RA —El MEF entiende que la intervención en el mercado genera distorsiones y efectos no deseados. Vallcorba ponía un ejemplo: “[Hace tiempo] había una preocupación muy grande por la tasa de interés que se les cobraba a los microempresarios por los créditos que solicitaban. Entonces, en el marco de la ley de usura, se estableció un tope bastante estricto y riguroso respecto a la tasa de interés máxima que se les podía cobrar a los microempresarios. La consecuencia de esa medida, que estaba muy bienintencionada, cuyo fin era facilitar y abaratar el acceso al crédito para los microempresarios, fue que este crédito desapareció, prácticamente dejó de existir, y el microempresario que precisaba un crédito terminó endeudándose como una persona física a tasas de interés mucho más elevadas”.
JF —No sé qué tiene que ver eso con regular aranceles.
RA —Lo manejaba como un ejemplo concreto de las distorsiones que una medida de este tipo puede generar en el mercado.
JF —Es que este no es cualquier precio. Acá la Ley de Inclusión Financiera le está dando al sistema de tarjeta de crédito el mismo nivel que a la moneda, que tiene efectos cancelatorios. Es como si yo no regulara el cheque; hay una ley de cheques, hay una ley de títulos de valor. Es un sistema que ha demostrado falencias, hay que regularlo, se lo está poniendo al mismo nivel.
Lo primero que se quiere es bancarizar a la población, la población hoy prácticamente es obligada a contratar con un privado que es un banco. Es como si a usted lo obligaran a calefaccionarse con gas y no con electricidad. Es un ente privado que demostró sus falencias en la crisis de 2002, que está regulado por el BCU.
Y segundo, este sistema de pago se pone al mismo nivel que la moneda, entonces tiene que estar regulado, tiene que tener una regulación, porque no es cualquier precio. Yo entiendo que no tiene nada que ver con regular los topes de la usura, que sin duda es un tema crediticio que evita distorsiones que están lejos del sustitutivo de la moneda, son cosas totalmente diferentes. Argentina ha transitado este proceso, los topes se han fijado por ley y eso no ha generado ninguna distorsión.
RA —¿No teme, por ejemplo, que el hecho de establecer ciertos topes que pueden cobrar los emisores termine afectando incluso el servicio que reciban de los bancos los propios comerciantes, teniendo en cuenta que el negocio no les es rentable?
JF —Lo primero que hay que entender es que el comerciante es libre de aceptar. Pero, en segundo término, lo que dicen hoy los comerciantes es que en estas condiciones no deberían trabajar con tarjeta, pero no tienen una alternativa, porque están en el mercado. Por otra parte, no son una organización no gubernamental, porque siempre se recarga sobre el comercio, el comercio perjudica el turismo porque los estacioneros no aceptan tarjeta; no se establece que son los emisores que no rebajan los aranceles de forma tal que este sistema se haga equitativo. Hoy ya no es un contrato de colaboración, como debe ser, como nació, colaborar con el comercio, sino que hoy necesariamente mi negocio pasa por la tarjeta de crédito.
Las estaciones de servicio, que tienen un arancel mucho más acotado, ven que se les llevan un gran porcentaje de sus ganancias. Nos decía una estación medio chica que más o menos una tarjeta de crédito, estando los aranceles en 1,3 %, se le lleva hasta US$ 10.000 y US$ 15.000 por mes de aranceles. Entonces los empresarios están realmente preocupados por esto y están poniendo sobre la mesa que esos costos de la bancarización, cuando ya hay una fidelización de la clientela, beneficios para el usuario, no tienen por qué ser recargados sobre el comercio. Está muy bien bancarizar a la población, pero no se les puede imponer como un impuesto: en el caso de que aceptes tarjeta, tenés que bancar. Entendemos que esto no se puede imponer como un impuesto.
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RA —Ustedes plantean regular por ley el uso de las tarjetas. ¿Qué aspectos principales debería contemplar un proyecto de ley en ese sentido?
JF —El proyecto de ley va más allá del arancel. En el primer proyecto de ley el MEF incluso trabajó con nosotros, aportando un elemento que era regular la dispersión y no topear los aranceles. En aquel momento nos pareció bien, eran más de 2 puntos entre el que pagaba menos y el que pagaba más. Pero entendemos que más allá del arancel el sistema de pagos con tarjeta tiene que estar regulado.
Primero la relación del comerciante con el sello emisor, hoy no hay ninguna ley que regule esa relación comercial. El proyecto de ley que está planteado regulaba el contrato, regulaba las prácticas abusivas, regulaba los plazos para el pago, regulaba también los aranceles, las promociones, que las promociones fueran en un tono de equidad para un mismo sector comercial. Los comerciantes hablaban de prácticas exclusorias. “El día que se le da la posibilidad a determinada empresa de 25 %, 30 % [de descuento], a mí me sirve más ir a comprarle a esa empresa que al propio importador”, planteaba el presidente de la Cámara de Máquinas de Oficina, Alejandro Fernández. Además el proyecto de ley regulaba la relación del usuario con el emisor, el consumidor. Más allá de que eso hoy está regulado por la circular 20/16 del BCU, y está bastante acotado, el proyecto de ley lo incorporaba. Y además regulaba la tarjeta adicional.
Lo que definieron los comerciantes este sábado fue enviar a los legisladores que van a trabajar en esos proyectos que más o menos van en este sentido cuatro o cinco modificativas, cuatro o cinco artículos para que se incluyan. Primero, reivindicar la libertad del comerciante de aceptar tarjetas y de discriminar máximos y mínimos y trasladar los costos. Segundo, la democratización del POS. Tercero, regular las promociones. Cuarto, que no se hagan las retenciones que se hacen a cuenta de impuestos, porque eso también incide, el gobierno hace retenciones a cuenta de futuros impuestos y eso se suma al costo. Y quinto, que en caso de hacer una venta a crédito la comisión no se descuente toda en la primera cuota sino que sea proporcional. Y además los plazos para el pago. Los comerciantes piden –es una de las carencias que existen en el sistema hoy– que el plazo en crédito no exceda la semana para que el emisor le pueda pagar y que el plazo en débito sea de 24 horas. Entonces veían una de las salidas en el tema legislativo. Entienden que esto no puede quedar en un acuerdo entre privados como está hoy en día.
