustitutivo de la moneda y el Estado debe intervenir cuando hay razones de interés general para ello. Entonces este arancel debe regularse por ley, no puede quedar liberado al acuerdo entre privados.
